Homicidios, amenazas, desplazamiento: las guerras del oro en el sur de Bolívar

Por su ubicación, la Serranía de San Lucas es un territorio tan portentoso como único en Colombia. Emerge en el paisaje como un apéndice de la cordillera central que atraviesa el país, y está dentro de un corredor que conecta el norte de Colombia desde el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá, hasta la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. En ese lugar, la planicie del Caribe se convierte en montañas, y las diferentes alturas son la casa de más de mil especies de fauna y vegetación, algunas, incluso, que solo viven en ese lugar. 

El principal atractivo de la Serranía de San Lucas, sin embargo, está debajo del suelo. El oro que se esconde entre las formaciones rocosas es el protagonista de una disputa que durante décadas ha azotado a esa región que conecta el norte y el centro del país. La versión más reciente de ese conflicto tiene enfrentados al Clan del Golfo (autodenominado primero Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hoy Ejército Gaitanista de Colombia o EGC), la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc reunidas en el Estado Mayor Central (EMC), por la explotación ilegal del oro y las rentas de la minería en el sur de Bolívar.

De esa región hacen parte los municipios de Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor, Río Viejo, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio.

Un informe que presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con información hasta 2022, reveló que Bolívar es el tercer departamento del país con mayor explotación de oro de aluvión, que ocurre en más de siete mil hectáreas. Según los cálculos que hace un funcionario público de un municipio del sur de Bolívar, cada mes se mueven entre 100 y 120 mil millones de pesos producto de la explotación de oro. 

Las disputas por ese botín se han traducido en homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, extorsiones y la instrumentalización de menores de edad para cometer delitos por cuenta de los grupos armados, de acuerdo con la Alerta Temprana 003 de 2024, emitida por la Defensoría del Pueblo. 

El 21 de abril de 2024, por ejemplo, fue asesinado el líder social campesino y defensor de derechos humanos Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur del Bolívar, una organización que ha sido blanco de amenazas por su trabajo en la defensa de la vida, el territorio y el trabajo de los habitantes de la región. En octubre de 2023, la Federación había denunciado un comunicado de las entonces AGC que la señalaba como un instrumento de las Farc y el ELN. 

El Instituto Internacional de Estudios del Caribe, de la Universidad de Cartagena, realizó una investigación entre 2018 y 2023 para comprender los factores que generan conflicto en el sur de Bolívar después de la firma del acuerdo de paz con las Farc. Las disputas por la explotación ilegal de oro y las rentas que genera la minería ocupan los primeros lugares, pero también tienen lugar el narcotráfico y el control sobre el comercio, incluyendo el de la canasta básica de alimentos y el licor. 

El sur de Bolívar, además, hace parte del recorrido que hacen los migrantes desde Venezuela hacia el centro y norte de América. Según un investigador de la Universidad de Cartagena, “hay un transporte coordinado de migrantes que salen desde San Antonio del Táchira y que van para el Tapón del Darién. Es un corredor de trata de personas, de movilización de migrantes con estatus irregular migratorio”. 

En ese tránsito, afirma el experto, muchas de las personas migrantes, incluyendo menores de edad, se quedan en el sur de Bolívar víctimas de reclutamiento forzado o explotación sexual. “Dentro de las formas de financiación de los grupos armados, que es la tragedia mayor, está la comercialización de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, especialmente por el Clan del Golfo. Tenemos niñas menores de edad en condición de esclavitud y comercio sexual”.

La Alerta Temprana 025 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo, identificó, en once municipios del sur de Bolívar, el riesgo que corren las mujeres venezolanas de entre 16 y 22 años con estatus migratorio irregular, quienes estarían siendo víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual por un grupo de delincuencia transnacional conocido como “Los Venecos”. 

De acuerdo con el documento de la Defensoría, “utilizando falsas promesas laborales, las trasladan mediante engaños hacia el sur de Bolívar, en donde son acogidas por grupos de delincuencia local que bajo amenazas de muerte las explotan sexualmente”.
Según los reportes del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (SIVIGE), en 2023 se presentaron 47 casos de violencia sexual contra mujeres de nacionalidad venezolana en el departamento de Bolívar; de los cuales el 85% fueron contra niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.

