Las inundaciones no sólo son climáticas, también son políticas: así funciona la gestión de riesgo de desastres en el Meta

Esa madrugada, el río Ariari estaba tan agresivo que la única opción fue evacuar a Marisol Giraldo y a su familia en helicóptero. A su alrededor, sólo había agua color café claro, piedras, lodo, angustia e incertidumbre. Era 5 de mayo del 2025, y mientras la casa de Marisol resistía a unos 30 metros del río Ariari, la fuerza del agua se iba llevando la casa de su tía, ubicada en la orilla. Tenía un patio para hacer asados, techo en eternit, baldosa, alacena y paredes blancas de ladrillo y cemento. Hoy, sólo quedan escombros en la vereda La Isla II del municipio de El Dorado. La Defensa Civil trasladó a sus vecinos y vecinas en botes, en un ambiente de caos, pero el turno de Marisol fue por aire debido al estado de salud de su madre y de su hijo: una mujer que no puede caminar fácilmente, y un niño con discapacidad.

No era la primera vez que Marisol y su familia estaban en riesgo por el desbordamiento del río Ariari. Este es uno de los más largos y caudalosos del Meta, nace en la Cordillera Oriental y, al llegar al llano, se vuelve trenzado, es decir que se divide en varios canales o brazos, separados por islas o sedimentos. Atraviesa buena parte del departamento, pasando por municipios como El Dorado, El Castillo, Cubarral y Puerto Lleras, y al unirse con el Guayabero forma el río Guaviare, un gran afluente del Orinoco. 

Marisol recuerda con claridad la inundación del 11 de marzo de 2022. Esa noche pensó que estaba tronando. Se levantó a la una de la mañana, miró a su izquierda y vio un mar que pasaba con fuerza a cinco pasos de donde estaba. Se perdieron 40 palos de aguacate. “Se presentaron los primeros daños y se agrandó la magnitud del problema. No se le hicieron arreglos al río, no se hicieron trabajos de largo alcance, nunca se han hecho obras definitivas”, expresa decepcionada. 

“Dicen que esto hace más o menos 50 años no pasaba”, cuenta Marisol. Aunque las primeras inundaciones que padecieron Marisol y su familia fueron hace tres años, las de 2025 han dejado más afectaciones en la región de la Amazorinoquía, esa extensa franja del oriente colombiano que conecta la selva amazónica con los llanos.

En mayo, el mismo mes en que Marisol y su familia tuvieron que ser evacuados en helicóptero, 15 barrios y más de 50 veredas de San José del Guaviare, se inundaron, así como en Orocué (Casanare). En el Vichada se registraron más de 11.500 personas afectadas, la destrucción de miles de hectáreas de cultivos y el deterioro de infraestructuras. En Inírida, capital del Guainía, la situación no fue diferente: más de 3.500 personas damnificadas. En Amazonas, a julio de este año, las inundaciones habían afectado a más de 10.000 personas, especialmente a pueblos indígenas como los Bora, Cocama, Huitoto, Inga, Miraña, Muinane, Ocaina, Ticuna y Yagua; comprometiendo gravemente su seguridad alimentaria. En Caquetá, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del departamento emitió un comunicado de solidaridad frente a la emergencia humanitaria. Un fragmento dice: “Especialmente San Vicente del Caguán y Puerto Rico, donde cientos de familias han perdido viviendas, cultivos, enseres y medios de vida debido al desbordamiento de ríos, derrumbes y el colapso de la infraestructura vial y de servicios”. 

El primero de julio, fecha del aniversario del departamento del Meta, 17 barrios, dos corregimientos y al menos dos veredas de Villavicencio, la capital, amanecieron bajo el agua. En otros municipios de esta región también se han reportado inundaciones, como Puerto Lleras, Fuentedeoro, El Castillo, Cubarral, El Dorado, Cabuyaro, Puerto López y El Calvario; año tras año, en cada temporada de lluvias, este último queda incomunicado por deslizamientos que ocurren en su única vía de acceso.

