Cuando las fallas violentan: las barreras de atención que enfrentan las mujeres víctimas de violencia en Bogotá

El 9 de mayo de 2024, mientras Lina Suárez trabajaba en una salsamentaria en la localidad de Suba, en Bogotá, su expareja Nelson López intentó matarla, disparándole varias veces en diferentes partes del cuerpo. Un mes antes había acudido a la Casa de Justicia de Suba para solicitar ayuda. Dos semanas antes, la Comisaría de Familia había emitido una orden de protección de la Policía y otra de alejamiento para su agresor. Con la primera, policías se comprometieron a realizar rondas afuera de su trabajo y su casa, pero, según ella, no las hicieron. Con la segunda orden, el hombre quedaba expuesto a recibir una multa si se acercaba a ella, la llamaba o la buscaba. Nada funcionó. 

Tras seis disparos, tres que impactaron su cuerpo, Lina tuvo que fingir su muerte para dejar de ser atacada por su expareja. Solo así pudo salvarse de ser víctima de un feminicidio. Este es uno de los 336 casos de tentativa de feminicidio registrados en el país de enero a junio de 2024 por el Observatorio Colombiano de Feminicidios, que es el sistema de información de la organización Red Feminista Antimilitarista. Por suerte o por divinidades, como cree ella, se salvó de sumarse a las 417 mujeres que han muerto este año en Colombia en razón de su género. 

Bogotá es una de las ciudades con más registros en esta “emergencia por violencia de género”, como la ha calificado el Gobierno Nacional. En julio de este año, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que en la capital hay 655 mujeres en riesgo de ser víctimas de feminicidio, de acuerdo con valoraciones de Medicina Legal. Dos meses después, en septiembre, la secretaria de la Mujer, Laura Tami, informó que, según datos compilados por la entidad, son 950 las mujeres que actualmente corren ese riesgo.

A ello se suman una serie de denuncias sobre irregularidades y fallas en la atención y prevención de estos casos a la hora de implementar la Ruta de atención integral para víctimas de violencia de género. Por ejemplo, demoras en la atención a víctimas, vacíos en los seguimientos de los casos, poca articulación con las entidades que tienen responsabilidad en este tema y recursos insuficientes para prestar un servicio adecuado. Desde la Secretaría de la Mujer negaron las irregularidades y reconocieron algunas de las barreras en la atención, como la del acceso efectivo a la justicia, pero afirmaron que la atención se está fortaleciendo.

Largas esperas y víctimas que se van 

Cuando Lina acudió en abril a la Casa de Justicia de Suba, como primera instancia para denunciar a su agresor, esperó más de una hora para ser atendida en este lugar que brinda orientación sociojurídica a víctimas. Llevaba varios días, incluso semanas, tomando la decisión de reportar las violencias de las que era víctima: hostigamientos, amenazas, intentos de agresión física, control y persecución de su expareja.

“Ya no podía salir, no tenía vida social, no tenía amigos, no podía hablar con mi mamá, no podía hablar con nadie. Él todos los días iba a mi trabajo, iba a donde yo vivía, todo el tiempo me esperaba”, asegura Lina, de 30 años, quien accedió a contar su historia con nombre y apellido para pedir respuestas frente a las barreras que enfrentan ella y otras mujeres víctimas de violencia. 

Para Olga Amparo Sánchez, investigadora y feminista colombiana, directora de la Casa de la Mujer, la atención y prevención de violencias basadas en género en la capital es crítica. “Las mujeres tienen que deambular en Bogotá para que las atiendan”, resalta como una de las fallas actuales. Sánchez afirma que este año han conocido casos de mujeres que, al acudir a las Comisarías de Familia, reciben la sugerencia de llegar a un acuerdo con su agresor. De allí son remitidas a las Casas de Igualdad de Oportunidades, adonde las mujeres pueden acudir para conocer sus derechos, o al sistema de salud y, por demoras en el proceso o por no querer un acuerdo, terminan yendo a la Casa de la Mujer. 