La guerra por el oro

Aunque la fiebre del oro es la razón por la que el sur de Bolívar está en disputa en la actualidad, la bonanza de ese mineral no es reciente, como tampoco lo son los enfrentamientos. Desde la década de los ochenta, la consolidación del poder de la guerrilla del ELN marcó el inicio de un conflicto que se ha ido transformando hasta hoy.

De acuerdo con la investigación Territorios, capacidades administrativas y paz total en el Caribe Colombiano, el sur de Bolívar ha sido, históricamente, “la cuna, retaguardia y modelo del proyecto político-militar de control territorial” del Ejército de Liberación Nacional. Desde allí se han expandido por el nororiente, el Magdalena Medio, la Región Andina y el Pacífico. 

El frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro logró establecer, en el sur de Bolívar, una hegemonía soportada en el monopolio de la violencia, la extorsión y la administración de justicia. “Esto, en gran medida, por las funciones sociales y políticas que asumió en el territorio, ofertando bienes y servicios estatales de manera efectiva durante varios años”, se explica en la investigación.

Según el profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, el ciclo de violencia actual que vive el sur de Bolívar “puede tener como punto de inicio la desmovilización de las Farc, que en 2017 salen de la zona. El ELN no logra consolidar todo el territorio que dejaron, sino que termina transando una especie de paz mafiosa con las AGC, que ya venía expandiéndose desde el Bajo Cauca”. 

En 2019, integrantes de las entonces AGC le dieron una entrevista a Salud Hernández, que fue publicada en El Tiempo. Allí, uno de ellos afirmó, sobre su presencia compartida con el ELN en la Serranía de San Lucas: “Tenemos un acuerdo de no pisarnos las mangueras, juntos pero no revueltos, ellos en su zona y nosotros en la nuestra”.

El Estado Mayor Central, la más grande disidencia de las Farc, llegó al sur de Bolívar entre finales de 2020 e inicios de 2021. Su aparición coincidió con una expansión territorial de las AGC para arrinconar la Serranía de San Lucas, irradiando sus tropas desde Sucre, el Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia. Esta vez con la intención de tomar todo el territorio, no de compartirlo.

“En ese momento se produce una especie de guerra de todos contra todos, pero las AGC lograron una acumulación importante de tropa en el territorio y empezaron a avanzar sostenidamente. Hoy, gran parte de la guerra está en San Lucas, no solo porque es un sistema montañoso muy estratégico, sino porque está lleno de oro, y hoy la guerra está gravitando en torno al oro, ante la crisis del mercado de la coca”, agrega el profesor Trejos.

El avance del Clan del Golfo (como le llama el Gobierno) por el sur de Bolívar ha ocurrido en un escenario de debilidad del ELN, que ha optado por hacer un pacto de no agresión con el EMC, para enfrentar la hegemonía del EGC.

La Fuerza de Tarea Conjunta Marte es la división del Ejército Nacional que opera en el sur de Bolívar. El comandante de esa división respondió un derecho de petición a VORÁGINE en el que afirma que la intención del ELN es mantener el control del sector minero y los corredores estratégicos, “al parecer, en alianza criminal” con el EMC. Sobre este último grupo armado, asegura que busca “recuperar antiguos territorios cedidos al parecer al ELN durante el proceso de paz”, con el mismo objetivo: el control de la minería.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha monitoreado el movimiento de los actores armados en Bolívar, y ha identificado la presencia del Clan del Golfo en 28 de los 46 municipios del departamento. En el caso del sur, se ubican en Morales, Arenal, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Cantagallo. Siete de esos municipios hacen parte de los diez que integran la Serranía de San Lucas. 

De acuerdo con Francisco Daza, coordinador de la línea Paz Territorial y Derechos Humanos de Pares, “además de las actividades vinculadas a la explotación de oro de aluvión, el sur de Bolívar concentra más o menos el 80% de los cultivos de hoja de coca del departamento, entonces es clave también para estos grupos armados, primero por ruta, para la movilización de economías ilegales, pero también como epicentro para el desarrollo de las mismas”. 

