¿Endulzando el poder? La influencia de la industria de ultraprocesados en las presidenciales

Aunque en las campañas presidenciales los focos suelen estar puestos en temas estructurales como la seguridad, el crecimiento económico o el estado de la democracia, pocas veces se discute abiertamente el papel del sector privado y el músculo financiero que sostiene el camino hacia la Casa de Nariño. No es un detalle menor: en Colombia, las inyecciones de capital electoral han derivado históricamente en conflictos de interés que no siempre salen a la luz.

El informe del Consejo Nacional Electoral de 2023 reveló que la Organización Ardila Lülle, matriz de Postobón y de ingenios azucareros como Incauca, Risaralda y Providencia, fue el mayor donante de partidos políticos, con aportes que alcanzaron los 7.370 millones de pesos. Le siguieron Bavaria, de propiedad de la familia Santo Domingo, con 5.660 millones de pesos; el Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con 2.530 millones; y Coca-Cola Femsa, con 2.040 millones. Valorem, el conglomerado de los Santo Domingo, también se ubicó entre los principales financiadores.

Dentro del grupo Ardila Lülle, la empresa que más recursos destinó fue Gaseosas Lux, filial de Postobón, con aportes concentrados en el Partido Liberal (1.695 millones de pesos) y el Partido de la U (1.595 millones). Tras esas dos colectividades, el Centro Democrático y el Partido Conservador fueron los partidos que más recibieron recursos de empresas privadas.

En las últimas elecciones presidenciales, el portal Cuentas Claras registró aportes financieros de Alejandro Santo Domingo y Gaseosas Lux a la campaña de la consulta de Federico Gutiérrez por la coalición Equipo por Colombia; además de Bavaria y Manuelita S.A., que también contribuyeron a la campaña de Sergio Fajardo por la coalición Centro Esperanza en la que ambos resultaron ganadores, respectivamente. 

La política y la economía nacional han crecido casi de la mano, y uno de los sectores que mejor refleja esa simbiosis es el de los ultraprocesados. “La industria (de ultraprocesados) en todo el mundo es muy poderosa, pero en este país elige políticos. Elige senadores, representantes, toda clase de políticos”, advierte el nutricionista Juan Camilo Mesa. Por eso, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, VORÁGINE rastreó y examinó los vínculos de algunos candidatos con esta industria y las implicaciones que tendría su eventual llegada al poder.

David Luna 

El precandidato David Luna renunció a su curul en el Congreso y al partido Cambio Radical para lanzarse por la presidencia con el movimiento ciudadano “Sí hay un camino”. Aunque todavía se desconocen los financiadores de su aspiración a la Casa de Nariño, la mayor parte de los aportes para su campaña al Senado vinieron de la industria de bebidas azucaradas y ultraprocesados. Postobón, la principal embotelladora de gaseosas del país, aportó 90 millones, según Transparencia por Colombia. A su vez, los ingenios azucareros Manuelita S.A. y Pichichí contribuyeron cada uno con 18 millones. En total, de los 250 millones que recibió para esa contienda, 207 millones —es decir, más del 80 %— provinieron de este sector, lo que lo convirtió en uno de los senadores más financiados por esa industria.

Una vez en el Congreso, los conflictos de interés no tardaron en aparecer. Durante el debate de la primera reforma tributaria del gobierno Petro, en 2022, que incluyó impuestos a ultraprocesados y bebidas azucaradas, organizaciones civiles pidieron a Luna y a su partido declararse impedidos de votar. Él asegura que lo hizo de manera voluntaria. Aun así, dejó clara su oposición: repartió galletas de la fortuna con la frase “suerte es lo que vamos a necesitar si se aprueba esta reforma tributaria”, y en sus redes sociales denunció que la medida encarecería la canasta básica. 

El 14 de noviembre de 2022 rechazó la reforma justificando que afectaba a los más vulnerables. Dos años después, en junio de 2024, volvió a insistir en que estos impuestos estaban “asfixiando” a las familias y elevando hasta en un 20 % los precios de productos como jugos, salchichas, salsas, tortas y condimentos.

VORÁGINE habló con Luna quien asegura que de llegar a la presidencia, no desmontará estas regulaciones, pero sí propone revisarlas y ajustarlas. En sus palabras: “Necesitamos impuestos y sellos que realmente cumplan con su propósito: orientar el consumo, mejorar la calidad de los alimentos y hacerlo sin que los hogares más pobres terminen siendo los más golpeados”. A su juicio, los tributos actuales no han desincentivado el consumo de ultraprocesados, sino que han tenido un efecto principalmente inflacionario.

No obstante, reconoce que el consumo excesivo de azúcares, sodio y grasas saturadas es un problema grave de salud pública, asociado a enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, que generan “un costo enorme para el sistema de salud”. Frente a los cuestionamientos por la influencia de sus financiadores, responde que “ningún sector económico puede condicionar las decisiones de política pública. Estas deben diseñarse con base en la evidencia y el interés general de los colombianos”.