VORÁGINE trató de confirmar esto con Laura Tami, pero no pudo hacerlo porque, después de meses de buscarla, solo alcanzamos a formularle parte de las preguntas que teníamos para este reportaje pues dijo que no tenía más tiempo. Esta es la razón por la que en varias de las denuncias que aparecen en esta historia, no está la posición de la entidad al respecto. 

Una segunda barrera es que en algunos casos esa atención no llega. Tal como lo relata Alejandra*, excontratista de la Secretaría de la Mujer. En junio de este año, mientras como abogada en una Casa de Justicia brindaba asesoría a una víctima, otra mujer esperaba afuera de la casa. Pasó una hora. Pasaron dos horas. El tiempo de atención varía según el caso. En promedio es de una hora. Cuando por fin pudo atenderla, hablaron menos de 10 minutos. La mujer decidió desistir del servicio y salió corriendo. La funcionaria fue tras ella, pues asegura que necesitaba atención de salud inmediata, ya que estaba muy alterada emocionalmente y era una paciente con antecedentes psiquiátricos. No consiguió alcanzarla y nunca volvió a saber de su caso. 

“Así nosotras activemos, así nosotras movamos cielo y tierra, muchas veces es imposible por la poca capacidad institucional que hay para atender este tipo de situaciones”, explica Lucía*, otra excontratista de la Secretaría que finalizó sus labores allí el pasado 31 de julio. 

Lucía, Alejandra y Sara*, quien trabaja actualmente en la Secretaría Distrital de la Mujer, son tres profesionales que afirman que tanto en la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación, como en la Dirección de Eliminación de Violencias contra la Mujer y Acceso a la Justicia, hay una sobrecarga laboral que se suma como una tercera falla que impacta la atención de las violencias y los casos de riesgo de feminicidio. En la red de hospitales públicos, por ejemplo, por falta de personal los agendamientos de citas para víctimas se están otorgando para dentro de uno o dos meses, cuenta Sara*. 

Ahora bien, los enlaces SOFIA son 20 mujeres, una por cada localidad, que están encargadas de articular la atención y prevención de violencias de la zona asignada. Un cuarto vacío o falla en la atención está en que esa articulación recae en una sola persona, independiente de si ejerce su cargo en Kennedy, con más de 1 millón de habitantes, o en La Candelaria, con alrededor de 24 mil. Tampoco se tiene en cuenta la diferencia entre las localidades con mayor demanda de atención por violencias a mujeres. 

VORÁGINE tuvo acceso a uno de los documentos de planeación de los horarios de las funcionarias que trabajan en las Casas de Justicia, instituciones que operan en 16 de las 20 localidades de Bogotá. Allí se evidencia que del 1 al 13 de agosto, pese a que en cada casa debe operar una dupla compuesta por una abogada y una psicóloga, 4 casas estaban haciéndolo con la mitad de profesionales abogadas después de anuncios de que se harían recortes. Además, la rotación de algunas de ellas especificada en el documento implica un vacío, pues debían atender de manera simultánea en dos casas, en un caso de forma presencial y, en el otro, virtualmente. Esto ocurrió en las casas de Usaquén, Bosa, Usme y Suba. 

“Si no se previenen las violencias porque hay que atender y si no hay la capacidad para atender, pues no va a haber resultados positivos”, asegura Sara, quien agrega que le exigen llevar entre 50 y 55 casos al mes, con su respectivo seguimiento. Suba, Bosa, Kennedy y Engativá son las localidades que describe con más registros y mayor carga laboral. 

En junio de este año, una serie de denuncias de contratistas prendieron las alarmas sobre el funcionamiento de la Secretaría de la Mujer y las condiciones laborales para las trabajadoras. A través de la concejala Heidy Sánchez, del partido Pacto Histórico, y mediante una cuenta en X llamada Víctimas SDMujer, se empezaron a denunciar supuestos despidos masivos, acoso y maltrato laboral, explotación y pocas garantías para el ejercicio de las labores para las que son contratadas. 

