La reunión a manteles entre el ministro de Justicia y el imputado excontralor Granados

El almuerzo

La cita fue en un reconocido restaurante de Bogotá, en la calle 79B con carrera 8, una de las zonas más exclusivas de la capital. Hacia el mediodía comenzaron a llegar los comensales a un restaurante en el que antes de la pandemia era difícil conseguir una reserva, pero donde ahora espantan. Poco más de tres mesas estaban ocupadas entre las 12 y las 2 de la tarde.

Era el 24 de noviembre de 2020. A una de esas mesas llegó de repente el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien fue recibido calurosamente por el excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, imputado por la Fiscalía por presuntamente haber beneficiado a Odebrecht cuando era candidato y luego cuando fue Gobernador de Boyacá.

Granados Becerra, de 47 años, construyó su carrera sobre las diferentes ramas del poder y la administración pública: concejal de Nobsa (1998-2000), alcalde del mismo municipio (2000-2003), secretario general de la Lotería de Boyacá (2004-2005), representante a la Cámara (2006-2010), gobernador (2012-2015), contralor de Bogotá (2016-2020) y, ahora, aspirante a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, juez de jueces, abogados y fiscales, ternado por el presidente Iván Duque, jefe del ministro Ruiz.

Este era un almuerzo entre amigos que parecía más una reunión de negocios por el calibre de los invitados. A Ruiz y Granados se unió poco después el recién elegido contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, quien llegó a ese cargo con el apoyo de su exjefe y predecesor. Tuvieron una conversación en voz baja durante todo el almuerzo.

Mucho tiempo después, con la mesa ya servida, llegó un invitado inesperado.

—Siéntese, senador —, le dijo uno de la mesa al congresista Fabián Gerardo Castillo Suárez, de Cambio Radical, quien después de hacerse rogar unos segundos, se sentó.

—Tranquilo que no estamos hablando de temas delicados—, le garantizó uno de los comensales, al notar que alguien de la mesa vecina les observaba atentamente. 

La conversación siguió con la misma intensidad pero con los decibeles más bajos. Siendo casi las 2 de la tarde se despidió el contralor electo. Granados, Ruiz y Castillo se quedaron departiendo un rato más. Luego, el excontralor dejó solos en la mesa al senador y al ministro para ir a la barra a pagar la cuenta, mientras los vecinos se retiraron del restaurante.

Un quinto invitado a la mesa era William Mendieta, secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, nombrado por Claudia López en su gabinete desde el comienzo de su mandato. La presencia de este alto funcionario del Distrito en la reunión solo fue confirmada por Vorágine el 30 de noviembre, un día después de publicado este artículo. ¿Qué estaba haciendo allí Mendieta con el excontralor Granados, el actual contralor Castro, el ministro de Justicia y un senador? Nos comunicamos con su jefe de prensa, quien dijo haberle dejado la razón. Le marcamos al secretario varias veces a su teléfono, le dejamos un mensaje también por Whatsapp y no logramos obtener, por ahora, una respuesta.     

¿De qué tanto hablaron? En el restaurante algo habría de cocinarse para después ser  servido.

El escrito de acusación.

Vorágine conoció el escrito de acusación de la Fiscalía contra el exgobernador Juan Carlos Granados Becerra. Esa institución ya le imputó  tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público.

La acusación será presentada el 7 de diciembre, por lo que Granados se podría presentar como nuevo magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, si es elegido cinco días antes por la plenaria del Congreso, como indican todas las apuestas.

Aunque los hechos por los que lo acusa la Fiscalía ocurrieron entre 2011 y 2016, Granados podría apelar a la Reforma de Equilibrio de Poderes para pedir que su caso lo lleve su juez competente, que en este caso sería la inexistente Comisión de Aforados, que por la misma reforma de 2016, entraría a reemplazar a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara. Todo puede pasar en Colombia. Hasta ser ternado por el presidente de la República para ser juez de jueces con una imputación de tres delitos a cuestas.

La investigación inicia, dice el texto de la Fiscalía, por “los señalamientos delictuales” que en contra de Granados hizo Federico Gaviria Velásquez, asesor externo de Odebrecht en Colombia. Como candidato en 2011 y luego como gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015, Juan Carlos Granados “se concertó con otras personas para cometer varios delitos, principalmente contra la administración pública”, se lee en la acusación que también involucra a directivos de la firma Odebrecht en el país: Luiz Antonio Bueno Junior, Eder Ferracutti y Eleuberto Antonio Martorelli; el exsenador Plinio Edilberto Olano Becerra y el asesor Federico Gaviria Velásquez.

