La opacidad de los financiadores de la última encuesta presidencial de Cifras y Conceptos

En noviembre pasado, Cifras y Conceptos, una de las firmas encuestadoras más prestigiosas del país, publicó la primera encuesta sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales realizada tras la veda impuesta por una nueva norma electoral. El sondeo acaparó la atención mediática no solo por ser el primero permitido en meses, también porque Claudia López, una de las candidatas en contienda, cuestionó sus resultados y financiación. La exalcaldesa de Bogotá dijo que la medición habría sido pagada por precandidatos presidenciales sin que eso fuera informado a la opinión pública.  

César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, y uno de los analistas políticos más conocidos del país, defendió la encuesta diciendo que había sido financiada con recursos propios y aportes de varias empresas que lo buscaron para apoyarlo. Es decir, descartó que los precandidatos hubieran dado dinero directamente. Sin embargo, tras rastrear las empresas que financiaron la encuesta, registradas en la ficha técnica, VORÁGINE encontró varios indicios de opacidad.

Al menos una de las seis empresas que pagaron la encuesta está estrechamente vinculada al grupo político de un precandidato que fue medido por Cifras y Conceptos. Además, otras se dedican a actividades que distan mucho de la política (como una que ofrece clases de pilates) o tienen capitales financieros pequeños que no reflejan la capacidad necesaria para pagar un sondeo que vale cientos de millones. Otra más está en proceso de liquidación.

Al ser consultados por VORÁGINE, cinco representantes legales y gerentes de las firmas financiadoras se negaron a contestar por qué sus empresas habían pagado la medición. La falta de claridad sobre sus intereses no es un asunto menor, pues las encuestas públicas juegan un papel determinante en una campaña política. Entre otros efectos, pueden mover la intención de voto porque los electores suelen decantarse por los candidatos con más chances de ganar, según lo han mostrado varios estudios académicos, como uno que publicó la Universidad de Copenhague en 2017.

El perfil de los financiadores

Una de las financiadoras de la encuesta de Cifras y Conceptos fue Graneltech SAS, empresa dedicada a la manipulación de carga y la construcción de vías. Según el registro mercantil, su representante legal es Giselle Vargas, una comunicadora social que trabaja en la Alcaldía de Barranquilla. Vargas también ha trabajado directamente con el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien fue uno de los precandidatos medidos en la encuesta de Cifras y Conceptos. Además, ha tenido vínculos con otros miembros del grupo político de Gómez Amín.

En 2022, Giselle Vargas fue la jefa de prensa de la campaña de Gómez Amín al Senado, como lo acredita un certificado expedido por el contador de esa misma campaña. Un año antes, había tenido un contrato con el Concejo de Barranquilla para ser parte del equipo del entonces cabildante Richard Fernández, quien había sido asesor legislativo de Gómez Amín y resultó electo con su apoyo. 

Además de esas conexiones laborales directas, según los registros del Consejo Nacional Electoral, Daniel Judex, esposo de Giselle Vargas, le donó 1,5 millones de pesos en 2023 a la campaña de Lourdes López, la ficha de Gómez Amín para la Asamblea del Atlántico. Tanto Vargas como su esposo han posteado con frecuencia en sus redes sociales las piezas de comunicación de la campaña del senador barranquillero a la presidencia de la República. 

VORÁGINE contactó a Giselle Vargas para preguntarle por qué su empresa había financiado la encuesta de Cifras y Conceptos, y aunque contestó la llamada, no respondió el interrogante. Por su parte, el senador Gómez Amín aseguró “no tener conocimiento” de que su equipo o Giselle Vargas hayan financiado alguna encuesta, y agregó que él ya no es candidato a la Presidencia. En efecto, a finales del año pasado, el senador se retiró de la contienda y sumó su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. 

Pero para el momento de la encuesta, Gómez Amín todavía estaba en campaña. De hecho, estuvo muy cerca de recibir el aval del Partido Liberal para las presidenciales. Cifras y Conceptos midió la intención de voto de Gómez Amín frente a las del exministro Daniel Palacios y el excontralor Felipe Córdoba, quienes también sonaron en algún momento para recibir el aval de la misma colectividad. El senador barranquillero les ganó en la medición con el 5%, frente al 3% y 2%, respectivamente, y el 90% de los encuestados que dijo que no votaría por ninguno de los tres.