En ese momento, la secretaria de la Mujer, Laura Tami, aseguró públicamente que no solo ninguna de las estrategias sería eliminada sino que, por el contrario, se fortalecerían. En una breve entrevista con VORÁGINE realizada en septiembre, Tami fue enfática en negar los recortes, y dijo: “Todos los equipos siguen ahí, con los recursos garantizados no solamente para este año, sino para los que vienen”. 

Aunque no hay certeza sobre la existencia de recortes, una quinta barrera puede surgir de las no renovaciones de los contratos y los vacíos que quedan con la contratación de nuevo personal, como lo señalan las mujeres que hablaron con VORÁGINE. A finales de junio, coordinadoras y supervisoras citaron a Lucía y a varias compañeras de la dependencia a la que pertenecían, según relata, y les dijeron que no había recursos para la continuación de 20 profesionales, aunque semanas atrás les habían solicitado documentos para la nueva contratación. La reunión duró 5 minutos. El caso de Sara fue igual. Pero el 18 de julio, cuando empezaron a denunciar públicamente estos recortes en diferentes equipos, les informaron que no se quedarían sin trabajo, cuenta Sara.

Alejandra relata que, también en junio, Juliana Cortés, subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades, la citó a una reunión en una Casa de Igualdad de Oportunidades. A ella y otras de sus compañeras les dijeron que no se preocuparan, que les iban a renovar los contratos. Sin embargo, en julio, la misma subsecretaria volvió a reunirlas para anunciarles que serían despedidas por el recorte de presupuesto en el recién aprobado Plan Distrital de Desarrollo de la alcaldía de Galán. En su dependencia, dice, no renovaron el contrato de 8 trabajadoras, incluyéndola. 

Cuando VORÁGINE le preguntó a Cortés por esto, la funcionaria negó recortes de personal y explicó que la Secretaría de la Mujer pasaba por un “momento de armonización” durante el que se revisaron las prioridades y lo que se quería fortalecer. Según ella, hay una directriz desde la Alcaldía de Bogotá de ser “muy eficientes” con el recurso público. 

Esto se ve reflejado en el recién aprobado Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Camina Segura. En la alcaldía de Claudia López (2020-2023) se destinaron 454.577 millones de pesos al sector Mujer y en la de Galán el presupuesto asignado fue de 415.352 millones de pesos que, con un aumento del Concejo de Bogotá, quedó finalmente en 417.663 millones. Hay una disminución importante entre un plan y el otro. La reducción fue general, pues el plan 2020-2024 tenía en total 112 billones de pesos, y el de la vigencia 2024-2027 será de 91 billones. 

Sin embargo, en la entrevista con VORÁGINE Laura Tami aseguró que la destinación presupuestal para la Secretaría de la Mujer sí aumentó en este cuatrienio. Mientras de 2020 a 2023 se le asignaron a la entidad 414.658 millones, para el periodo 2024 a 2027 se destinaron 417.000 millones, es decir, todo el presupuesto del sector Mujer. 

“Si yo reduzco el presupuesto y tengo una política de austeridad, en vez de mejorar tengo que hacer que la gente rinda, que la gente trabaje el doble. Y eso en la práctica significa que hay menos ciudadanas teniendo acceso al servicio, a un servicio que es público. Es imposible que con menos gente yo garantice lo mismo o más”, afirma Alejandra. 

Las contratistas también señalan como otra barrera la falta de materiales y herramientas. Lucía reporta que tanto en 2023 como este año estuvieron sin el material que se utiliza para dar a conocer la ruta de atención y estrategias de la Secretaría como posters, volantes y otros. 

“El maltrato va desde el trato hasta las mismas dotaciones en elementos de seguridad o elementos prácticos como el internet. Hay Casas de Igualdad que siguen sin internet”, relata Sara. Lo corrobora Alejandra: “En la Casa de Justicia de Bosa no ha habido internet todo este año”. En consecuencia, aseguran que el reporte de los casos no se hace de forma inmediata ni en tiempo real, sino cuando la contratista llega a su casa. 

