El limbo de los niños y las niñas migrantes de Venezuela, abandonados en Colombia

Hay una galería de fotos en la que puedes leer sus nombres completos y la edad que tienen. Hay retratos con gestos tiernos, sorprendidos, ojos inocentes, pero también hay miradas tristes. En algunos casos, en vez de fotos, una silueta de niña o niño sustituye sus identidades reales. A veces, estas imágenes no corresponden a sus edades actuales. La coincidencia de los dos apellidos en varios niños, niñas y adolescentes en esa página hace pensar que allí hay varios grupos de hermanos.

Es la galería que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que protege a la niñez en Colombia, deja ver de los niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela que están abandonados en Colombia por múltiples razones. Se llama ‘Me Conoces, Niños Venezolanos’. Es inevitable preguntarse si habrá alguien buscándolos, extrañándolos o si en su país de origen las familias que dejaron sabrán que están solos, separados de sus padres o del núcleo familiar que migró de Venezuela.

El Santuario, el viacrucis

El 3 de noviembre de 2022, El Santuario, un pequeño pueblo en el oriente de Antioquia, se convertiría paradójicamente en una de las estaciones de otro calvario que Yenifer Maestre comenzaría a transitar. Después de más de nueve días atravesando Perú, Ecuador y parte de Colombia junto a sus dos niños y a su compañero, consiguieron refugio y comida en una casa de esa localidad para descansar y continuar el camino que habían decidido emprender de regreso a Venezuela.

La mañana de ese jueves, los cuatro se sentaron en la plaza del pueblo a esperar que aclarara el día para seguir el largo periplo. Cuando Yenifer corrigió con firmeza a uno de los niños, una mujer que pasaba la reportó en una oficina del ICBF. Lo que sucedería no lo vio venir.

“Intentamos correr cada uno con un niño en brazos, pero no pudimos. Los niños gritaban y gritaban, pero se los llevaron en una camioneta”.

Entre el llanto y la desorientación, ambos adultos vieron cómo la Unidad de la Policía de Infancia y Adolescencia trasladaba a sus hijos, una intervención que se hace cuando se advierte una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Lloramos muchísimo, me enfermé y estuve varios días con fiebre. En Santuario me dieron posada e iba todos los días a preguntar que a dónde se habían llevado a mis hijos. Me decían que no podía saber. Llevábamos varios días de mochileros y tal vez las ropas no estaban tan limpias”.

El teléfono de Yenifer timbró una semana después. Al otro lado de la línea oyó las voces de Elián y de Jesús Manuel, sus niños de 4 y 6 años. Los dos hermanitos estaban oficialmente bajo custodia del ICBF, en la modalidad de internado, en la Corporación Casa de María y el Niño, a una hora de allí, en Medellín, la capital de Antioquia.

Faltando un día para la Navidad, Yenifer recibió la autorización para ver finalmente a sus hijos. Habían pasado casi dos meses. “Yo estaba desesperada, les insistía en el ICBF que quería ver a mis niños”.

Tuvieron que establecerse como pudieron en el país que solo atravesaban para regresar al suyo. El dinero de las golosinas que venden en las calles solo alcanza para pagar un cuarto diario, la comida y los pasajes de ella para ir a ver a los niños todos los miércoles.

A las siete de la mañana, los autobuses que suben a las colinas del exclusivo barrio El Poblado van a reventar; la mayoría de los pasajeros trabaja en las zonas residenciales o comerciales. Para llegar al internado hay que hacer otro trayecto a pie por las empinadas calles. Allí, varias mujeres jóvenes se agolpan afuera en el cercado, esperando que sean solo las ocho de la mañana.

El vigilante, con acento caribeño y trato cercano, conoce casi al detalle las historias de cada una de ellas. Se abren las puertas y entonces se empiezan a oír unas vocecitas muy agudas: “Mamá, mamá, aquí estoy”. Son las cuatro horas más fugaces para Yenifer y otras madres cada semana.

Las cifras silenciosas del éxodo

Las letras pequeñas de los decretos a veces pasan desapercibidas. Cuando el Gobierno de Iván Duque lanzó en 2021 el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), quedó plasmada en su marco de justificación una cifra de la que pocos hablan: los casi 6.500 niños, niñas y adolescentes migrantes que sufrieron vulneraciones a su integridad entre 2015 y 2020. Ante ese panorama, el Estado colombiano intervino y abrió los llamados Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, conocidos como PARD por sus siglas.

