El testimonio de Marta Lucía Ramírez en favor de Banacol y una advertencia de Álvaro Uribe a un comandante paramilitar. Primera entrega de #ChiquitaRepublic.
1 de septiembre de 2024
Por:  Nicolás Sánchez Arévalo, región de Urabá, Antioquia / Ilustraciones: Angie Pik.

Hombres de civil, con armas largas y radios detuvieron el Jeep Willys en el que iban Luis Durango* y su primo. Hicieron bajar a todos los pasajeros y se identificaron como de las Convivir, unas cooperativas de seguridad que habían sido impulsadas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, para supuestamente prestar seguridad y defender a los empresarios de las guerrillas. Eran organizaciones legales y avaladas por el Estado. Pero allí, en aquella arenosa carretera rural de Turbo en la que habían instalado un retén, se sabía que en realidad trabajan con los paramilitares. Era difícil distinguir a los unos de los otros, eran casi la misma cosa.    

Luis y su primo eran campesinos. Venían de hacer unas diligencias en el pueblo e iban para la casa, en la vereda Puerto César. Los de la Convivir les ordenaron justo a ellos dos que se quedaran; el conductor y el resto de personas que viajaban en el Willys continuaron su camino. Estaban en un sitio conocido como la Comunal San Jorge, un paraje rodeado de haciendas tupidas de infinitas matas de banano. A Luis y a su primo se los llevaron, los internaron en una de esas fincas. La escena transcurrió entre 1996 y 1997, época en la que ya se escuchaban tenebrosos relatos sobre el proceder de los hombres que engrosaban las filas de las cooperativas. El riesgo de ser bajado de un carro en medio de una carretera era aparecer muerto y tirado en una zanja.  

La operación y los crímenes de las Convivir involucraron dinero de poderosos empresarios nacionales e internacionales. Ese vínculo fue crucial para el conflicto armado porque esas cooperativas le transfirieron miles de millones de pesos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La plata provenía de los bananeros. Aunque han  pasado más de dos décadas, en Colombia no hay ni un fallo en contra de los ejecutivos. En la justicia estadounidense ha habido más avances.

En 2024 la multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos por sus aportes al paramilitarismo en Urabá. Pero esa es solo una parte de la historia. En Colombia se adelanta un paquidérmico juicio en contra de 10 exdirectivos de esa compañía y de Banacol. Aparte de ellos, 14 bananeros más fueron acusados en marzo de 2024 por financiación de grupos paramilitares. En ambos casos la justicia nacional ha actuado de manera tan lenta que está en riesgo de no llegar.

La génesis

En 1996, año de la instauración de las Convivir en Urabá, Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, y el general del Ejército, Rito Alejo del Río, estaban comprometidos con la proliferación de esas cooperativas. El oficial comandaba la Brigada 17, con sede en Carepa (Antioquia), el segundo al mando era el coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien resultó ser una piedra en el zapato. En una entrevista con El Espectador, rememorando sus labores como oficial de inteligencia de esa unidad militar, contó que varias veces advirtió que esas organizaciones serían cooptadas por los grupos armados. Además, Velásquez denunció ante la comandancia del Ejército que Rito Alejo era permisivo con los paramilitares. La queja que interpuso le costó su carrera militar. El 1 de junio de 1996 fue relevado de la Brigada 17 y en agosto del mismo año fue expulsado del Ejército. 

Con Velásquez fuera del camino, se instauraron las Convivir en Urabá. El 23 de junio de 1996, Uribe otorgó la primera personería jurídica a una cooperativa llamada Costa Azul. La organización operó en Necoclí y estaba comandada por Carlos Alberto Ardila Hoyos. 

Entre junio de 1996 y agosto de 1997 nacieron las 14 Convivir de la región, todas con personerías jurídicas aprobadas por Uribe y apoyadas por los generales Rito Alejo y Alfonso Manosalva, oficial cercano al gobernador que comandaba la Cuarta Brigada con sede en Medellín. Otro funcionario clave para la operación de esas cooperativas fue Herman Arias, para esa época superintendente de Seguridad y Vigilancia Privada. Fue quien aprobó las licencias de funcionamiento.

“Aquí entre Uribe y Rito Alejo montaron eso”, dijo Diego Jaimes*, un líder que habló con VORÁGINE en Apartadó sobre los detalles que conoció del funcionamiento de las Convivir cuando trabajaba en fincas bananeras y visitaba con frecuencia la Brigada 17. También aseguró que en varias ocasiones Uribe fue a esa unidad militar a reunirse con comandantes paramilitares como Carlos Enrique Vásquez, alias “Cepillo”, y con “Zuley Guerra”, quien también respondía al nombre de Carlos Alberto Sosa Castro.

Ardila Hoyos, el de la Convivir Costa Azul, era reconocido en la región de Urabá. Por ejemplo, la esposa de un campesino llamado Carlos Peroza Márquez lo mencionó en medio de una denuncia que interpuso en la  Fiscalía en el año 2022. El 10 de enero de 1996, unos hombres armados sacaron a Peroza y a un amigo de él de su casa. Al amigo lo dejaron ir, pero se quedaron con Peroza, a quien ejecutaron en la vía que comunica al corregimiento del Totumo, en Turbo, con Necoclí. “Fueron los paramilitares de ‘Carlos Correa’ que tenían la sede en el Totumo”, le aseguró la viuda a la justicia. “Carlos Correa” era el alias de Ardila Hoyos, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y director de Costa Azul, la primera Convivir que Uribe y Rito Alejo bendijeron en la zona. 

Pacifista! reveló que Rito Alejo apoyó solicitudes de armas para las Convivir. En documentos de diciembre de 1996 el general pidió que les entregaran a esas organizaciones revólveres, subametralladoras, pistolas y escopetas.  

Tal era el compromiso de Uribe con las Convivir que destinó recursos públicos para apoyarlas. El gobernador  contrató a un hombre llamado Eduardo de Jesús Duque Becerra. El objeto contractual rezaba: “La prestación de servicios personales del contratista para implementar Redis, campaña ciudadanos vigilando, coordinación asociaciones Convivir”. El tiempo de ejecución quedó fijado entre el 23 de septiembre y el 31 de diciembre de 1996. Las fechas coinciden con los meses claves para la conformación de esas cooperativas en Urabá.

VORÁGINE conoció, por medio de documentos de la Fiscalía, que el excomandante paramilitar Rodrigo Alberto Zapata habló sobre el contratista Duque en una versión libre de abril de 2015 ante Justicia y Paz. Según dijo, Vicente Castaño, hermano de Carlos Castaño, narcotraficante y uno de los fundadores de las autodefensas, le presentó a Duque en la finca Las Tangas, una reconocida base paramilitar de los Castaño. Agregó que respondía al alias de “Pavaroti”, que le ayudaba a los paramilitares y que supo que era cercano a Pedro Juan Moreno, el secretario de Gobierno de Uribe.

Contrato entre Álvaro Uribe y Eduardo de Jesús Duque Becerra, "Pavaroti".
Contrato entre Álvaro Uribe y Eduardo de Jesús Duque Becerra, “Pavaroti”.

La gobernación también contrató a una mujer llamada Sor Enid Ospina Rendón. Ella tuvo dos contratos, uno entre el 1 de marzo y el 30 de diciembre de 1997; y otro entre el 2 de enero de 1998 y el 1 de enero de 1999. Ospina estaba asignada al despacho del gobernador. En 2014 se supo públicamente de la familiaridad de ella con Jesús Ignacio Roldan, alias “Monoleche”, un paramilitar de la entraña de la Casa Castaño desde finales de los 80. En medio de un proceso judicial, en el que terminó condenada por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, se conoció que ella tramitó el matrimonio entre “Monoleche” y su esposa, que lo visitaba en la cárcel cuando estuvo preso y que le daba reportes detallados de negocios con palma africana. La justicia comprobó que esa mujer y otros empresarios se unieron con paramilitares con el fin de desplazar comunidades en el Bajo Atrato chocoano, zona que colinda con Urabá, para desarrollar proyectos palmeros.   

Los militares y los políticos estaban comprometidos con las Convivir. Los empresarios también. En 1996 se llevó a cabo una reunión en una lujosa mansión de los hermanos Castaño conocida como Montecasino, en el barrio  El Poblado, de Medellín. En el encuentro participaron Raúl Hasbún, comandante del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero; Carlos Castaño, máximo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); los directivos de Chiquita Brands en Colombia, Charles Keiser y Reinaldo Escobar de la Hoz;  y el poderoso empresario bananero Irving Bernal, quien era integrante de la junta directiva de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Castaño hizo una exposición sobre su proyecto paramilitar, le prohibió a los bananeros pagarle extorsiones a la guerrilla y Keiser, que hizo parte del ejército estadounidense, contó una historia sobre su participación en la guerra de Vietnam. 

También se pusieron en marcha gestiones para incentivar a los empresarios locales a aportar a la causa. El 9 de octubre de 1996 se adelantó una reunión de Augura en El Poblado. En el encuentro participaron Uribe, Pedro Juan Moreno y el director de fiscalías regional. Allí se promovieron las Convivir. Dos meses después, los bananeros se volvieron a reunir en el Hotel Intercontinental de Medellín con Moreno y con funcionarios de la Gobernación. En esa ocasión les presentaron a dos personajes que terminarían siendo decisivos para toda esta historia: Arnulfo Peñuela, un militar retirado, y Alberto Osorio, un zootecnista que vivía en Turbo. Ambos liderarían las cooperativas en la zona. Según le contó a la Fiscalía Óscar Enrique Penagos, quien gerenció una empresa bananera en Urabá desde 1984 y durante los años de la operación de las Convivir, ese día se pactó con Augura el descuento de los 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada.