El sur de Bolívar es bisagra entre Antioquia, Córdoba, Santander, Sucre y Cesar, y hace parte de un corredor que va desde la frontera con Panamá, hasta la frontera con Venezuela. Según Daza, “el interés del Clan del Golfo es que el flujo del oro, desde allá, salga hacia Venezuela, por eso es fundamental para los grupos el control territorial del sur de Bolívar, sur del Cesar y parte del Catatumbo”.
El pulso por el control territorial de la región, por ahora, lo gana el Clan del Golfo, que según la investigadora Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group en Colombia, tiene más recursos, más armas y más tropas: “No tiene una sola frontera abierta, sino que un tiempo se están enfocando en una zona, después mandan la tropa a otra. Es una forma de desubicar a los elenos, pero también de poner a toda la comunidad en una situación de zozobra y miedo, para que todos se callen y no haya denuncias”.

Las rentas de la minería: el botín que los grupos armados se rifan

El objetivo de todos los grupos armados que se disputan el control del sur de Bolívar es quedarse con la renta de la minería legal y  la de aquellos trabajos mineros tradicionales o en proceso de formalización. La zona minera, según un informe realizado por la Fiscalía en 2021, comprende 16 mil kilómetros del sur de Bolívar y abarca los municipios de Río Viejo, San Martín de Loba, Tiquisio, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Norosí y Montecristo. VORÁGINE pudo contrastar, sin embargo, que en los municipios de Arenal, San Pablo, Simití, Morales y Santa Rosa del Sur también ocurre explotación actualmente.

La investigadora Dickinson explica que hay dos tipos de minería que les interesan a los grupos armados que tienen presencia en el territorio: “La primera es la legal, que es una fuente importante de extorsión. La segunda es la ilegal, entre comillas, que es más bien de tipo artesanal, no de gran escala, pero que sí tiene explotación de oro”.

Quienes trabajan en minería en el sur de Bolívar hacen una distinción aún más específica. Por un lado está la minería legal y formalizada que ejercen empresas, asociaciones o personas naturales con todos los requisitos del Código Minero, bajo una concesión otorgada por la Agencia Nacional de Minería y con una licencia ambiental. 

Por otro lado están aquellos trabajos mineros no formalizados, que ejercen la minería de forma “tradicional”, es decir, en áreas concesionadas o por fuera de ellas, pero sin licencia ambiental y sin estar registrados como empresa, lo que implica el no pago de responsabilidades fiscales y, en muchos casos, la ausencia  de contratos y medidas de protección. Y, por último, se cuenta la minería ilegal, que es la explotación realizada por actores armados con el fin de financiar actividades ilícitas. 

Según un informe que presentó en 2021 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hasta ese momento, en el sur de Bolívar, había 9.472 hectáreas con Evidencia de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA), el 33% con permisos técnicos y/o ambientales, el 4% en tránsito a la legalidad y el 63% de forma ilícita. 

Los cálculos que hace un funcionario público de un municipio del sur de Bolívar indican que en los títulos mineros que hacen parte de la Serranía de San Lucas hay aproximadamente 600 empresas, de las cuales sesenta están formalizadas. Para los grupos armados que cobran las extorsiones, no importa el tamaño de la producción. 

De acuerdo con un minero que explota de manera informal un socavón junto a seis socios, recientemente varios integrantes del Clan del Golfo o EGC llegaron hasta su mina, en el corregimiento El Paraíso, del municipio de Montecristo, y les cobraron un millón setecientos mil pesos que tuvieron que pedir prestados bajo la amenaza de que “si no me lo traes hoy, mañana me traes el triple”. Adicionalmente, según cuenta el minero, a cada obrero de la mina, que en su caso son quince, les cobran cincuenta mil pesos mensuales.

