Más de 40 curas involucrados en denuncias por abuso sexual en Villavicencio

Al menos 15 de ellos son reincidentes, ya habían sido denunciados por otras víctimas. La cifra sigue subiendo.

Por: Juan Pablo Barrientos / Ilustración: Morphart

En la Fiscalía General avanza una denuncia contra 36 sacerdotes de Villavicencio involucrados en un caso de abuso sexual a menor de edad, abuso sexual, inducción a la prostitución y concierto para delinquir. Al menos 15 de ellos ya habían sido denunciados por otras víctimas.

La Arquidiócesis de Villavicencio se quedó, por el momento, sin una cuarta parte de sus sacerdotes, por cuenta de una denuncia realizada el pasado 14 de febrero por un hombre que dice haber sido víctima de abuso sexual desde sus 13 años, por 36 hombres consagrados al ministerio sacerdotal. Aunque todos están relacionados con parroquias de la capital del Meta y sus alrededores, algunos provienen de la Diócesis de San José del Guaviare y de dos comunidades religiosas: montfortianos y franciscanos.

El patrón en el abuso sexual clerical se repite: niño, pobre y proveniente de una familia disfuncional en la que, generalmente —y también en este caso—, hay ausencia paterna. Un menor que vivía con su abuela y que se ganaba la vida cargando materiales en una ferretería. A sus 13 años, sin zapatos y sin camisa, lo vio un sacerdote en su lugar de trabajo y en menos de 5 minutos de conversación supo que era la víctima perfecta. Lo invitó a su parroquia, le dio comida y zapatos, los primeros zapatos nuevos que había tenido en su vida.

Los abusos sexuales llegaron a las pocas horas y duraron dos meses, aproximadamente. Cuando llegaba otro menor o simplemente se cansaba de la víctima actual, el sacerdote enviaba a la víctima a otro cura, con un santo y seña: un casete o un «vaya que tal padre necesita que le pinte la casa», o cualquier otra excusa. «Llévele esto a tal padre». Y ahí empezaba de nuevo el ciclo de abusos. Así sucesivamente y por muchos años.

El relato incluye desde asesinatos que aún no han sido esclarecidos por la justicia, abuso sexual de decenas de menores en casas curales y templos, hasta los turbios manejos de los aportes de los feligreses.

Aunque la denuncia ya tuvo sus primeros avances en el derecho canónico, con la suspensión el 16 de marzo de todos los curas implicados en el caso, la justicia ordinaria aún no toma decisiones de fondo.

El pasado 6 de abril, la Fiscalía hizo una inspección a las oficinas de la curia en Villavicencio tras haber intentado fallidamente acceder a información con un derecho de petición. La fecha fue confirmada por el arzobispo Urbina con un comunicado del 14 de abril que señala que la Arquidiócesis «colaboró con una diligencia judicial, que en ningún momento podría considerarse un allanamiento».

Semanas más tarde, el 7 de mayo, el fiscal general, Francisco Barbosa, emitió un comunicado en el que ordenaba el traslado del proceso a Bogotá «para que sea asumido por la Oficina para la Integración y Articulación del Enfoque de Género, Infancia y Adolescencia, adscrita al despacho de la Vicefiscal General de la Nación».

El denunciante ya ha sido escuchado en la Fiscalía y en la curia arquidiocesana. Su relato, según cuatro fuentes consultadas por Vorágine, es coherente, preciso y creíble, hasta el punto de llevar al arzobispo Urbina a tomar la drástica decisión de suspender a todos los sacerdotes implicados, incluyendo a algunos que también eran jueces del Tribunal Eclesiástico. La Fiscalía aclaró que el caso, teniendo en cuenta el trabajo hecho por el «Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS) de Villavicencio (Meta) pasará al Nivel Central en aras de garantizar la objetividad, independencia, celeridad y eficiencia en la administración de justicia».

La defensa de la víctima ya le pidió a la Fiscalía que cite al arzobispo de Villavicencio. De acceder a esa petición, el presidente de la Conferencia Episcopal se convertiría en el primer obispo en comparecer ante un fiscal para responder por una historia que involucra a más de 30 sacerdotes. Y que le atañe directamente, pues muchos de estos hechos ocurrieron bajo sus 12 años de arzobispado.

También tendría que responder monseñor José Octavio Ruiz Arenas, obispo y luego arzobispo de Villavicencio desde 2002 hasta 2007, cuando fue nombrado por el papa Benedicto XVI como vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Cuatro años más tarde fue nombrado, por el mismo papa, secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Es el colombiano con el rango más alto en el Gobierno vaticano. La denuncia del 14 de febrero involucra a Ruiz Arenas en graves actos de encubrimiento durante su arzobispado.