Según relató Hasbún tras su desmovilización, a mediados de los 90 había incomodidades de parte de los empresarios que le aportaban dinero a su estructura criminal. Primero, porque los recursos eran recogidos por secuaces del jefe paramilitar en las oficinas de las compañías, lo que generaba riesgos de ser asociados. Segundo, porque no sabían cómo legalizar esos aportes en las contabilidades. La solución fue unificar el monto a tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada y entregar el dinero a las Convivir. 

Urabá era una región en guerra total. Las Farc hacían presencia en la zona con los frentes 5, 57 y 58. Esa guerrilla empezó a asesinar a los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL). Una parte de estos últimos se rearmaron en lo que se conoció como los Comandos Populares. Otra facción del EPL retomó las armas y fundó el frente Bernardo Franco, que también estaba en confrontaciones con las Farc. Los empresarios eran víctimas de sabotajes, secuestros y asesinatos de administradores de sus fincas. Para 1996 los paramilitares tenían bases en zonas rurales de Turbo, Arboletes y San Pedro de Urabá. La fuerza para desdoblar el proyecto paramilitar llegaría de parte del Estado, excombatientes de las guerrillas, las Convivir y poderosos sectores empresariales. 

***

Una tarde de octubre de 1996, Felipe Valdez* decidió desvincularse del frente Bernardo Franco del EPL. Era un guerrillero enfermo de paludismo, escondido en un rancho y le había llegado información de que el Ejército atacaría a su familia si él no se entregaba. Además, estaban ofreciendo 40 millones de pesos a cualquier persona que diera detalles sobre su ubicación. Pero su decisión de entregarse significó hacer parte del conflicto armado dos décadas más.

En este punto las historias del campesino Luis al que bajaron del Willys, Valdez, el contratista Duque y los empresarios de Montecasino parecen inconexas, pero todas van a confluir y serán cruciales para entender la operación de las Convivir y el compromiso de élites económicas, militares y políticas en la expansión del proyecto de terror narcotraficante de los paramilitares.

Valdez se entregó a unidades del Ejército y fue trasladado, junto a otro desertor, al Batallón Junín, en Montería. “Cuando estaba ahí un coronel llamado Andrés Ortiz me preguntó si yo conocía a ‘Gonzalo’”, relató Valdez, hablando en un tono de voz apenas suficiente para que lo escucháramos en un ruidoso centro comercial del oriente de Bogotá. El oficial se refería a un cabecilla de la disidencia Bernardo Franco que se había entregado al Ejército unos días antes y que había sido comandante de Valdez.

Al otro día, antes de que amaneciera, un cabo levantó a Valdez y al otro desertor, les dijo que se alistaran. Los embarcaron en un helicóptero en el que iba el entonces ministro Horacio Serpa y un grupo de periodistas. En ese momento Valdez supo que iban al acto de entrega de “Gonzalo”. Llegaron a una finca llamada Cedro Cocido.

Ante la mirada de Serpa y varios oficiales del Ejército, los 242 combatientes de las guerrillas que llegaron a ese lugar quedaron a disposición de los hermanos Castaño. “’Móvil 5’ (Manuel Salvador Ospina Cifuentes, un reconocido paramilitar) era el encargado de todo el movimiento”, contó Valdez, quien aceptó hablar con VORÁGINE porque considera importante que las víctimas conozcan la verdad.

Es decir, Valdez se entregó al Ejército y fue entregado por los militares a los paramilitares para que se uniera al grupo criminal. Él y 241 combatientes más de las Farc y del EPL que querían salir de la guerra eran muy útiles desde una concepción militar por cuenta de sus conocimientos sobre la insurgencia y sus zonas de operación. Esa falsa desmovilización marcó una acumulación de fuerzas vital para los ejércitos comandados por los hermanos Castaño.

Los recién incorporados paramilitares fueron enviados a San Pedro de Urabá en volquetas. Llegaron a dos fincas de los Castaño: La 10 y La 35. “Allá había casas llenas de comida lujosa”, recordó Valdez. “Muchachos, acá hay que trabajar con estos manes queramos o no. Nos toca porque si no, nos matan”, advirtió él a varios de sus excompañeros de la disidencia Bernardo Franco.

Después de que Valdez cumpliera unas misiones en Dabeiba (Antioquia), un comandante militar de la Casa Castaño llamado Mauricio García Fernández, alias “Doble Cero”, lo envió junto a 39 paramilitares más a las Convivir de Urabá. Una nueva etapa de la guerra empezaba en la vida del exguerrillero que mutó en paramilitar.

“Nos fuimos para El 40 (un corregimiento de Turbo) y nos recibió ‘Pedro Hasbún’ con Arnulfo Peñuela Marín”, dijo Valdez. Hasbún, como se dijo más arriba, fue el comandante del frente Arlex Hurtado. Peñuela Marín era un militar retirado que se había unido a la causa paramilitar y tramitó ante Uribe una Convivir, la más poderosa: Papagayo. El 15 de noviembre de 1996, el gobernador Uribe le dio la personería jurídica a la cooperativa de  Peñuela.

Oficio por medio del cual Álvaro Uribe le dio personería jurídica a la Convivir Papagayo.
Oficio por medio del cual Álvaro Uribe le dio personería jurídica a la Convivir Papagayo.

La historia de Valdez es apenas una muestra de un hecho: las Convivir de Urabá intentaron arropar de legalidad grupos de paramilitares que operaban en la región. Aparte de Ardila Hoyos, mencionado por la viuda que denunció el asesinato de su marido, otros comandantes paramilitares tuvieron sus cooperativas. “Monoleche”, el paramilitar que tenía una familiar en la Gobernación de Antioquia, fungió como tesorero de una Convivir llamada Abibe. Esa cooperativa era dirigida por Luis Fernando Claros Guerra, contador de los hermanos Castaño.

Un detalle que da cuenta de la influencia de los paramilitares en las Convivir fue pasado por alto por el gobernador Uribe, por Rito Alejo y por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El revisor fiscal de seis de esas cooperativas en Urabá era la misma persona: Faber Londoño Londoño, contador de confianza de Hasbún e integrante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

A Valdez le asignaron unas labores que le permitieron estar cerca de los líderes de las Convivir. Uno de ellos era Alberto Osorio, un zootecnista que había liderado un movimiento cívico en contra de los actores armados en el corregimiento de Punta de Piedra, en Turbo. Osorio se unió a los paramilitares y fundó la convivir Campesinos de Punta de Piedra. Uribe le dio la personería jurídica el 29 de noviembre de 1996. Osorio fue una pieza clave para la coordinación entre paramilitares y empresarios.

***

Pero volvamos a la historia del inicio. La práctica de los paramilitares de asesinar a personas entre las fincas bananeras y enterrarlas cerca del lugar del asesinato ha sido constatada por la Fiscalía. Turbo, donde ocurrió el secuestro de Luis Durango y su primo, es el municipio de Urabá en el que más exhumaciones se han hecho en el marco de la ley de Justicia y Paz (creada para la desmovilización de los paramilitares en 2005): 156. Es seguido con 116 por San Pedro de Urabá, municipio donde estaban ubicadas las bases donde llevaron a los guerrilleros que mutaron en paramilitares.

Durango y su primo, de 28 y 26 años, marchaban angustiados y silenciosos. Los obligaron  a caminar unos 700 metros por entre montañas de hojarasca de matas de banano. Las hojas pueden medir hasta tres metros y forrar de tal manera el piso que entorpecen los pasos. Rodeados de hombres armados les llegó la confirmación: “los vamos a matar”, dijo uno de ellos.

El primo de Durango se largó a llorar. “Cálmate, qué más vamos a hacer”, le dijo Luis un poco fastidiado y resignado. Las palabras, como era natural, no surtieron ningún efecto. Nadie sabe cómo va a reaccionar el día que va caminando hacia el cadalso.

Situaciones como la de Durango y su primo fueron pan de cada día en la región. Diego Jaimes, el líder que conoció dentro de las plantaciones bananeras la operación de las Convivir, le relató a VORÁGINE las historias de un amigo suyo que fue asesinado y de otro que fue baleado por integrantes de las cooperativas.

Las fechas se le escapan, algo apenas normal cuando se intentan reconstruir hechos que pasaron hace más de dos décadas. Pero las imágenes de los sicarios las conserva. “Murillito” era un negro que bromeaba con la compleja situación de orden público que se vivía en la zona, con desparpajo les decía a sus compañeros: “muchachos, cuando la guerrilla venga o cuando venga cualquier man todos se hacen a mi lado”. Era un chiste malo y repetido, pero el comentario llegó a los paramilitares, quienes le vieron la quinta pata al gato y concluyeron que las palabras del trabajador revelaban una relación con la guerrilla.  No perdonaban esas insolencias.

Un día llegaron a la finca bananera llamada Lorena dos hermanos que en la zona se sabía pertenecían a las Convivir. “Murillito” estaba gurbiando, es decir, cortando un gran racimo de banano en pequeños trozos para empacarlos en cajas. De pronto, vio a sus asesinos de frente, él sabía. Corrió mientras los sicarios de la Convivir intentaban acertar con sus disparos, alcanzó a avanzar algunos metros, pero se tropezó. Hasta ahí llegaron para rematarlo. 