“Me paga o se va”: así desplazan a la gente

En un informe sobre la situación de orden público en Montecristo, realizado por la Fiscalía General en 2021, se afirma que las entonces AGC cobraban, en ese momento, cinco millones de pesos por el ingreso de retroexcavadoras a las minas, 10% de la producción o 25 gramos de oro cada tres días a los trabajadores mineros, cincuenta mil pesos a los establecimientos comerciales, mil pesos por cada cerveza vendida y dos mil pesos como peaje a quienes se movilizaban en motocicleta por las vías que conectan a los municipios de Montecristo y Achí.

En el caso del ELN, el informe revela que a cada minero artesanal le cobraban el 16% de la producción mensual y, a las minas en cielo abierto, cinco millones de pesos mensuales. En el documento se menciona que en una zona conocida como La Caribona, cerca a los límites de Montecristo, había en ese momento alrededor de 300 retroexcavadoras bajo el control extorsivo de ese grupo guerrillero.

“Cuando entraron llegaron diciendo que no iban a molestar a nadie, que venían a ayudar a la gente, ese fue el discurso, y después fue que no, que venga, que es tanto”, contó el minero que tuvo que pagar la extorsión. VORÁGINE habló con cinco mineros del sur de Bolívar, cada uno con una experiencia diferente frente a los cobros del Clan del Golfo y del ELN. 

El líder de una asociación con 108 miembros en el corregimiento de Marizosa, en Santa Rosa del Sur, cuenta que todas las personas que habitan esa zona viven de la minería, directa o indirectamente. Aunque la explotación la hacen dentro del área de un título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería, aún no han obtenido la licencia ambiental para legalizar su trabajo, entonces lo hacen bajo la informalidad. 

“Toda bocamina paga un 10% de la producción del oro sin procesar. En Marizosa hay una sola fundición, que es manejada por ellos, y allá también le mochan el 10%. En las minas que producen más, tienen una persona que está pendiente del oro que sale. Todo lo controlan. Usted tiene que hacer la forma como sea o pedir una esperita, y va abonando”, explica el líder minero.

Las comunidades se habían acostumbrado a los cobros del ELN, con quienes lograban negociar los montos, no así con el Clan del Golfo. Así lo denuncia el presidente de una Junta de Acción Comunal en una vereda del corregimiento Villa Esperanza, en Montecristo, quien desde los ochenta trabaja en la minería de socavón.

“Siempre ha habido que pagar la extorsión, pero la guerrilla lo hacía en una baja escala, lográbamos llegar a acuerdos de un tope más bajo, pero con estos ha sido una exigencia, de lo contrario no puedes trabajar más”, agrega un líder que desde noviembre se tuvo que desplazar hacia el casco urbano de Santa Rosa del Sur, huyendo de las amenazas del Clan del Golfo.

La amenaza de “no poder trabajar más” contiene una estrategia criminal de los grupos armados para apoderarse no solo de la estructura física de las minas, sino también de la legal, como una forma de lavar el dinero del oro que de allí se extrae. El modelo funcionaría aumentando el valor de las extorsiones hasta que sea imposible pagarlas, entonces los mineros tienen que entregar el espacio en el que sacan oro o poner su empresa a depender del grupo armado. 

“Es una presión real y efectiva sobre el minero para que desista de su actividad, pero deje ahí su infraestructura, incluida la jurídica. No puedes pagar entonces te atrasas hasta que te dicen: ‘me paga o se va’. Los propietarios de empresas en la Serranía manifiestan abiertamente que si el ritmo de los cobros se mantiene, es más rentable abandonar lo que tienen que trabajar para pagar esas vacunas”, afirma Nelson Orrego, integrante de la junta directiva de la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), una organización que agrupa a mineros y personas del sector productivo de la región.

En un informe de inteligencia realizado por el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional en julio de 2020 se confirma esa estrategia criminal. En el documento, al que accedió VORÁGINE, se menciona que el ELN “ha visto en la explotación ilegal de minerales una forma muy lucrativa de engrosar sus finanzas mediante el cobro de extorsión a quienes practican esta actividad ilícita y en ocasiones con yacimientos controlados por ellos mediante un tercero”.