La Fiscalía tiene pruebas de una reunión, en 2011, de las anteriores personas en la casa del senador del Partido de la U Plinio Olano. Allí, el candidato Granados les presentó su programa de gobierno haciendo especial énfasis en lo relacionado con el proyecto de la vía Duitama – Charalá – San Gil. En ese mismo encuentro se acordó que Odebrecht le entregaba a la campaña de Granados 200 millones de pesos en efectivo, “a cambio de que la firma Odebrecht fuera favorecida en proyectos de infraestructura en el departamento de Boyacá durante el gobierno de Juan Carlos Granados Becerra”.

Según la Fiscalía, los 200 millones le fueron entregados al senador Olano como parte de los 500 millones de pesos en coimas que acordaron la multinacional y el congresista: “200 millones ya le habían sido entregados a partir de un subcontrato entre Consol y el Consorcio Ruta del Sol San Alberto y 100 millones a través de un desembolso como pago de honorarios al abogado Luis Enrique Rojas Osuna”, asegura el ente acusador.

Los pactos se cumplieron y una vez elegido gobernador, Granados Becerra designó a su hombre de confianza, Bernardo Umbarila Suárez, como interlocutor ante los directivos de Odebrecht. Aunque hubo varias reuniones clandestinas en Tunja y Bogotá, en las que también participó Federico Gaviria Velásquez, al final Odebrecht no encontró viable financieramente el proyecto prometido en campaña y decidió no participar en la convocatoria.

Sin embargo, la Fiscalía encontró que la gobernación de Granados celebró un contrato por 72 mil millones de pesos para “pavimentos, mantenimiento y rehabilitación de la vía Duitama – Charalá y vía Tipacoque” con el consorcio Muisca, en el que participaba como persona natural el señor Luis Fernando Mesa Ballesteros, “hombre de confianza de Plinio Olano y, al parecer, ficha clave en los casos de corrupción llevados a cabo en Colombia”.

La Fiscalía concluyó que Juan Carlos Granados, como gobernador de Boyacá, cumplió los compromisos ilegales acordados en campaña con Odebrecht, “abandonando sus deberes de imparcialidad y transparencia en la gestión contractual” para interesarse “indebidamente en el proyecto vial Duitama – Charalá – San Gil sobre el cual tenía intervención por razón de su cargo, con el fin de favorecer ilícitamente a la constructora Odebrecht y/o al senador Plinio Olano”.

Como Odebrecht no participó en la obra prometida en campaña, las reuniones continuaron, esta vez en el apartamento del entonces gobernador en Bogotá. En una de ellas participaron los mismos de la reunión de campaña más Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca de la época. La idea era que el gobernador Granados, como miembro de la junta directiva de la CAR, “interviniera para que Odebrecht o alguna de sus filiales o afines, fuera precalificada para participar en el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, a cargo de la CAR”.

El milagro ocurrió, pero no duró mucho. Odebrecht quedó como finalista en la adjudicación del proyecto, por el que ya se había pactado un 3% para repartir entre Olano, Granados y Ballesteros, pero al final, y a pesar de que solo faltaba la firma, no se lo adjudicaron porque acababa de estallar el escándalo internacional de Odebrecht.

Han pasado dos años desde que la Fiscalía, el 29 de octubre de 2018, le imputó cargos a Juan Carlos Granados ante el Tribunal Superior de Bogotá en calidad de autor, modalidad dolosa, por los delitos de concierto para delinquir, en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público.

El exgobernador no aceptó los cargos que le fueron imputados y a pesar del pedido de la Fiscalía, el Tribunal no le impuso medida de aseguramiento pero lo dejó vinculado al proceso, que se reanudará este 7 de diciembre con la acusación formal, 5 días después de la elección de magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la que Granados participa.

La aspiración de Granados

El Congreso en pleno, Senado y Cámara de Representantes, escogerá el próximo 2 de diciembre a los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que saldrán de 7 ternas: 4 que envía el Consejo Superior de la Judicatura y 3 que envía la Presidencia de la República. El excontralor Juan Carlos Granados fue apadrinado por el presidente Iván Duque, quien lo incluyó en una de las tres ternas junto a Nerio José Alvis Barranco y Gloria María Arias Arboleda.

