Infancia desprotegida: el abismo entre las leyes y la realidad en Colombia

El 11 de noviembre de 2023 Nataly*, de tres años, pasó todo el día con su papá, Ricardo*. En la tarde, ya en casa de su mamá, Luz Helena*, la niña le contó que sentía dolor. “Mi papá jugó a hacerme cosquillas en mi vaginita con un aparato rosado”, le dijo.  

Luz Helena quedó paralizada. No sabía cómo proceder ni a quién acudir. La profesora del jardín de Nataly y la ginecóloga de Luz Helena le dijeron que fuera a un servicio de urgencias para que allí activaran el Código Fucsia, también llamado Protocolo de Atención Integral Para Víctimas de Violencia Sexual. Un mecanismo creado por el Ministerio de Salud que les indica a las entidades prestadoras de servicios de salud cómo proceder ante casos de abuso sexual. 

En la clínica de Medellín a la que acudieron, una ginecóloga revisó a Nataly y encontró la vagina irritada y enrojecida, aunque sin laceraciones ni evidencia de penetración. Por eso, decidió no ordenarle exámenes ni remitirla a Medicina Legal. La dio de alta en dos horas, le pidió a Luz Helena mantener alejada a la niña del papá y la remitió para psicología a los tres días.   

Pero cuando llegó a esta cita en otro centro médico, la madre se encontró con una sorpresa: “No entiendo ustedes por qué están acá”, le dijo la psicóloga. Le explicó que en la primera clínica debieron llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, reconocer los derechos vulnerados de la niña y acudir a las instancias disponibles para protegerlos. En pocas palabras, la clínica no activó el Código Fucsia.

Esa actitud señala un primer gran problema: la ignorancia de los procedimientos que ya existen y que son aplicables en estos casos. Ángela Constanza Jeréz es la coordinadora nacional de Niñez Ya, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que busca priorizar los derechos de la infancia y la adolescencia en las políticas públicas. Para ella, “a pesar de que existen las leyes, no todos las conocen. Hay que capacitar al juez de familia, defensor de familia, fiscal, investigador, a todos los que forman parte de esta arquitectura institucional para que realmente funcione la protección a los niños, niñas y adolescentes”. 

Nataly se suma a los 53 niños y niñas abusados sexualmente al día en Colombia, según los registros más recientes de Medicina Legal. Esta violencia está entre las vulneraciones de derechos más recurrentes a menores en el país y en el mundo. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) indica que de 71.000 casos que entraron a su sistema de protección en 2023, el 72 % lo hizo por violencia sexual y, en lo corrido del año, han ingresado por este motivo 13.273 niños y niñas. 

Múltiples leyes reconocen los derechos de la niñez, y las organizaciones de la sociedad civil y los estamentos políticos hacen llamados constantes al respecto. Pero los casos de violencia contra los menores no solo persisten, sino que van en aumento y se manifiestan de las formas más crueles. 

En los últimos 28 años los gobiernos han creado distintos mecanismos y herramientas para responder a las violencias infantiles, pero no han sido eficientes. Expertos, organizaciones y las propias instituciones han denunciado falta de recursos, tanto humanos como financieros, para que funcionen de manera efectiva. 

Procesos lentos que perpetúan el sufrimiento

Activar el Código Fucsia en el segundo centro médico implicaba que Nataly tuviera que sufrir un nuevo examen, tres días después de lo ocurrido, y relatara otra vez el abuso. Para evitar esa revictimización, Luz Helena regresó a la clínica donde habían atendido inicialmente a la menor. 

Allí Nataly quedó internada por cuatro días, sin ningún malestar físico, mientras gestionaban el caso con las autoridades. La mamá acudió a la Comisaría de Familia y a la Policía de Infancia y Adolescencia de Medellín para pedir ayuda. “¿De verdad uno como víctima es quien tiene que hablar de estas cosas?”, se preguntaba. Como resultado, varios agentes fueron a la clínica, llevaron a la niña a la Comisaría y emitieron una orden que implicaba que Ricardo sólo podía ver a la menor cada ocho días en una visita supervisada. Varios meses después, en mayo de 2024, el caso pasó a otra comisaría donde prohibieron los encuentros entre padre e hija y solo autorizaron videollamadas.  