Jaimes también nos contó otra historia que vivió de primera mano. Candelario, un gurbiero de otra finca, había hecho algunos comentarios sobre su inconformidad con que los obreros bananeros tuvieran radios de comunicación para informar cualquier anomalía. Esos aparatos eran muy importantes para la triada bananeros, paramilitares y Ejército. Un día “mandaron a dos de esos de las Convivir”, relató el líder. Candelario también estaba gurbiando. Los asesinos empezaron a dispararle, él corrió y se lanzó a un tanque de agua. “Se quedó ahí quieto y como los manes vieron el sangrero se montaron en su moto y se fueron”, dijo Jaimes, quien llamó a una ambulancia. Ninguno de los cinco tiros que le dieron a Candelario resultó ser mortal y todavía vive en la región.

Las acciones violentas se desarrollaban contra personas que eran incómodas para los paramilitares o para los empresarios. El excomandante paramilitar Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”, le contó esto a la Fiscalía: “(Las Convivir) servían como apoyo de informantes a las AUC, eran los encargados prácticamente de informar movimientos o sitios donde se encontraban los milicianos o grupos de guerrilla”

Como bien se sabe, los sicarios no confirmaban los rumores, las víctimas no tenían ningún derecho a la defensa y la consecuencia de ser señalado como “ayudante” de la guerrilla o “miliciano” era la muerte. Eso lo confirma Jaimes: “Ellos les decían mamertos a los de la guerrilla y a los de la Unión Patriótica. Cuando les señalaban que había un ‘mamerto’ mandaban una moto y lo sicariaban”. Valdez, el exguerrillero que mutó en paramilitar, también admitió que, en algunos casos, los hombres de las Convivir les decían a los paramilitares a quiénes debían asesinar.

“Los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en el Urabá. Porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado y con un cuchillo en la mano, diciéndoles que el que hiciera paro lo matábamos, ¿por qué? Por buscar los beneficios de los empresarios bananeros. Ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ninguno de ellos está pagando, ninguno está detenido, ninguno está investigado, ninguno ha puesto un peso para la reparación y ellos fueron los que realmente se beneficiaron”, dijo en versión libre ante la Fiscalía en 2007 el excomandante paramilitar Ever Veloza, conocido en la guerra como “HH”.

Le preguntamos a Valdez por el sicariato de las Convivir y respondió: “Sí, lógico. Claro”. Otro hombre que prestó servicio militar a finales de los 90 en Urabá fue más explícito: “Las Convivir cuando iban a hacer masacres no llevaban el carné, iban como paracos”. Para redondear, Valdez dijo dos palabras que podrían resumir la esencia de esas cooperativas de Urabá: “Paraco legal”.

Radios, armas y plata

Hasbún le enumeró a la justicia los objetivos que cumplieron las Convivir: “legalizar” el dinero que les entregaban los empresarios a su estructura criminal, facilitar el flujo de información y cargar armas con salvoconductos. La operación de sus hombres tenía un ropaje legal. 

Los paramilitares no podían tener antenas repetidoras, pero las Convivir sí. Por eso, esas organizaciones fueron utilizadas para asegurar el flujo de información en la zona por medio de radios de comunicación. En Justicia y Paz, Hasbún dijo que llegaron a tener 900 radios; Valdez nos habló de más de 350.

El predio donde estaban ubicadas las oficinas de las Convivir, en Carepa, quedaba justo detrás de la Brigada 17. Para entrar a la cooperativa había que pasar un punto de control de los militares. Incluso, los integrantes de la Convivir practicaban tiro en ese terreno. 

Las Convivir instalaban casetas para ejercer un estricto control de las personas que pasaban por las vías veredales, como en la que interceptaron al campesino Luis Durango y a su primo. Les llamaban “centrales” y estaban hechas de madera con techo de zinc. En documentos de la Convivir Papagayo (que en 2001 se cambió el nombre a Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá) aparecen reseñados 14 de esos puntos en las zonas rurales de Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí y Dabeiba. Los archivos obtenidos por VORÁGINE también dan cuenta de que esa organización tuvo hasta 42 armas con salvoconductos entre revólveres, escopetas y pistolas. “La avanzada de las autodefensas eran las Convivir”, nos dijo una persona que fue condenada por parapolitica en Urabá.

Puntos donde ejercía control la Convivir Papagayo.
Puntos donde ejercía control la Convivir Papagayo.

“Las Convivir hacían el proceso legal, por decirle de alguna manera, hacían el control territorial y cualquier novedad se la entregan a los paramilitares. Los paramilitares se encargaban de desaparecer, de torturar o de matar”, le dijo a VORÁGINE un campesino de Turbo al que le tocó soportar el accionar de esas cooperativas. También advirtió que la línea que separaba a los paramilitares de los integrantes de la Convivir era muy difusa: “Eran civiles, pero no se diferenciaba entre Papagayo y paraco, eran lo mismo”, agregó.

Además, varios directivos de esas cooperativas en Urabá se vieron inmersos en actos de violencia en otras partes del país. Luis Carlos Mercado Gutiérrez, director de la Convivir La Palma, a la que Uribe le dio personería jurídica en julio de 1996, murió ejecutando la masacre de La Horqueta, en Tocaima (Cundinamarca). En el hecho, que ocurrió el 21 de noviembre de 1997, fueron asesinadas 15 personas. 

Hay varios nombres de las Convivir de Urabá que participaron en la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997. En la cooperativa de Ardila Hoyos, Costa Azul, figuraba como revisor fiscal Arnoldo Vergara Trespalacios, conocido en la organización criminal como “Mochacabezas”. Fue condenado en 2007 por su participación en dicha matanza. Además, Ever Veloza, excomandante del frente Turbo, aseguró ante la Fiscalía: “Osorio (el zootecnista que se volvió paramilitar) coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán”. El general Rito Alejo también ha sido señalado por exparamilitares de coordinar ese desplazamiento de integrantes de las AUC, pero siempre ha negado cualquier participación en los hechos.

A finales de 1997, las Convivir sufrieron dos golpes: por un lado la Corte Constitucional les puso condiciones para su funcionamiento y, por otro, un decreto del gobierno de Ernesto Samper endureció los requisitos para su operación. Como respuesta a esas medidas, en agosto de 1998, un grupo de esas cooperativas de Urabá, Córdoba, Santander, Cundinamarca y Boyacá renunciaron a sus personerías jurídicas en un evento público que se llevó a cabo  en el coliseo de Apartadó. 

Pero solo era una jugada. Las cooperativas de Urabá se agruparon bajo la sombrilla de la Convivir Papagayo y en 2001 pasaron a llamarse Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada (aunque nos seguiremos refiriendo a ella como Papagayo durante todo el reportaje). “Es lo mismo, era una perra con distinta guasca, ya no se llamaban Convivir, pero era lo mismo. Eran las mismas personas, la misma funcionalidad, simplemente cambiaron de nombre”, le contó a VORÁGINE Mario Agudelo, quien fue al evento en Apartadó y en ese momento era diputado de la Asamblea de Antioquia.

En ese evento de entrega de las licencias de funcionamiento Alberto Osorio, el zootecnista que se convirtió en paramilitar, dijo que no entregaban los radios porque “son nuestras reales armas de largo alcance”. También aseguró que no tenían armas, lo cual era falso. VORÁGINE conoció una relación de armamento que hizo la Papagayo en 2007. En el reporte se lee que conservaban nueve revólveres marca Llama que obtuvieron desde su fundación.

Armas que la Convivir Papagayo tenía desde su fundación.
Armas que la Convivir Papagayo tenía desde su fundación.

El apoyo empresarial

Jaimes contó que el primer gran impulso que recibieron las Convivir de parte de los empresarios bananeros fue la compra de 50 motos DT que entregaron en la Brigada 17, la misma que comandó Rito Alejo entre diciembre de 1995 y diciembre de 1997.

Es un hecho probado que las comercializadoras de banano le transferían 3 centavos de dólar por cada caja de fruta exportada a las Convivir. Así se pactó con Chiquita y con la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Esas cooperativas remitían el dinero a los paramilitares. En 2007 Chiquita Brands hizo un acuerdo con la justicia estadounidense en el que aceptó que aportó 1.7 millones de dólares a los paramilitares usando ese esquema.

Hay otros ejemplos del compromiso del gremio bananero de Urabá con las Convivir. Una hoja de vida de Alberto Osorio, conocida por VORÁGINE, incluyó como referencias laborales a Roberto Hoyos Ruíz, quien fue presidente de Augura y secretario de Agricultura durante la Gobernación de Uribe. 

Le preguntamos a Valdez por los empresarios más influyentes para las Convivir, respondió rápido y sin dudarlo: Jaime Henriquez Gallo. “El jefe era Henriquez Gallo, el ‘duro’ de la platica (…) era el que más direccionaba por ser uno de los empresarios más importantes de la región”, contó el exguerrillero y exparamilitar. “Alberto (Osorio) decía ‘el patrón Henríquez’”, agregó. Osorio era un subalterno cercano a Hasbún y fungía como relacionista público de las Convivir. 

El empresario bananero atendió una entrevista telefónica con VORÁGINE. En medio del diálogo dijo: “El Henriquez Gallo que menciona debió ser mi hermano (Guillermo) porque yo nunca estuve en reuniones con el señor Osorio (…) Entiendo, y me han contado amigos, que él se reunía con alguna frecuencia con Osorio, pero ese no es Jaime Henriquez, es mi hermano Guillermo que murió”. Y agregó: “En ese tema de las Convivir yo no tuve ninguna cercanía ni ningún papel”.