Toda la región de la Amazorinoquía está siendo golpeada por un fenómeno que ya no es excepcional, sino estructural. Las comunidades rurales y urbanas coinciden en una afirmación: esto no es nuevo, pero cada vez es peor. Según la mayor Carolina Rueda, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la crisis climática está transformando los patrones de precipitación en Colombia. “Los eventos de sequías y de lluvias pueden ser cada vez más intensos”, explicó, al señalar que, aunque la frecuencia pueda parecer similar a la de otros años, el nivel de impacto y la fuerza de los fenómenos son hoy mucho mayores.

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Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2023 las inundaciones provocaron 9,8 millones de desplazamientos en el mundo. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 29 de mayo de este año la opinión consultiva OC-32/2025, sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. En ese documento, la Corte establece que los Estados tienen la obligación de mitigar y adaptarse a los efectos de la crisis climática, prevenir daños y proteger de manera especial a las poblaciones más vulnerables. Aunque estas opiniones no son sentencias, orientan la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y son usadas como referencia en decisiones posteriores.

“Al río no se le pueden mostrar unos papeles, hay que hacerle la inversión”

Para llegar a la casa de Tatiana Vanegas en moto, en la vereda La Isla I de El Dorado, se debe bajar al río Ariari, en algunos tramos del trayecto, durante media hora. En el cauce se ven esqueletos gigantes de árboles, rocas, pedazos de montaña arrastrados. Las vías de acceso “no están en un estado adecuado, son de difícil recorrido”, cuenta Tatiana. 

Su casa no se ha inundado; sin embargo, sus cultivos de yuca y cacao sí se han “lavado”. Es enfática en el hecho de que desde hace varios años vecinos y vecinas han solicitado obras de prevención y protección a diferentes instancias, tanto locales como departamentales, por medio de derechos de petición y tutelas que han sido ignoradas. Ese silencio e indiferencia llevaron a Tatiana a conformar, junto a otros habitantes afectados de los municipios de San Luis de Cubarral, El Dorado y El Castillo, el Comité de Damnificados del Alto Ariari en 2022 y, ese mismo año, interpusieron una acción popular. 

La comunidad exige por medio de esta acción judicial que las autoridades competentes -en este caso la Alcaldía de El Dorado, la autoridad ambiental que en este territorio es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), la Dirección para la Gestión del Riesgo y Desastres del Meta (DIGERD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)- adopten medidas urgentes y definitivas frente a los desbordamientos del río Ariari en el municipio de El Dorado y sus veredas.

Piden que haya presupuesto y que se ejecute bien para mitigar riesgos; limpiar, dragar y mantener el río desde Cubarral hasta El Dorado; rehabilitar y reforestar las márgenes y laderas; hacer estudios y diseños técnicos que permitan una solución de fondo; y sancionar infractores ambientales. 

El Tribunal Administrativo del Meta falló la acción popular, en noviembre de 2023, y ordenó la creación de un “plan de acción con el cual se intervenga, según el grado de riesgo, los puntos o sectores del río Ariari identificados en el Concepto Técnico (…) con las obras de mitigación preventivas que se requieran con el fin de reducir el impacto negativo del incremento del caudal del río Ariari como consecuencia del aumento de las precipitaciones”.

Entre las obras que ordena el tribunal se encuentran jarillones, centrado del cauce, limpieza, remoción de sedimentos y canalización, entre otras. Esto debió hacerse en los seis meses siguientes a la sentencia, es decir, para mayo del 2024. Pero hasta ahora, lo único que se ha visto son respuestas de mitigación, después de que ocurren las inundaciones, sin el componente preventivo que dictamina el fallo.

Debido a que la carretera es intransitable, Tatiana tuvo que separarse de su madre, que tiene problemas de salud y debió irse a otro municipio mientras pasa la temporada de lluvias y donde pueda asistir al médico fácilmente. Tanta ha sido la preocupación, que algunas de las personas de la vereda se han enfermado. “Se han sentido muy ansiosos y muy tristes. Eso trae también problemas psicológicos en la comunidad”, relata Tatiana.  

Según el alcalde de El Dorado, Óscar Olaya, 14 máquinas han trabajado en el río construyendo jarillones, pero “en una creciente el río se los ha llevado en algunos casos”. Un jarillón es una barrera compactada de tierra y rocas que se construye de manera paralela a un río, para contener o desviar el agua y reducir el riesgo de inundaciones en las comunidades. El mandatario asegura que “todas las administraciones consiguen recursos para mitigar el riesgo” y reconoce la necesidad de una obra “definitiva que solucione el problema de raíz”. 