Para transportar y comercializar el oro, de manera legal, es necesario adquirir un Certificado de Origen, un documento que expide la Agencia Nacional de Minería con el que el portador certifica que el material fue extraído de un área concesionada, es decir, de un título minero, y que esa persona está autorizada para hacer esa labor. Así se demuestra la legalidad, por ejemplo, ante una operación de control o para la venta en las comercializadoras.
El investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe que habló con VORÁGINE explicó que con esos certificados hay otra estrategia de lavado de activos. “Se llama la cadena de testaferrato del oro: los grupos armados han identificado asociaciones de mineros ancestrales o artesanales que están legalmente constituidas y, bajo amenaza, los obligan a sacar el permiso para legalizar el oro que viene de su explotación. Muchas veces les pagan entre 60 mil y 100 mil pesos por hacerlo”.

Las complejidades de la formalización minera

La Federación de Agromineros del Sur de Bolívar tiene nueve títulos mineros que fueron adjudicados a finales de los noventa. En esas áreas, la Federación inició un trabajo para que los mineros que vivían allí construyeran figuras jurídicas y se formalizaran, una tarea que ha avanzado lentamente.

De acuerdo con un minero que trabaja en el municipio de Morales desde 1992, “lo más difícil de formalizar es tener capacidad económica, porque cumplir todos los requisitos es costoso. Las personas están acostumbradas a sacar el material, molerlo, venderlo y gastar la platica. Cuando le exigen que tiene que convertirse en empresa, pagar seguridad social, tener dotación, sistemas de reducción de impactos ambientales, entonces prefieren evadir esa responsabilidad y seguir en la dinámica cotidiana”.

Actualmente, en los títulos mineros que tiene la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar hay alrededor de 400 bocaminas, pero solo el 10% de la explotación que ocurre en esas áreas está formalizada.

El Código de Minas vigente en Colombia fue expedido hace más de veinte años. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, dijo en mayo de 2023 que ese Código “condenó la minería tradicional a la ilegalidad y al condenarla a la ilegalidad se la entregó a capitales ilícitos, a grupos armados, a zonas de violencia y destrucción con una gran vulneración de esas comunidades en los territorios”. El gobierno de Gustavo Petro propuso una reforma que aún no ha sido debatida en el Congreso de la República. 

Nelson Orrego, de Fedeagromisbol, dice que el código actual “no diferencia las limitaciones que tiene el pequeño minero para su producción y le exige lo mismo que le está exigiendo a las grandes empresas. A veces se siente que los procesos de formalización están más orientados a desestimular la labor de la pequeña minería que a reconocerla y protegerla”.

En el sur de Bolívar, actualmente, un gramo de oro cuesta entre 250 y 300 mil pesos en el mercado legal; en el ilegal lo compran por cinco o diez mil pesos menos. Para venderlo hay que trasladarse hasta cuatro horas desde la zona minera hasta Santa Rosa del Sur, el centro urbano más importante del sur de Bolívar y donde trabajan la mayoría de comercializadoras que compran oro, tanto legal como ilegal. En ese trayecto se asume el riesgo de llevar un material no justificado, por eso el valor es menor.

Según explica Orrego, “si vas llegando al casco urbano de Santa Rosa y hay un retén de la policía y te encuentran 200 gramos de oro y vos no tenés cómo mostrar que ese oro fue extraído legalmente, te lo decomisan, ese es el riesgo. A un pequeño minero no le justifica salir a vender 10 gramos de oro al casco urbano, porque sale más caro el viaje que lo que vale el material”.

A esto se le suma, además, que con la venta legal del oro se adquieren obligaciones económicas, como el IVA y las regalías, que son una retención del 4% de lo que se vende, gastos que no se asumen cuando se opta por la venta en el mercado ilegal.
De acuerdo con información entregada por la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía General, en el departamento de Bolívar han sido indiciadas 38 personas entre 2021 y 2024 por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

Muchas denuncias y pocas acciones

El asesinato de Narciso Beleño, que era el representante legal de Fedeagromisbol, fue la materialización de una serie de amenazas y estigmatizaciones de las que han sido víctimas la organización y sus integrantes. Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el Clan del Golfo los han puesto en el blanco de ese grupo armado.