Mucho antes de esa decisión, el 6 de diciembre, la citaron a una entrevista con una psicóloga forense. La conversación transcurrió de forma hostil, y Nataly no logró responder a las preguntas de la profesional. Unas semanas más tarde, como Luz Helena se enteró de que iban a archivar el caso, su abogado interpuso un derecho de petición para solicitar otra entrevista. “Una fiscal me llama y me dice que me va a dar otra oportunidad porque no es la primera vez que le expresan inconformidades de esa psicóloga”, asegura. 

Finalmente, realizaron la entrevista en una sala adaptada para niños, con un juego previo, y Nataly contó lo ocurrido dos meses antes, pero se confundió entre tiempo y espacio. “Necesitaban un relato imposible de una niña de tres años”, cuenta su mamá. María Cristina Hurtado, abogada y exdefensora de Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo, explica que esto se ha vuelto la norma: “El proceso dura, en promedio, 12 años. El niño o la niña cambia 10 veces su versión y es legítimo. Resultan revictimizantes los cuestionamientos por cinco operadores”. 

Luego de ese episodio frustrante, Luz Helena llevó a la niña a Jugar para Sanar, una iniciativa privada que atiende a menores víctimas de abuso sexual, donde comenzó un proceso terapeútico para gestionar el trauma y abrir la puerta a más revelaciones sobre el abuso. 

Durante los primeros seis meses que siguieron a la denuncia ante la Fiscalía la investigación no avanzó. Fue Luz Helena quien tuvo que recopilar testimonios, como el de una expareja de Ricardo, que lo había denunciado por intentar ahorcarla en octubre de 2022.

Solo el 24 de mayo, seis meses después del abuso, la Fiscalía le imputó cargos por actos sexuales agravados con menor de 14 años. Sin embargo, en agosto, la Comisaría de Familia, por solicitud del abogado de Ricardo, decidió levantar la restricción de los encuentros con la niña, por lo que Nataly tuvo que volver a verse con su papá cada semana en visitas supervisadas.

“Ella lo ama y disfruta las visitas. Sin embargo, en el colegio me reportaron que comenzó a portarse agresiva con sus compañeros, a comerse las uñas y se empezó a orinar en los pantalones. Su psicóloga me dijo que eran síntomas comunes de niños que han sufrido un trauma de abuso”, relata Luz Helena. Ante la insistencia de su abogado para revocar el permiso de visitas, el 4 de diciembre el Tribunal Superior de Medellín ordenó dejar sin efecto la medida.

Como este caso de impunidad hay miles. El número de denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia ha registrado un alarmante incremento del 8 % durante los primeros 10 meses de 2024. Sumó 78.124 casos frente a los 71.851 reportados en el mismo periodo en 2023, según datos de la Policía Nacional.

Los menores de entre 6 y 12 años son los más vulnerables, y representan 40.026 de las víctimas. Además, las cifras muestran a las niñas como las principales afectadas, con el 56 % del total (43.692). Pese al aumento, los tiempos de atención no se han reducido. 

El abogado Alejandro Ruíz, experto en infancias e integrante de la oenegé Aldeas Infantiles SOS, explica que en Colombia toma mucho tiempo acceder a la justicia. A los tres meses de la denuncia, asegura, la Fiscalía suele hacer la primera llamada para que la víctima la amplíe. Luego, la investigación del caso demora, en promedio, 18 meses, y hasta la imputación de cargos pueden pasar tres años, pues los fiscales manejan hasta 400 casos al mes, explica Ruíz. 

El juicio comienza propiamente a los cuatro años, dice el experto. Además, no siempre todo el proceso se hace en una sola audiencia y esos retrasos alargan el caso cuatro o seis meses más. Al final, si los procesos no terminan archivados, se resuelven en 6 o 7 años. “Habría que evitar que se cometan delitos en los próximos 5 años para ponernos al día con los que hay”, asegura el abogado. En los últimos 10 años el 94 % de las denuncias por violencia infantil han terminado en la impunidad, según los datos solicitados por Aldeas Infantiles a la Fiscalía.

No hay un vacío legislativo

Gracias a la Constitución de 1991 Colombia empezó a fortalecer su sistema de protección jurídica de la niñez. Ese año, el país ratificó la Convención de los Derechos del Niño e incluyó los artículos 44 y 45 en la Carta Política. Luego, en 1996, la Ley 294 reconoció a los niños como víctimas de violencia intrafamiliar. 