Sin embargo, hay un dato más perturbador. Los años siguientes, entre 2021 y hasta finales de marzo de 2023, las cifras de vulneraciones a los derechos de menores de edad migrantes venezolanos se duplicaron y alcanzaron los 7.690 procesos, según estadísticas del ICBF. Es decir, entre 2015 y 2022 el Estado colombiano tuvo que intervenir para proteger a unos 14.172 menores de edad migrantes y refugiados venezolanos por motivos como omisión o negligencia, la falta absoluta o temporal de sus responsables, actos sexuales, acceso carnal, alta permanencia en calle, por ser niños y adolescentes no acompañados, trabajo infantil, violencia física y/o psicológica, situación de vida en calle, abandono, acoso sexual, víctimas de explotación sexual comercial, amenazas de reclutamiento inminente por grupos armados, entre otros.

En mayo de 2022, el ICBF reconoció que 1.200 menores de edad migrantes estaban bajo su custodia, mientras que al 31 de enero de 2023 la institución aseguró que 1.082 niños, niñas y adolescentes extranjeros de nacionalidad venezolana o apátrida se encontraban en hogares sustitutos, casas hogar, centros de emergencia o internados de la institución.

Gracy Pelacani, investigadora sobre temas de niñez migrante y refugiada en Colombia, sigue con lupa el rastro que dejan las preocupantes cifras, pero también aquellas que no se ven. “Solo tenemos datos de niños y niñas migrantes de Venezuela y por alguna razón no es posible monitorear la nacionalidad de otros niños extranjeros que puedan haber ingresado a procesos administrativos”. Pelacani, quien también dirige la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, advierte también sobre el subregistro de los menores no acompañados que entran a Colombia, los cuales, en su mayoría, son adolescentes.

¿Qué sucede del lado venezolano?

El Gobierno venezolano insiste en negar y subestimar los más de 7,2 millones de migrantes y refugiados, según la plataforma interagencial R4V, que han huido tras la emergencia humanitaria compleja, de los cuales Colombia da cobijo a casi 2,9 millones, de acuerdo a Migración Colombia con corte a octubre de 2022. La nueva Cancillería colombiana parece ir en una onda discursiva similar: ha puesto en duda las cifras del éxodo (cifras avaladas por la ONU y por las autoridades migratorias de los países de acogida) y quiere que Nicolás Maduro participe en el censo.

El restablecimiento de relaciones entre ambas naciones desde agosto de 2022 sigue sin poner el componente humano en el tapete. La reactivación de las relaciones consulares avanza lentamente para atender las innumerables demandas y necesidades de sus connacionales en ambos lados de la frontera. A finales de abril de 2023 se anunció la reapertura del consulado de Venezuela en Cúcuta, el primero de los ocho que llegaron a  funcionar en el país.

El silencio y la negación de información de acceso público en Venezuela ponen un manto oscuro sobre la gestión migratoria en temas de niñez y adolescencia. Solicitamos por varias vías conocer la estrategia del Estado venezolano en la atención a la niñez migrante en estado de vulnerabilidad en terceros países de acogida pero hasta la fecha de la publicación de este reportaje no hubo respuestas de ninguna autoridad. Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el Idena (Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) quisieron responder las innumerables inquietudes al respecto.

Sin embargo, desde hace dos años la Cancillería venezolana mantiene un convenio con una organización llamada Asonacop para atender a niños, niñas y adolescentes en el exterior. Hasta la fecha, reconocen en su página web que han repatriado y reunificado “más de 81 niños, niñas y adolescentes que estaban institucionalizados en territorio extranjero”, sin especificar la procedencia del país de acogida.

Del lado colombiano, desde que se anunció el micrositio web Me Conoces, Niños Venezolanos’, la promoción de la búsqueda de sus familias  quedó en la reseña que hicieron los medios en su momento. Al consultar sobre los procesos de repatriación y reunificación, el ICBF asegura que mantiene un convenio desde 2019 vigente hasta 2024 con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) para restablecer, mantener el contacto entre familiares y procurar la reunificación familiar en Venezuela (RF) de menores de edad no acompañados y separados provenientes de dicho país y que están en Colombia bajo un PARD. Reconoce que “a la fecha el CICR Colombia, en apoyo del CICR Venezuela, ha restablecido el contacto de 74 niños, niñas y adolescentes” y que “el restablecimiento del contacto familiar sucede como consecuencia de la búsqueda y localización exitosa de familia en Venezuela”.