Hay otros señalamientos contra Henriquez, quien fue representante a la Cámara por el Partido Liberal, que son de vieja data. En el informe Todo pasó frente a nuestros ojos, sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP), del Centro Nacional de Memoria Histórica, señalaron al sector político del bananero de hacer parte de una “alianza victimaria” en la que también habrían participado empresarios, paramilitares, ganaderos y militares del Batallón Voltígeros.

Henriquez está por anotarse un negocio multimillonario. Es uno de los grandes impulsores de Puerto Antioquia, una megaobra en Urabá que va a entrar en funcionamiento en 2025. Sus influencias políticas son notables. Por ejemplo, el exgobernador Aníbal Gaviria fue al acto simbólico de inicio de las obras del puerto, así quedó consignado en una nota de prensa de la organización: “(Gaviria) Aprovechó para agradecer a Guillermo y Jaime Henríquez Gallo, quienes aportaron y jalonaron esta obra desde su estructuración”. La primera piedra del proyecto la puso el expresidente Iván Duque.

En los archivos de las Convivir, a los que accedió VORÁGINE, junto a Henriquez aparecen los nombres de empresarios que fueron importantes en el esquema. Por ejemplo, hay documentos internos de la Convivir Papagayo en los que aparecen como asociados León Tone Gaviria Correa, hermano de Aníbal Gaviria, y Juan Esteban Álvarez, de la entraña de la misma familia, administrador de sus empresas y mano derecha del exgobernador. También está Alberto León Mejía Zuluaga, quien ha participado en las juntas directivas de insignes instituciones paisas como Proantioquia, la siderúrgica Simesa, Mineros S.A y Uniban. 

Negocios entre empresarios y paramilitares

Otros hechos relevantes para el conflicto armado en los que está relacionada la bananera Chiquita Brands tienen que ver con dos cargamentos de armas que recibieron los paramilitares de Carlos Castaño en Urabá. El 5 de noviembre de 2001 arribaron 14 contenedores en un puerto privado de Banadex (capítulo en Colombia de Chiquita), que contenían 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos. El armamento se repartió entre los diferentes bloques de las AUC. 

En 2014 Hasbún le contó a la Fiscalía sobre otro cargamento de fusiles que él había recibido en 1999 en el puerto de Banadex, en Urabá. Relató que 4.200 armas llegaron al país provenientes de Bulgaria camufladas en un cargamento de urea. Según la información que entregó el exparamilitar, el departamento de seguridad de Chiquita tuvo conocimiento de la  operación, pues a la hora de descargar el armamento hubo un accidente y parte de los fusiles quedaron al descubierto. La operación quedó grabada en el circuito cerrado de televisión de la compañía. Sin embargo, Hasbún aseguró que un exjefe de seguridad de la bananera (de apellido Villarreal o Alvarado) lo citó en Medellín y le mostró los videos que habían captado las cámaras de seguridad. El material fílmico, como lo contó Noticias Caracol, está desaparecido.

“Yo antes de eso siempre operé más o menos póngale con 70 u 80 fusiles. Y de ahí pasé a 270 y así fue todo el mundo. La potenciación de las autodefensas fue total”, dijo Hasbún en un testimonio revelado por el mismo noticiero. “Eso significó el fortalecimiento militar de la autodefensa, el crecimiento y expansión de la autodefensa hasta lugares donde no habíamos podido llegar porque precisamente era difícil conseguir este tipo de armamento en el mercado negro”, aseguró el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre la importancia de ese cargamento de fusiles.

En otro hecho histórico aparece mencionada Banacol. El antropólogo Aldo Cívico reveló en el libro “Las guerras de ‘Doblecero’” que Mauricio García Fernández, comandante militar de las estructuras de los Castaño, fue jefe de seguridad de esa compañía en Urabá. Para el momento en el que “Doblecero” tuvo ese cargo ya estaba en las filas del paramilitarismo. Entre 1989 y 1990 había liderado una guerra en contra del EPL en Unguía, Chocó. “En ese tiempo que Mauricio García estuvo en Banacol hizo reconocimiento de la zona para el posterior ingreso de los paramilitares desde San Pedro de Urabá, lo cual era el verdadero objetivo de su vinculación con esa empresa”, nos dijo una persona que lo conoció.

Banacol respondió a un cuestionario enviado por VORÁGINE. La empresa precisó que “Doblecero” fue su empleado entre el 8 de mayo y el 21 de agosto de 1991. “Para la época en que trabajó en la compañía, no existía ningún registro o evidencia acerca de algún comportamiento censurable por parte de ese exempleado”, aseguró.

La relación entre empresarios colombianos y los paramilitares también trascendió las Convivir y llegó a los negocios. El 11 de junio de 1999 se fundó en Chigorodó la empresa Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar). En la junta directiva de esa compañía estaban Alberto Osorio y Arnulfo Peñuela Marín, el militar que se volvió paramilitar y fundó Papagayo. Otro integrante de ese órgano directivo era Alberto León Mejía, el empresario que ha estado en altas instancias de Proantioquia, la siderúrgica Simesa, Mineros S.A y Uniban. 

Alberto León Mejía tenía 10 acciones de Suganar y la Convivir Papagayo, en ese momento ya bajo el nombre de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad de Urabá, contaba con 424.

Otros datos dan cuenta de la influencia paramilitar en esa empresa. VORÁGINE reveló que Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, excomandante del Bloque Mineros, era accionista de esa compañía y asistía de manera personal a las asambleas. También tuvo acciones el general Rito Alejo del Río y una cuñada de los hermanos Castaño llamada Sor Teresa Gómez, condenada por desplazamiento forzado y por el asesinato de una lideresa social. 

Pero el poderío paramilitar trascendía la composición accionaria. Una declaración que le entregó un ganadero de la zona a la Fiscalía deja en evidencia el  poder que tenía Hasbún en Suganar. El testigo señaló que en 2003 hubo un desacuerdo por la composición de la junta directiva y la solución fue llamar al comandante paramilitar. “En lo más bravo de la pelea, llamaron a Pedro Hasbún y él solo eligió la junta directiva, pregunté por qué pasaba eso a unos amigos y manifestaron que las Convivir tenían acciones en la subasta y que Pedro era el que mandaba allá”, relató.

En dos sentencias de Justicia y Paz quedó clara la finalidad de la fundación de Suganar: Hasbún la utilizó para recoger recursos que algunos ganaderos de la región aportaban a  los paramilitares. El primer gerente de la empresa fue Alberto León Mejía.

Una sentencia de Justicia y Paz también reconstruyó la historia del predio donde funcionó la Convivir Papagayo. Fue adquirido por 5 millones el 1 de septiembre de 1997, allí se instalaron las oficinas de la cooperativa. El mismo documento judicial expuso que después de la desmovilización paramilitar en 2005, la Convivir le vendió el terreno a Augura por 345 millones, un negocio que multiplicó en un 6.000% el valor de la tierra

Irving Bernal, uno de los hombres que participó en la reunión de Montecasino y que hizo parte de la junta directiva de Augura, fue condenado en 2014 por concierto para delinquir. Él tuvo una empresa palmicultora junto a la exesposa de Hasbún. Las tierras para desarrollar el proyecto de palma fueron despojadas por paramilitares a comunidades del Bajo Atrato. Aunque se investigó y juzgó de manera separada, el caso por el que fue condenado Bernal es el mismo de Sor Enid Ospina Rendón, la contratista de la Gobernación que tenía relaciones familiares con alias “Monoleche”. 

***

Luis Durango sabía que era cuestión de minutos, tal vez horas, para que le dispararan, a él y a su primo, que lloraba desconsolado. Luis intentaba calmarlo. La escena transcurría bien adentro de una finca bananera, en medio de personal armado. Si les hacían algo, nadie se enteraría. Morir parecía ser la consecuencia más certera. Era un momento decisivo. Dentro de los miembros de la Convivir había un conocido de Luis, estudiaron juntos en una escuelita de Pueblo Bello, en Turbo. Se miraron, se reconocieron. El hombre pidió permiso para hablar con el jefe. A los minutos regresó: “No, con usted no es. Se salvó porque yo lo conozco”, le dijo. Por esa coincidencia Luis nos pudo contar su historia más de veinte años después sentado en una cafetería de Turbo mientras dejaba enfriar su tinto, hablando con sigilo, con un miedo que todavía atraviesa su cara.   

Le preguntamos por la posibilidad de que los empresarios no supieran sobre las fechorías de las organizaciones que ellos financiaban. “Que ellos quieren decir que no sabían es otra cosa, pero en la zona sí sabían que esos grupos eran así”, aseguró. 

Lo mismo le preguntamos a Váldez, quien se rió, y respondió: “Es mentira (que no supieran), mi hermano. Eso sí, había gente que lo hacía así no estuviera de acuerdo, yo sé que muchos empresarios y ganaderos de la región no estaban de acuerdo en entregar una vaca cada año o dar dos o tres millones de pesos”.

Una lideresa de víctimas que consultamos para este reportaje también nos respondió la misma pregunta: “Dígales que hablen con la verdad porque aquí cuando usted se sienta a hablar con alguien lo primero que le dicen es quiénes son y usted no patrocina a nadie sin saber quién es”. Por su parte, una persona que estuvo en la cárcel por parapolítica en Urabá nos dijo: “Esa es su defensa política y su defensa histórica, pero esos manes sabían. Pero lo otro es que si no lo pagaban, los que se morían eran ellos”.