Cortés también aclaró que en la Secretaría tenían identificados los picos de violencia que se pueden presentar en un año, como el fin de semana del Día de la Madre y el fin de semana de Amor y Amistad, para reforzar sus estrategias de prevención y estar en capacidad de responder cuando sea necesario. En esos momentos, afirma, “se refuerza el equipo de la Línea Púrpura, por ejemplo, y se duplican las personas y las profesionales para responder a la demanda”. Se refiere a la línea que brinda orientación y atención psicosocial y jurídica a mujeres víctimas de violencias.

Las tres contratistas contactadas negaron que esto haya sucedido. “En situaciones extremas no hay abogadas adicionales porque no hay presupuesto y los contratos en la Secretaría Distrital de la Mujer se demoran siglos en salir”, dice Alejandra. Ella, por ejemplo, esperó tres meses para firmar el contrato de este año. Por su parte, Sara cuenta que incluso cuando había ausencias de sus compañeras por vacaciones o incapacidades médicas, no se reemplazaba de inmediato a la persona. 

Cuando Lina sufrió el ataque, en la Secretaría de la Mujer le asignaron una abogada para llevar su caso. Decidió prescindir de sus servicios y contratar un abogado particular, pues la profesional no le comunicaba el avance ni los tiempos del proceso. “No se le podía hablar, era tosca, era difícil con ella. Tenía una abogada, pero con miedo porque no se le podía preguntar nada”, relata. 

La Policía reportó que de enero a junio de 2024 había aumentado un 165 % la violencia intrafamiliar contra las mujeres, en comparación con este mismo periodo en 2023, y en lo corrido del año se han registrado 19 mil casos de este tipo de violencia. Para Alejandra, por el aumento de denuncias, la Secretaría de la Mujer tiene mucho trabajo, que se hace con muy poco. 

Pese a los intentos por hablar con otras funcionarias de estrategias como la Línea Púrpura o las Casas Refugio, que están gestionadas por terceros, declinaron hacerlo por temor a represalias. “En la medida en que cualquier mujer diga que no está de acuerdo o que algo está mal, eso se convierte en una amenaza. Es vista como un problema”, relata Sara. 

Lucía cuenta que una de sus supervisoras les escribió que hablar sobre lo que sucedía en los equipos era violar la confidencialidad de la entidad y no podía seguir sucediendo. A quienes lo hacían, denuncia Sara, no les renovaban el contrato, eran víctimas de acoso laboral, recibían correos hostiles o les negaban permisos. 

“No hay opciones para nosotras y a veces terminamos como una mujer vulnerable apoyando a otra que lo está más”, afirma Sara. 

Los casos olvidados 

Cuando Lina denunció a su agresor en la Comisaría de Familia, la contactaron de la Línea Púrpura para darle atención psicosocial, la tranquilizaron y le ofrecieron más acompañamiento psicológico. No pudo recibirlo, pues antes de la segunda cita sufrió el intento de feminicidio. Después, la Secretaría de Salud se encargó de nueve terapias de rehabilitación y la Policía la visita cada tres días por nuevas amenazas que recibió presuntamente de su expareja, pero cuenta que ninguna de las estrategias de la Secretaría de la Mujer volvió a hacerle seguimiento a su caso, aunque en los lineamientos de la entidad se establece que “la atención y seguimiento se mantiene a cargo del equipo que moviliza la articulación [entre entidades]”. 

En julio de 2023, la Personería de Bogotá hizo un rastreo del servicio en esta línea, que no es de atención de emergencias ni urgencias. En ese momento alertó sobre algunas fallas en su operación. Entre enero de 2020 y mayo de 2023 en la Línea Púrpura recibieron 142.796 llamadas, incluyendo aquellas abandonadas, fantasma o en las que no marcaron ninguna opción de la grabadora. De ese total, fueron contestadas 52.962, de las cuales solo un 7 % (3.874) tuvieron seguimiento a través de contactos periódicos. 

La guía de atención de la Secretaría indica que el primer seguimiento lo deben hacer dentro de los dos días hábiles siguientes a la primera atención. El número de seguimientos luego varía, según la gravedad del caso, pero mínimo deben hacer tres. Por eso, la séptima falla es que esto no siempre ocurre. Además, en algunos casos las funcionarias sí llaman, pero como el seguimiento no ha sido constante, las víctimas reportan que de nuevo han sufrido violencias. 

