#NarcoFiles: VORÁGINE revela los detalles de un proceso por presunto lavado de activos en contra Banasan, una de las mayores exportadoras de banano del país que tiene dentro de sus propietarios a familiares de Sergio Díaz Granados, exministro de Comercio Exterior de Santos. Fincas de empresarios que recibieron subsidios de Agro Ingreso Seguro están mencionadas en el caso.
3 de diciembre de 2023
Por: José Guarnizo y Nicolás Sánchez Arévalo. Con el apoyo de Irpi Media. / Ilustración: Angie Pik
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El 14 de julio de 2021, se llevó a cabo en Santa Marta una reunión entre autoridades que tenía como objeto hablar de las recientes incautaciones de cocaína en contenedores que habían salido del puerto de esa ciudad. En las actas del encuentro quedó reseñado que policías del Área de Control Portuario y Aeroportuario —Arpae— solicitaron que se pusiera bajo la lupa a la bananera que más “contaminaciones” de narcóticos estaba presentando. Se trataba de una de las  exportadoras más poderosas del país, la misma que ese año vendió 13 millones de cajas de banano a Europa y Corea del Sur.  

“Los miembros de la policía sugieren que adicionalmente a los procesos relacionados con narcotráfico se investigue a la empresa Banasan por presuntamente estarse facilitando (sic) para que esta actividad delictiva siga presentándose en sus contenedores, sus proveedores y sus exportaciones”, se lee en un documento de policía judicial al cual tuvo acceso VORÁGINE.

Los uniformados entregaron un listado de 34 incautaciones de cocaína entre 2018 y 2021. En todas ellas los contenedores de Banasan estuvieron involucrados. La reunión del 14 de julio de 2021 se dio después de que una funcionaria de la Fiscalía hiciera un perfil financiero de Banasan, como parte de unas indagaciones por el presunto delito de lavado de activos. Se abrió una noticia criminal con radicado.

Así entró Banasan en el radar de las autoridades

Todo comenzó por un oficio que el 13 de mayo de 2021 suscribió la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía en el que se encargó una orden de trabajo para levantar un perfil de un contenedor contaminado de cocaína y que estaba reseñado con las siglas MMAU115806-3.

Una agente de la Fiscalía buscó información del container y encontró que era de propiedad de la empresa danesa Maersk, una multinacional que presta el servicio de alquiler de contenedores a lo largo y ancho del mundo. Las pesquisas dieron con que era Banasan la dueña del producto exportado. Un funcionario de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico señaló que esa bananera era la exportadora “más instrumentalizada”. “Se lograron identificar 118 empresas exportadoras. En casos de contaminaciones entre 2016 y 2020, la empresa con más casos es C.I. Banasan S.A.S., comercializadora internacional de banano domiciliada en Santa Marta con más de 10 años de experiencia en el mercado”. La empresa estuvo relacionada en 34 de las 214 incautaciones de cocaína que se realizaron en ese periodo. El destino que más se repetía en los envíos de droga era Amberes, en Bélgica. La droga incautada iba entre cargamentos embarcados en Santa Marta.

BANASAN Narcobananos Tabla de empresas exportadoras
Narcotráfico: investigan a empresa de los hermanos de exministro

Líneas más adelante, el informe de la agente dice que esta empresa exporta a Europa más 10 millones de cajas al año, que incluye “banano convencional, orgánico, y Fairtrade”. Dice también que sus oficinas centrales se encuentran ubicadas en el kilómetro 5 de la Troncal del Caribe, vía Gaira Santa Marta, pero que el llenado de los contenedores se realiza en diferentes fincas de la zona bananera, incluso en las poblaciones cercanas. El documento resalta la falta mínima de controles que permiten que el narcotráfico se mueva a sus anchas: “fincas en las cuales se realiza el cargue de los contenedores sin mayores controles y nula presencia de las autoridades”.

Una empresa de familias prestantes y con poder

Banasan tiene entre sus propietarios a familias que han gozado de gran poder económico y político  en Magdalena y a nivel nacional: los Vives Lacouture y los Díaz Granados. Esta se constituyó en 2005 en Santa Marta y es controlada por otra compañía llamada Panatea Business, que tiene sede en Barcelona. La investigadora que levantó los informes preliminares del caso expuso que las exportaciones hechas por la empresa colombiana entre 2009 y 2019 superaban los 2.000 millones de dólares y que su destino más frecuente era Bélgica, seguido de Reino Unido, Alemania y Turquía. Para ahondar en los cargamentos de cocaína que habían sido incautados en cargamentos de esa bananera la investigadora sugirió reunirse con la Policía Antinarcóticos.