Por su parte, César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, le dijo a VORÁGINE que no sabía de la cercanía de la representante legal de Graneltech, empresa que pagó por la encuesta, con el entonces candidato Gómez Amín.

Pero Graneltech no es la única financiadora de la encuesta que resulta llamativa. Startup Consulting and Services, por ejemplo, está en proceso de liquidación, y, según sus registros en la Cámara de Comercio, ha tenido una actividad empresarial prácticamente nula desde que fue creada. Además, según los documentos comerciales, la gerente de la empresa terminó denunciado a su representante legal por estafa. 

Algunas de estas firmas que financiaron la encuesta se dedican a actividades que guardan muy poca relación con la política. Por ejemplo, DMA Solutions, conocida comercialmente como Ángel Studio, es una empresa que ofrece sesiones de entrenamiento físico y pilates. Su representante legal y una de sus instructoras de pilates es Diana Manuela Ángel, graduada de Negocios Internacionales. 

De Diana Ángel hay pocos registros en el sector público, salvo los que indican que en abril de 2024 firmó un contrato por 90 millones de pesos para prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional Digital, entidad adscrita al Ministerio de las TIC. Para ese momento, esa cartera estaba a cargo de Mauricio Lizcano, otro de los precandidatos a la presidencia medido por la encuesta de Cifras y Conceptos publicada en noviembre pasado. 

Lizcano, sin embargo, le dijo a VORÁGINE que no conoce a Diana Ángel y que su campaña no ha financiado ninguna encuesta pública. Ángel, por su parte, le pidió a VORÁGINE que se le formularan las preguntas por Whatsapp, pero finalmente no contestó el interrogante de por qué su empresa había financiado la encuesta de Cifras y Conceptos. 

Ninguno de los directivos de las empresas que pagaron la encuesta explicó sus motivos para hacerlo. La representante legal de Bioestadística, por ejemplo, dijo que iba a consultar con el encargado de ese proyecto y no volvió a responder. Óscar Callejas, el representante legal de Assets & Taxes, una firma dedicada a ofrecer servicios contables, dijo: “no estoy dispuesto a dar ningún tipo de comentario, no estoy autorizado para dar información al respecto”, pese a que él es la persona a cargo de la empresa. 

Viviana Arias, gerente de Asentar Inversiones, otra de las financiadoras de la encuesta, dijo: “no estamos autorizados en este momento para dar información sobre el tema”, y agregó que “la vinculación con Cifras y Conceptos ha sido muy esporádica”. Arias trabajó en la firma encuestadora que dirige César Caballero entre 2012 y 2023. 

Aunque no tienen la obligación de responder, resulta llamativo que ninguno de los directivos de las firmas lo haya hecho. La financiación de una encuesta es un ejercicio privado de sumo interés público. 

Una vaca para pagar la encuesta

Claudia López le contó a VORÁGINE que, en octubre pasado, César Caballero le escribió un mensaje a su esposa, la senadora Angélica Lozano. Le contó que estaba haciendo una “vaca” entre candidatos para financiar la encuesta y le propuso que se sumara. Ella le contestó que no estaban interesadas. 

López aseguró que supo que al menos dos precandidatos financiaron la medición. “César Caballero no estaba llamando a X empresa, estaba llamando a los candidatos, y ocultó esa información. Lo que puedo decir es que varios candidatos sí pusieron plata para eso. Y cuando él publica la encuesta no dice X candidato me dió plata, dice que la empresa nosequé me dio plata”, explicó la exalcaldesa.  Y agregó: “Está tratando que los financiadores no generen una suspicacia (…) porque obviamente una cosa distinta es que alguien lea una encuesta diciendo que un candidato la paga. Y eso no tendría nada de ilegal, pero debe decirlo en la ficha técnica. Entonces hay una desinformación para la gente”.