Los registros de la Secretaría también indican que en cuatro ocasiones mujeres que acudieron a la Línea Púrpura, entre 2017 y 2021, más de dos años después fueron víctimas de feminicidio. 

En la supervisión más reciente, de enero de 2023 a enero de 2024, la Personería informó con preocupación que, aunque en las metas de la Línea Púrpura, desde sus inicios, está darle seguimiento con contactos periódicos al 100 % de los casos, solo se hace en el 68 %. Sin embargo, esto representó un aumento del 61 % respecto al reporte anterior de la Personería entre 2020 y 2023. 

Por su alta demanda, expuso la Secretaría en respuesta a la Personería, no es posible que las funcionarias realicen el seguimiento en todos los casos, como está contemplado en la guía, y se priorizan algunos. Puntualmente, aquellos por riesgo de feminicidio, interrupción voluntaria del embarazo o las llamadas anónimas con número de contacto.

Actualmente, en la Línea Púrpura hay 50 profesionales, 43 brindando acompañamiento psicosocial y jurídico a través de turnos distribuidos en 24 horas, todos los días, y siete en el equipo de apoyo a la supervisión, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría a un derecho de petición. 

Mientras tanto, en la Agencia Mujer, que es un equipo de mujeres presente en la Línea 123 para emergencias y urgencias por violencia de género, hay 31 profesionales. Es decir, en total 74 trabajadoras de la Línea Púrpura y Agencia Mujer ofrecen atención telefónica a una población de mujeres que, según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), suma 3,12 millones en Bogotá. 

En 2023 en la Línea Púrpura atendieron, con acompañamiento psicosocial o jurídico, en promedio, 151 llamadas por día y en el primer trimestre de 2024, 156 llamadas de alrededor de 39 minutos, cada una. Las trabajadoras dieron este servicio, en promedio, en ocho llamadas diarias durante seis horas que destinan a la atención, pues las otras dos horas son para hacer seguimiento, con contactos periódicos, a los casos priorizados. 

Además, en lo corrido entre enero y junio de este año recibieron 28.446 llamadas, de las cuales solo el 52 % (14.846) duraron más de 5 segundos o marcaron alguna opción. Todas estas fueron contestadas; a 13.747 les dieron atención psicosocial o jurídica y al 55,56 % les hicieron seguimiento con contactos periódicos. 

Pero el hecho de que sean contestadas no significa que sean efectivas. Esta es otra de las fallas encontradas en la Línea Púrpura. Es decir, no solo debe brindar la atención, sino hacerlo de forma oportuna. La Personería enfatizó que pese a que la meta es tener un 80 % de efectividad en esta línea, los registros varían. En 2020, por ejemplo, reportaron un 90 % de efectividad, aún cuando en marzo de ese año el registro fue de 42 %. Esto sucede pues la Línea Púrpura difunde los consolidados del año, pero omite las fluctuaciones mensuales.  

“Cuando hay muchas ciudadanas, por más que quisiera, uno tiene que atender y no alcanza a hacer los seguimientos. No dan los tiempos para registrar, llamar y subir la prueba del seguimiento. Eso implica mucho tiempo y muchas veces no se puede cumplir el esquema de seguimiento en los tiempos indicados o ni siquiera en todos los casos”, relata Alejandra. Para ella, algunos requieren más de 8 seguimientos, incluso 15 por su nivel de gravedad. 

Alejandra, respecto a los seguimientos, explica que hay ocasiones en las que se pueden demorar hasta una hora por caso. Aunque cada Casa de Justicia tiene un flujo diferente, en la que ella trabajaba llegaban entre 50 y 70 casos al mes. De esos, alrededor de 7 se quedaban sin seguimiento o no se completaba el esquema por falta de tiempo para realizarlo. Para la excontratista, en las Casas de Justicia con alta demanda se debería aumentar el personal al menos el doble, otra abogada y otra psicóloga, para poder responder efectivamente. 

