Directivos de Chiquita Brands: condenados por financiar paramilitares

La influencia política, económica y mediática fue insuficiente para librar de responsabilidades penales en Colombia a siete directivos de Chiquita Brands, la bananera más grande del mundo. El juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió este 22 de julio un fallo histórico contra siete empresarios bananeros por financiación de grupos paramilitares. A pesar de la victoria judicial de las víctimas, el proceso contra los ejecutivos podría prescribir en septiembre. 

La jueza titular de ese despachó encontró responsables de concierto para delinquir agravado a Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, Jose Luis Valverde Ramírez, Victor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. Todos ellos fueron ejecutivos de Chiquita Brands y la condena por financiar paramilitares que pesa en su contra es de 11 años de prisión.

Es incierto que varios de ellos paguen la pena que les fue impuesta por el juzgado. Keiser, gerente de Banadex (filial de Chiquita en Colombia) entre 1990 y marzo de 2000, es ciudadano estadounidense. Valverde, gerente entre abril de 2000 y enero de 2002, tiene su casa en Costa Rica. Acevedo, gerente entre 2002 y junio de 2004, migró a La Florida. Buitrago, director de seguridad de la compañía entre 1999 y 2004, es reside en Panamá. Olivo, contralor de la bananera entre 1996 y diciembre de 2001, vive en Cincinnati (Estados Unidos). Giacoman, contralor de la empresa entre 2002 y 2004, está en Honduras. Además, se espera que su defensa apele el fallo. 

En VORÁGINE hicimos un especial sobre el poder que desplegó la bananera para evitar la condena de sus directivos: Chiquita Republic: el juicio histórico contra bananeros por financiación del paramilitarismo. En la investigación demostramos que la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez testificó en favor de la empresa, que una empresa gerenciada por Yohir Akerman rindió un informe para la defensa de los ejecutivos y que las Convivir dejaron una estela de sangre en Urabá.   

El contexto y el fallo

El proceso se remonta a 2005, cuando un veterinario le informó a la DIAN que amplios sectores de la industria bananera de Urabá le estaban entregando a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. La queja fue el inicio de un lentísimo proceso judicial para llevar a los estrados a los ejecutivos. 

A medida que avanzaba la investigación fue quedando claro el mecanismo de financiación empresarial a las AUC: los empresarios les entregaban 3 centavos de dólar a las Convivir de Urabá y estas, fundadas, controladas e integradas por paramilitares utilizaban los recursos en favor del grupo criminal. El esquema operó entre 1997 y 2004 bajo la supervisión de Raúl Emilio Hasbún, comandante del Bloque Bananero, y los ejecutivos bananeros.

“En el caso de Chiquita Brands y su filial Banadex, a pesar de conocer la situación de orden público, del clima de violencia y muerte en la zona y de las sospechas sobre la legalidad de los pagos, se hicieron de la vista gorda. Primero, amparados en los avales de la Gobernación y el Ejército, y, segundo, porque parece que la ley colombiana era irrelevante para una multinacional americana, cuyas normas y reglamentos no son aplicables en este territorio”, se lee en el fallo. 

Para que las Convivir operaran se necesitaba el concurso de varios poderes. El militar que recaía sobre el general Rito Alejo del Río, como comandante de la Brigada 17 del Ejército; el político, en cabeza de Álvaro Uribe Velez que era gobernador de Antioquia y expidió personerías jurídicas a asociaciones de los paramilitares; y el nacional, a cargo de Hermán Arias Gaviria, entonces Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, que emitió las licencias de funcionamiento. El dinero lo aportaban los empresarios y la parte administrativa era manejada por las AUC. 

La jueza encontró contradicciones en la defensa de los empresarios. Por una parte, argumentaban que no tenían conocimiento de que las Convivir era de los paramilitares, pero, por otro, aseguraron que hicieron los pagos porque el grupo criminal los coaccionó. Ambas premisas no eran posibles al mismo tiempo. “Estas contradicciones debilitan la credibilidad de los funcionarios de Banadex y permite concluir que tanto el señor Keiser, como los otros procesados conocían del destino de los pagos”.

“Está claro que hubo un acuerdo tácito de colaboración con un grupo armado ilegal, que los recursos aportados por la empresa Banadex contribuyeron a financiar este ejército de manera constante y por espacio de varios años hasta su desmovilización (y un poco más, aunque ello debe ser objeto de análisis en otro proceso); que era ampliamente conocido por el procesado la naturaleza de los crímenes de las AUC y que por su posición dentro de la compañía, tenía la facultad para ordenar esos pagos, por delegación que le hicieran sus superiores”, concluyó la jueza.

La funcionaria judicial llamó la atención a la Fiscalía por no haber investigado a los directivos de Chiquita Brands radicados en EE.UU. A lo largo del fallo se demostró que los condenados obtuvieron autorización de los gringos para hacer los giros de dinero. En especial, el despacho mencionó a Dennis Doyle, presidente de la bananera en los años de la financiación paramilitar. “La Fiscalía debió haberse tomado la molestia de vincular a los principales directivos de Chiquita Brands, pues fueron los que autorizaron a la filial para que efectuara los pagos”, señaló en el fallo.

