Campesinos firmaron engañados: denuncias contra minera que financió a Paola Holguín

José*, campesino del municipio de Falan, en Tolima, firmó un documento con base en mentiras. Un joven de la zona llegó hasta su finca con una planilla y un argumento alarmante: el Gobierno, le dijo, preparaba una ley para reemplazar los cultivos de cacao, plátano y café por otros de carácter obligatorio como arroz o maíz. La firma, supuestamente, era para oponerse a esa normativa. “En ningún momento me dijo el muchacho que era para lo de las APPA (refiriéndose a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos). No sé si yo sería bruto, pero yo le firmé eso. Él tenía que presentar unas firmas allá, no sé con qué fines utilizarían eso”, se escucha decir a José en un audio que envió a otro campesino de la región.

Ese “allá” al que se refiere Josées la empresa Minerales Santa Ana, donde trabaja el joven que lo buscó y que para la última legislatura financió a la excongresista Paola Holguín. Las APPA son una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro para delimitar zonas destinadas a garantizar la producción de alimentos y uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). 

No sería la única estrategia que campesinos le atribuyen a la empresa minera o a autoridades locales para impedir la llegada de las APPA al norte del Tolima. Una medida que imparte lineamientos para el uso del suelo en favor de la agricultura y contrario a fines extractivos.  

Las mentiras 

En diciembre de 2025, la planilla que diligenció José —junto a las firmas de otros 1.100 supuestos campesinos de Falan— fue utilizada para radicar una tutela contra la delimitación de las APPA en esa región. Luz*, cercana a Minerales Santa Ana, relató a VORÁGINE que superiores entregaron a sus subalternos formularios similares con la instrucción de obtener rúbricas de familiares, vecinos o conocidos. Posteriormente, estos documentos terminaron anexados a la acción judicial presentada contra el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

Otro campesino recuerda que personal de la minera, sin uniforme y en horario laboral, habría recorrido los municipios en camionetas para recoger apoyos. El argumento entonces era distinto: que el documento técnico para conformar las APPA no se había entregado a tiempo y que estas zonas afectarían gravemente al turismo. “Mandaron a las personas que la comunidad distingue. Llegaron a recoger firmas diciendo ‘es que ustedes necesitan una placa huella, entonces regálenos las firmas’”, narra Wilder Aguilar, líder de la región.

Posteriormente, líderes de Falan interpusieron un recurso en el que señalaron que al menos el 30 % de las firmas que acompañaban la tutela no correspondían a campesinos de la zona, como se afirmaba. También reportaron duplicaciones e incluso la presunta falsificación de varias de ellas. 

A la recolección de firmas se sumó una estrategia en redes sociales. Desde un perfil de Facebook llamado Falan por la Vida, empleados actuales y retirados de la empresa minera publicaronvideos en los que cuestionan el proyecto y defienden la actividad de la compañía. “En cuatro años no ha corrido riesgo el agua ni el ambiente ni tampoco va a correr riesgo a futuro”, se escucha en uno de ellos.

Mayra*, líder campesina en Falan, asegura que en noviembre de 2025 fue invitada a una reunión para recibir información sobre las APPA donde, según le dijeron, participarían autoridades locales. Después supo que el encuentro habría sido organizado por la minera. Para Liz Ávila, bióloga y habitante del municipio, las versiones que más circularon sobre estas áreas eran que el Gobierno quería quitarles la tierra a los campesinos, obligarlos a sembrar determinados alimentos, prohibir la tenencia de animales y restringir la agroindustria. La palabra que más se repetía, dice, era “expropiar”.

Las tensiones también se hicieron visibles en las reuniones que la UPRA comenzó a convocar desde 2024 para socializar la propuesta con la comunidad. Campesinos señalan que trabajadores de la minera asistían para “interrumpir” y “desinformar” sobre la iniciativa. “Se veía una oposición desde el desconocimiento total de lo que significaban las APPA porque no llegaron a cuestionar ni a preguntar, sino a oponerse directamente a un proceso que todos desconocíamos desde el inicio”, cuenta Lucía, lideresa de la región. 

Aunque la asistencia era voluntaria, varios campesinos afirman que a parte de los trabajadores de la compañía les cubrían el transporte en su jornada laboral para acudir a los encuentros. Liz Ávila describe una de esas sesiones: “Los compañeros de la UPRA tenían que responder cuatro veces la misma pregunta y eso significaba que el equipo de la UPRA no podía hacer el diálogo”.

Además de una campaña de perifoneo, Liz Ávila relata que en el casco urbano circularon volantes con un mensaje en letras mayúsculas: “No a las APPA”. Allí se afirmaba que la iniciativa, “restringe la capacidad de los propietarios para desarrollar sus tierras según sus necesidades y proyectos”. En una fotografía conocida en el municipio aparece el exconcejal Óscar Gallego repartiendo esos volantes, quien tiene cercanía con las autoridades locales. En enero de 2026, participó en un evento promovido por la Alcaldía de Falan llamado un encuentro ecológico.

El rechazo a las APPA también ha tenido eco en el Congreso. En octubre de 2025, un grupo de parlamentarios de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Liberal y de la U radicó un proyecto de ley para derogar el Artículo 23 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo). Entre los firmantes se encuentra la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien recibió 40 millones de pesos de Minerales Santa Ana para la financiación de su campaña. VORÁGINE contactó a Holguín; sin embargo, hasta la fecha de esta publicación, no se ha obtenido respuesta.

