Los poderosos que tendrán que desalojar predios en las Islas del Rosario

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) convocó para este viernes 16 de diciembre a los arrendatarios de 12 predios en las Islas del Rosario para concertar la terminación anticipada de los contratos, como parte de un proceso de recuperación de bienes baldíos ocupados por importantes empresarios, políticos y ciudadanos extranjeros, que se utilizan con fines turísticos y hoteleros y no cuentan con planes adecuados para cuidar el medio ambiente.

Según le dijo la ANT a Vorágine, “la finalidad de esta administración es proceder con la recuperación de todos los terrenos insulares sin excepción”, pero por lo pronto comenzarán con 20 predios, de los cuales 12 son bienes inmuebles con contratos vigentes y 8 no cuentan con vínculo contractual, es decir, están siendo ocupados indebidamente.

Entre los bienes que volverán a manos de la Nación con esta terminación de contratos están Isla Fiesta, un terreno de 600 metros cuadrados por el que el empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde paga un canon de arrendamiento de 354.300 pesos, e Isla Totumo, que tiene 8.800 metros cuadrados y por la que se paga un canon de arrendamiento de solo 965.200 pesos. Su arrendatario es Hans Reynaldo Martínez Emiliani, quien fue gerente regional de Celumovil en los años 90 y es el actual cónsul honorario de Brasil en Cartagena.

Los contratos de arrendamiento de las 12 islas van hasta diciembre de 2023, pero debido a que ya se declaró la indebida ocupación de estos predios, se busca concertadamente su terminación anticipada. 

Si bien los baldíos de las Islas del Rosario pueden ser aprovechados para el ecoturismo o turismo de bajo impacto en favorecimiento de la economía nacional, solo pueden ser arrendados a particulares que demuestren su ocupación previa en el lugar con documentos como el Registro Único Tributario (RUT) o mostrando alguna relación contractual con las instituciones predecesoras a la ANT, según el Acuerdo 106 de 2019. 

Esta es la lista oficial de los primeros 12 predios que busca recuperar la Agencia Nacional de Tierras, de un total de 158, de los cuales 82 cuentan con vínculo contractual.

• Isla Pavitos sector II: de 3.572 metros cuadrados, con canon de arrendamiento de 4’118.500 pesos. Su arrendatario es Augusto Eduardo Robayo Ferro, fundador de Kokoriko, gerente de la sociedad Arroba Inversiones S.A. Donó dinero a la campaña de Iván Duque en 2018.
• Isla La Perra: de 2.700 metros cuadrados, con canon de arrendamiento de 3’558.100 pesos. Su arrendatario también es Augusto Eduardo Robayo Ferro.
• Isla Macabí: de 9.180 metros cuadrados, con canon de arrendamiento de 4’417.400 pesos. Su arrendatario es la sociedad Servicios Náuticos del Caribe SAS, representada por Andrés Quintero Múnera, quien en 2017 fue miembro de la junta directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.
• Isla del Taitao: de 6.800 metros cuadrados, con un canon de arrendamiento de 1’312.200 pesos. Su arrendatario es la empresa Hermann Schwyn y CIA S.A., que es una agencia de aduanas que ofrece servicios de importación y exportación. Hermann Schwyn Veya es el representante legal de la empresa. También es el actual cónsul honorario de Austria en Cartagena.
• Isla Totumo: de 8.800 metros cuadrados, con un canon de arrendamiento de 965.200 pesos. Su arrendatario es Hans Reynaldo Martínez Emiliani, quien fue gerente regional de Celumovil en los años 90 y es el actual cónsul honorario de Brasil en Cartagena.
• Isla Majayura: de 1.308 metros cuadrados, con un canon de arrendamiento de 1’233.900 pesos. Medios como Semana y Noticias Uno revelaron que esta isla se encontraba dentro del patrimonio de Alain Suaza López, el llamado “rey del contrabando”. Pero la Agencia Nacional de Tierras argumenta que el contrato de arrendamiento está a nombre de Carlos Andrés Pérez Guerrero, representante legal de Calizas y Agregados Boyacá S.A.S., empresa relacionada con la extracción minera de caliza en el departamento de Boyacá.
• Isla Caracolí: de 6.250 metros cuadrados, con un canon de arrendamiento de 8’487.800 pesos. Su arrendatario es Carlos Daniel de Jesús Castañeda Campo, quien hace parte de la junta de accionistas de la empresa Distriker Colombia S A S y es representante de la empresa de fabricación de sustancias químicas Polikem S.A. 
• Isla Pelícano: de 500 metros cuadrados, con un canon de arrendamiento de 1’129.600  pesos. Su arrendatario era el empresario José Ramón de la Torre Lago, quien falleció en marzo de 2022, fue vicepresidente de Bavaria y presidente de la ESSO Colombia durante casi 20 años. Participó en el fallido proceso de paz con las Farc durante la presidencia  de Andrés Pastrana. Perteneció al Consejo de Fundadores y al Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y fue donante de la campaña de Iván Duque en 2018 y la de Juan Manuel Santos en 2010. La ocupación y el arriendo de este predio siguen vigentes pues es común que estos terrenos se hereden. La isla aparece publicada en la plataforma de hospedaje Airbnb con un costo de 5’042.857 pesos por noche.
• Isla San Juan de Pajarales: de 2.293 metros cuadrados, con un canon de arrendamiento de 2’164.000 pesos. El arriendo está a nombre de Rosasco Cardi y Compañía S en C, compañía inmobiliaria, cuya representante legal es Mónica Cecilia de Fátima Rosasco. Desde el 2002 ya había sido expedida por el Incora la resolución que pretendía recuperar este predio.
• Isla Caguamos: de 1.288 metros cuadrados, con canon de arrendamiento de 1’222.500 pesos. Su arrendatario es la empresa Marpac S.A.S., cuyo representante legal es Rodrigo José Robles Blanco, quien también actúa como representante legal de Cartones América S.A.
• Isla Fiesta: de 600 metros cuadrados, con canon de arrendamiento de 354.300 pesos. Su arrendatario es Andrés Jorge Lisocki Fryde, representante legal de la inmobiliaria Inversiones Piamonte, en Cali. El empresario aparece en la lista de donantes de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010.
• Isla Suanoga: de 1.100 metros cuadrados, con canon de arrendamiento de 1’771.200 pesos. Su arrendatario es Jairo H. Espitia Parra, quien es representante legal de Plaza Del Ecuador S.A.S, empresa asociada a actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados. En 2019 se inició una investigación administrativa en contra de esa empresa por presunta ocupación indebida en bienes de uso público.