Mario Agudelo, que fue alcalde de Apartadó y diputado de Antioquia, nos dio una versión matizada: “A mí me queda muy duro opinar a partir de suposiciones y hablar con generalizaciones. Son ellos los que saben si sabían o no. Es que a uno le dicen ‘todo el mundo sabía’. ¿Entonces la Fiscalía por qué nunca intervino si sabía, por qué el CTI ni la Sijin intervinieron? A mí me llama la atención eso”.

Jaime Henriquez defendió las actuaciones del gremio bananero y señaló que ellos financiaron a las Convivir por peticiones de funcionarios de los gobiernos de César Gaviria y de Ernesto Samper. El empresario mencionó a los exministros Rafael Pardo y Horacio Serpa. Afirmó que los políticos le aseguraron a Augura que las Convivir iban a ser vigiladas y controladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. “Las Convivir tenían todo el apoyo y la protección del Estado, nadie dudaba de la transparencia de esa organización. Es más, actuaron al lado de las instalaciones de la Brigada 17”, dijo. 

“Pasan 20 años y con el tiempo dicen que los dineros se desviaron hacia los paramilitares y que hicieron mal uso de eso, entonces que los responsables son los señores que accedieron a la petición del Estado de aportar lo que les impusieron. Ahí hay una distorsión y tienen un enfoque político indudablemente sesgado diciendo que los bananeros financiaron a los paramilitares con esos tres centavos de dólar. Los dineros se desviaron, pero de las Convivir a los paramilitares. Ahí no tiene nada que ver el bananero”, argumentó Henriquez.

La razón de Uribe

Cuando se dio la desmovilización del Bloque Bananero, el comandante Raúl Hasbún intentó escabullirse de la justicia. En noviembre de 2004 dejaron las armas 447 integrantes de esa estructura armada. La responsabilidad de la comandancia de ese grupo la asumió públicamente Ever Veloza García, alias “HH”. Hasbún, que dirigía la estructura y que conocía todos los pormenores de las relaciones con los empresarios, se hizo pasar por patrullero.

Mientras Hasbún vivía en libertad gracias a la trampa que había hecho, sus problemas se acumularon por la información que empezó a llegar a diferentes entidades del Estado. En 2005 el veterinario Hernando Bayona Paez radicó ante la DIAN un documento en el cual detallaba el método de financiación empresarial a los paramilitares: los descuentos de 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. El 11 de noviembre de 2006 ordenaron la vinculación de Hasbún a la investigación por ese tema. 

Hasbún estuvo en libertad hasta 2008. En abril de ese año el excomandante fue capturado en Cúcuta y poco a poco empezó a saberse que las verdades que resguardaba podían afectar a poderosos sectores empresariales. De hecho, El Espectador tituló: “Capturan a Raúl Hasbún, enlace entre Chiquita Brands y las Auc”. Para ese momento la multinacional ya había reconocido su financiación a los paramilitares en Estados Unidos. 

Las primeras versiones de Hasbún ante la justicia eran benevolentes con los empresarios. En 2008 aseguró que en la reunión de Montecasino Carlos Castaño había tratado mal a los ejecutivos de Chiquita y a Irving Bernal. También afirmó que los pagos habían sido impuestos a los bananeros. El 9 de septiembre de ese año le dijo a la Fiscalía: “Quiero aclarar que los señores bananeros y los señores representantes encargados del manejo de las Convivir no tenían conocimiento de esta estrategia conformada por las autodefensas, no se enteraron de mi doble condición de bananero y autodefensa hasta, si no estoy mal, el año 2000 o 2001”. Al otro día continuó Hasbún diciendo que Alberto Osorio y Arnulfo Peñuela, los hombres que comandaban las Convivir en Urabá, se enteraron que él era paramilitar hacia 1999 o 2000.

Pero esos dichos de Hasbún empezaron a contradecirse con los de otros excomandantes paramilitares. Salvatore Mancuso contó en versiones libres ante la Fiscalía, en abril de 2009, que Alberto Osorio y Arnulfo Peñuela eran integrantes de las AUC que manejaban las Convivir. También dijo que él estuvo en Montecasino en una sala contigua donde se adelantó la reunión entre Keiser y Carlos Castaño y que este último “salió contento”. 

Ever Veloza, “HH”, también contradijo a Hasbún. En una versión libre, de marzo de 2008, contó que Arnulfo Peñuela fue una de las personas que ayudó a coordinar con el Ejército la entrada de los paramilitares a la región en 1995. Además, dijo que  Peñuela le entregaba a él dinero para la operación de los primeros grupos en Urabá. Fredy Rendón, quien dirigió a los paramilitares en Chocó y era conocido como “El Alemán”, también dijo que vio a Peñuela y a Osorio reunidos con Carlos Castaño en varias oportunidades.

Las versiones de Hasbún hacían agua. En 2009 el excomandante paramilitar empezó a reconocer hechos como la conformación de milicias en Medellín con el beneplácito del general Alfonso Manosalva, uno de los generales cercanos a Uribe que ayudó a crear las Convivir. Luego dijo que había recibido amenazas en contra de su familia y dejó de declarar. Un año después, en junio de 2010, Hasbún volvió a aparecer y desde ese momento empezó a afirmar que los aportes habían sido voluntarios, que los empresarios tenían conocimiento de que su dinero era para los paramilitares y que desde 1995 grandes cacaos del negocio bananero sabían que él comandaba un grupo ilegal. 

Una fuente, que mantenemos anónima para evitar represalias violentas en su contra, nos contó un hecho hasta ahora desconocido del cambio de versión de Hasbún. Esa persona, que según constatamos podía tener acceso privilegiado a la información, relató que desde que el excomandante fue capturado empezaron a enviarle razones para que no hablara. Y así lo hizo. Según la versión de la fuente, la decisión de Hasbún cambió un día en que Jaime Jaramillo Panesso, un escritor y político paisa cercano al expresidente Uribe y fallecido en 2020,  fue a visitarlo a la cárcel de Itagüi con una razón del entonces presidente

“La cosa es que estuve reunido con Álvaro (Uribe) y con los bananeros y ese tema tuyo hay que saberlo manejar muy bien. Tenés que tener mucho cuidado porque hay dos posibilidades, y es lo que yo te vengo a decir, es una razón del presidente: vos tenés plan A y plan B. El plan A es que contés la verdad pasito, bien organizadita, te dejás orientar, te dejás llevar de los abogados. O, plan B, te extraditan si empiezas a hablar y a decir cosas”. La fuente que nos contó esta versión tuvo acceso a los excomandantes paramilitares y los visitó no pocas veces en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí.

Hasbún era un hombre impulsivo, que había manejado un ejército y sabía lo que era tener poder y plata. Según la fuente, este le contestó a Jaramillo Panesso: “¿Sabe qué, Jaime? plan B”

Otra fuente, después de publicada esta investigación, contactó a VORÁGINE y le confirmó la versión de la razón que habría enviado Uribe por intermedio de Panesso. Esa persona también visitó de manera recurrente a jefes paramilitares y excombatientes de distintos rangos de la AUC en la cárcel de máxima seguridad de Itagüi. Según nos contó, un excomandante le expuso a él la situación entre el escritor y Hasbún en una reunión en la que los exparamilitares se quejaron de las presiones que sentían para evitar que hablaran de élites económicas y políticas. Un hombre que tuvo un alto rango dentro de esa estructura criminal y estuvo detenido en la misma penitenciaría nos dijo que desconocía cualquier información sobre esas presiones.**

De ahí en adelante se dio un contrapunteo con episodios macabros. Entre el 3 de septiembre de 2010 y el 25 de enero de 2011 Hasbún le entregó a la Fiscalía un listado de empresarios que, según él, habían aportado de manera voluntaria a la causa paramilitar. Entre estos figuraban Guillermo Gaviria Echeverri (quien murió el 2 de septiembre de 2014), papá de Aníbal Gaviria; Nicolás Echeverria Mesa, embajador del gobierno Uribe ante la Unión Europea; Jaime Henriquez Gallo; José Gentil Silva Holguín, poderoso terrateniente de Urabá; directivos de Banacol, entre otros. El 5 de mayo de 2011, luego de una versión en la que Hasbún entregó más información, se enteró del asesinato de la persona que había sido su abogado hasta abril del mismo año: Edquir José López Londoño. Ese crimen produjo que el defensor que Hasbún tenía en ese momento renunciara.

Justicia bananera

El proceso no dependía de los dichos de Hasbún. Alicia Dominguez, una fiscal comprometida, había empezado a hacer pesquisas para esclarecer los entresijos de la financiación empresarial al paramilitarismo. Pero como le pasó al excomandante, ella se encontró de frente con el poder político y económico que asfixia los intentos de justicia. 

En una entrevista que concedió la fiscal a El Tiempo, en 2012, contó la persecución de la que fue víctima luego de empezar a avanzar en la investigación. Ella fue a Estados Unidos a hablar con jefes paramilitares a quienes habían extraditado en el año 2009: Salvatore Mancuso, Ever Veloza, y Jorge Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, excomandante del Bloque Norte. También entrevistó a Hasbún y a Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”. Esos relatos sumados a inspecciones a la contabilidad de las Convivir le permitieron acercarse a la verdad sobre los vínculos de los empresarios con el grupo criminal.

