Narcotráfico, fútbol y poder: las sombras y la impunidad que rodean a Eduardo Dávila
10 de agosto de 2025
“Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Eso no es un deporte para la mujer”, dijo Eduardo Enrique Dávila Armenta con tono firme, casi con desdén, en una entrevista en mayo de 2025. Como si estuviera hablando desde un trono invisible, desafió a quienes lo escuchaban y a quienes lo critican; en lo que ya parece una regla cada vez que da declaraciones. El empresario samario de 74 años no solo habla del equipo Unión Magdalena como su gran herencia; también lleva décadas moviéndose en los márgenes del poder y la impunidad.
Dávila no solo es un dirigente que no cree en el fútbol femenino. Es un cacique del Caribe colombiano cuyo poder ha sobrevivido a acusaciones por narcotráfico, presuntos vínculos con el paramilitarismo, negocios de tierras, una condena por el homicidio de una mujer cercana a su exesposa y un juicio por el asesinato de un juez que lo había procesado previamente. Esta es la historia de cómo el fútbol, algunos crímenes y el poder se cruzan en la trayectoria de uno de los hombres más influyentes en la región del Magdalena.
El poder heredado
Eduardo Enrique Dávila Armenta nació rodeado del poder. Su apellido llevaba peso en el Magdalena desde principios 1914, cuando su familia levantó un emporio a punta de banano y ganadería. Luego vendría la palma africana, que aún sigue siendo parte del legado, pero el verdadero símbolo de los Dávila ha sido el fútbol.
Así lo deja saber un periodista de la región: “Hay un tronco común en la historia del equipo Unión Magdalena, aparte de otras familias, pero quizás la más notable es la de los Dávila Riascos y después los Dávila Armenta”.
En 1951, su padre, Eduardo Dávila Riascos fundó el Deportivo Samarios. El debut del equipo fue contra el América de Cali, el 11 de marzo, en el estadio Olímpico de Santa Marta. Bajo el sol pesado del Caribe, los hinchas presenciaron un partido intenso que terminó 2 a 3 a favor de los “Diablos Rojos”. Dos años después, el equipo fue refundado con el nombre Unión Magdalena. Fue el primero de la Costa Caribe en coronarse campeón del fútbol colombiano en 1968, y también el primero en disputar un torneo internacional: la Copa Libertadores de 1969.
Ese equipo, con su historia y su hinchada, fue el legado que le dejaron a Eduardo Dávila Armenta, quien tomó las riendas del Unión en 1982, tras la muerte de su padre. El periodista consultado cuenta que incluso le han hecho ofertas para comprar el equipo, pero se ha negado por considerarlo el patrimonio de su familia. Con el tiempo, el apellido Dávila empezó a ensuciarse con otras alianzas: las del narcotráfico y presuntamente con el paramilitarismo.
El 22 de marzo de 1994, la Policía llegó hasta una finca de propiedad de Eduardo Dávila Armenta llamada Villa Concha, en Santa Marta. Registraron cada rincón. A ochenta metros de la cabaña principal encontraron lo que buscaban: 1.900 kilos de marihuana empacada.
Casi un mes después, el 16 de abril, en pleno partido entre el Real Cartagena y el Deportivo Samario, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía irrumpieron en el estadio Eduardo Santos. Y con una orden en mano, el directivo samario fue capturado.
En noviembre de 1996, Dávila Armenta fue condenado a 10 años de prisión por almacenamiento agravado de estupefacientes, sentencia que quedó en firme y llegó a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de casación, al que tuvo acceso VORÁGINE, que no prosperó. Además, le implicó la pérdida definitiva de parte del predio, que quedó en manos de Parques Nacionales Naturales, y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. En 2001 obtuvo la libertad anticipada.
Tres años después, la Fiscalía precluyó una investigación en su contra tras ser señalado por enriquecimiento ilícito, como se lee en una petición de Dávila Armenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que asegura que la justicia colombiana violó sus derechos humanos en repetidas ocasiones.