Desde inicios de 2021, la Fiscalía estaba interesada en investigar las recurrentes incautaciones de cocaína en exportaciones de Banasan. El 8 de febrero de ese año, la entidad sistematizó información sobre procesos judiciales referidos a decomisos en los puertos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. 

En las investigaciones preliminares de la Fiscalía también quedaba en evidencia que en algunas de las contaminaciones se repetían patrones. Cuando se hacía una incautación en productos de Banasan se indagaba en toda la cadena de suministro de los bananos, comenzando por las fincas donde se hacía el empacado y de ahí en adelante se anotaban cuáles eran las empresas de transporte que habían prestado  el servicio de traslado del producto hasta el puerto.     

En cuanto a las empresas transportadoras, Transmecor fue la que más reportes tenía con 13 casos de incautaciones. Doce de ellos se dieron transportando mercancía de Banasan. Llamamos a las oficinas de la transportadora y pedimos hablar con un vocero de la compañía, se comprometieron a volver a llamar, pero hasta el momento de la publicación de esta investigación no se habían pronunciado. En cuanto a las modalidades de ocultamiento, la más utilizada fue meter la droga en los sistemas de refrigeración de los contenedores (37 casos) y mezclarla con otros productos (36 casos).

El funcionario que hizo el informe sobre Banasan dio cuenta de barreras para investigar las incautaciones de cocaína transportada por vía marítima. “Según lo manifestado por los diferentes despachos, existe en la actualidad un déficit en cuanto al personal de policía judicial que se encarga de adelantar actos de investigación relacionados con las contaminaciones en los puertos”, aseguró el investigador de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.

Agro Ingreso Seguro y Banasan

Las acciones de Banasan están divididas en cuatro empresas: Banapalma S.A (33%), Frutera de Santa Marta S.A (33%), Bananera de Exportación S.A (30%) y Agropecuaria El Mayor S.A (3%). La primera es representada por Álvaro Vives Lacouture, quien fue beneficiado por Agro Ingreso Seguro, un programa del gobierno de Álvaro Uribe que se supone fue creado para dar subsidios a campesinos pero que terminó siendo usado para entregarles recursos públicos a aliados del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Banapalma fraccionó predios para recibir más subsidios de parte del Estado. “Por esa vía, la empresa obtuvo para invertir en un predio de su propiedad la adjudicación de $4.532’696.871”, sentenció la Corte Suprema de Justicia en el fallo expedido contra Arias en 2014. Vives fue condenado en mayo de 2019 a dos años y 10 meses de cárcel por peculado por apropiación. 

Bananera de Exportación y la Agropecuaria El Mayor, por su parte, son representadas legalmente por José Ignacio Díaz Granados Guida. Los Díaz Granados han tenido representación en altos cargos del Estado. Por ejemplo, Sergio Díaz Granados, hermano de José Ignacio, fue ministro de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su familia también recibió recursos de AIS.

El exministro Sergio Díaz Granados también fue accionista Bananera de Exportación, la cual se constituyó en 2001. Según el acta de una asamblea extraordinaria las accionistas de esa empresa son ocho compañías, todas representadas por hermanos de esa familia: Alfredo Díaz Granados Guida, José Ignacio Díaz Granados Guida, Ana María Díaz Granados Guida, Fabio Díaz Granados Guida, Juan Pablo Díaz Granados Guida, Carmen Díaz Granados Guida y Gloria Díaz Granados Guida.

Le envíamos un cuestionario con nueve preguntas a Banasan para que dieran su versión sobre los hechos expuestos en este artículo. La compañía contestó de manera general sin despejar todos los interrogantes. “En los casos de contaminación de la carga que se han presentado, la compañía ha actuado oportunamente al comunicar y denunciar los hechos ante las autoridades, prestar toda la colaboración que como víctima le es posible y procurar por el esclarecimiento de los hechos (…) Desde tiempo atrás, C.I. Banasan S.A.S., que es una empresa privada, ha realizado todos los esfuerzos disponibles para luchar contra este y cualquier otro modo de criminalidad”, respondieron desde la oficina de prensa. Desde la empresa también argumentaron que han sido reconocidos como víctimas en algunos procesos, les preguntamos en cuántos y cuáles eran los radicados, pero esa pregunta no fue respondida.