El ICBF también reveló que, tras una reunión con la Cancillería colombiana y Unicef, se comprometió a presentar una propuesta de ruta binacional de reunificación familiar con el fin de tramitarla con la Embajada de Colombia en Venezuela y establecer los canales oficiales de comunicación con el país vecino para, de esta manera, determinar las posibilidades y condiciones de retorno de las niñas, niños y adolescentes a su país de origen.

Para que el ICBF le otorgue a Yenifer la custodia de sus hijos nuevamente, ella debería contar con una vivienda en condiciones mínimas. La familia solo estaba en tránsito por Colombia camino a su país, no están regularizados, ni tienen estabilidad laboral y mucho menos poseen vivienda.La única opción de esta madre es recurrir a la familia del padre biológico de los niños que se encuentra en Venezuela  Mientras tanto, en Puerto La Cruz (oriente venezolano) ha sonado el teléfono en casa de los abuelos paternos de Elián y Jesús. Es el ICBF que ha hecho una videollamada. La defensora de familia que lleva el caso hace las entrevistas para constatar cómo vivían y que ambos puedan asumir la custodia de sus nietos por petición de Yenifer. Solo esperan el momento en que sean citados a Colombia para recibir y llevarse los niños de vuelta a Venezuela. Han comenzado a reunir el dinero para movilizarse.

“Los niños no pueden ser separados de su núcleo familiar únicamente por condición socioeconómica y en particular porque el núcleo está en una situación de pobreza, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que también lo deja muy claro”, remarca Gracy Pelacani.

“Estoy cansada, no quiero migrar, mamá”

Cada cierto tiempo, la galería de fotos de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos del ICBF se actualiza con nuevos ingresos. Una adolescente está de primera, sus apellidos son poco comunes. Por medio de las redes sociales, la búsqueda de un familiar con nombres coincidentes surte efecto. “¿Por qué la tienen ahí, como si no tuviera a nadie? Ella me tiene a mí, yo soy su madre”, se lee en la mensajería instantánea la respuesta de Corazón de Jesús Mascareño.

Corría septiembre de 2020 y a Corazón se le habían agotado casi todas las opciones de supervivencia. Decidió jugarse la última carta, la más dolorosa. Al cierre de ese año, las agencias internacionales reportaban una descomunal hiperinflación de 2.958,8 % en Venezuela. Una canasta de huevos valía 2 dólares, mientras que el salario mínimo era de apenas 1,85 dólares, unos 7.000 pesos colombianos al mes.

Corazón empacó lo básico y salió de su natal Barquisimeto (centro occidente), dejó atrás a su hijo menor, lo dejó a cargo de su madre, una mujer de la tercera edad. Y, junto a sus otros dos hijos —una de ellas es una adolescente de 14 años— atravesó la mitad del país y luego una peligrosa trocha en la frontera hacia Colombia. En el autoexilio lo intentó todo, pero los números no daban para alimentar a cinco bocas y La Parada (Norte de Santander) era un lugar cada vez más inseguro para ellos. La forma y la fecha del ingreso los dejaba por fuera de la regularización. Entre el agobio incesante decidió dar otro golpe de timón: saldrían de Colombia como mochileros rumbo al Perú y el tiempo apremiaba.

La crisis por la que atravesaban los tres los golpeaba de modos diferentes, pero retroceder no era una opción para Corazón. La adolescente se resistía a seguir caminando y a migrar a lugares ajenos. “Ya no puedo más, no quiero seguir caminando, mamá. No quiero seguir de mochilera”, increpaba a la madre. Aunque se rebelaba de múltiples modos, la decisión estaba tomada.

Desde el 26 de febrero de 2021, Corazón no volvió a ver a su hija adolescente. Se zafó de su madre y huyó del grupo que caminaba en medio de la carretera. Ocurrió justo cuando estaban por abordar el bus que los llevaría a la próxima ciudad, antes de continuar hacia Perú. Corazón creyó que se arrepentiría, pero no volvió a saber más de ella hasta que fue contactada por la Unicef y luego por el ICBF en el refugio de migrantes de Chinacota (Norte de Santander), en donde la identificaron como adolescente no acompañada. Los siguientes intentos de Corazón para recuperar a su hija fueron infructuosos, nunca pudo lograr su traslado y menos la reunificación a un tercer país por la negativa de la adolescente. “Te pido perdón, mamá, déjame terminar mi bachillerato y cuando sea mayor de edad prometo que te buscaré”, relata que fue la última petición que le hizo su hija.