Estos son los ocho terrenos que no cuentan con vínculo contractual y también buscan ser recuperados en esta primera tanda:

• Isla San Quintín: Howard Armitage Cadavid fue su último arrendatario antes de que el contrato se venciera y no volviese a ser prorrogado. En portales web de viajes aparece identificada como isla privada, pero dos blogs sobre viajes afirman que allí vacaciona el cantante Carlos Vives.
• Isla Casa Blanca: Carlos Alberto Díaz Cárdenas fue su último arrendatario antes de que el contrato se venciera y no volviese a ser prorrogado.
• Isla Sin Nombre – Remanso: no hay información.
• Isla Gran Edén: no hay información.
• Isla Hooker: Daniel Fernández Arrieta fue su último arrendatario.
• Isla Nasa: Mauricio Lemaitre Carbonell fue su último arrendatario.
• Predio Carlos Matto (sic): no hay más información.
• Isla Gente de Mar: allí se encuentra el hotel Gente de Mar Resort, cuyo hospedaje cuesta 585.000 pesos por noche, anunciado en la plataforma de viajes Booking.

¿Por qué ahora?

El archipiélago de las Islas del Rosario es un conjunto de 30 islas, cayos e islotes que hacen parte de la región insular de Cartagena de Indias. Actualmente, comprende 200 mil metros cuadrados terrestres, dentro los que se encuentra el Parque Nacional Natural Marino Corales del Rosario y San Bernardo, creado para la protección de los arrecifes coralinos más importantes de la costa caribeña colombiana. Allí residen 1.300 personas y es de las zonas turísticas más visitadas cuando se está en Cartagena.

Desde finales de 2021 e inicios de 2022, el patrón de ocupación histórica por parte de empresarios, extranjeros, políticos y sus familiares tomó forma en las denuncias realizadas sobre múltiples sanciones ambientales por el turismo exacerbado, adecuaciones en infraestructura que afectan la fauna y flora del ecosistema insular y la mala disposición de residuos sólidos; sumado a los ínfimos precios de varios de los arrendamientos y el estado de mora en el pago de estos, que supera los 1.900 millones de pesos.