Esta Comisión es producto de la reforma al equilibrio de poderes del expresidente Juan Manuel Santos. Fue creada en 2015 pero apenas verá la luz para reemplazar a la desprestigiada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. 

El escándalo de Odebrecht en el que está involucrado el excontralor Granados salpica a decenas de políticos de casi todos los partidos, incluyendo a Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga, y al actual presidente de la República, Iván Duque, quien acompañó a Zuluaga a Brasil a una de las reuniones que la multinacional tuvo con el entonces candidato del Centro Democrático a la Presidencia.

Una magistratura de Granados Becerra en la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial les conviene entonces a todos los partidos políticos, cuando se trata de buscar un factor común entre el ternado, el presidente que lo terna, el presidente que hizo posible la reforma que hoy lo tiene ternado y el Congreso en pleno que podría elegirlo. 

De ser elegido, Juan Carlos Granados enfrentaría su juicio por el escándalo de Odebrecht como Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 

Por todo esto, no resulta tan irrelevante una reunión que involucra a altas dignidades del Estado como un ministro de Justicia; un exgobernador, excontralor y aspirante a una magistratura en calidad de imputado por la Fiscalía; el contralor entrante de Bogotá, apadrinado por el anterior, y un senador que vota en la elección de su compañero de mesa. 

Una investigación de la Fundación Pares, escrita por el periodista Julián Martínez, muestra documentos que evidenciarían un posible carrusel de puestos entre la Contraloría Distrital de Bogotá y la Auditoría General de la Nación. Esta última entidad es la encargada de vigilar justamente a las contralorías locales. ¿Qué papel jugó Granados en este entramado? La mencionada investigación detalla cómo en la Auditoría nombraron a exfuncionarios de la Contraloría de Granados y a otras personas de su confianza, entre las que está su hermana Luz Adriana Granados Becerra.

El nuevo contralor Castro Franco, quien también estuvo en el restaurante sentado en la misma mesa con el ministro de Justicia, es una ficha de Granados. Castro no solo trabajó en la Contraloría Distrital de su mentor, sino que tuvo un paso por la Auditoría.

Con la elección del nuevo contralor, Granados adquirió un poder que se haría aún más evidente si llega a ser nombrado magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de investigar y sancionar a los empleados y funcionarios judiciales (fiscales y jueces), así como a los abogados.  

No es un secreto que Granados ha sido un alfil de Cambio Radical. Por ese partido llegó a ser congresista y también gobernador. No son pocos los cuestionamientos que hubo alrededor de su gestión como contralor, además del caso de Odebrecht. Fue acusado de haber puesto a la entidad al servicio de la política y no del control fiscal. “Yo probé cómo Granados acrecentó en proporciones gigantes la nómina paralela contratando -a través de contratos de prestación de servicios- a personas de su grupo político del departamento de Boyacá”, dijo el concejal Manuel Sarmiento el día en que eligieron a Castro Franco, según sus palabras, “en cuerpo ajeno”.  

Fabián Castillo, senador justamente de Cambio Radical, era el otro comensal del almuerzo con el ministro de Justicia. Vale la pena recordar que en 2018 la Fiscalía le compulsó copias ante la Corte Suprema para que investigara su responsabilidad en un caso de posible corrupción electoral; en los comicios legislativos de ese año fue capturado Sergio Lora, quien tenía en su poder propaganda de Castillo, un listado de posibles votantes y siete millones de pesos en efectivo. Las autoridades registraron que el hoy senador Castillo visitó al detenido en la estación de Policía. Este congresista también es recordado por haber dejado su micrófono prendido en una de las plenarias, mientras estaba hablando por teléfono y decía: “Qué más hermano, el mismo verguero, este hijueputa del Motoa no nos quiere dejar votar”.

Los conflictos de interés de un ministro

No es la primera vez que el ministro de Justicia que se reunió en un restaurante de Bogotá con un imputado por la Fiscalía y que además es aspirante a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, resulta envuelto en un posible conflicto de interés. 

Wilson Ruiz Orejuela llegó a ese cargo el 5 de octubre de 2020, un muy buen premio de consolación tras haber perdido la pelea por llegar a la Procuraduría General, que al final quedó en manos de la exministra de Justicia Margarita Cabello.