En otras ocasiones, cuando las funcionarias llaman a hacer seguimiento, se encuentran con otro reto, pues las víctimas desisten del proceso al no recibir acompañamiento y ver que el agresor sigue libre y todavía representa un peligro para ellas, explica Sara.

Lucía y Sara, por su parte, destacan que en otros casos el seguimiento falla pues el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es una de las entidades facultadas para valorar un riesgo de feminicidio, envía a la Secretaría dos o tres meses después estos casos para que haga el acompañamiento. 

“La mesa de seguimiento que realicé en junio tenía casos [de Medicina Legal] de diciembre y de enero. Cuando nosotras vamos a hacer el seguimiento, ya la ciudadana ha tenido que pasar por revictimización o no ha podido tener su medida de protección”, cuenta Lucía. Se refiere a las mesas que mensualmente citan en la Secretaría de la Mujer, junto a otras entidades como Policía y Personería, para dar seguimiento a los casos de riesgo de feminicidio. 

En este punto, sin embargo, las versiones se contradicen. Julio Alberto Guacaneme Gutiérrez, médico forense de la Dirección Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le dijo a VORÁGINE que no hay ninguna articulación directa de esta entidad con la Secretaría. 

Según explica, los casos de violencia a mujeres por parte de su pareja o expareja son asignados por Medicina Legal a dos instancias: psicólogas y trabajadoras sociales que hacen la valoración de riesgo de feminicidio —y solo son 4 funcionarias para Bogotá—, o a las autoridades de acceso a justicia, como Fiscalía o Policía, para hacer la denuncia correspondiente. Es decir, no son remitidas a la Secretaría de la Mujer para atención ni seguimiento. “No tenemos la función de dar seguimiento, se le da la alarma al sector justicia, en este caso la Fiscalía, y al sector protección, en este caso las Comisarías de Familia, para que lo hagan”, afirmó Guacaneme Gutiérrez.

Ahora bien, el funcionario de Medicina Legal aclaró que mensualmente la institución hace parte de unas mesas para hablar asuntos de seguridad junto con otras entidades nacionales y locales, entre ellas la Secretaría de la Mujer. En estos encuentros, algunas veces, se mencionan los casos de riesgo de feminicidio.

Y esa es otra de las barreras: la de las articulaciones entre entidades. “En la práctica, ves necesario que la Fiscalía debería estar ahí [en las mesas de seguimiento]. No está. No existe en el Distrito para este tipo de temas”, cuenta Lucía. La secretaria Laura Tami reconoce que todavía sigue siendo una barrera el acceso a justicia; por eso tienen como objetivo ampliar su presencia en la Fiscalía para orientar a las mujeres a una denuncia efectiva. VORÁGINE intentó contactarse con la Fiscalía, pero no obtuvo respuesta frente a estos cuestionamientos. 

Directrices lejanas

Cuando Lina salió del hospital, tras haber estado cuatro días inconsciente, y con el impacto de tres balas, dos que todavía permanecen en su cuerpo, le ofrecieron ir a una Casa Refugio por cuatro meses. Parecía una medida urgente pues a través del WhatsApp de su hermana había empezado a recibir amenazas. Lina y su familia tuvieron que cambiar de número de teléfono y mudarse de casa junto a sus hijos de 10 y 16 años. 

Sin embargo, para ella no era una opción vivir cuatro meses escondida junto a sus hijos, que tendrían que pausar sus estudios. Al menos no la más adecuada. “¿Después de cuatro meses qué? Está el agresor y está la víctima, la víctima es la que se tiene que esconder y el agresor sí puede estar afuera”, puntualiza.  

La medida, que para ella es lejana de su realidad, hace parte de una de las estrategias de la Secretaría. Como todas las demás iniciativas, tiene unos protocolos “con muchos vacíos”, afirma Lucía. 