La vida en juego por la minería

En 2022, Wilder Aguilar fue uno de los 70 campesinos que firmaron una tutela contra la Agencia Nacional de Minería (ANM) para exigir que se respetara el derecho a la participación ciudadana en los procesos de exploración. La firmó, dice, sin imaginar las consecuencias que vendrían meses después. Según su relato, esa decisión marcó el inicio de una cadena de hechos que terminó con el asesinato de su hijo, Johan Ferney Aguilar, de 26 años.

“Un día un señor se me acercó a preguntarme si yo había firmado la tutela. Respondí que sí. Y me dijo: ‘usted sabe que eso es peligroso, no tiene con qué pagar abogados, le toca irse, abandonar el territorio o morirse pronto’”, relata.

El 2 de septiembre de 2023 se realizó una audiencia pública. Allí, Mejía denunció que estaba siendo amenazado. Al día siguiente, a las 9:00 a. m., su hijo fue atacado por hombres armados que lo esperaban en la casa de sus abuelos. Le dispararon y lo asesinaron.

Las amenazas continuaron pese a que Wilder cuenta con un esquema de protección de la UNP. En noviembre de ese año, dos hombres en motocicleta se acercaron a su hermano, en un municipio cercano a Falan, y le dijeron: “Deje tanta jodencia o no respondemos con otro miembro de la familia. No respondemos”.

Semanas después, tras regresar de un viaje al Eje Cafetero, Mejía encontró su casa revuelta y un papel con un mensaje: “el próximo hp muerto es usted”. Según denuncia, ni el asesinato de su hijo ni los amedrentamientos posteriores han tenido resultados judiciales.

La preocupación persiste en la comunidad. En enero de 2025, el escolta asignado por la UNP a la lideresa Myrian Díaz Montoya, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Lajas y opositora a los impactos de la exploración minera en su territorio, fue interceptado por dos motocicletas que, según la denuncia, les impidieron el paso.

La tutela para tumbar el proyecto 

Minerales Santa Ana mantiene en contratación activa cerca de 12.000 hectáreas para exploración. Su proyección es alcanzar 17.000 en Falan y 25.000 en total, sumando otros municipios del norte del Tolima. Sin embargo, las actas de coordinación y concurrencia necesarias para esa expansión no han sido firmadas. Y la delimitación de las APPA, al impartir lineamientos sobre zonas destinadas a la producción de alimentos, sería un reto para el avance de esos proyectos exploratorios y el uso del agua con fines mineros.

Uno de los argumentos que expone la tutela es que “las actuaciones adelantadas por las entidades nacionales se concentraron en ejercicios de socialización unilateral, sin condiciones que permitieran la deliberación, la incidencia ciudadana ni la construcción conjunta de decisiones”. VORÁGINE se contactó con la empresa para conocer su postura frente a esta disputa, pero no obtuvimos respuesta.

Las autoridades locales también han expresado reparos frente a las APPA. En una reunión con campesinos, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, afirmó: “Las APPA es que el Ministerio coja y nos ordene el territorio. Que desde Bogotá el Ministerio nos diga qué podemos o no cultivar en nuestros municipios, no podemos tener turismo en ese territorio, si podemos adelantar o no ciertas actividades en esas regiones. Eso no lo podemos permitir porque la vocación de un territorio la da un territorio y se concerta con las autoridades”.

El alcalde de Falan, Forney Munevar, expresó una posición similar en una entrevista en octubre de 2025: “Hemos estado aportando para que se ajuste, pero nos sentimos atropellados porque no podríamos tomar decisiones como la ampliación del territorio sin pedirle permiso a las entidades del Gobierno Nacional”.

El alcalde también ha señalado que no se han garantizado suficientes espacios de socialización del proyecto. Sin embargo, no todos los campesinos comparten esa versión. “En los espacios que se convocaron, inicialmente no fue muy masivo porque era lo que nosotros podíamos hacer con nuestro alcance. Divulgamos en los grupos y demás, pero no fue una prioridad para la alcaldía que tenía la obligación de convocar”, asegura Lucía. Ella explica que han participado en diferentes espacios de socialización de las APPA, incluso por fuera del departamento, como Manizales, Bogotá, y Antioquia. 

De acuerdo con el artículo 23 de la ley 2294 de 2023 (el Plan Nacional de Desarrollo) en  términos prácticos, las APPA buscan priorizar el uso agrícola de ciertas zonas , especialmente aquellas con vocación campesina o alto potencial productivo, frente a actividades como la minería u otros proyectos extractivos. Además, fortalecer la soberanía alimentaria y proteger el suelo rural para la producción de alimentos.

Wilder Aguilar reconoce que está a favor de esta iniciativa porque “por fin estamos siendo reconocidos, como campesinos. Por fin va a haber algo que nos ayude a cuidar nuestros suelos y a proteger nuestra agua. A las comunidades nos parece demasiado importante y al ser declarado APPA vamos a tener la oportunidad de gestionar con el gobierno”. 

En Falan, la discusión sobre las APPA no se ha dado únicamente en mesas técnicas ni en debates jurídicos. Se ha librado en las fincas, en las planillas que circulan con versiones contradictorias, en los grupos de WhatsApp, en los volantes que hablan de expropiación y en los funerales.

Para unos, la delimitación representa una amenaza a la autonomía territorial y al desarrollo económico. Para otros, es una oportunidad histórica de proteger la tierra que han trabajado por generaciones y de frenar la expansión de proyectos extractivos que, aseguran, no consultaron de manera real a la comunidad.

*Los nombres fueron cambiados por temor a represalías y asuntos de seguridad.