“En más de un momento nos enviaron mensajes intimidatorios e invitándonos a que nos sentemos con ellos y les respondimos que no, si no hay un respaldo del Estado y otras organizaciones que acompañen un espacio con todos los grupos armados existentes en la Serranía. Ellos argumentaron que no querían dialogar con el gobierno, querían sentarse con nosotros a negociar. ¿Negociar qué? No sabemos”, cuenta Roberto Carlos Melco, tesorero de Fedeagromisbol.

Entre las denuncias que ha hecho la federación está un posible relacionamiento entre el EGC y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, la división del Ejército Nacional que opera en el sur de Bolívar. De acuerdo con Melco, “el Ejército está ayudando a los grupos paramilitares, tanto en el desplazamiento como en el aprovisionamiento de comida y armas. Para los pobladores de la Serranía de San Lucas no hay duda sobre eso. El problema es que no tenemos evidencias fotográficas, grabaciones”.

Un funcionario público de uno de los municipios del sur de Bolívar tiene la misma tesis. Según le contó a VORÁGINE, él mismo les ha informado a los mandos del Ejército sobre la ubicación del EGC o Clan del Golfo, sin que haya ningún tipo de reacción de su parte. “Les hemos dado las rutas, los campamentos, los sitios donde se abastecen, les hemos dicho: van para acá y van a extorsionar, hasta tres meses antes, y no hacen nada”.

De acuerdo con una respuesta enviada a VORÁGINE por el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, el coronel Hector Libardo Cely Torres, en 2022 fueron realizados tres operativos contra la minería ilegal en los municipios de Achí, Simití y Montecristo; dos en 2023 en los municipios de Achí y Montecristo, y todavía ninguno en 2024.

El Grupo de Control a la Explotación Ilícita de Minerales de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, por su parte, ha intervenido 32 unidades de producción minera ilícita entre 2022 y 2024, en los municipios de Hatillo de Loba, Montecristo, Simití, San Pablo y Santa Rosa del Sur.

El Gobierno de Colombia adelanta, actualmente, diálogos de paz con las guerrillas del ELN y el EMC. Hasta el 3 de agosto de 2024 fue decretado el cese al fuego con el ELN. En el caso del EMC, el cese al fuego está vigente hasta el 15 de julio de 2024, con excepción de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde fue suspendido el 17 de marzo de 2024. 

Esos ceses al fuego, en la práctica, menguaron los enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública, pero abrieron la puerta a las guerras horizontales, es decir, entre los grupos ilegales.

El escenario actual de negociación entre el ELN y el Gobierno, de acuerdo con el profesor Trejos, de la Universidad del Norte, estaría siendo utilizado como una estrategia de esa guerrilla para responder a la ventaja que le ha sacado el Clan del Golfo: “Algo que también evidencia la crisis del ELN es que están apelando a la figura de los alivios humanitarios para tratar de proteger a las unidades que tienen en el territorio. Pareciera que lo que se busca es que la fuerza pública pelee esa guerra del ELN ahí”.

Los diálogos de paz, además, no despejan las preocupaciones de quienes habitan el sur de Bolívar, pues la mayor amenaza para las comunidades es el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo. “¿El proceso de paz realmente va a contribuir a que se acabe el conflicto en la zona? ¿Qué pasa con los paramilitares que quedan luego de que haya un posible acuerdo?”, se pregunta el tesorero Melco.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro había manifestado la voluntad de establecer diálogos de paz con el EGC como parte de su política de Paz Total, y este grupo respondió positivamente, aún no hay avances al respecto. “Todo indica que el gobierno no va a negociar con estos grupos a los que no les reconoce carácter político, sino meramente criminal. Eso lo pone en un escenario de salida armada, pero ahí tampoco es clara cuál es la estrategia”, dice el profesor Trejos.