Los protocolos indican el proceso para articular y activar la ruta, la tipificación de los casos según las violencias, los factores de riesgo y protección, los tiempos de atención y seguimiento, entre otros. Pero no siempre están actualizados: “Los veo un poco distantes a la realidad. A veces se hacen por cumplir. Esos lineamientos habría que ajustarlos bastante y revisarlos constantemente”, afirma Sara. 

El cuidado para las que cuidan 

Las contratistas denuncian que los cuidados para su salud mental también se quedan en el papel. Estas mujeres escuchan, atienden o acompañan alrededor de seis casos de víctimas al día. “Te vas sobrecargando emocionalmente. Te puede llegar a generar ansiedad o ira porque desafortunadamente la entidad no tiene alcance suficiente para prevenir la cantidad de violencia y el riesgo de feminicidio que se presenta en la ciudad. No solo es desgastante, también frustrante”, narra Lucía. 

En la red de hospitales, por ejemplo, durante 2023 hubo más de 30 trabajadoras que renunciaron, según una de las contratistas. Y hay casos de abogadas que terminaron su contrato, en su mayoría, por incapacidades médicas, hospitalizaciones psiquiátricas o cuadros de depresión o ansiedad. 

Lucía alcanzó a tomar el acompañamiento de orientación psicosocial que ofrece la entidad. Que existe, es cierto, pero para ella no es efectivo. “No hay alcance. Son muy poquitas personas y no es algo de mucho impacto”, explica Sara. Alejandra, por su parte, tuvo que ver a varias de sus colegas retirarse de la entidad a causa de la carga emocional de su trabajo. Las tres confirman que solo hay dos profesionales disponibles para brindar orientación psicológica a todas las funcionarias y contratistas de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. 

Cuando falla lo emocional, también fallan la concentración y la capacidad de atención, cuenta Sara. “Una carga laboral menor da más energías para hacer las cosas mejor. Para uno poder dedicarse más a una mujer y estar en procesos muchos más consecutivos. Sobre todo, en los riesgos de feminicidio que requieren de mucho despliegue”, dice. 

No es una situación nueva. En 2022 la Casa de la Mujer prestó acompañamiento psicosocial a tres trabajadoras de la Secretaría de la Mujer que acudieron por sobrecarga y mucha exigencia laboral. “No tenían horas de descanso y las podían llamar en horas de la noche a decirles que tenían que atender una situación. Había mucho temor de que les terminaran el contrato, entonces lo que hicimos fue acompañarlas con psicología”, narra Olga Amparo Sánchez, directora de la organización. 

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El 24 de julio pasado le informaron a Lina Suárez que su agresor había sido recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. El 28 de julio era la primera audiencia del juicio, pero Nelson López no asistió y fue reprogramada para el 2 de septiembre. Sin embargo, ese día la audiencia fue nuevamente aplazada para el 9 de octubre, por ausencia del abogado de López. 

Además de justicia y una condena proporcional por lo que le sucedió, Lina todavía pide y considera necesario tener acompañamiento. Por un lado, psicológico. Por el otro, en salud, pues ella no ha podido volver a caminar desde el ataque y las terapias físicas asignadas se le acabaron hace cinco semanas. Para el 18 de septiembre, Sánitas, su EPS, había  programado la revisión con el especialista para valorar la continuidad de las terapias. Respecto al acompañamiento psicológico, las citas son muy lejanas, cuenta Lina. Y de la EPS la visitan mensualmente solo para cambiar una sonda que tiene. 

Las contratistas y las expertas coinciden en tres factores cuando se les pregunta por las barreras presentes en la atención de violencias de género: falta de recursos, poca capacidad institucional para responder y poca articulación entre entidades. Pese a que el alcalde Galán ha manifestado preocupación por la seguridad y protección de las mujeres, al menos en su Plan Distrital de Desarrollo esto no se ve reflejado, pues apenas si hay unas menciones al problema. 

* Nombre modificado por solicitud de la persona para evitar represalias.

** Mariana Guerrero Álvarez hace parte de la primera promoción de CONNECTASNext, un programa que fomenta la vinculación de nuevos talentos periodísticos, menores de 25 años, en medios de comunicación nativos digitales de América Latina.