Comisión de DDHH del Senado contrató a abogada que fue sancionada por ‘falsos positivos’

Las labores que desempeña la abogada Lorena Leal Castaño en la Comisión de Derechos Humanos del Senado parecen una contradicción frente a lo que está probado que hizo en el pasado. Su nombre apareció en un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander y fue sancionada por aconsejarle a unos militares que hicieran acusaciones sin sustento contra un fiscal que investigaba casos de falsos positivos. Leal es una vieja amiga de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien ha visitado varias veces en el Congreso.

Leal firmó el pasado 10 de abril un contrato con el Senado de la República para trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad. La abogada va a recibir 26 millones de pesos por su trabajo hasta el 19 de julio de 2025, le harán dos pagos por $5.000.000 y tres por $8.000.000. Entre sus funciones está brindar apoyo jurídico a la secretaría de la Comisión de Derechos Humanos y ayudar a esa instancia en la realización de eventos.

Es el quinto contrato que firma con esa entidad desde septiembre de 2022. Durante el gobierno de Iván Duque tuvo contratos con el ministerio de Defensa y con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Con esta última entidad también contrató durante la presidencia de Gustavo Petro, entre enero y diciembre de 2023. Hizo parte de la dirección de asuntos étnicos de la ANT y tuvo entre sus funciones apoyar la organización, custodia y control de los expedientes y archivos.

Los certificados

La abogada aportó una serie de documentos para respaldar su idoneidad para suscribir los contratos. Sin embargo, algunos de ellos se contradicen con hechos de su vida profesional. Por ejemplo, presentó un certificado de la Fiscalía para acreditar experiencia litigando en el que se afirma que actuó como defensora de oficio en un proceso entre el 6 de marzo y el 6 de diciembre de 2013.

En otro certificado similar, emitido por el juez 30 penal con función de conocimiento de Bogotá, dice que actuó en un proceso entre el 26 de octubre de 2011 y febrero de 2014.  

Lo particular de la información contenida en ambos certificados es que Leal fue sancionada por las mismas fechas por el Consejo Superior de la Judicatura. El 14 de septiembre de 2012 la seccional Norte de Santander del Consejo Superior de la Judicatura la excluyó del ejercicio de la abogacía. La decisión fue confirmada en segunda instancia el 20 de noviembre de 2013.

Consultada por VORÁGINE, Leal afirmó que la sanción se hizo efectiva solo a partir de marzo de 2014.

La sanción

La sanción de Leal está relacionada con sus actuaciones en medio de casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Los hechos se remontan a 2009, cuando la abogada aconsejó a un militar llamado Néstor Guillermo Gutiérrez, quien era señalado por la Fiscalía de participar en ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes de la Brigada Móvil 15 adscrita al Batallón Ocaña del Ejército.  

Gutiérrez aceptó su participación en varios asesinatos de civiles indefensos el 8 de agosto de 2009 y señaló a los coroneles Gabriel Rincón Amado y Santiago Herrera Fajardo. Sin embargo, el 10 de agosto Gutiérrez anunció que Leal asumiría su defensa a partir de ese día y renunció a la sentencia anticipada a la que se había acogido dos días antes. Además, señaló al fiscal del caso de haberlo presionado. El 18 de noviembre del mismo año radicó una denuncia penal en contra del investigador. 

El 15 de abril de 2011 Gutiérrez se retractó de sus señalamientos al fiscal. Afirmó que las acusaciones que hizo sobre el funcionario eran falsas y el caso que se abrió por su denuncia fue archivado.  

Leal fue clave para ese cambio abrupto de decisiones por parte de Gutiérrez. El Consejo Superior de la Judicatura reconstruyó el caso y las actuaciones de la ahora contratista del Senado. En el fallo dice que ella hizo una videollamada con Gutiérrez el 8 de agosto de 2009 en la que le reclamó al militar haber aceptado cargos, le pidió retractarse y señalar al fiscal del caso. “Usted tiene que decir que el Fiscal lo obligó, tiene que decir que él mismo se preguntaba y se contestaba”, habría sido el consejo que le dio Leal al procesado. 

El propio Gutiérrez también contó que tuvo otra reunión con Leal en la que ella le habría dicho que pensara en su familia, lo cual él tomó como una amenaza. La abogada también defendía a los coroneles Rincón Amado y Herrera Fajardo. El militar dijo conocer otros casos de personas a las que ella les habría sugerido denunciar al fiscal que investigaba las ejecuciones extrajudiciales. 