En 2006 el país dio un paso enorme con la creación del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098). Diez años más tarde el Congreso aprobó la política pública De Cero a Siempre (Ley 1804), que propende por un desarrollo integral de la primera infancia. En 2017 varias instituciones del gobierno construyeron la política pública para la erradicación del trabajo infantil, luego otra para poner fin a la explotación sexual de menores y, finalmente, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030

El paquete de leyes, normas, políticas y decretos sobre el tema incluye la política pública de prevención de reclutamiento forzado, construida en 2019, y la Ley 2089, que en 2021 prohibió el castigo físico y el trato cruel. Además, desde el año pasado, la Ley 2328 busca garantizar una atención integral a la niñez, y el 14 de noviembre el Congreso aprobó la normativa que prohibe el matrimonio infantil. 

En resumen, el país lleva casi tres décadas de avances legislativos y campañas y llamados permanentes de protección a la niñez. Por ejemplo, en los últimos 10 meses, la Procuraduría ha emitido al menos seis alertas para pedir garantías y acciones urgentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Aún así, en Colombia al menos 100 de ellos sufren al día algún tipo de violencia, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

La unidad especial de la Fiscalía: con pocos y en pocos lugares

“Vemos que hay una norma robusta, pero realmente una Fiscalía inoperante que no está obedeciendo a las necesidades del país”, asegura el abogado Ruíz, uno de los promotores de la Ley 2205 de 2022. Esta norma ordenó crear, dentro de la Fiscalía, la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra la Infancia y la Adolescencia. 

Según esa ley, la Fiscalía debía conformar un equipo especializado para investigar y sancionar los delitos contra la niñez. También fijó plazos estrictos para los procedimientos: ocho meses para imputar cargos, 90 días para la investigación y 45 días para el juicio. Y priorizó su ejecución en las regiones con mayores índices, como Antioquia y Bogotá. 

Sin embargo, el año 2023 terminó sin que la Fiscalía hubiera creado esa unidad en el plazo estipulado de seis meses. Por eso, el Consejo de Estado le ordenó hacerlo mediante un fallo de segunda instancia. Sólo en junio pasado, por medio de la resolución 0268 de 2024, la Fiscalía finalmente formalizó este mecanismo, que actualmente opera con un equipo central y 12 seccionales en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cali, Caquetá, Córdoba, Medellín, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 

El abogado Ruíz señala, a partir de los testimonios de algunos fiscales miembros de la unidad, que es insuficiente el personal para que esta opere de manera efectiva, puntualmente el número de investigadores. Sobre este tema, una fuente de la Fiscalía le reveló a VORÁGINE que en el equipo central de la unidad actualmente hay 10 fiscales adscritos y 17 profesionales de diversos campos. Además, en cada seccional trabajan alrededor de tres fiscales más otros funcionarios, en su mayoría trasladados desde la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. La ley que ordena a la Fiscalía crear esta instancia no contempló recursos económicos adicionales para su funcionamiento. 

Esta falta de recursos implica, según Ruíz, que cada fiscal de la unidad especial debe solicitar la ayuda de investigadores de otros equipos para avanzar en los casos que llegan. Y lo peor es que en Colombia por cada 15 fiscales hay solo un investigador, según Aldeas Infantiles. Algo que reafirma el exfiscal general Mario Iguarán en una entrevista para El Tiempo en la que, asegura, algunos fiscales en el país no cuentan con un solo investigador.  Ruth*, una funcionaria del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Fiscalía, se lo confirmó a VORÁGINE. “Normalmente un investigador hace labores para dos o más despachos. No damos abasto. Nos exigen resultados, pero no hay cómo cumplir”, dice.

Además, Ruth señala otro de los grandes problemas para atender las violencias infantiles: la falta de personal especializado. Según ella, esta carencia implica desafíos para los fiscales a la hora de argumentar ante el juez las medidas de aseguramiento para los agresores. Afirma que la institución prioriza los derechos de la niñez, pero que “el sistema penal es garantista y paternalista con los indiciados y procesados. Se pone más atención a las garantías de los agresores que de los menores”. 