No había pasado ni una semana de la posesión cuando Ruiz, abogado y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura,  quedó envuelto en un escándalo por haber asistido con sus dos hijos al partido que la Selección Colombia jugó con Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el 9 de octubre, por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Los tres gozaron del partido en el estadio a pesar de las restricciones por el covid-19, según las cuales debía jugarse sin público y solo podían entrar un representante de cada uno de los 10 patrocinadores de la Selección, las delegaciones, los funcionarios de la Federación Colombiana de Fútbol y los técnicos del canal de televisión que transmitiría el partido. Ruiz justificó su presencia en el estadio en que la Federación le entregó tres acreditaciones porque sus dos hijos son jugadores de fútbol y él hacía parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación.

Esa comisión es la que tiene la obligación de vigilar e investigar el tema de la reventa de boletería organizada justamente por la Federación, pero eso no fue impedimento para que Ruiz aceptara las invitaciones para ir al estadio de parte del presidente de esa entidad (Ramón Jesurún, sancionado ya por el cartel de la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018).

Ese escándalo dejó planteada la pregunta de las posibles incompatibilidades y conflictos de interés del ministro Ruiz, quien afirmó entonces que antes de posesionarse en esa cartera había confirmado que no debía declararse impedido por ningún tema. El 14 de octubre, sin embargo, Ruiz renunció como miembro de la Comisión Disciplinaria de la FCF.

La respuesta del Ministro 

Vorágine contactó al ministro de Justicia para preguntarle por el encuentro con el imputado excontralor Granados en el restaurante.

—Sí señor. ¿En qué le puedo servir?—, respondió Ruiz vía WhatsApp.

—Sobre el almuerzo del pasado martes 24 de noviembre con el excontralor Granados, el nuevo contralor y el senador Castilla. ¿Era un almuerzo de trabajo o de amigos?

—Por favor háblese con Luis Eduardo Varela—, respondió el ministro.

—Ministro, pero solo son dos preguntas muy sencillas que solo usted puede responder y le quita menos de un minuto. La otra: ¿es presentable que el ministro de Justicia se siente a manteles con un ciudadano imputado y próximo a ser acusado por la Fiscalía?

El silencio del Ministro duró 5 horas y 34 minutos.

—¿En qué le puedo servir?, usted entenderá que mi agenda es muy ocupada, estoy en el departamento de Casanare con el tema del sistema carcelario y acabo y salgo para otra reunión.

—Entonces rápidamente, señor ministro, el martes 24 de noviembre usted estuvo en un almuerzo en el restaurante…

—Lo llamé por educación pero ya le contesto, no hay ningún problema.

—Listo, entonces son las dos preguntas que le planteé vía WhatsApp.

Diecisiete minutos después el ministro Ruiz contestó la primera pregunta, si el almuerzo con Granados fue uno de amigos o de negocios: “Sí, yo tuve un almuerzo de amigos que nada tiene que ver con el ejercicio de funciones”.

Frente a si es  presentable departir con Juan Carlos Granados, imputado por la Fiscalía y candidato a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el jefe de la cartera de Justicia dijo que para almorzar con una persona “no investigo o pido los antecedentes o procesos que tienen en curso”.

Ruiz Orejuela también aclaró que “no existe ningún conflicto pues yo no tengo relación funcional con la Fiscalía”.

—Muchas gracias, señor ministro. Una última pregunta: ¿usted ayudó a integrar la terna para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la que está el señor Juan Carlos Granados?—, le respondió Vorágine a las 4:48 p.m. del viernes 27 de noviembre de 2020. Al cierre de la edición de este texto, todavía aparecía solo un chulito en este mensaje de WhatsApp.

Como se trata de una pregunta importante, Vorágine insistió por otra vía: Sandra Ávila,  jefa de prensa del Ministerio de Justicia. Le contamos que le enviamos una pregunta al ministro y le agradecimos por responder las otras dos, pero que el último mensaje no le llegaba.

—Lo que pasa es que va a viajar a Bogotá desde Yopal y creo que es por eso que no hay buena señal. Estaré pendiente que llegue para enviarle tu pregunta—, respondió amablemente la funcionaria a las 5:43 de la tarde.

El avión del ministro aterrizó en Bogotá pero el segundo chulito en el mensaje de WhatsApp que le envió Vorágine nunca apareció, como si nos hubiera bloqueado. Al cierre de este texto, tampoco apareció su jefa de prensa con la respuesta que prometió.

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