Justamente para ello, el año pasado la DIGERD se comprometió a realizar unos estudios y diseños que, según el contrato 2785 de 2024, tienen un valor de más de 2 mil millones de pesos y debían entregarse en septiembre de este año. La directora departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres, Luz Nelly Monzón, explica que debido al congelamiento de inversión a nivel nacional, los estudios y diseños apenas van en un 30% de ejecución. “Eso implica una prórroga de tiempo más no una adición de recursos”, aclara.

Donato Liberato, uno de los líderes sociales de El Dorado, integrante del comité de damnificados, se refiere a estos estudios y diseños: “Esa no es la solución porque ni siquiera están garantizando los recursos para realizar la obra y además al río no se le pueden mostrar unos papeles, hay que hacerle la inversión. No cumple con la orden del tribunal”.

El objeto del contrato es la realización de “estudios y diseños de obras de protección para puntos en situación de riesgo de los municipios de Villavicencio, Acacías, Cubarral, Cumaral, El Castillo, Lejanías, Puerto Rico y San Carlos de Guaroa en el Departamento del Meta”. Aunque no menciona a El Dorado, si tiene en cuenta a los vecinos que están en la ronda del río Ariari como Cubarral y lo que se haga allí beneficiará o afectará río abajo a las demás comunidades. Según Monzón, se están analizando dos puntos críticos por territorio.

En 2024 y lo que va del 2025, la DIGERD ha ejecutado cuatro proyectos para el departamento que tienen que ver con contratación de maquinaria amarilla para responder a las inundaciones, por más de 7 mil millones de pesos. La pregunta sigue siendo qué tan eficaces son estas obras. En el municipio de El Dorado, por ejemplo, se invirtieron 313 horas máquina para hacer una obra de mitigación y, según la misma directora de la entidad, “en la segunda lluvia el río se llevó todo”. Sin embargo, inmediatamente después, aclara: “No es que se pierda la plata, son obras de mitigación momentáneas que se hacen en un caso de emergencia y que evitan que se lleve una cantidad de gente”. 

El alcalde Olaya agrega que en su municipio se han entregado alrededor de 1 900 ayudas humanitarias. Afirma que del presupuesto del año, sólo tiene 50 millones para atender las emergencias, por ser un municipio de poco más de 4 200 habitantes, lo que le otorga la sexta categoría. Sin embargo, la Ley 1523 de 2012 sobre la gestión de riesgo de desastres define el principio de subsidiariedad, según el cual cuando un municipio no logra atender una emergencia con sus propios recursos, los departamentos y, en última instancia, la Nación, deben asumir la responsabilidad de apoyo. 

La misma ley establece que la ayuda humanitaria no se limita a la entrega de víveres, sino que comprende un conjunto de apoyos inmediatos para garantizar la dignidad y condiciones mínimas de vida de las personas afectadas por emergencias o desastres. Esta debe incluir alimentación, agua potable, alojamiento temporal, vestuario, elementos de aseo y utensilios de cocina, así como atención en salud y acompañamiento psicosocial, con el fin de cubrir las necesidades básicas de supervivencia mientras se restablecen las condiciones normales de vida.

Bajo el sol de mediodía de un martes de agosto, las familias hacen fila en la entrada de la alcaldía para recibir un mercado, que el alcalde Olaya incluyó en el conteo de las 1 900  ayudas humanitarias. Tatiana, que está esperando su turno, reafirma que no se va de su territorio por los animales, por el arraigo, porque no hay un plan de acción claro. Donato agrega: “Esto es indignante”.

El patio, el baño y la cocina que se llevó el río 

El primero de julio pasado, cuando 17 barrios de Villavicencio amanecieron inundados, la casa de Isabel Parrado, en el sector conocido como La Playita del barrio Ciudad Porfía, empezó a agrietarse. Tres semanas después, el río Ocoa se llevó la mitad de su hogar: “Nos quedamos sin baño, sin tubería, sin cocina, sin patio”, dice Isabel. 