El narcotráfico marítimo y la conexión con las fincas

La investigación siguió con la inspección de varios expedientes en distintas fiscalías. El 16 de diciembre de 2021 otro investigador presentó las conclusiones de la revisión de esos procesos. Una de ellas refuerza la idea de la casi inexistente acción de la justicia en casos de incautaciones: “En varias denuncias analizadas no se han generado órdenes a Policía Judicial para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos”.

La falta de investigación de los casos de transporte de cocaína en buques da cuenta de una gran grieta en la lucha contra las drogas. Como respuesta a un derecho de petición que VORÁGINE interpuso ante la Armada Nacional, nos enviaron un listado de 203 incautaciones de cocaína y marihuana transportada en buques mercantes entre 2016 y 2022. Por su parte, la Fiscalía en respuesta a otra solicitud hecha por este medio dijo tener información de 42 incautaciones en 2018 y 132 en 2022. Las cifras de ambas autoridades demuestran la importancia que tiene el tráfico vía marítima de estupefacientes.

Otra conclusión del investigador de la Fiscalía consignada en un informe de diciembre de 2021 tiene que ver con la manera en cómo se camufla la cocaína. “Se puede concluir que la contaminación se está presentando en las fincas, debido a que es el tiempo prudente para contaminar la fruta o el contenedor en su parte refrigerada, de igual manera son las personas de las fincas quienes realizan el llenado de los contenedores y son los que hacen el cierre final antes de llevar al puerto para su exportación (sic)”, explicó. El mismo funcionario aseguró que una persona con conocimiento del destino de los contenedores debía estar implicada en las operaciones porque todos los que han incautado han sido en Bélgica. Y, un detalle muy importante, el investigador mencionó los nombres de fincas en las que se han dado contaminaciones: Gisell Beatriz, Sara Bretaña y La Linda. En el documento de febrero de 2021 también había salido un listado de fincas relacionadas con los casos de incautaciones.

Listado de fincas bananeras Narcobananos Banasan Narcotráfico: investigan a empresa de los hermanos de exministro

Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:

Las fincas: de Agro Ingreso Seguro a estar en la mira por narcotráfico    

Los nombres de esas propiedades no dicen mucho de manera suelta, pero con un poco de contexto se entiende la importancia de los predios. En el informe de la inspección de los procesos judiciales se puede leer: “En las fincas denominadas Gisell Beatriz y Sara Bretaña se han presentado varios casos de contaminación de fruta con estupefacientes”.

La finca Giselle Beatriz pertenece a la compañía Agroinversiones Bananeras del Caribe SAS (Agrobanacaribe), según un documento de la misma empresa que menciona 11 fincas en las cuales hay 1.307 hectáreas que producen banano. Tres de esos predios son mencionados por la Fiscalía como fincas relacionadas con cargamentos de cocaína que fueron incautados: Giselle Beatriz, Manantial y Fabliska.

El gerente de Agrobanacaribe ha sido Ramiro de Francisco Reyes. Ese empresario también dirigió un proyecto palmero conocido como Hacienda La Gloria en el sur del César. Una parte de los predios de lo que antes era la Hacienda Bellacruz sobre los que están sembradas las palmas son reclamados por campesinos que fueron desplazados por paramilitares. Llamamos a varios teléfonos que aparecen en internet a nombre de Agrobanacaribe, pero ninguno funcionaba, enviamos un correo electrónico solicitando hablar con un vocero, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvimos respuesta. 

Giselle Beatriz tiene una historia que la une con un empresario que está en juicio por presuntamente haber financiado grupos paramilitares en Urabá. En un listado de empresarios que fueron beneficiarios de AIS esa finca está reseñada como propiedad de Javier Ochoa Velásquez. Este industrial fue gerente de planeación y proyectos de Banacol, empresa bananera que está en la mira de autoridades italianas por exportaciones de cocaína a Italia. La Fiscalía señala a exaltos directivos de esa comercializadora internacional de financiar a los paramilitares en Urabá a través de las Convivir. Otras nueve fincas de Ochoa también recibieron beneficios de AIS y ahora son propiedad de Agrobanacaribe, que se fundó en 2011.