Por otra parte, esta unidad especial sólo tiene competencia para las denuncias presentadas después de su creación. La fuente de la Fiscalía asegura que en cuanto a los casos anteriores los fiscales pueden decidir atenderlos, pero pocas veces lo hacen, y comienzan con cero procesos. En este sentido, cuenta Ruíz, las violencias reportadas anteriormente quedan a cargo de las otras unidades de la entidad, que además han tenido que ceder funcionarios a la nueva.

Los niños y niñas que no regresan a casa 

El 9 de julio de este año Yeidy Castrillón habló por última vez por celular con su hija Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, de 10 años. La Crespa, como le dicen sus familiares a la niña, muy apegada a su abuelo Conrado Castrillón, vivía con él en San Rafael (Antioquia), y tenía previsto volver con su mamá a Puerto Libertador, Córdoba, en 2025. Pero dos días después tanto el hombre como la niña desaparecieron. 

El 11 de julio Conrado estaba de cumpleaños, pero no contestó las llamadas ni los mensajes de felicitación de sus familiares. En la tarde, un primo de la familia fue a buscarlo a la finca de la que era mayordomo hacía 26 años y donde vivía con Kendall. Pero ni ella ni su abuelo aparecieron por ninguna parte. 

La familia interpuso una denuncia, pero las autoridades sólo aceptaron la de la desaparición del hombre, cuenta Castrillón. Comenzaron a buscar y un vecino, el 12 de julio, halló a 10 minutos de la finca el cadáver del abuelo con un golpe en la cabeza. “Después de que reciben la denuncia por la muerte de mi papá, ya me reciben a mí la denuncia en Fiscalía por la desaparición de Kendall y empieza la investigación de la Sijin (Seccional de Investigación Criminal de la Policía)”. 

Han pasado más de 100 días desde la última vez que vieron a la niña con su abuelo en el pueblo. Las autoridades ya dejaron de buscar y la familia ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por los responsables. En octubre, la Gobernación de Antioquia subió ese monto a 70 millones. Pero hasta el momento, la Fiscalía no ha producido reportes ni ha establecido hipótesis ni quiénes puedan ser los sospechosos. 

Por supuesto, su caso no es el único. De acuerdo con Medicina Legal, en los primeros 10 meses de 2024 desaparecieron 2.758 personas en Colombia y el 40 % de ellas eran menores de edad. A este tipo de violencias se suma la de mayor crueldad: en el país han sido asesinados 370 menores en lo corrido del 2024. Es decir, en promedio, una niña o niño al día. 

Y como denuncia Niñez Ya, nadie conoce con seguridad la magnitud del problema, pues en Colombia cada entidad tiene sus propios datos. “Hay un subregistro enorme porque las instituciones manejan cifras distintas. Necesitamos un sistema de información unificado y consolidado que esté relacionado con todas las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes”, explica Ángela Constanza Jerez. 

Una alerta que aún no alerta 

Para contrarrestar esa problemática, en septiembre de 2023 el Congreso aprobó la Ley 2326, más conocida como Alerta Rosa, que ordena al Gobierno Nacional crear un mecanismo de búsqueda inmediata y masiva para localizar a niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidas. 

Esta ley establece que la entidad que recibe la denuncia debe difundir la alerta de desaparición a múltiples actores, mediante un mensaje de texto, para coordinar con otros países y evitar traslados ilegales. Incluso, contempla un acompañamiento psicológico para los familiares afectados y un registro público de menores desaparecidos. 

“Sofía Delgado no estaría muerta si esto ya lo hubieran formulado”, afirma el abogado Ruíz. Se refiere al caso de la menor de 12 años que después de 18 días desaparecida, apareció muerta el 17 de noviembre de 2024 en el Valle del Cauca. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia, tenía plazo para reglamentar este mecanismo hasta el 13 de marzo pasado. Un mes después, el 14 de abril, publicaron apenas un borrador del proyecto y solo el 27 de noviembre, ocho meses más tarde, lo reglamentaron oficialmente. 

Angélica Lozano, senadora del Partido Verde y coautora del proyecto de ley, le dijo a VORÁGINE que el Ministerio de Justicia le informó que este proceso se retrasó por los cambios de directores en esa y otras entidades competentes. Según la congresista, el 26 de noviembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una acción de cumplimiento que interpuso para exigir la reglamentación de la ley y, al día siguiente, el Gobierno cumplió. 