De acuerdo con la investigadora Dickinson, un canal de comunicación con el Clan del Golfo es imperativo para calmar la situación en el sur de Bolívar. “Hoy no se puede hablar con ellos, no se sabe qué quieren, qué se puede hacer para reducir las violencias en la zona. En el gran rompecabezas de la Paz Total hay desbalances que se están generando y son combustible de este tipo de confrontaciones”.

En mayo de este año, las delegaciones del Gobierno y del ELN se reunieron en Santa Rosa del Sur, tras el asesinato del líder Beleño. Después de esa visita, el senador Iván Cepeda le dijo a La Silla Vacía que el Clan del Golfo “ha logrado avanzar en el 85 por ciento de la Serranía de San Lucas”.
“El ELN no tiene la capacidad de retomar ese territorio, el EMC es la organización que más está creciendo, pero tampoco tiene la fuerza ni los recursos para tomar el control. Le tocaría al Estado, pero tenemos evidencia histórica que demuestra que no tiene interés. Hoy en el sur de Bolívar hay una tragedia que, lastimosamente, terminará cuando uno de los actores armados gane la guerra. Eso suena muy duro, pero eso le da estabilidad al territorio”, concluye Trejos.

El mercurio se apodera del sur de Bolívar

La Serranía de San Lucas es un macizo aislado. Ese aislamiento la convierte en el hogar de especies que solo se encuentran allí. De las 587 especies de aves que la habitan, diez son endémicas; así mismo, han sido descubiertas en esa formación rocosa cuatro especies de mariposas, un tipo de lagarto de colores y algunos registros nuevos para Colombia y Suramérica de especies de murciélagos.

De acuerdo con Carlos Mauricio Herrera, director de conservación y gobernanza de WWF Colombia, la Serranía de San Lucas, por su ubicación, conecta elementos del Caribe colombiano, de Centroamérica, del Pacífico, de los Andes e incluso de la Amazonía, “entonces permite tener una convergencia de flujos genéticos, de especies, de biodiversidad que la hacen un sitio único. Es irremplazable, no tenemos otro sitio igual”. 

El gradiente altitudinal de San Lucas va desde los 100 hasta más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y es la razón por la que entre sus montañas existen una gran cantidad de hábitats y de recursos para especies, tanto animales como vegetales. Entre el catálogo de riqueza de la Serranía se cuentan, además, el oro y otros minerales que la han convertido, durante décadas, en un foco de explotación que lentamente ha desgastado su biodiversidad. 

De acuerdo con el informe que presentó en 2021 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2018 y 2021 se perdieron 2.439 hectáreas de cobertura de alto valor ambiental en Bolívar por explotación de oro de aluvión. Santa Rosa del Sur es el municipio en el que más se ha perdido ese tipo de cobertura en el departamento, y el décimo en el país.

Según el ecólogo Herrera, al día de hoy, en San Lucas hay más de cien mil hectáreas con requerimientos de restauración ecológica y de mejora de prácticas sostenibles. Ni sumando la extensión de ciudades como Medellín y Cartagena se alcanzaría el tamaño del área que necesita restauración en la Serranía.

La Serranía, además, está rodeada por el río Cauca y el río Magdalena, sin contar los nacimientos, cuencas, quebradas, lagunas y ciénagas que hacen parte de su sistema montañoso. Esos cuerpos de agua se encuentran altamente contaminados por el uso del mercurio, que se utiliza para extraer el oro de la roca. 

El profesor Jesús Olivero es coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena y ha dedicado buena parte de su carrera a investigar los efectos del mercurio en el sur de Bolívar. “Las investigaciones muestran que hay un nivel de contaminación importante en diferentes organismos que habitan la Serranía de San Lucas y que, finalmente, esa contaminación afecta al hombre porque el mercurio tiene la capacidad de moverse a través de la cadena alimenticia”, explica Olivero.

Durante la explotación minera, el mercurio se mezcla con el material que contiene oro, formando una amalgama (una mezcla de mercurio y oro). Luego se quema la amalgama para evaporar el mercurio y de allí resulta el oro puro.