A ese testimonio se sumó el de un paramilitar que estaba recluido en una cárcel y que le entregó civiles a los militares para que los asesinaran y los presentaran como bajas en combate. John Jairo Pabón aseguró que Leal le ofreció dinero para que no declarara en contra de los coroneles y no denunciara las presiones por bajas que había en la unidad militar. 

Otra persona que le contó al Consejo Superior de la Judicatura sobre las andanzas de Leal fue el sargento Carlos Eduardo Mora. En su testimonio reconstruyó una conversación con la abogada sobre las ejecuciones extrajudiciales: “ella me respondió que no me preocupara por unos gamines y que los coroneles iban a terminar libres y que yo iba a terminar en la cárcel por haber declarado en contra de ellos”.

La abogada no se conformó con influenciar a Gutiérrez para que señalara al fiscal, también utilizó la declaración del militar en otros procesos en los que ella actuaba como defensora de integrantes del Ejército. El Consejo Superior de la Judicatura le reprochó a Leal haber aportado en otros procesos una denuncia que ella sabía que estaba soportada en acusaciones falsas.

En 2017 el coronel Rincón Amado fue condenado a 46 años de prisión por los crímenes de cinco jóvenes. La unidad que él comandaba asesinó a varias personas que fueron engañadas en Soacha y llevadas a Ocaña, donde los militares les quitaron la vida después de someterlos a distintos vejámenes. Es decir, este caso guarda estrecha relación con lo que se conoce como ‘Las madres de Soacha’.

Rincón Amado se acogió a la JEP. Ante ese tribunal y ante las víctimas, el 27 de abril de 2022, aceptó que en la Brigada Móvil número 15 del Ejército se gestó una empresa criminal para presentar a civiles asesinados por los militares como guerrilleros muertos en combate. También reconoció que él mismo encubrió a sus subalternos que ejecutaron a las personas.  

El otro coronel que fue defendido por Leal, Santiago Herrera Fajardo, también confesó su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la JEP el 26 de abril de 2022. “Los receptores directos e indirectos de mis presiones fueron comprendiendo y aceptando como política de la Brigada incrementar sus estadísticas en materia de muertes en combate y aceptar como finalidad del aparato criminal producirlas a como diera lugar incluyendo, por supuesto, la comisión de muertes extrajudiciales”, reconoció ante las víctimas y los magistrados.

Las menciones de la JEP

Las actuaciones de Leal también han sido mencionadas por la JEP, entidad que ha investigado las prácticas de impunidad alrededor de las ejecuciones extrajudiciales. El 2 de julio de 2021 ese tribunal expidió un auto sobre esos crímenes perpetrados en Norte de Santander. En el documento hay nuevas referencias a Leal por parte de Gutiérrez, se lee: “señaló que por intermedio de la abogada de Gabriel De Jesús Rincón Amado, Hilda Lorena Leal, recibió un ofrecimiento de fuga con el propósito de que este no responsabilizara más a sus representados”.

El tribunal especial de paz también encontró que las actuaciones de varios abogados fueron determinantes para el encubrimiento de esos crímenes de lesa humanidad. En ese apartado también menciona las labores de Leal: “la abogada Hilda Lorena Leal Castaño, actuando en representación de los miembros del BISAN (Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ del Ejército), habría dado instrucciones a miembros de la tropa para coordinar una sola versión de los hechos, y habría estado presente en diligencias ante Fiscalía General de la Nación en la que se escucharon testimonios de personas que señalaban a las víctimas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, lo cual el día de hoy está plenamente controvertido y por tanto sirve de indicio para concluir que dichos testigos eran falsos”.

El 27 de julio de 2021 el diario El Tiempo publicó una nota en la que recogían solo la versión de ella y de un integrante de una organización llamada En Vero. Ambos entrevistados señalaban como mentirosos a los militares que han contado sobre sus actuaciones. En el artículo se omitió la sanción que le impuso el Consejo Superior de la Judicatura. 

Las menciones en el auto de la JEP también generaron la molestia de un buffet de abogados cercano al expresidente Álvaro Uribe. El 28 de julio de 2021 la firma Victor Mosquera Marín Abogados publicó un comunicado en el que se lee: “se está en presencia de pretender criminalizar el legítimo ejercicio de la profesión de la abogada y defensora de derechos humanos Hilda Lorena Leal Castaño”. 