César Caballero, por su parte, dijo que sí buscó a varios candidatos, pero que, finalmente, la financiación llegó de un grupo de empresarios. “Ante la imposibilidad de financiar la encuesta de manera individual porque tiene un costo bastante grande, dijimos: ‘vamos a indagar la posibilidad de tener varias fuentes de financiación’. Le contamos eso a varios candidatos, un número cercano a 20 o 25, y al final, los seis empresarios que aparecen ahí se acercaron y dijeron que querían financiar la encuesta”, aseguró.

Caballero agregó que no sabe si esos empresarios tienen relación con algún candidato, o si los empresarios lo buscaron por el hecho de que él había buscado a los candidatos: “No podría indicarle que haya una correlación alrededor de eso”. VORÁGINE le preguntó entonces si alguno de los candidatos que buscó le dijo directamente que iba a financiar la encuesta, y Caballero contestó: “No, no necesariamente. Hice varias llamadas yo mismo, mirando quién llegaba, quién no llegaba, pero no lo asociamos directamente a uno u otro candidato”. 

También se le preguntó si indagó entre esos empresarios por una posible cercanía con algún candidato. Dijo que no lo hizo porque “con eso podría estar en una violación al derecho a la intimidad”. Y agregó: “Yo hago un negocio particular y trato de hacer las cosas de la mejor manera posible. Entiendo que hay suspicacias y deseos de descalificar el trabajo que uno hace. Pero yo tengo que ser respetuoso, en Colombia existe la libertad de opinión y que cada empresario opine lo que quiera. Yo no voy preguntando a los empresarios si pertenecen o no a un movimiento o partido político. Sería inadecuado hacerlo”.

Cuestionamientos a la metodología

Además de la financiación, el método de la encuesta también recibió cuestionamientos. Enrique Peñalosa criticó que no se le incluyera entre los 31 aspirantes a la Presidencia medidos por Cifras y Conceptos. Caballero explicó que escogió a esos precandidatos a partir de la viabilidad jurídica y la actividad política que mostraban en ese momento. También dijo que incluirlos a todos, que entonces eran casi cien, resultaba técnicamente imposible. 

La encuesta midió a los 31 candidatos compitiendo entre todos, pero los resultados no se publicaron en su orden preciso, sino que se les agrupó en cuatro intervalos de intención de voto. Primero, los que tenían entre 9% y 13%, luego entre 5% y 8%, después entre 2% y 4% y finalmente los que tenían menos de 2%. Caballero explicó que lo hizo así porque, de acuerdo a la nueva ley de encuestas, el tamaño de la muestra y el margen de error no le permitían publicar el resultado exacto. Por eso, dijo, optó por reunirlos en lotes. 

Claudia López cuestionó esa manera de mostrar los resultados: “Lo que me parece más cuestionable es por qué nos organizó por grupos. ¿Por qué hizo esos cortes? ¿Por qué el corte es al 9% y no al 10% o al 11%? Todo eso ya es caprichoso (…) Entonces, ¿Por qué nos organizó así? Porque los que le pagaron la encuesta salían muy bajitos y no quería mostrarlos tan débiles”.

No es la primera vez que una encuesta resulta cuestionada por la opacidad de su financiación. En noviembre pasado, el Centro Nacional de Consultoría publicó una medición financiada por la empresa Telenómina, que, entre otros resultados, mostraba a Miguel Uribe Londoño como el amplio ganador de una eventual consulta del Centro Democrático. Luego, varios medios de comunicación indicaron que esa empresa, que aparecía en la ficha técnica como la única financiadora, era afín a la campaña de ese candidato, y eso no se había informado.

Que un candidato financie una encuesta pública no es ilegal, ni siquiera es cuestionable si se hace de manera abierta y transparente al público. De hecho, el año pasado, Cifras y Conceptos también dio a conocer un sondeo sobre la intención de voto en el centro y la izquierda. En esa ocasión, en la ficha técnica quedaba claro que la medición había sido pagada por Roy Barreras.

Aquí puede consultar la encuesta completa de Cifras y Conceptos, publicada en noviembre de 2025.

Si tiene más información de este u otros temas escriba al mail: jaime.florez@voragine.co