En total, cinco casas resultaron afectadas en esa cuadra. Lo único en lo que pensó Isabel en ese momento fue en coger los documentos de identidad de sus dos nietos y salir corriendo. El rumor de lo que estaba pasando se regó inmediatamente y, al instante, vecinos y vecinas estaban allí para ayudar a una de sus lideresas. 

“Mi lavadora estaba ahí y yo pensé que si el río se la iba a llevar, pues que se la lleve, ¿qué más vamos a hacer? Los vecinos dijeron que cómo la iba a dejar perder, ellos fueron los que movieron el cilindro, sacaron la estufa, todo lo movieron de ahí”, recuerda nerviosa y asustada. 

Tampoco era la primera vez que su casa se inundaba pero sí fue cuando el Ocoa embistió con más fuerza el sector donde vive. Todavía cuelga el estante con el jabón del baño junto a los escombros. Al otro lado del río, niños y niñas juegan mientras Isabel señala una esquina del techo de su casa, hasta donde llegó el agua.

Con media casa derrumbada, la Defensa Civil llegó a la casa de Isabel a decir lo inevitable: se tienen que ir del lugar. El procedimiento, según Jorge Díaz, director de este organismo de socorro, seccional Meta y Llanos Orientales, “es salvarle la vida a la gente, evacuarla de la amenaza y de la zona de alto riesgo y donde quedan aislados y sin protección”. Por eso, la familia de Marisol fue trasladada en helicóptero, y en otros casos se hace el proceso en botes, siempre que las condiciones lo permiten.

La Defensa Civil es una organización humanitaria de voluntariado que apoya en la gestión del riesgo, la atención de emergencias y labores sociales en todo el país. La mayoría de sus miembros no reciben remuneración alguna por lo que hacen, aunque sí existe un cuerpo administrativo y operativo contratado, que recibe salario. Para su fortalecimiento y el de la Cruz Roja, la Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres de Villavicencio está ejecutando un proyecto por valor de 250 millones de pesos, mientras que para el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos firmó un contrato de más 5 800 millones en 2025 y de más de 7 600 millones de pesos en 2024. 

A Isabel le ofrecieron un albergue pero ella lo rechazó debido a que quedaba cerca al río Ocoa, por lo cual también se sentía en peligro. No sería la primera vez que se desplazaba por riesgo: en 2008 llevaba sólo dos meses de vivir en Guayabetal, Cundinamarca, huyendo del conflicto armado en el sur del Meta, cuando su casa se derrumbó por un terremoto. Menciona que cuando llegó a Ciudad Porfía había más árboles y el sector apenas se estaba empezando a poblar.

Así como ella, muchas víctimas del conflicto armado construyeron por su cuenta sus  viviendas en la ronda de los cuerpos de agua de la ciudad. Juan Carlos Guzmán, jefe de la Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres de la capital del Meta, afirma que “el 40% de Villavicencio vive dentro de los caños”. Para tratar de hacerle frente a esta problemática, entre el año pasado y este se han invertido más de 26 mil millones de pesos en diferentes contratos que incluyen la implementación de un sistema de alertas tempranas, estudios de amenaza y vulnerabilidad, capacitación, fortalecimiento a procesos de gestión de riesgo y respuesta a las emergencias por inundaciones.

De esos más de 26 mil millones, la UNGRD aportó 4 mil millones, según Guzmán, en un contrato que ya está en ejecución para la creación de un Sistema de Alertas Tempranas para la ciudad. 

El funcionario también explica que entre los estudios de amenaza y vulnerabilidad contratados se está revisando “la capacidad hidráulica a Caño Buque y Caño Maizaro, porque hay mucha gente viviendo allí”. Agrega que parte de ese dinero se ha gastado en contratistas de la entidad, en maquinaria, mantenimiento de esa maquinaria, combustible y en todos los materiales para la construcción de las obras: mallas, madera, alambres, pegante, geotextil, puntillas. Y menciona que el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres actual se vence este año, por lo cual se encuentra en formulación y está a punto de contratarse su actualización.