Y ocho años más tarde, en octubre de 2004, el Juzgado Tercero Especializado de Descongestión de Bogotá encontró un exagerado incremento en el patrimonio de Eduardo Enrique Dávila entre 1989 y 1996. Por ello, declaró la extinción de dominio de bienes suyos valorados en más de 6.000 millones de pesos, entre ellos el 25 % de sus acciones en el Unión Magdalena.
El fallo, en primera instancia, concluyó: “Dada su condición de narcotraficante, no lejos está de predicar que su patrimonio, al parecer, impoluto, deriva del tráfico de drogas por el cual fue sentenciado”. Pese a la apelación de la decisión, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá confirmó la sentencia en segunda instancia el 13 de diciembre de 2007. Ahí no terminaba su historia con las economías ilegales y estructuras armadas.
En diciembre de 2008, su hermano, José Domingo Dávila Armenta fue capturado y en 2011 condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 7 años de cárcel por haber llegado a ser gobernador del Magdalena en 2001 gracias a un acuerdo ilegal entre 400 líderes políticos del departamento y los paramilitares del Bloque Norte de las AUC.
Al año siguiente, en 2009, la Fiscalía Antiterrorismo emitió una orden de captura contra Eduardo Enrique Dávila Armenta, junto con el dueño del Hoy Diario del Magdalena, Ulio Acevedo, y varios políticos locales. Los acusaban de presunto concierto para delinquir agravado por tener vínculos con Hernán Giraldo Serna, alias “El Señor de la Sierra”, uno de los jefes del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC.
Años más tarde, ante fiscales de Justicia y Paz, el propio Giraldo confesó que los Dávila Armenta habrían participado en múltiples reuniones con el grupo armado. No fue el único. En un documento interno de la Fiscalía, al que tuvo acceso VORÁGINE, se ordenó la compulsa de copias contra Eduardo Enrique Dávila por las declaraciones del exparamilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza. El 26 de mayo de 2012, el exmiembro del Bloque Bananero de las AUC, dijo ante Justicia y Paz que entre 1999 y 2001, Eduardo Enrique Dávila Armenta habría aportado económicamente y asistido a reuniones junto con otros ganaderos del Magdalena.
Dos semanas después de la orden de captura de 2009, Eduardo Dávila se entregó a las autoridades para rendir indagatoria, pero no resultó condenado por esos señalamientos. Sin embargo, ahí tampoco acababa su historia ante la justicia.
El homicidio que sigue impune
Uno de los episodios más sombríos en la historia de Eduardo Enrique Dávila sigue sin resolverse. Era la mañana del 3 de diciembre de 2001, cuando un mecánico tocó la puerta de la casa del juez Javier Cotes Laurens, en el barrio Santa Helena de Santa Marta. Dijo que buscaba unos repuestos. El abogado salió a atenderlo, pero apenas cruzó el umbral, se dio cuenta de que no estaba solo. Cuatro hombres más lo esperaban. Le dispararon a quemarropa. Murió en el acto.
Cotes Laurens había sido uno de los llamados “jueces sin rostro” en una de las épocas más violentas del narcoparamilitarismo colombiano. Su identidad era un secreto protegido por el Estado, pues tenía a su cargo procesos contra criminales de alto perfil. Desde 1991 contaba con esquema de seguridad, pero en el 2000 todo cambió.
Una fuente cercana al caso le contó a VORÁGINE que, un año antes del asesinato, Cotes dejó de ser un juez sin rostro y se le retiró la protección. Según una decisión del Consejo de Estado, el 13 de noviembre de 1999 el DAS hizo una evaluación de riesgo que registró llamadas de amenazas de muerte por los cargos que había ocupado en la Rama Judicial. Sin embargo, concluyó que no requería esquema de seguridad especial. Dos meses después, fue asesinado.
Su identidad, lejos de protegerse, terminó filtrándose. Y con ella, su nombre llegó a oídos de muchos de los procesados por él. Entre ellos, Eduardo Enrique Dávila, según le dijo a VORÁGINE una persona allegada al caso.
No fue sino hasta agosto de 2009, ocho años después del crimen, que Jesús Elí Bayona, alias ‘Licho’, desmovilizado del Bloque Resistencia Tayrona, confesó ante el fiscal 9 de Justicia y Paz su participación en el asesinato del juez. Aseguró que la orden vino de Hernán Giraldo Serna, jefe del bloque, y que el autor material fue Eduardo Emilio Castelblondo, alias ‘Lalo’, abatido por la Policía en 2008.