Mientras este mecanismo comienza a operar, en los cuatro meses que disponen las entidades según el decreto, las familias pueden acudir a varias instancias, entre ellas la línea 141 del Icbf para reportar una desaparición. Ruiz, quien ha reportado más de 70 casos de este tipo, denuncia que el Instituto se demora entre 20 y 30 minutos, en promedio, para contestar las llamadas. “No es un sistema eficiente porque reciben el caso, pero si sucedió en Chocó, se tarda hasta una semana en llegar el reporte a todas las autoridades, cuando hablamos de que las tres primeras horas son claves para evitar violencias contra el menor o su homicidio”, dijo el abogado.  

Hace una semana, cinco meses después de que desapareció Kendall, por solicitud del abogado de la familia, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular amarilla para dar aviso a 196 naciones sobre lo ocurrido. Este tipo de acciones debería producirse de forma automática e instantánea cuando empiece a operar la Alerta Rosa. 

Respuestas fragmentadas y compromisos en el aire 

El mecanismo de la Alerta Rosa exige articular 17 entidades estatales,  y contar con el apoyo de medios de comunicación, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Esa complejidad dificultó su reglamentación. La senadora Lozano denunció, por ejemplo, que el Ministerio de Salud y la Cancillería fueron renuentes a firmar el borrador del decreto. 

La actitud de esas carteras parece mostrar muy poco interés de su parte en el tema. VORÁGINE trató de contactarse con ambas entidades para conocer su postura. Pese a los intentos, desde el equipo de comunicaciones de la cartera de Salud no hubo respuesta, mientras que en el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron no saber del tema. Sin embargo, los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo y Luis Gilberto Murillo firmaron el decreto recién expedido. 

Pero no solo es una cuestión de disposición y voluntad, también se requiere dinero y personal. “No tenemos la infraestructura para que esa alerta nos pueda mostrar que hay capacidad institucional de respuesta. Por ejemplo, no creo que los cuadrantes de la Policía estén preparados para todas las alertas que recibirán”, asegura Ruíz. 

Por su parte, Constanza Jérez afirma: “No hay respuestas intersectoriales y falta articulación. Hay tres entornos protectores clave para la niñez: el primero es la familia, el segundo es la escuela y el tercero es la comunidad. Esos tres entornos son los espacios donde estamos viendo que más están siendo violentados los niños y las niñas”. 

Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien alertó sobre la urgencia de articular una respuesta territorial de las autoridades, concuerda. “Necesitamos poder llegar juntos al territorio y superar la sensación de que a cada sector le corresponde un pedazo de la niñez. El niño necesita una garantía integral y que todos actuemos a tiempo”, dijo a VORÁGINE.

A comienzos de noviembre se realizó por primera vez en el mundo, en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a las violencias contra niñas, niños y adolescentes. El Gobierno Nacional llegó al evento con una propuesta que tituló “A tiempo” y se comprometió a crear un sistema integrado por actores públicos y privados para prevenir, identificar y gestionar alertas sobre riesgos y hechos de violencia contra la niñez. Todo ello, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas y seguimiento de los casos, en beneficio de la población infantil del país, es decir, alrededor de 13 millones de niños, niñas y adolescentes, según el Dane. 

Para Alejandro Ruíz, esas promesas son un poco más de lo mismo. “El sistema ‘A tiempo’ quiere decir que tenemos que contar con más fiscales, investigadores y funcionarios. Si no los han nombrado, no se ha hecho un concurso para designarlos, no tenemos elementos novedosos para investigar, es un saludo a la bandera y Colombia no llegó con propuestas como las pedía la Organización Mundial para la Salud”. Es decir, con compromisos claros y concretos, el presupuesto que van a ejecutar y el tiempo para cumplirlos. 

La delegación de Colombia solo anunció que el sistema “A tiempo” se desarrollaría en 18 meses, una vez los actores nacionales y territoriales firmen el compromiso de forma articulada. Y en cuanto a los recursos necesarios, dijo que no tiene estudios de costos “a precisión”, pero calcula que requerirá destinar al menos 30.000 millones de pesos, sin especificar de dónde saldrían.