Cuando Dominguez llegó de Estados Unidos le quitaron el caso. “Recibí información dentro de la Fiscalía de que no se podía poner en peligro la economía del país”, le dijo a El Tiempo. Además, su despacho fue suprimido y ella fue apartada de la Fiscalía. “El estrés que manejé por los atentados y por el trato que recibí en la institución dañó mi salud”, contó. En 2012 el ente investigativo precluyó el proceso en favor de los exdirectivos de Chiquita Brands y de Banacol. 

La decisión de la Fiscalía produjo reclamos de víctimas y del propio Hasbún, quien pronunció una frase para resumir toda la situación: “Aquí hay un concierto para delinquir y el único condenado soy yo”, le dijo a Verdad Abierta. “Si a la Fiscalía no le interesa que hablemos de los bananeros, que nos lo digan y así no desgastamos a la justicia y nos evitamos amenazas por sapos”, se quejó en una entrevista con Revista Semana. En diciembre de 2012 el fiscal general, Eduardo Montealegre, revocó la preclusión en favor de los empresarios. En 2017 el ente investigativo declaró como delito de lesa humanidad la financiación de grupos paramilitares en Urabá.  

Entre la reapertura de la investigación y la acusación pasaron seis años. El 31 de agosto de 2018 la Fiscalía acusó a 14 exdirectivos de Chiquita Brands y de Banacol. La investigación develó las grandes cantidades de dinero que ambas empresas le aportaron a las Convivir y las contradicciones entre las versiones de la defensa y las indagatorias que rindieron algunos bananeros.

Banacol aportó 5.300 millones de pesos. La cifra de Chiquita no ha podido ser precisada por la Fiscalía, pero en Estados Unidos la compañía aceptó aportes por 1,7 millones de dólares. Uno de los puntos álgidos de la discusión es si ese dinero se entregó bajo amenaza o de manera voluntaria. La defensa de los bananeros ha dicho que se trató de una extorsión, pero piezas del expediente conocido por VORÁGINE podrían echar por el suelo esa teoría. 

Gabriel Harry Hinestroza hizo parte de la junta directiva de Banacol, fue presidente de la Cámara de Comercio de Medellín y fue un empresario muy cercano a Álvaro Uribe. Harry Hinestroza rindió indagatoria ante la Fiscalía el 17 de diciembre de 2005. En su relato dio una versión que dista de la situación que reconstruyeron los campesinos y líderes consultados para este reportaje, pero retrata la experiencia del gremio bananero durante el dominio paramilitar: “la época más crítica fue entre el 84 y el 94, pero de ahí en adelante (Urabá) fue el paraíso”. El abogado defensor de Harry Hinestroza le preguntó si conoció de extorsiones a empresarios entre 1997 y 2004. Respondió: “En ese término de tiempo, no”.

Javier Ochoa Velásquez, quien fue gerente de planeación y proyectos de Banacol entre 2001 y 2004, también rindió indagatoria el 6 de noviembre de 2008. La Fiscalía resumió su versión así: “Indica que los pagos por servicio de vigilancia a los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada eran voluntarios, que la afiliación o participación en estos servicios era decisión de cada compañía y que algunos productores no participaron de esta decisión”.

VORÁGINE también obtuvo documentos del proceso que se adelantó contra Chiquita en Estados Unidos. Uno de ellos es la transcripción del testimonio que dio ante una corte norteamericana Fernando Aguirre, quien fue CEO y presidente de la compañía entre enero de 2004 y octubre de 2012. El ejecutivo puso fin a los pagos de la bananera hacia las Convivir en 2004. En el interrogatorio que le hicieron dijo: “El señor Keiser y el señor (Reinaldo) Escobar (abogado de Chiquita que asistió a la reunión de Montecasino) dijeron que el señor Castaño no hizo ninguna amenaza directa. Me mantengo en eso. Tal vez eran indirectas”.

Le preguntamos a Jaime Henríquez si los aportes de 3 centavos de dólar fueron producto de extorsiones de los paramilitares.  “No, eso fue voluntario”, aseguró. Según él, los bananeros tasaron esa cifra porque así lo propuso el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa. 

Otro hecho sobre el que llamó la atención la Fiscalía era que el esquema de pagos (tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada) era extraño y oneroso para contratar un servicio de seguridad. “Cabe hacer la comparación de los pagos que Banacol hizo a las Convivir en el año 2004, cancelando la suma de 786 millones de pesos, lo que al mes serían 65 millones. En cambio, en el año 2005 Banacol canceló a Atempi, por el mismo concepto de seguridad, la suma de 45 millones lo que al mes alcanzaría a la suma de 3.757.000 pesos”.

La bananera se defendió de las acusaciones en sus respuestas al cuestionario enviado por VORÁGINE. “Banacol como tercero, no tenía forma de controlar el destino de lo que pagaba a las Convivir por los contratos del servicio de vigilancia. Las entidades del Estado eran las responsables de vigilar a estas organizaciones las cuales eran auditadas cada dos años y renovaban su permiso de funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos legales”, aseguró la compañía por medio de una oficina que maneja sus comunicaciones. Y agregó: “Banacol y sus funcionarios siempre han actuado de acuerdo con la ley y cuando se hizo de público conocimiento la posible relación entre estas entidades y grupos armados ilegales, se tomó la decisión de cesar estos contratos”.

VORÁGINE le preguntó a la bananera la fecha en la que decidieron cesar los contratos y respondieron: “En el 2007, una vez se hicieron públicas las relaciones de las Convivir con organizaciones al margen de la ley, el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Vigilancia Privada no renovó las licencias de funcionamiento y en ese momento Banacol cesó los contratos con esta organización y contrató los servicios de vigilancia con una empresa de seguridad privada”. Es decir, la compañía cesó la contratación sólo cuando los Servicios Especiales quedaron inhabilitados para operar, a pesar de que desde 2004 Chiquita había reconocido en Estados Unidos su financiación a los grupos paramilitares por vía de las Convivir. Los dueños de Banacol tenían esa información porque ese mismo año compraron la operación de la multinacional bananera en Colombia.

En la acusación, la fiscal decidió compulsar copias contra los gobernadores de Antioquia entre 1997 y 2004. Eso, en la práctica, cobijaba a Álvaro Uribe; Alberto Builes; y Guillermo Gaviria Correa (asesinado por las Farc el 5 de mayo de 2003, estando en cautiverio), el hermano de Aníbal Gaviria; y Eugenio Prieto Soto. 

Contra los peces pequeños

Los empresarios apelaron la acusación y lograron, en parte, sus objetivos. Un año tardó la Fiscalía en resolver el recurso. El 17 de septiembre de 2019 el vicefiscal Jaime Camacho Flórez confirmó la acusación contra 10 bananeros, desvinculó a cuatro y revocó la orden de investigar a los exgobernadores de Antioquia. 

Las decisiones judiciales sobre la financiación del paramilitarismo en Urabá han estado marcadas por las condenas contra los eslabones más débiles de la cadena. En 2009 y 2010 fueron condenados Alberto Osorio y Arnulfo Peñuela, respectivamente, por sus vínculos con los paramilitares. El único condenado asociado a una empresa fue Luis Alberto Agudelo Jímenez, un exconductor de Chiquita Brands, que durante tres años le entregó el dinero de la compañía a los paramilitares. 

Personas con más influencia política y económica han salido mejor libradas. Por ejemplo, la fiscal María Lucía Rueda Soto precluyó, el 26 de septiembre de 2013, la investigación que se adelantaba contra Guillermo Gaviria Echeverri y Juan Esteban Álvarez por su presunta participación en el entramado de financiación de los paramilitares. 

Algunos argumentos utilizados por la fiscal Rueda contrastan con lo que cuentan los pobladores de Urabá y con lo que se ha constatado en Justicia y Paz: “Y se pregunta esta delegada entonces si era de público conocimiento de todo el Urabá que las Convivir y las AUC eran lo mismo, y si todos los estamentos públicos y privados estaban de acuerdo con ellos, ¿para qué entonces utilizar dos frecuencias radiales y no una sola? La respuesta surge con meridiana claridad, la relación existente entre esas dos organizaciones se manejaba de forma clandestina y no era de público conocimiento”. 

En informes contables de la Fiscalía quedó estipulado que los aportes a las Convivir del Grupo 20, empresa de los Gaviria, ascendieron a 356 millones y los de Guillermo Gaviria Echeverri a 207 millones. Álvarez y cuatro familiares de Gaviria Echeverri demandaron al Estado para ser reparados por los ocho meses que pasaron ambos bananeros en detención preventiva. El Tribunal Administrativo de Antioquia le dio la razón a la familia en primera instancia y le ordenó a la nación reparar económicamente a las dos poderosas familias. 

El último director de los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá fue el abogado Carlos Alejandro Jaramillo Patiño. Él ostentó ese cargo desde noviembre de 2006 y la Fiscalía precluyó el proceso en su contra aduciendo que para esa fecha los paramilitares se habían desmovilizado. 