Esta no es la primera vez que se intenta recuperar estos bienes. En épocas pasadas los arrendatarios respondieron a las resoluciones con apelaciones que impidieron la materialización del desalojo. Tal fue el caso de la resolución 052 del 28 de abril de 2004, ante el cual los ocupantes ilegales interpusieron un recurso de reposición, que aunque no falló a su favor, dilató el proceso de retorno de los predios. 

Hasta el momento, ningún ocupante se ha pronunciado respecto de esta decisión. Sin embargo, la ANT está firme en que “estos bienes no pueden estar a perpetuidad en manos de particulares, quienes ya han tenido la oportunidad de contar con su uso y aprovechamiento durante varios años”.

Esta problemática se remonta a 1968, cuando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) se pronunció sobre la indebida ocupación de privados en las Islas del Rosario que, con fines turísticos y hoteleros, venían afectando el ecosistema marino. Tuvieron que pasar  16 años para que se concretara el procedimiento administrativo que determinó la propiedad de las islas como bienes baldíos de la Nación y, aun así, el Incora nunca restituyó los predios que estaban en manos de personas de alto reconocimiento social y capacidad adquisitiva, como políticos y empresarios.

No fue sino hasta el año 2000 que el entonces Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría, Jorge Enrique Cardozo, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el incumplimiento por parte del Incora. El 2 de mayo de 2001, el Tribunal le ordenó al gerente del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, en un plazo máximo de 6 meses, “iniciar las medidas legales pertinentes” tanto para restablecer los predios como para emitir acciones en recuperación del medio ambiente. La sentencia fue confirmada por el Consejo de Estado en julio del mismo año. Aunque el Incora sí expidió resoluciones para recuperar terrenos baldíos indebidamente ocupados en el archipiélago, nunca las hizo efectivas.

En esas condiciones, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), anteriormente Incora, expidió el Acuerdo 41 del 24 de enero de 2006, para dar en arriendo estos predios a los ocupantes que estaban allí con la posibilidad de continuar usufructuando hasta mil metros cuadrados. Esa medida contrastaba con los 200 metros cuadrados máximos de terreno que se les otorgaron a los miembros de la comunidad afrocaribeña Orika, en una zona en la que, además, no hay afluentes de agua dulce.

En 2012, los ciudadanos María del Carmen García García, miembro de Asotuplab, agremiación de comerciantes de la Isla Barú; y Wilfrido del Río Estrada, integrante del Consejo Comunitario de Negritudes de Playa Blanca, promovieron tutelas por separado que argumentaban la ocupación indebida del megaproyecto turístico Playa Blanca Barú, que estaba siendo construido sobre predios pertenecientes a las negritudes nativas sin consulta previa. El proyecto, ubicado en la Isla Barú, en el sector de Playa Blanca, situada a 45 minutos de Cartagena, iba a constar de más de mil viviendas, dos hoteles, un centro comercial y un gran campo de golf auspiciado por la familia Santodomingo, con un 49% de participación en la sociedad empresarial Playa Blanca Barú SAS. La Corte Constitucional se pronunció en 2016, exigiendo que se hiciera una consulta previa a las comunidades sobre el uso de la tierra, además de detener por completo el proyecto

En 2014, la misma Corte Constitucional profirió la sentencia T-488, tras la tutela interpuesta por Gerardo Escobar Niño, quien se declaraba afectado por la ineficacia en la repartición de los arrendamientos de los bienes baldíos de la Nación. En 2017, la Corte Constitucional, en revisión del cumplimiento de esta sentencia, evidenció que persistía la problemática porque la transición del Incoder a la ANT, que había iniciado desde 2015, presentaba fallos como la falta de digitalización y el suministro de información de los predios baldíos por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Solo hasta diciembre de 2021, el Igac le brindó a la ANT el mosaico de fotos satelitales sobre el área del archipiélago necesarias para aclarar la situación catastral de estos predios.

Con la llegada de Gerardo Vega Medina a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro, se abre de nuevo la posibilidad de que los predios regresen a manos del Estado. “Lo que esperamos con los predios que están en las Islas del Rosario es que sean recuperados para la administración del Estado y que sean las comunidades nativas y raizales las que se beneficien de esa posibilidad de tener esos predios de manera asociativa”, declaró Vega a Vorágine. La Agencia Nacional de Tierras asegura que se articulará con las organizaciones presentes en las islas, como los consejos comunitarios conformados por la población afrocaribeña, para “propender por la restauración del equilibrio ecológico y la conservación de los ecosistemas existentes, con la recuperación de los predios baldíos y procurando una actividad turística responsable en las islas”.