Ese no es el único predio que guarda relación entre AIS y la investigación por narcotráfico de la Fiscalía. La finca Córdoba Bis, ubicada en el municipio de Zona Bananera (Magdalena), aparece relacionada con dos casos de contaminaciones con cocaína y en el listado del programa del gobierno de Álvaro Uribe. El nombre del propietario que aparece en el listado es el de Edgar Guerrero Vives, un empresario relacionado en varios documentos disponibles en internet con las compañías Santa María S.A.S y Palmaban.

Sara Bretaña: un pasado con menciones paramilitares

La finca Sara Bretaña que aparece relacionada con contaminaciones de banano también pertenecía a una poderosa familia. Carlos Lacouture Dangond, exalcalde de Santa Marta, fue el propietario de esa finca. En 2015 el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias para que se investigara a Lacouture por su posible financiación y colaboración a los grupos paramilitares que operaban en Magdalena.

Esa decisión judicial se dio luego de que llegaran denuncias según las cuales Dangond habría amenazado a un grupo de sindicalistas con los paramilitares. A eso se sumó que un hombre que invadió una parte de Sara Bretaña fue asesinado por ese grupo paramilitar en 2003. El exalcalde, que también fue beneficiario de AIS, murió sin ser juzgado en abril de 2018 en medio de un accidente de tránsito.

Le preguntamos a Banasan si ha cortado vínculos comerciales con empresas o fincas por contaminaciones de cargas de banano, pero esa pregunta del cuestionario quedó sin respuesta. 

Bélgica y la ‘Ndrangheta’

Sobre los receptores de los cargamentos de cocaína exportados a través de Banasan las autoridades europeas han adelantado algunas pesquisas. Entre 2019 y 2022 se hicieron 23 incautaciones de cocaína en exportaciones de Banasan en el puerto de Amberes (Bélgica).

A partir de investigaciones de la policía italiana se ha podido establecer el destino de uno de esos cargamentos era la familia Aquino. Estos mueven grandes cantidades de cocaína en la frontera entre Bélgica y Holanda. Son proveedores de confianza de la ‘Ndrangheta’, un cartel de droga italiano que controla el 80% del tráfico de cocaína en Europa, es considerado como una de las organizaciones criminales más grandes del mundo y la más influyente de Italia.

Las autoridades italianas descubrieron en medio de una operación llamada Eureka que los Aquino hacen negocios con franceses y con colombianos. Se sabe que coordinan también envíos de cocaína desde Turbo (Antioquia) con contactos del Clan del Golfo y de Medellín. A pesar de que algunos miembros de esa familia han sido capturados, algunos chats demuestran que siguen operando desde la cárcel.

En Colombia la acción de la justicia es lenta y, en algunos casos, inexistente. Los documentos de la Fiscalía sobre el caso Banasan dan cuenta de diferentes vacíos para investigar esos casos. Por ejemplo, hay muy pocos policías capacitados para leer los escáneres en los puertos. Los funcionarios del ente investigador revelaron que en varios casos de incautaciones la escena no se ha tratado de forma técnica, sino que los funcionarios de la Policía le han dado prioridad a hacer el reporte. 

Otras barreras que los propios investigadores de la Fiscalía identificaron fueron: que los fines de semana no pueden acceder a los circuitos cerrados de televisión de los puertos porque no hay personal administrativo que los atienda, que obtienen poca información de autoridades extranjeras cuando los decomisos se hacen en otros países, que a veces no se enteran de que hay procesos en otras fiscalías que van avanzados y empiezan a hacer el trabajo desde cero, que la sala de interceptaciones de la Fiscalía en Barranquilla operaba solo de lunes a viernes y que no todos los vehículos que transportan contenedores cuentan con sistema GPS.

La vigorosa acción de las redes criminales nacionales e internacionales contrasta con esas falencias del sistema judicial colombiano para esclarecer a fondo esos casos. La cocaína sigue siendo transportada por toneladas en buques, mientras que los procesos judiciales acumulan polvo en anaqueles y no brindan ninguna respuesta. A la par, poderosas familias van de un escándalo a otro.

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