Años antes de tener ese cargo en Urabá, el jurista fue asociado de una firma llamada Abogados Duque Jaramillo junto a un exfuncionario del CTI llamado Uber Duque. El nombre de Duque ha sido mencionado en varios expedientes y notas de prensa. Hasbún aseguró ante Justicia y Paz que engañó a Duque para que participara en una importación de urea, pero que realmente se trataba del cargamento de 4.200 fusiles provenientes de Bulgaria que desembarcó en el puerto de Banadex. Documentos de la Fiscalía conocidos por este medio dan cuenta de que las relaciones del exfuncionario del CTI con paramilitares habrían trascendido a ese hecho. Por ejemplo, el ente investigativo presume que él participó en el envío de 1.100 kilos de cocaína hacia México, en 1999. En una nota de El Colombiano, Duque (asesinado en marzo de 2004) aparece relacionado como asesor jurídico de Carlos Castaño. La empresa de Jaramillo y Duque habría estado en el radar de las autoridades, según el informe Memorias de la impunidad en Antioquia, por presuntamente venderle información al narcotraficante Gustavo Upegui López. En 2018 Jaramillo fue contratado como asesor en la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista María Fernanda Cabal para emitir sus conceptos sobre temas de tenencia de tierras. 

Desequilibrio

El juicio contra los directivos de Banacol y de Chiquita avanza de manera lenta y los empresarios hacen gala de sus influencias políticas y económicas.

—¿Para los años 2002 y 2003 qué información tenían ustedes de relaciones o no entre las Convivir y las llamadas Autodefensas de Colombia?

—No la teníamos, no la teníamos en el Gobierno. 

Ese es un fragmento del interrogatorio que le hizo el abogado Jaime Lombana a Martha Lucía Ramírez, quien acudió al juicio como testigo de la defensa de Banacol. La exvicepresidenta hizo énfasis en que para 2002 y 2003 ya no existían las Convivir, pero omitió que algunas de estas habían mutado en Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada. La escena es reveladora: Lombana, uno de los abogados del expresidente Uribe, apoyó la defensa de los empresarios bananeros en el testimonio de una  mujer que ha dirigido poderosas instituciones del Estado colombiano como los ministerios de Defensa, Comercio Exterior y la Cancillería. 

Según reconstruyó el periodista Roberto Herrsher en su libro Crónicas Bananeras, el término “república bananera” es obra de un cuentista norteamericano llamado William Sydney Porter. El escritor vivió en Honduras y conoció los atajos, los excesos y la manera de traficar influencias de uno de los fundadores de Chiquita llamado Minor Keith. En 1904 Sydney publicó la novela Repollos y Reyes en la que ficcionó ese poder en un lugar que bautizó como “Anchurria”.

En un capítulo de la novela, una bananera que operaba en Anchurria financia un golpe de Estado. La decisión se dio después de que un presidente pusiera un impuesto a la exportación de esa fruta. La compañía depuso al gobierno e implantó uno liderado por un joven que estudió en la universidad de Yale y lo primero que hizo fue eliminar el tributo. El Estado quedó al servicio de los negocios de los influyentes bananeros por vía de personas de la élite educadas en reputadas universidades. 

En su intervención, Martha Lucía Ramírez también habló de una supuesta intranquilidad de Uribe por el ejercicio de las Convivir. “Alguna vez me recuerdo haber escuchado al presidente Uribe diciendo ‘es que estos son sectores que de ninguna manera pueden estar operando, a mí me tocó como Gobernador de Antioquia asumir que se les quitaran licencias de funcionamiento’ que había dado la Gobernación incluso antes de que él fuera gobernador porque, precisamente, decía ‘esto se puede salir de control en cualquier momento de parte de un Gobernador’”. VORÁGINE no encontró ningún registro de asociaciones Convivir en Antioquia fundadas antes de que Uribe fuera gobernador. 

El de Ramírez no es el único caso de una persona influyente que ha tomado partido por los bananeros en medio del juicio acudiendo a imprecisiones. Como lo reveló VORÁGINE,  el columnista y director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), Jorge Restrepo, intentó en el juicio minimizar el papel de las Convivir en la expansión paramilitar y cuestionó que el dinero que recibieron los paramilitares por vía de esas cooperativas haya sido usado para cometer crímenes. 

El columnista Andrés Otero Leongomez también rindió un informe para la defensa de Chiquita. En el documento Otero seleccionó de manera conveniente fragmentos de sentencias judiciales que favorecían las tésis de la defensa y ocultó otros que las contradecían. El consultor también mintió diciendo que hasta 1999 no existían registros públicos de las relaciones entre las Convivir y los paramilitares. Otero actuó a nombre de la empresa Guidepost, que es dirigida y gerenciada en América Latina por el columnista Yohir Akerman, de quien VORÁGINE se refirió en un editorial.

“Evidentemente hay un músculo financiero para invertir en su defensa y en construir narrativas a favor de sus intereses. Por eso también contratan a empresas encargadas de intervenir en crisis”, explicó Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ha oficiado en el juicio.

A todo ese poder, se suma que el proceso podría prescribir. El 14 de junio de 2022 el Tribunal Superior de Antioquia subrayó: “Se advierte a la juez que debe darse prioridad a este caso por estar cerca el término de prescripción”. Las partes calculan que el expediente prescribiría en septiembre de 2025.

La jueza Diana Lucia Monsalve Hernández ha manejado el proceso de manera reservada. VORÁGINE interpuso un derecho de petición para obtener las audiencias del juicio que, por ley, son públicas, pero la funcionaria judicial denegó el acceso a la información y argumentó: “los procesados en el caso que nos ocupa no han sido vencidos en juicio, significando entonces que, el solo hecho de publicitar ante la opinión pública y medios de comunicación sus nombres, crearía un manto de duda sobre su reputación que en momento alguno se podría volver a levantar, es por ello que esta funcionaria está en la obligación de garantizar el buen nombre de estos ciudadanos hasta tanto no sean vencidos en juicio y quede la decisión debidamente ejecutoriada”.

Los nombres de los 10 procesados son: Charles Dennis Keiser, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval, John Paul Olivo, Fuad Giacoman Hasbún, Jorge Luis Valverde Ramírez, Álvaro Acevedo González, Víctor Henríquez Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Javier Ochoa Velásquez. Enviamos un cuestionario a la oficina de prensa de Chiquita Brands para obtener su versión, pero no fue contestado. 

Charles Keiser es ciudadano norteamericano y vive en Estados Unidos. Si se le llegara a condenar no se podría hacer efectiva la orden de captura. Un apartado del libro de Sydney, publicado hace 120 años, tiene un fragmento premonitorio: “En ese entonces teníamos tratados de extradición con todos los países excepto Bélgica y esa república bananera, Anchurria”.

Los otros bananeros

Los directivos de Banacol y Chiquita han tenido molestias judiciales durante años, pero muchos empresarios locales evadieron cualquier investigación durante décadas. Sin embargo, en marzo de 2024 la Fiscalía acusó a un grupo de 14 bananeros señalados de entregar 33.000 millones de pesos con destino a los paramilitares. 

Entre los empresarios está Alberto León Mejía, el primer gerente de Suganar, la empresa ganadera controlada por Hasbún. Mejía también fue presidente de la comercializadora Uniban en años claves de la financiación de las Convivir, entre 1997 y 1999. En la acusación, que obtuvo este medio, quedó al descubierto un dato relevante: el industrial apoyó en la Gobernación de Antioquia la creación de esas cooperativas. “Yo, como presidente de la compañía, simplemente coadyuvé a través de la Gobernación para que se crearan las Convivir con fines muy específicos”, dijo Mejía en indagatoria. Es decir, estuvo en tres roles claves para esta historia: asesorando en la Gobernación, presidiendo una comercializadora de banano y gerenciando una empresa con accionistas paramilitares. 

“Todo lo que se hizo en esa época, se amparó en una resolución presidencial del presidente César Gaviria. Se hizo con la colaboración de la Gobernación de Antioquía y por sobretodo, se hizo ajustada la actuación, a la legislación vigente. Todo, absolutamente todo, dentro del marco legal”, le dijo Mejía a VORÁGINE. Dejó de respondernos cuando le preguntamos por su participación en Suganar y por el hecho de que las Convivir fueron fundadas y controladas por paramilitares.

Otro de los acusados es Santiago Antonio Uribe, gerente del Fondo de Inversiones Inmobiliarias de la Fiduciaria Bancolombia. Uribe se vinculó a la comercializadora Proban en 1986 y llegó a ser su presidente. 

Un nombre importante entre los de los acusados es el de Nicolás Echavarria Mesa, quien fue el embajador del gobierno de Álvaro Uribe ante la Unión Europea y fungió como presidente de la comercializadora Banafrut. Según la Revista Cambio, este proceso contra los 14 empresarios bananeros estuvo congelado varios meses en la Fiscalía de Francisco Barbosa por cuenta de presiones para precluir la investigación contra Echavarria. La denuncia tuvo efecto y el ente investigativo presentó la acusación, con el nombre del exdiplomático incluído, solo un día después de la publicación de la nota.

Pero ese hecho da cuenta de las influencias que siguen teniendo los empresarios bananeros en Colombia. La participación de ese sector en la política se cuenta en cientos de millones de pesos. Por ejemplo, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) donó 320 millones de pesos al Centro Democrático y 30 millones al Partido Conservador. Uniban le donó 25 millones de pesos al partido Creemos, del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. El grupo Banacol, por intermedio de la empresa Greenland Investments, también aportó 50 millones al partido de “Fico”. Banafrut hizo una donación de 10 millones a Álvaro Uribe para una de sus campañas al Senado.