VORÁGINE contactó a la JEP con el fin de saber si le habían compulsado copias a Leal por esos hechos. Nos contestaron que todavía no han llegado a la etapa en la que van a compulsar copias a diferentes entidades para que investiguen a personas sobre las que ese tribunal no tiene competencia.

Leal, por su parte, le dijo a este medio que esas menciones de la JEP se hicieron con base en “falsas versiones dadas por unos comparecientes de las cuales se presentaron las denuncias correspondientes”.

Amistades políticas

Uribe delegó a la firma Víctor Mosquera Marín abogados su representación internacional, la cual consiste en intentar mostrar al exmandatario como una víctima por el proceso que se adelanta en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Esa misma empresa ha promocionado a Leal como una “experta en Justicia Transicional”. Ella ahora da cátedra sobre el devenir de la JEP en videos publicados en las redes sociales de Víctor Mosquera: “El mayor reto (de la JEP) es que los falsos testigos no permeen esa verdad, no permeen la justicia y permitan una verdadera reparación”.

Hay otros hechos que muestran la cercanía de Leal con el uribismo. El 31 de mayo de 2013 un usuario de Twitter le pidió a María Fernanda Cabal unas palabras para las madres de Soacha que perdieron a sus hijos por cuenta de las ejecuciones extrajudiciales, ella respondió: “mi gran amiga Lorena es abogada de ese caso. Pero no sufra por lavarle la cara a las farc (sic)”.

En esa misma red social Roy Barreras, actual embajador de Colombia en el Reino Unido, también evidenció la cercanía de Cabal con la abogada. Lo hizo el 25 de julio de 2021 cuando publicó dos fotos en las que aparece la congresista con Leal y afirmó que esta última era “protegida por la senadora Cabal”.

La amistad de Cabal con Leal ha llegado al Congreso. En los registros de visitas a la oficina de la senadora del Centro Democrático aparece tres veces el nombre de la abogada. Incluso, algunas entradas se dieron antes de que firmara los  contratos con el Senado. Leal fue adonde Cabal el 19 de septiembre de 2023, el 28 del mismo mes firmó un contrato por $57.166.000 con el Senado. Luego, volvió el 20 y el 27 de agosto de 2024. El 1 de octubre del mismo año firmó un contrato de $18.666.000 por dos meses. 

Le preguntamos a Leal cuál fue el fin de esas visitas a Cabal y ella evadió la pregunta respondiendo: “Desconozco su agenda”. También negó que la senadora hubiera influido para que fuera contratada en diferentes entidades del Estado. La  congresista le dijo a VORÁGINE: “las decisiones de contratación corresponden exclusivamente a los funcionarios competentes de cada entidad”. Sobre la finalidad de los encuentros con Leal aseguró: “Es imposible recordar visitas que dentro y fuera del Congreso recibo, pues como persona pública son muy numerosas. No estoy obligada a pedir permiso para atender ciudadanos que requieren citas”.

El papá de Leal, llamado Jorge Enrique Leal Avendaño (un militar retirado), visitó a Cabal. El 19 de noviembre de 2024 ingresó al Congreso autorizado por la oficina de la senadora. 

En septiembre de 2015, la FM registró que, todavía sancionada, Leal recibió un reconocimiento de parte del entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y del general Juan Pablo Rodríguez. La medalla se la otorgaron en medio de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos. 

En respuesta al cuestionario que VORÁGINE le envió, Leal defendió su idoneidad para contratar con la Comisión de Derechos Humanos del Senado: “soy abogada, especialista en derechos humanos y sistemas de protección, además magíster en derecho administrativo y magister derecho penal internacional y transnacional, acabo de publicar un libro sobre los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes y sus derechos territoriales; y en la actualidad estoy cursando mi doctorado en derecho”.

La abogada recuperó su tarjeta profesional en 2019 luego de adelantar un proceso formal llamado “rehabilitación” ante el Consejo Superior de la Judicatura. Se trata de un trámite que puede surtir un abogado para reincorporarse a la profesión luego de cinco años de cumplir una sanción. 

Ahora Leal tiene su propia firma de abogados. A pesar de que disciplinariamente los hechos están superados, falta ver qué va a pasar con los hallazgos de la JEP. Por ahora, la abogada debe cumplir con su contrato con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a pesar de que en el pasado sus actuaciones favorecían la impunidad de graves crímenes contra civiles.