En ese proceso se libera mercurio a la atmósfera que, por medio del aire, pero también con la lluvia, cae en las ciénagas y se deposita en los sedimentos por su alta densidad. Una vez en el agua, el mercurio es transformado por bacterias y absorbido por plantas que son el alimento de peces pequeños, de los que se alimentan los peces grandes que luego comen los seres humanos. 

Un estudio realizado por el profesor Olivero analizó el contenido de mercurio en San Martín de Loba, municipio del sur de Bolívar. En el 93% de los puntos de muestreo, los niveles de contaminación en el suelo fueron superiores a los valores en países como Eslovenia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y China. 

En los seres humanos, los altos niveles de mercurio están asociados con daños en el cerebro, los riñones y el sistema nervioso. La exposición prolongada o en altas cantidades puede provocar problemas de memoria, temblores, dificultad para caminar y problemas de visión y audición.

Según le dijo a VORÁGINE el profesor Olivero, “en el sur de Bolívar hace falta información epidemiológica, pero se han detectado algunas manifestaciones neurológicas. Buena parte de los habitantes de la zona conocen ya los efectos del mercurio y en algunas ocasiones, principalmente los mineros, finiquitan bastante el consumo de pescado. No ocurre lo mismo entre los pescadores, que quizá es el grupo más vulnerable”.

Colombia es el país que más mercurio libera al ambiente per cápita, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mediante la Ley 1892 del 11 de mayo de 2018, Colombia suscribió el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y se comprometió a reducir y controlar el uso de ese metal, una tarea que, en la minería informal, ha sido difícil de hacer cumplir. 

La perspectiva del profesor Olivero es pesimista, pero con fundamento: “Dentro de muy poco tiempo no tendremos ríos libres de mercurio, estaremos frente a un proceso de contaminación irreversible. Tiene que haber un cambio en el consumo de oro a nivel mundial. El oro tiene muy pocos usos, y si no hacemos algo, vamos a acabar con los ecosistemas”.

Con el objetivo de reducir el impacto de las amenazas que el territorio afronta por cuenta de las actividades mineras, en 2015 el Ministerio de Ambiente incluyó a San Lucas en la Resolución 1628, que tiene como fin “declarar y delimitar unas zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente”. Entre las implicaciones prácticas de esa resolución está el congelamiento de la concesión de títulos mineros en la Serranía.

En las actualizaciones del documento, que se ha prorrogado hasta la fecha, se ha trazado la hoja de ruta para la determinación de un área protegida en San Lucas, un proceso que encabeza Parques Nacionales Naturales y del que han hecho parte las comunidades del sur de Bolívar, pero que ha avanzado poco. De acuerdo con Marta Cecilia Díaz, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales, además de la protección de la Serranía, la prioridad es definir una figura que proteja a las comunidades y su economía. 

“La figura del Distrito de Manejo Integrado hace un análisis con la comunidad frente a una zonificación, es decir, definir cuáles áreas van a quedar en estricta conservación, cuáles en recuperación y cuáles en un uso sostenible, que es donde se podrían desarrollar actividades mineras”, explica la subdirectora Díaz.

Aún no hay una fecha estimada para la declaración de la figura de protección en la Serranía de San Lucas. Los avances en las mesas técnicas con las comunidades han avanzado tanto como el conflicto lo ha permitido, porque no ha habido garantías de seguridad para quienes hacen parte. “Hemos venido avanzando hace mucho tiempo, pero también hemos dicho que si no hay condiciones de derechos humanos para la gente de la zona, ¿para quién va a ser esa figura que vamos a establecer?”, se cuestiona Roberto Melco, que ha hecho parte del proceso.

Entre los diálogos de paz, las acciones de la fuerza pública, la definición de una figura de protección y las disputas armadas por el control de las rentas ilegales de la minería, la pregunta por el derecho a la vida y al territorio de las comunidades del sur de Bolívar permanece como una con pocas respuestas.

Si tiene información de este y otros temas escriba al mail: info@voragine.co.