Las donaciones también han sido para candidatos. Uno de los más consentidos del gremio ha sido Aníbal Gaviria. Para su campaña a la Gobernación recibió 60 millones de pesos de Augura, organización que también apoyó las aspiraciones políticas de su hermana, Sofía Gaviria, con otros 60 millones. Otro de los beneficiados con dinero de los bananeros fue Germán Varón Cotrino, actual candidato para ser procurador general, quien recibió 30 millones de Augura. María Fernanda Cabal fue beneficiaria de una donación de 20 millones. En total, entre 2015 y 2023 Augura hizo donaciones por 738 millones de pesos a 38 candidatos a cargos de elección popular. 

Greenland, de Banacol, actúa como mecenas de Federico Gutiérrez. En 2022 le donó 75 millones para su campaña presidencial y en 2023 le dio 30 millones para la contienda por la Alcaldía de Medellín. La misma empresa financió a la congresista uribista Paola Holguín y a la diputada de Antioquia por el Centro Democrático, Verónica Arango García.

Otro de los acusados es Óscar Enrique Penagos Garcés, quien fue gerente de la empresa Agrícola Santamaría. Esa compañía, propiedad de los hermanos Jaime y Guillermo Henriquez, invirtió 154 millones entre 2015 y 2023 en campañas políticas. Su donación más grande fue a Andrés Guerra Hoyos para su campaña a la Gobernación de Antioquia. 

Penagos era el gerente de producción de Agrícola Santamaría. Sobre los aportes de esa compañía a las Convivir dijo: “En mi calidad de administrador del Grupo Santamaría (…) recibí una orden de don Guillermo Henríquez para autorizar la retención de 3 centavos de dólar por caja exportada para que la comercializadora Uniban efectuara esa retención que estaba dirigida a las asociaciones de vigilancia y seguridad privada. En este caso se trató de una orden perentoria que me dio mi jefe y yo como subordinado no podía dejar de cumplir”. A pesar de eso, los dueños de la compañía no fueron acusados.

Jaime Henriquez se descargó de cualquier responsabilidad: “Yo no firmé eso. El gerente de la época tenía todas las facultades (…) Si el gerente de esa época tomó la decisión, no la consultó conmigo”.

Los otros acusados son Jaime Restrepo Marulanda, Diego Andrés Restrepo Londoño, Javier Francisco Restrepo Girona, Rosalba Zapata Cardona, Jaime Mauricio Restrepo Arango, José Gentil Silva Holguín, Óscar Luis Aristizabal Vahos, Iván Darío Mejía Restrepo, Fabio León Restrepo Villegas y James Leaver Wagner. El tiempo corre en su favor, el más joven de ellos tiene 61 años. La lentitud de la justicia se puede traducir en impunidad.

José Gentil Silva y Rosalba Zapata, por intermedio de la empresa Bananeras de Urabá, han tenido que devolver tierras luego de que la justicia comprobara que fueron despojadas. En esa región se hizo célebre la frase “vende usted o vende la viuda”. El municipio con más solicitudes de restitución de tierras en Colombia es Turbo con 2.873. 

Epílogo

Valdez nos contó que está pensando demandar al Estado por la falsa desmovilización de la que fue víctima. Él logró retirarse de las filas del paramilitarismo luego de cumplir diversas labores en la Convivir Papagayo, en las que no ahondamos por el riesgo de que sea identificado en la región. Reprocha que muchos de sus compañeros que se quisieron retirar de la guerra terminaron muertos por la decisión de militares y políticos que no los dejaron desmovilizarse y los entregaron a los Castaño. “De todo ese grupo debemos quedar unos 40 vivos”, aseguró mientras desconfiaba de dos hombres que se sentaron en una mesa contigua a la nuestra.

Entre los hombres que el Estado les entregó a los Castaño estaba Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, y otros combatientes que luego ocuparon la comandancia visible de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El poder del paramilitarismo está vivo en la región de Urabá. Alberto Osorio fue asesinado en 2014. Arnulfo Peñuela pagó su pena de prisión y volvió a Carepa, donde sigue ostentando poder. 

Minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Carepa lo único que se ve por las ventanillas del avión son sembradíos infinitos de banano. Al acercarse a las bandas donde se recoge el equipaje se ve una placa en mármol en agradecimiento a Álvaro Uribe. Luego de coger el taxi, justo en la salida vehícular del parqueadero, se ve una valla de cuatro metros por dos de Suganar en la que se pueden ver los rabos de unas 20 vacas blancas caminando en un potrero verde. No se tiene noticia de que la Fiscalía haya extinguido el dominio de las acciones que tenían en esa empresa el narcotráficante y exparamilitar “Cuco Vanoy”, la Convivir Papagayo y Sor Teresa Gómez, la cuñada de los Castaño condenada por desplazamiento forzado y por el asesinato de una lideresa social. Detrás de esa valla se erige una cerca con alambre de púas que resguarda la propiedad privada de una finca bananera. 

“Siguen teniendo el mismo poder, esos manes son los que mandan acá. Vea, acá no ha pasado nada, pero este no es un pueblo feliz. Aquí todos estamos secuestrados. Yo sé hasta dónde puedo hablar. Los tipos siguen acá mandando políticamente, militarmente… Mandan porque acá no se ha dicho la verdad ni se va a decir”, aseguró la persona que fue condenada por parapolítica en Urabá. Uno de los nombres que no aparece en ninguna de las acusaciones es el de Jaime Henriquez Gallo, el empresario que según Valdez era el “patrón”. Su nombre aparecerá en titulares por la apertura de Puerto Antioquia. 

El general Rito Alejo del Río fue condenado por el asesinato de un campesino en medio de una operación coordinada entre militares y paramilitares en Chocó. El oficial se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero sus aportes a la verdad han sido nulos. Incluso, niega que su firma sea la que aparece en los pedidos de armamento para las Convivir y en los conceptos militares para la creación de esas cooperativas.

Intentamos comunicarnos con el general, pero su abogado Germán Navarrete nos dijo que tiene algunos quebrantos de salud que le impiden atender entrevistas. El defensor insistió en que las firmas que aparecen en los documentos no son de Rito Alejo y que esas autorizaciones con rúbricas falsas, según él, fueron hechas en la Cuarta Brigada que comandaba el general Alfonso Manosalva, quien murió en abril de 1997. “El bandido, muy de acuerdo con algunas oficinas de la Gobernación, facilitaba todo”, afirmó. “El general nunca autorizó ninguna Convivir, eso es mierda inventada por la izquierda chimba de este país”, agregó. 

—¿Ustedes tienen algún certificado que demuestre que la firma del general Rito Alejo fue falsificada?

—¿Cómo así un certificado? ¿Quién va a certificar eso?

—Un grafólogo. 

—Tenemos las pericias para la JEP, pero no las vamos a publicar hasta que las presentemos.

Álvaro Uribe afronta un juicio por manipulación de testigos que tiene como trasfondo el señalamiento contra él y su hermano, Santiago Uribe, de ser los fundadores del Bloque Metro. Ninguna autoridad le ha pedido cuentas por su participación clave en el nacimiento las Convivir de los paramilitares. Contactamos al expresidente vía chat el pasado miércoles 28 de agosto. Aunque recibió y leyó el mensaje en el que le solicitábamos una entrevista para que nos hablara sobre su rol en la creación de las Convivir de Urabá no nos contestó. Su jefa de prensa, Laura Medina, también recibió un mensaje, lo leyó, pero no respondió.

En Colombia todavía está por verse si el sistema judicial puede soportar los embates del poder político y económico del empresariado bananero y sus influyentes aliados. Según una estimación que hizo la Fiscalía entre 1997 y 2005 las empresas de ese gremio le habrían aportado 24.000 millones de pesos solo a la Convivir Papagayo. Ese cálculo deja por fuera los dineros que se entregaron a otras de esas cooperativas. “Los crímenes de Chiquita tienen más de un siglo de impunidad”, le dijo Ignacio Gómez, un periodista que ha investigado a profundidad este tema, a El Espectador.

Esos miles de millones fueron fundamentales para que el proyecto narcoparamilitar se pudiera expandir cometiendo masacres, violencia sexual, desplazamientos, despojos, torturas, entre otros crímenes. El excomandante Ever Veloza lo dijo en una versión libre ante Justicia y Paz: “Esas platas que se recogían en las Convivir eran plata de las autodefensas y para el uso de las autodefensas porque la que me entregaban a mí era para comprar munición, para pagar sueldos, para todo eso”. Vale la pena recordar que fue tras empezar a recibir los aportes de los bananeros que Carlos Castaño, en abril de 1997, trazó un proyecto criminal a nivel nacional que bautizó como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Lo que está en juego es la judicialización de crímenes de lesa humanidad, pero el tiempo corre en favor de los implicados en esa red de complicidades. Si la impunidad triunfa, como hasta ahora, Colombia será un caso más de países que Sydney retrató con ese lugar llamado “Anchurria” o, en otras palabras, una república bananera. 

*Cambiamos los nombres de algunas personas. Otras las identificamos sin ningún nombre. El dominio de grupos sucesores del paramilitarismo en la región hace que las fuentes teman represalias violentas si son identificadas. Desde Urabá se siguen exportando millones de cajas de banano al año hacia Europa, Estados Unidos y otros destinos.

** Nota del editor: Este párrafo se agregó tres días después de publicada la investigación porque recibimos la información con posterioridad de la publicación.

El segundo capítulo de ‘Chiquita Republic’ se centrará en la estela de miles de víctimas que dejó la alianza entre empresarios y paramilitares en Urabá. Espérala pronto.

El periodista Juan Arturo Gómez apoyó la reportería de esta investigación. 

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