Victoria Eugenia Dávila 

Entre los pocos precandidatos que han puesto sobre la mesa el debate de los ultraprocesados está la periodista Vicky Dávila. El 6 de abril de este año, la aspirante presidencial por el movimiento ciudadano Valiente propuso eliminar el impuesto del 20 % que actualmente grava a estos productos. Su justificación fue contundente: “Está acabando con los bolsillos de los más vulnerables y quebrando a las tiendas de barrio”.

Dávila sostiene, sin aportar fuentes, que este tributo es “burdo”, “absurdo” y un simple “invento” para recaudar, que termina golpeando a los sectores más pobres al encarecer la “comida barata y buena” que, según ella, requiere un país en desarrollo como Colombia. En contrapartida, planteó impulsar campañas para promover hábitos alimenticios saludables y la práctica de ejercicio físico.

Lo que Dávila no mencionó en ese momento es que sus vínculos con la industria vienen de tiempo atrás. Hasta noviembre de 2024 dirigió durante cuatro años la revista Semana, propiedad del Grupo Gilinski, mayor accionista de Nutresa, conglomerado que concentra 25 de sus 29 marcas en Colombia en productos ultraprocesados. Entre ellas figuran Zenú, Rica, Noel, Festival, Jet y Chocolisto.

Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia según Forbes, controla junto a su hijo Gabriel un emporio que incluye Nutresa, el Grupo Semana y el banco GNB Sudameris. Tampoco ha estado distante de la política. De hecho, una de las propuestas de campaña de Dávila primero apareció como portada de Revista Semana, bajo el título “10-10-10 de Vicky Dávila”. Y en febrero de 2025, en entrevista con W Radio, la precandidata declaró: “Si en algún momento tengo que pedirle una ayuda a Gabriel Gilinski, espero que me la dé. Estoy segura de que me la puede dar”.

Para Mylena Gualdrón, experta de FIAN, organización que promueve el derecho humano a la alimentación, “este es un tema que calienta el debate político. Para el candidato oportunista y populista es más fácil decir que los va a echar abajo y que eliminará impuestos”. VORÁGINE intentó conocer en detalle la posición de Dávila frente a este tema, pero no obtuvo respuesta.

María Fernanda Cabal 

A la lista de precandidatos que se oponen a la regulación de los ultraprocesados se suma la senadora y cofundadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “¿Será menos grave ser drogadicto que comer azúcar?”, cuestionó en agosto de 2022, mientras se discutía la reforma tributaria. También afirmó que legalizar la marihuana y “ponerle precios exorbitantes a la comida” hacía parte de una “lógica izquierdópata”.

Al igual que otros de sus contrincantes, Cabal sostiene, sin sustento, que los llamados impuestos saludables golpean a los hogares más vulnerables y los califica como una “perversidad contra el pueblo colombiano”. Lo que omite en su discurso es que tanto su campaña como las de otros integrantes del Centro Democrático han recibido un fuerte respaldo financiero de ingenios azucareros, precisamente los más afectados por estas medidas.

Según Alejandra Niño, experta de FIAN, el seguimiento realizado muestra que el Centro Democrático y Cambio Radical son los partidos con mayor financiación proveniente de la industria azucarera y, a la vez, los más reacios a cualquier regulación en este campo.

En el caso concreto de Cabal, los reportes de Transparencia por Colombia registran que en su campaña al Senado de 2022 recibió 16 millones de pesos de Riopaila Agrícola, empresa dedicada a la producción y comercialización de caña de azúcar y sus derivados. También figura una donación de 5 millones de pesos por parte de Balsilla S.A.S., con la misma actividad económica.

Después de la publicación de este artículo, el 7 de septiembre de 2025, la precandidata del Centro Democrático respondió a nuestras inquietudes a través de un video publicado en sus redes sociales. Sin titubeos aseguró: “Cuando yo sea presidenta hay que tumbar el impuesto saludable. Lo tenemos que tumbar. Quebró los tenderos. Imagínese uno pedirle permiso a los mamertos a ver si se puede comer algo”.

Sergio Fajardo 

Con el aval del partido Dignidad y Compromiso, el 20 de julio de 2025 el profesor Sergio Fajardo oficializó su candidatura presidencial. Su agenda se ha centrado en la lucha contra la corrupción, la seguridad, la educación y la reducción del gasto público. Aunque en esta ocasión no se ha pronunciado sobre los ultraprocesados, en la campaña de 2018 planteó una reforma tributaria que incluyera “impuestos a la comida chatarra y bebidas azucaradas”.

Ese mismo año, en una entrevista con El Espectador, fue enfático: “Estamos a favor de los impuestos saludables. Consideramos que son un instrumento esencial en la política de salud pública para prevenir enfermedades y reducir las tasas de obesidad del país, cuyo efecto positivo ya ha sido demostrado en otros países”.

