Los vicarios generales: guardianes de los archivos secretos y de los curas pederastas

Nadie guarda más secretos en la Iglesia católica que los vicarios generales y los cancilleres. Los primeros son los que reciben las denuncias contra los curas, escriben un acta y le informan al obispo. Los segundos cumplen el papel de notarios y firman todos los decretos con los obispos, situación que hace que conozcan de primera mano los delitos de sus colegas. 

Esas tareas que cumplen estos personajes los hacen prácticamente intocables. Conocer los secretos de sus colegas los blinda de las denuncias y les da insumos para, sí es el caso, negociar con el obispo una impunidad que los protege hasta la muerte.

Los archivos secretos

A nadie le interesa saber si un cura fue investigado, suspendido o expulsado por haberse metido con una mujer o con un hombre. Esa puede ser una falta en la Iglesia, pero en ningún momento es un delito. Por el contrario, una relación entre dos adultos es algo natural que la Iglesia ha criminalizado desde el derecho canónico, sobre todo si se trata de una relación entre un sacerdote y una mujer. Las relaciones homosexuales, aunque son las más comunes, no son mal vistas. Como debe ser, pues ninguna relación consensuada entre personas adultas debería ser jamás motivo de censura o escándalo.

–Se podría cuestionar, eso sí, la doble moral de la Iglesia, como lo hizo el periodista francés Frédéric Martel en su bestseller Sodoma, al dejarla en evidencia con su doble discurso contra las uniones del mismo sexo cuando muchos sacerdotes, obispos y cardenales son homosexuales.  

A nadie le interesa si el cura tiene hijos, siempre y cuando sean el resultado de una relación entre dos adultos. Mucho menos es de interés periodístico si el cura es zurdo, si tiene mucho dinero, si celebra la misa a toda velocidad o si consume drogas. 

Todas estas historias son las que llegan a los archivos secretos que tienen las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas, con el blindaje de un tratado internacional que es el Concordato, firmado entre Colombia y el Vaticano en 1973, pero revisado por la Corte Constitucional en 1993.

En esa revisión, la Corte declaró inexequibles 16 de los 31 artículos. Tumbó todos los que ofrecían beneficios penales a los clérigos. Por ejemplo, el artículo XIX, que impedía que los obispos fueran investigados y juzgados por la justicia ordinaria: “[…] los procesos penales contra los Obispos son de competencia exclusiva de la Sede Apostólica”. 

La Corte también tumbó el artículo XX, que evitaba que los curas fueran enviados a la cárcel en el proceso penal: “Al iniciarse el proceso se comunicará el hecho al obispo, el cual no pondrá obstáculo al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos. En la detención y arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluidos en cárceles comunes […]”.

La inexequibilidad del artículo XX, sin embargo, no ha impedido que la Iglesia lo use en todos los expedientes judiciales para pedir la libertad de curas acusados por abuso sexual de menores de edad. Lo inexplicable es que algunos fiscales y jueces accedan a las pretensiones de los obispos, ignorando las sentencias de la Corte. Todavía hay curas con casa cural por cárcel gracias a este artículo inexequible. Obispos fungiendo de carceleros. 

El que sí fue declarado exequible fue el artículo II: “La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes”. 

Y gracias a este artículo la Iglesia puede tener sus archivos secretos y hacer alarde de que, a pesar de tener miembros que han cometido crímenes contra menores de edad, no están en la obligación de informarle a la Fiscalía. Sin embargo, la Corte también ha dejado claro que la Iglesia tiene toda la autonomía para manejar sus asuntos administrativos, financieros y doctrinales, mas no aquellos que sean competencia del ordenamiento jurídico, como es el caso de la pederastia y el abuso sexual de menores.

Incluso, el 3 de marzo del 2020, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T/091-20. que obligó a la Arquidiócesis de Medellín a responder un derecho de petición en el que se preguntaba por algunos sacerdotes que estaban siendo investigados periodísticamente por pederastia y abuso sexual de menores. 

El fenómeno mundial de la pederastia eclesial era un secreto a voces en Colombia, pero ahora es información confirmada por la propia Iglesia, gracias a la Sentencia T/091-20 y a la reciente Sentencia SU-191-22. Estas decisiones de la Corte tuvieron su origen en la negligencia del arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien se negó a responder los derechos de petición que preguntaban si sacerdotes de su arquidiócesis habían sido denunciados por pederastia y abuso sexual de menores. 

El arzobispo de Medellín abrió entonces una puerta del tamaño de una catedral y ya es imposible cerrarla, pues ahora todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas están en la obligación de entregar información semiprivada de sus sacerdotes cuando se trata de investigar denuncias por pederastia y abuso sexual de menores.

Estos son los dos últimos vicarios generales de Medellín, quienes además de haber encubierto a sus colegas abusadores, también han sido denunciados por abuso sexual, según una fuente protegida de Vorágine. Ellos, Álvarez y Vásquez, son los guardianes de los archivos secretos.

Ha sido párroco, capellán, canciller y juez del Tribunal Eclesiástico. Actualmente se desempeña como vicario general, el segundo al mando en la Arquidiócesis de Medellín después del arzobispo Ricardo Tobón Restrepo. Su función principal es la de recibir las denuncias contra sus colegas sacerdotes. Es el primer filtro que decide si los casos transitan hacia el Vaticano, si el cura en cuestión merece ser suspendido o si la denuncia se cierra de inmediato. Prácticamente es un juez de primera instancia. Decidir entre esas posibilidades depende de la cercanía del denunciado con el  obispo y con el vicario, y al parecer  de la información sensible y comprometedora que los curas denunciados tengan sobre otros miembros de la Arquidiócesis de Medellín.

Según una fuente protegida de Vorágine, en el 2012 Álvarez Zea compró el silencio de un adolescente con quien decía mantener una relación amorosa, pagándole 20 millones de pesos. Aquello ocurrió mientras se desempeñaba simultáneamente como párroco del Perpetuo Socorro, en el barrio San Diego, y como canciller de la Arquidiócesis de Medellín.

Álvarez Zea es también el titular de la parroquia Beato Mariano de Jesús Eusse, en el barrio El Poblado, uno de los templos con las limosnas y donativos más apetecidos del suroriente de Medellín.

Vorágine buscó a Álvarez Zea para que entregara su versión de los hechos, pero no respondió.

Fue vicario general durante el arzobispado de Alberto Giraldo Jaramillo, el anterior arzobispo de Medellín (1998-2010). Vorágine conoció el relato de una fuente protegida que señala a Vásquez Benjumea de haber concretado cuatro conciliaciones millonarias con víctimas de violencia sexual por parte de sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín.

En su carrera como sacerdote, la Arquidiócesis de la ciudad le ha conferido 22 cargos entre 1970 y 2021, pero en 11 de ellos «no se tiene documento escrito de nombramiento», típica forma de encubrir que, en otros países, se ha repetido entre sacerdotes acusados de pederastia.

Aunque la Arquidiócesis afirma no haber recibido ninguna denuncia contra Vásquez Benjumea, una mujer asegura que el sacerdote acosó sexualmente a su esposo cuando este era un adolescente.

En la actualidad, con 78 años, es rector del Seminario Misionero San José, donde atendió una entrevista para esta investigación en el 2018 y negó haber protegido a sacerdotes pederastas o haber mediado en conciliaciones. También dijo que nunca había sido denunciado por abuso sexual.