Hoy, Corazón está establecida en Chile, trabaja como empaquetadora de frutas en una fábrica ubicada a dos horas de Santiago. Solo alberga el deseo de que, por voluntad propia, su hija vuelva con ella.

“No quiero que me adopten”

El miedo más grande de José Adrián es que lo entreguen a otra familia. Tiene 7 años y le abrieron un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos cuando fue entregado al ICBF por una vecina. Su madre, sin ninguna red de apoyo, optó por dejarlo bajo el cuidado de esta para buscar trabajo en otro municipio aledaño a Medellín. El niño fue internado en la misma casa hogar donde están los hijos de Yenifer.

“Me abraza muy fuerte cada vez que lo voy a visitar, me dice: ‘mamá, no quiero que nadie me adopte, me quiero ir contigo’”, relata Paola, oriunda del estado Zulia. Por estos días está cumpliendo una ruta de formación en crianza ordenada por el ICBF para, posteriormente, evaluar si le regresa al niño.

Cuando se abre un Pard ante la amenaza o vulneración a los derechos de los menores de edad, una de las medidas podría ser la separación de su núcleo familiar: son internados en diversos centros del ICBF o ubicados en hogares sustitutos en los que vivirán hasta que se compruebe que pueden volver a sus hogares (si existen garantías de protección y seguridad) o hasta que se les encuentre una familia adoptiva.

Aunque la ley no permite entregar en adopción a niños extranjeros, la Corte Constitucional de Colombia, por medio de una sentencia de mayo de 2022, allanó el camino a la nacionalización y el estudio de adoptabilidad de los menores de edad migrantes venezolanos y en situación de abandono probado (bajo una fórmula denominada inter comunis) siempre y cuando se hayan agotado todas las vías para la búsqueda de su familia en Colombia o en Venezuela.

Sin embargo, el alto tribunal también ordenó a la Presidencia de Colombia que promueva la búsqueda de la familia extensa que se encuentra en el exterior de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que están en situación de abandono en territorio colombiano, y que también determine las posibilidades y las condiciones de su retorno al país de origen.

Pero la sentencia, que obtuvo hasta un premio internacional, recibió objeciones de cuatro magistrados de la corte, quienes pidieron cautela y mostraron su desacuerdo en aplicar una única fórmula jurídica para solucionar casos de menores de edad migrantes de Venezuela, sin antes indagar a profundidad en las particularidades de cada caso, considerar las circunstancias por las cuales ellos están en Colombia, las posibles afectaciones a su identidad o si sus padres son migrantes en tránsito, por ejemplo. Los jueces también recordaron las advertencias de organismos internacionales como Unicef y Acnur, que alertan que la declaratoria de adoptabilidad no es recomendable en contextos de crisis o emergencias.

“El Estado debe sopesar qué interés es el que prima. Sí, hay un derecho constitucional a que nuestros niños, niñas y adolescentes estén con su familia de origen, pero, ¿qué pasa si nosotros les entregamos ese niño, niña o adolescente a unos potenciales agresores? Por eso es muy importante todo el proceso de investigación de los Pard”, reflexiona Ivanna Zambrano, abogada binacional y experta en temas de migración y niñez.

El miércoles 15 de marzo, Paola llegó más temprano que nunca al albergue donde permanece su hijo, ese día de visita tenía un significado especial: era su cumpleaños número 24. El deseo que pidió en silencio para celebrar la vida no era un secreto, era más que evidente: tener de vuelta a Jesús Adrián. Las demás madres migrantes no cumplían años, pero las une el mismo anhelo día y noche: tener de vuelta a sus hijos, por más precarios o inciertos que sean sus contextos.

En el sur del continente, las manos de Corazón no cesan de empaquetar kiwis chilenos que serán exportados a Europa. En medio del cuidadoso oficio, espera que algún día se conjuguen dos palabras que parecen rimar: reunificación y perdón, para saber si su hija aceptará ir a su encuentro cuando alcance la mayoría de edad. Son historias casi de errancia por el continente, no por el pastoreo de rebaños, sino más bien en la búsqueda incesante y dolorosa del desarraigo que deja una de las mayores crisis migratorias del mundo.

*FIN*

Este trabajo periodístico fue elaborado en el marco de “Periodismo en movimiento. Laboratorio de creación de historias sobre migración venezolana en Colombia”, iniciativa de Consejo de Redacción y el Proyecto Integra de USAID. Su contenido es responsabilidad de sus autores y no refleja necesariamente la opinión de USAID o el gobierno de los Estados Unidos.