La pista que vinculó a Dávila apareció años más tarde. En 2021, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos lo acusó de ser el determinador del crimen. El móvil, según el ente acusador, habría sido la condena por tráfico de estupefacientes que el juez Cotes le impuso, además de ordenar la extinción de dominio sobre sus bienes.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Dávila habría financiado, mediante favores y servicios de seguridad, un grupo sicarial conocido como ‘Los Chamizos’, al servicio de Giraldo Serna, y de un clan familiar identificado como ‘Los Rojas’. Fue acusado formalmente por homicidio agravado.
Pero 24 años después del crimen, no hay condenas. “No hay nadie sentenciado por este asesinato”, subrayó una fuente del proceso en diálogo con VORÁGINE. El asesinato sigue impune, aunque el juicio contra Dávila está en curso, de acuerdo con la fuente.
No es la primera vez que enfrenta cargos por homicidio. Cuando fue notificado de este proceso, ya pagaba una condena por el asesinato de Carmen Josefa Vergara Díazgranados.
La persecución
Entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana del 18 de enero de 2007, Carmen Josefa Vergara Díazgranados, conocida como la Nena Vergara, transitaba en una camioneta por la vía que conecta a Santa Marta con El Rodadero. No alcanzó a llegar a su destino. Varios hombres la interceptaron y le dispararon con armas calibre 9 milímetros. Fueron siete tiros certeros, sin vacilaciones.
La Nena Vergara no era una mujer cualquiera en el entorno de Eduardo Enrique Dávila. Manejaba las finanzas de María del Pilar Espinosa, su entonces pareja. Espinosa era viuda de Jorge Gnecco Cerchar, un poderoso empresario y narcotraficante asesinado en Cesar por órdenes de los jefes paramilitares alias ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso. Gnecco había sido amigo de Dávila, y tras su muerte, su esposa heredó una fortuna presuntamente amasada en negocios de narcotráfico, lavado de activos y otras actividades empresariales.
Fue la propia Nena Vergara quien le advirtió a Espinosa que se alejara de Dávila. Aconsejada por ella, Espinosa se fue del país durante un tiempo, dejando bajo el control de la Nena sus propiedades y negocios. Pero en 2006, regresó y retomó su relación con Dávila. Una de sus primeras decisiones fue pedirle de vuelta a Vergara un carro blindado, que la familia Gnecco Cerchar le había entregado tras sufrir un atentado. Meses después, fue asesinada.
María del Pilar Espinosa fue procesada como presunta autora intelectual del crimen, y luego terminó absuelta, como se lee en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia ante un recurso de casación. En cambio, José Francisco Ferrer Ortiz fue condenado por porte ilegal de armas y homicidio agravado. Este último delito también recayó sobre Eduardo Enrique Dávila.
En junio de 2013, el Tribunal Superior de Medellín ratificó la sentencia de primera instancia contra el samario: 34 años de prisión. Hasta diciembre de 2024 estuvo recluido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, y desde entonces cumple su condena en detención domiciliaria.
Pese a su situación judicial, Dávila nunca dejó de estar vinculado al Unión Magdalena. Aunque no figura como presidente, directivo o miembro de la junta, continuó moviendo los hilos del equipo, según se evidencia en las entrevistas de medios locales donde lo citan como su dueño.
La crisis del equipo samario
En Santa Marta, pocos dudan de quién manda realmente en el Unión Magdalena. Aunque Eduardo Enrique Dávila no figura oficialmente en la junta directiva del equipo, es él quien toma las decisiones de fondo. “No tiene un talante democrático”, asegura una fuente cercana al entorno del fútbol local. Según esa misma voz, Dávila actúa de forma unilateral, cierra la puerta a nuevos socios y mantiene un control rígido sobre cada aspecto del club.