Para Jerez la violencia infantil comienza en el hecho de que, en la práctica, la sociedad no reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos. “La mayoría entra al sistema de protección del Icbf por negligencia, pobreza, abuso o maltrato. Tenemos que comenzar por transformar las familias”, puntualiza la experta. El más reciente informe de la alianza Niñez Ya expone que las violencias contra los menores responden a unos ciclos de abusos en la sociedad. 

Por su parte, la abogada María Cristina Hurtado, exdefensora de Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo, asegura que hay que tratar de cambiar esa cultura y no repetir discursos de populismo punitivo como la cadena perpetua. “La impunidad no se resuelve aumentando penas, sino fortaleciendo los juzgados, las comisarías de familia y las defensorías de familia, que es por donde entran las denuncias de violencia sexual e intrafamiliar. Necesitamos una justicia fuerte y un cambio cultural”, asegura. De hecho, la Corte Constitucional ha rechazado en varias oportunidades los intentos por subir las penas a los violadores de niños, niñas y adolescentes. 

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Luz Helena, la madre de Nataly, vive una tortura cada semana, cuando debe llevar a su hija a ver a su padre y presunto abusador. Un dolor insoportable, porque la investigación en la Fiscalía no avanza aunque el denunciado tiene antecedentes por violencia intrafamiliar. Y aún más, porque por su trabajo como DJ en restaurantes familiares de Medellín tiene contacto constante con niños y niñas. 

Yeidy Castrillón reniega de la burocracia que constantemente le pide pruebas ante indicios o sospechas que reportan civiles sobre el paradero de su hija. En ambos casos, las madres se sienten solas mientras exigen justicia y tratan de gestionar sus procesos. 

“Le estamos dejando a los niños el peor de los mundos”, dijo el presidente Gustavo Petro al intervenir en la Conferencia Ministerial Mundial en Bogotá, e insistió en que esta población debe ser lo primero para cualquier Estado. En Colombia, desde la Constitución de 1991, el discurso de la niñez como prioridad ha sido repetitivo y constante. Las y los expertos consultados concuerdan en que esa protección existe en el papel y en los discursos políticos, pero no en la práctica. 

* Los nombres fueron cambiados para proteger la vida y la intimidad de la menor víctima de abuso y de su familia y, en el caso de la funcionaria de la Fiscalía, por temor a sufrir represalias tras sus declaraciones. 

** Mariana Guerrero Álvarez hace parte de la primera promoción de CONNECTASNext, un programa que fomenta la vinculación de nuevos talentos periodísticos, menores de 25 años, en medios de comunicación nativos digitales de América Latina.

Si tiene más información de este y otros temas escriba al mail: [email protected]

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Ante un caso de cualquier violencia infantil, se encuentran habilitados los siguientes mecanismos para recibir atención de las autoridades: 

1. Líneas de Atención

• Línea 141 del ICBF:
  Atiende denuncias de violencia, abuso, maltrato, abandono o explotación infantil. Está disponible las 24 horas, todos los días, y es gratuita.
• Línea Nacional contra la Trata de Personas (018000-522020):
  Dirigida a reportar casos de trata y explotación infantil.
• Línea 123:
  Atención inmediata en situaciones de emergencia o violencia, conectando con Policía, Bomberos o el ICBF según el caso.
• Línea Púrpura Distrital (Bogotá):
  Ayuda a mujeres y niñas víctimas de violencia. Teléfono: 018000 112 137.
• Línea de orientación a niños y adolescentes de la Secretaría de Educación:
  Enfocada en situaciones relacionadas con violencia en entornos escolares.

2. Entidades competentes

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF):
  Es la principal entidad encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia.
  Página web: www.icbf.gov.co
  Teléfono: 018000-918080.
• Defensoría del Pueblo:
  Recepciona denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos, incluidas las de niños, niñas y adolescentes.
  Página web: www.defensoria.gov.co
  Teléfono: 018000-914814.
• Comisarías de Familia:
  Brindan atención inmediata a menores en situación de violencia intrafamiliar.
• Policía Nacional – Infancia y Adolescencia:
  Departamento especializado en proteger a menores de edad frente a delitos como abuso, explotación y maltrato.

3. Campañas

• “Te Protejo”:
  Plataforma para denunciar casos de violencia, abuso, ciberacoso o explotación infantil. Disponible en www.teprotejo.org.