Guzmán señala que en Colombia “no existen proyectos de reubicación”, mucho menos para reubicar al 40% de toda una capital. Reconoce que sólo se hacen obras de mitigación de riesgo, cuando los desastres ya ocurrieron, mas no de prevención, y alude a la misma situación que menciona Monzón: “Es difícil la situación para todos los alcaldes y gobernadores y para el gobierno nacional porque no pueden salir a atender a todos los hijos, no tienen recursos”.

A pesar de esto, el Meta se ubica entre los departamentos que más recursos recibe por concepto de regalías en Colombia, debido a su condición de principal productor de petróleo del país. Entre  2019 y  2020, por ejemplo, recibió más de 1,3 billones de pesos, ubicándose entre los de mayor asignación nacional. En junio de este año, se destinaron 66 400 millones  para proyectos que estén “alineados con los planes de desarrollo territorial e impacto regional, garantizando coherencia e integración con las características particulares de cada territorio”, resaltó el Departamento Nacional de Planeación en un artículo del diario Portafolio. 

Desde el 22 de mayo y durante 14 días, la UNGRD realizó una visita por 14 municipios de la cuenca del río Ariari. Arrancó en Puerto Concordia, llegó a San José del Guaviare y, desde allí, pasó por Puerto Rico, Puerto Lleras y Fuentedeoro, hasta llegar a El Dorado y Cubarral. Monzón explica que de esta visita técnica se priorizaron siete municipios, a los cuales se les asignaron 3 200 horas máquina. Sin embargo, dice que “nadie se ha presentado a ejecutar este contrato”.

Isabel todavía está en su casa. Sólo se va si la reubican en un mejor lugar, donde pueda vivir con dignidad. Un caso similar es el de Blanca Bernal, del barrio El Recreo, también de Villavicencio. El año pasado el Caño Maizaro se llevó la mitad de su vivienda y, aunque el director de la Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres afirma que se realizó un recalce con mallas de gavión, es decir que desviaron el cauce del agua para que no erosionara ni socavara un muro de contención que sostiene las casas, las personas se niega a dejar su territorio, su hogar. 

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En la Amazorinoquía, cuenta la mayor Carolina Rueda, del IDEAM, las lluvias se comportan bajo un régimen monomodal, lo que implica que “sólo hay una temporada de más lluvias desde abril o mayo hasta octubre o noviembre y una temporada de menos lluvias desde diciembre hasta marzo”. El riesgo sigue presente.

El pasado 24 de septiembre, la Gobernación del Meta emitió el Decreto 302, por medio del cual se prorroga la situación de calamidad pública por las lluvias por seis meses. Un informe del IDEAM de predicción climática a corto, mediano y largo plazo anticipa en los próximos meses “aumentos de precipitación entre un 10 % y un 20 % en el piedemonte llanero, así como en el occidente y oriente del Meta, Casanare y centro-oriente de Vichada”. Los jarillones se levantan y se los llevan los ríos, las ayudas llegan y se agotan, los estudios se contratan pero no hay soluciones estructurales. Y sin embargo, en medio de estos problemas, que se repiten como en un bucle infinito, las comunidades han hallado formas de resistir.

El mismo día que evacuaron a Marisol y a su familia en helicóptero, el casco urbano de Puerto Lleras, ubicado sobre la ronda del río Ariari, quedó inundado en un 100%, según reportes de la alcaldía. La UNGRD le explicó a la alcaldía que todo el pueblo, fundado en 1965, está en terreno de alto riesgo: en el cauce del río. Se les asignaron 400 horas máquina que todavía no se han ejecutado y desde la alcaldía de Puerto Lleras temen que sean para el próximo año.  

Tres semanas después de que Puerto Lleras se inundara, la comunidad organizó un bingo bailable y recogió fondos para hacer una obra de mitigación. Pero estas iniciativas comunitarias son insuficientes. Las familias en Villavicencio y en el Meta siguen viviendo en casas a punto de derrumbarse por completo, o en fincas donde se aferran a sus cultivos. La lluvia en las noches evita que las personas duerman; el estruendo del agua es la señal de una nueva emergencia.

* Esta investigación periodística fue realizada con apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Ceper de la Universidad de Los Andes, y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del autor.