Ese poder se ejerce a través de una junta directiva conformada por aliados de confianza, entre ellos familiares y funcionarios vinculados al sector público. El documento más reciente del equipo reporta como presidente a Alberto Mario Garzón Wilches, actual contralor general del Magdalena. “Cómo es posible que quien debe hacer veeduría sobre los recursos públicos en escenarios deportivos o contratos con equipos esté involucrado directamente con uno de esos equipos. No tiene sentido”, asegura un dirigente deportivo que prefirió reservar su identidad.
También integran la junta Juan Carlos Dávila Abondano, Carlos Eduardo Cabas Rodgers, excontralor de Magdalena y experto en contratación pública, Ángel Maiguel Sarmiento y Orlando José Zúñiga, actual gerente.
En los papeles, Dávila también aparece. Un archivo de marzo de 2025 confirma que el 43 % de las acciones del club pertenecen a Inversiones Orión S.A.S., mientras que otro 18 % está en manos de Inversiones Dávila y Dávila, y que él preside según expone en su perfil de Linkedin. Un porcentaje igual le corresponde a Inversiones E & D S.A.S., y otro tanto a Bananera Los Mangos del Magdalena.
Todas estas compañías comparten los mismos representantes legales: Francisco Tomás Dávila Dávila y Asbel Cecilia Palacio Diazgranados, lo que refuerza el círculo de poder alrededor del club.
El balance financiero más reciente, correspondiente a 2024, revela además que una de las principales deudas del Unión es con Dávila Armenta Ltda., que tiene como representante legal a Laura María Carolina Dávila Lemus, según el Registró Único Empresarial y Social (Rues). El balance también advierte un panorama crítico: “Se deben tomar medidas urgentes, pues de no hacerlo se está en grave riesgo de insolvencia”*.
Ese escenario de concentración de poder y conflictos de interés se mezcla con los escándalos que han sacudido al club en los últimos años. El más recordado: el sospechoso partido contra Llaneros en 2021. En ese juego, que definía el ascenso a la primera división, el equipo samario logró una remontada insólita en los últimos minutos ante una defensa prácticamente inmóvil. Las imágenes recorrieron el país e incluso llegaron a medios internacionales. Aunque la Dimayor abrió una investigación y la Fiscalía anunció indagaciones, hasta hoy no hay sanciones definitivas ni claridad sobre los responsables, tal como reportó VORÁGINE.
Eduardo Enrique Dávila salió a negarlo todo. “No entiendo la pregunta (del posible amaño). Nosotros ganamos. En el segundo gol, ellos piensan que había fuera de juego y nunca hubo. Nuestro jugador aprovechó. ¿O no sabías tú que Llaneros tenía la misma opción de ascender que nosotros?”, dijo al diario La Patria.
A ese escándalo se sumaron recientes denuncias por presuntas apuestas ilegales que involucrarían a jugadores del club. En julio de 2024, versiones de prensa y fuentes cercanas al equipo revelaron posibles vínculos entre algunos futbolistas y casas de apuestas, lo que habría influido en el rendimiento de ciertos partidos. Las investigaciones, aunque aún sin decisiones judiciales, pusieron en entredicho la transparencia de ocho jugadores que fueron desvinculados del plantel y despertaron sospechas sobre una red interna que comprometería la integridad del campeonato.
En medio del ruido, también surgieron señalamientos por supuestas prácticas autoritarias al interior del club. Jugadores como Jermain Zidane denunciaron un “veto” por parte de la dirigencia, que habría impedido su continuidad en el equipo y lo habría dejado sin opciones de fichar en otros clubes del país. Según las denuncias, a varios futbolistas se les obliga a renunciar bajo presión o se les bloquea el traspaso como mecanismo de castigo.
Desde que salió de la cárcel, a Eduardo Enrique Dávila se le volvió a ver en el estadio. Manda en el Unión Magdalena sin estar en la junta, maneja las acciones a través de empresas familiares y conserva un poder incuestionable en Santa Marta. “Él es parte de la herencia del narcotráfico en el fútbol”, dice un dirigente deportivo, refiriéndose a las condenas pasadas y los antecedentes. VORÁGINE se comunicó con Dávila pero se abstuvo de pronunciarse.
*El pasado 12 de agosto se hizo una corrección al texto pues decía que Laura María Carolina Dávila Lemus era hija de Eduardo Dávila Armenta.