No obstante, en esa contienda electoral, en la que terminó tercero en la primera vuelta con más de cuatro millones de votos, su campaña recibió financiación de grandes conglomerados empresariales. De acuerdo con Colombia Check, Gabriel Gilinski aportó 200 millones de pesos; Alejandro Santo Domingo, 100 millones; Bavaria, 285 millones; y Manuelita S.A., 100 millones. También figura Carlos Arcesio Paz Bautista, propietario de Harinera del Valle, productora de ultraprocesados como Brownie Mamamía, Mantequillas Canola y Premiere, entre otros, quien contribuyó con 200 millones de pesos.

VORÁGINE buscó a Fajardo para conocer su posición actual sobre el tema, pero se abstuvo de dar respuestas. 

Gustavo Bolívar y María José Pizarro 

En el Pacto Histórico, colectividad del presidente Gustavo Petro, las posturas se han mantenido en línea con las del Gobierno. Gustavo Bolívar, precandidato presidencial y exsenador, defendió abiertamente los impuestos saludables durante la discusión de la reforma tributaria de 2022.

“Estos alimentos ultraprocesados le generan al erario o al país entre 12 y 15 billones de pesos para atender las enfermedades que producen. Hay que ir mirando en la balanza, yo no estuve de acuerdo con que se pusieran todos estos impuestos al mismo tiempo”, dijo a W Radio el actual precandidato. 

En medio de las tensiones aseguró que la oposición reprodujo la idea de que el impuesto buscaba “gravar a los más graves”, lo cual no es cierto, según dijo. Bolívar habló desde el espectro de la independencia, pues según los reportes de su campaña a la Alcaldía en 2023, se realizó con donaciones voluntarias de personas naturales y sin apoyo de grandes empresarios. 

Recientemente, en una entrevista para Tercer Canal, aseguró que durante su precandidatura se había acercado a un amplio grupo de sectores empresariales y estaba dispuesto a sentarse a conversar y llegar a acuerdos con el empresariado. 

“Yo sí mantendría una muy buena relación con los empresarios. Los necesitamos para que este país crezca (…) Tenemos que sentarnos seriamente, empresarios y gobierno, a ver cómo echamos un país para adelante a que crezca”, dijo  el precandidato presidencial. 

Bolívar le dijo a VORÁGINE que de llegar a la Casa de Nariño no eliminaría las regulaciones a los ultraprocesados sino que las robustecería. “En Colombia, 3 de cada 10 personas sufren de hipertensión antes de los 40 años y 6 de cada 10 ya tienen problemas antes de los 50. Si no se controla la forma en que nos acercamos a la comida y el consumo excesivo de ultraprocesados, estas cifras tenderán a empeorar, afectando cada vez más a sectores jóvenes de la población”, aseguró.

Respecto a la financiación de su campaña aclaró que no aceptará donaciones que condicionen posiciones sobre asuntos como este. “Solo un empresariado socialmente responsable con la salud de sus consumidores puede ayudarnos a controlar los problemas que describí anteriormente”, dijo Bolívar.

Por su parte, María José Pizarro, quien oficializó su precandidatura en agosto, ha sido una férrea promotora de los impuestos saludables. En 2018 participó en la redacción de un proyecto de ley para gravar la “comida chatarra”, que finalmente no prosperó. Más recientemente, en mayo de 2025, respondió con firmeza a la demanda que interpusieron el exsenador Miguel Uribe y la concejal Sandra Forero ante la Corte Constitucional, en la que atacaban 13 artículos de la reforma de 2022, incluidos los que regulan los impuestos saludables.

Uribe argumentó entonces que la medida encarecía los productos y golpeaba a las 500.000 tiendas de barrio del país. Pizarro le replicó señalando que el verdadero trasfondo eran los intereses económicos de sus financiadores y no la protección de la niñez:

“¿Y dicen preocuparse por la niñez de Colombia? Lo que hay detrás es un negocio multimillonario de sus financiadores, con consecuencias devastadoras para la salud infantil: una pandemia de obesidad, adicción al azúcar, sal y grasas saturadas, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares”, escribió en su cuenta de X.

La senadora insistió en que los ultraprocesados, “baratos pero nocivos”, desplazan la alimentación nutritiva, provocando deficiencias que afectan el crecimiento, el desarrollo cognitivo y el bienestar emocional de niños y niñas en Colombia.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, el debate sobre los ultraprocesados no solo pone a prueba la coherencia de los candidatos, sino que desnuda los intereses que orbitan sus campañas. Entre quienes buscan desmontar los impuestos y quienes los defienden como un asunto de salud pública, hay un factor común: el peso político y económico de una industria que no solo financia candidaturas, sino que influye en el rumbo de las decisiones más sensibles para la sociedad. Al final, lo que está en juego no es solo quién ocupará la Casa de Nariño, sino si la política alimentaria del país seguirá escrita por los financiadores o por el interés público.

*Este artículo fue financiado, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.