Absolución de Banacol: la impunidad genera impunidad

La jueza absolvió a tres ejecutivos de Banacol: Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín. La funcionaria aseguró que la Fiscalía no probó la financiación de esa empresa a las Convivir. Entre otras cosas, le reprochó al ente investigador no haber inspeccionado las oficinas de la compañía.

Otro argumento que utilizó la jueza es que no se podía declarar como un hecho notorio que las Convivir estuvieran controladas por los paramilitares. “Declarar este nexo como un hecho notorio sugiere complicidad estatal, por cuanto se presume que todos los órganos del Estado conocían el hecho y no hicieron nada para evitarlo. Eso es una generalización indebida, pues si fuese tan notorio, ¿por qué no hay condenas masivas? En el caso concreto, ¿si era tan notorio ese vínculo, como es posible que ninguna autoridad estatal (llámese fiscalía, procuraduría, contraloría, DIAN, superintendencias y organismos locales o departamentales) tuvo a bien presentar una denuncia o abrir una investigación oficiosa?”, se lee en la sentencia. 

Es importante contrastar lo que dijo la jueza con otros hechos. Por ejemplo, los dos líderes de las Convivir de Urabá terminaron condenados por la justicia tras comprobarse que eran paramilitares a órdenes de Raúl Hasbún. Sus nombres eran Arnulfo Peñuela Marín y Alberto Osorio Mejía. Además, en 2022 la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir a varios exdirectivos de esas asociaciones. 

Los testimonios recogidos por VORÁGINE en Urabá dan cuenta de que para las poblaciones de esa región del país era casi imposible, entre 1996 y 2004, distinguir entre las Convivir y los paramilitares. Incluso, se ha comprobado que integrantes de esas asociaciones participaron en masacres como la de Mapiripán y La Horqueta, ambas de 1997. En 1998, la prensa reveló que el director de la Convivir La Palma murió cometiendo esta última matanza.

Jhon Jairo Álvarez, excombatiente paramilitar, en 2022 le dijo a un juez bajo la gravedad de juramento que entre las Convivir y los paramilitares intercambiaban información para asesinar personas. 

En todo caso, es importante aclarar que la jueza toma una decisión frente a los elementos que aporta la Fiscalía. Según la funcionaria, esta entidad no demostró que para la época de la financiación de las Convivir los empresarios absueltos tuvieran forma de saber que eran controladas por paramilitares. Sin embargo, los cuestionamientos hechos por ella pueden dar cuenta de un entramado de impunidad más que de la inexistencia de un hecho notorio.

La jueza se defiende del riesgo de prescripción 

El Tribunal Superior de Antioquia, los apoderados de víctimas y medios de comunicación como VORÁGINE habían advertido que el proceso estaba en riesgo de prescribir en septiembre de 2025. Sin embargo, la jueza en la sentencia expuso otra teoría. Según ella eso solo pasará el 17 de septiembre de 2028.

A pesar de esa interpretación de la funcionaria judicial, en la providencia se encuentra una defensa férrea de ella misma por si el caso prescribe. “El proceso lleva un trasegar por la justicia de casi 17 años, de los cuales surtió 11 años en la fiscalía y 6 en los Juzgados especializados de Antioquia, siendo asignado a este último el 31 de marzo de 2022 cuando se dio su creación. Para ese momento no se había surtido, ni la preparatoria, ni mucho menos el juicio”, explicó. 

La jueza también se quejó de la falta de apoyo del Consejo Superior de la Judicatura para surtir el caso. “Se realizaron más de 9 peticiones, donde -no solo- se propuso la creación de un juzgado para la dedicación exclusiva a este proceso, sino también se solicitó la creación de oficiales de apoyo e incluso de un contador para analizar el cúmulo de información obrante en la carpeta compuesta por más de 80 mil folios, 185 cuadernos y 11 carpetas adicionales, pero siempre se recibió respuesta negativa, hasta la última petición efectuada el 11 de febrero de 2025, que fue coadyuvada por el Ministerio Público. Se creó un cargo de oficial mayor cuando ya el juicio estaba finalizado”, aseguró la funcionaria.

Incluso, mencionó el caso del expresidente Uribe como un ejemplo de lo que se debía hacer también en este caso: “Sorprende a la suscrita que a pesar de poner en conocimiento de la autoridad competente esta situación, no se hayan tomado medidas, cuando en otro proceso de connotación como es el que se adelanta en contra del expresidente Uribe Vélez, el Consejo seccional de la Judicatura ordenó suspender temporalmente el reparto de tutelas y procesos al juzgado que adelanta el caso para que la titular pudiera dedicarse exclusivamente a su estudio”.

Un abogado que conoce el caso le dijo a VORÁGINE que considera que hay un error en los cálculos de la jueza y que el proceso sí prescribiría en septiembre de 2025. Esa filigrana jurídica la deberá dirimir la rama judicial. Si estos crímenes prescriben no habrá otra explicación que la falta de acceso a la justicia de las víctimas. Por ahora, quienes padecieron la violencia paramilitar impulsada por los empresarios tienen un triunfo a medias en el tortuoso camino de llevar a juicio a quienes financiaron las balas y los hombres que dejaron ensangrentada a toda Urabá.