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¡Reincidieron! Algunos ya habían sido denunciados

Al menos 15 de los 36 sacerdotes involucrados en la denuncia del 14 de febrero, suspendidos desde el 16 de marzo de 2020, ya habían sido denunciados por pederastia y abuso a menores. Así se lo confirmó a Vorágine, en respuesta a un derecho de petición, el pasado 25 de junio, el padre William Prieto, vicario general de la Arquidiócesis de Villavicencio. Según el sacerdote, la Fiscalía tiene conocimiento de todos los casos, pero no indica desde cuándo. Todo apunta a que el ente acusador los conoció el 6 de abril, cuando inspeccionó las oficinas de la curia.

Los primeros seis nombres no llegaron a la investigación preliminar canónica, según la Arquidiócesis, porque el denunciante no «colaboró» o no lo pudieron encontrar. Los nombres 7 y 8 están en investigación preliminar. José Ignacio Galeano es el único que ha sido expulsado por «delito sexual contra menor de edad» y aparece Javier Guillén, quien falleció el año pasado. Estas son las respuestas de la Arquidiócesis sobre cada sacerdote:

1.Rafael Julio Cárdenas Palencia: «Sin fecha hay una denuncia de un tercero. La persona denunciante era domiciliada en el barrio El Samán, de Acacías, Meta». Cárdenas Palencia ha estado al frente de dos parroquias en ese municipio: Cristo Rey, entre 2006 y 2013, y Santiago Apóstol, desde 2020.

2. Silvio Ignacio Pardo Beltrán: «Existe denuncia de 2002. Los hechos ocurrieron en la parroquia Corpus Cristi». A pesar de que la Arquidiócesis confirma que «los hechos ocurrieron», Pardo Beltrán pasó campante a la siguiente parroquia: Divino Maestro, donde estuvo por 7 años..

3. José Germán Ortiz Castaño: «Existe denuncia del 25 de octubre de 2006 en la parroquia de Cristo Rey». Pero en su derecho, en el que son juez y parte, decidieron que «no existió verosimilitud». Después de esa denuncia, Ortiz Castaño fue trasladado a la parroquia de Nuestra Señora de las Lajas.

4. Alcides Ruiz Granada: «Existe denuncia anónima del 30 de agosto de 2005». Aunque decidieron que la denuncia no tenía verosimilitud, Ruiz Granada pasó de la parroquia Perpetuo Socorro, donde estuvo solo un año, a la parroquia Nuestra Señora del Socorro, donde permaneció desde 2005 hasta 2009.

5. Luis Carlos Escobar Muñoz: «Existe denuncia de un tercero del 5 de octubre de 2006». Aunque fue absuelto por el derecho canónico, Escobar Muñoz pasó de ser el párroco de la parroquia María Madre de Dios a ser el vicario parroquial, algo así como el segundo después del párroco, en el templo del Perpetuo Socorro.

6. Wilson Alirio Sandoval Niño: «Existen denuncias de terceros en 2009 y 2014. En una vereda de Restrepo y en un centro comercial de Villavicencio». Sandoval Niño ha pasado por 10 parroquias de Villavicencio: cinco como párroco y cinco como vicario parroquial —los dos primeros años de sacerdocio y los tres últimos años—.

7. José Ramón Sánchez: «Se recibió denuncia, el resto hace parte de una investigación preliminar». En este caso la víctima sí «colaboró». Sánchez fue suspendido el 21 de agosto de 2019, después de ejercer doce años como párroco en la parroquia Rosa Mística.

8. Wilson Xavier Andrade: «Se recibió denuncia, el resto hace parte de una investigación preliminar». Andrade fue suspendido desde el 25 de septiembre de 2017, lo que confirma que la investigación preliminar no ha avanzado. Este es otro de los casos inusuales que pasan de ser párrocos a ser vicarios parroquiales. Desde su ordenación en 1999 siempre fue párroco hasta 2012, luego vicario parroquial en Guamal hasta su suspensión.

9. José Ignacio Galeano: «Fue dimitido del estado clerical desde el 12 de febrero de 2014 por delito sexual con menor de edad». La denuncia, según la Arquidiócesis, es del 31 de enero de 2013, cuando Galeano se desempeñaba como párroco de la parroquia Santo Domingo Savio.

10. Javier Guillén Urrego: «Falleció el 26 de diciembre de 2019. Existe denuncia de un tercero el 22 de marzo de 2016, párroco de Nuestra Señora de la Salud». Guillén Urrego estuvo en esa parroquia desde 2010 y ese fue su último nombramiento. La Arquidiócesis no informa, como en los otros casos, si la víctima «colaboró» o no.

Una nueva denuncia que llegó el 24 de junio a la Arquidiócesis de Villavicencio y de la que se hablará más adelante en este texto, involucra a cinco de los sacerdotes implicados en la denuncia del 14 de febrero.

Fueron más los sacerdotes suspendidos

En la respuesta al derecho de petición, la Arquidiócesis de Villavicencio confirmó la suspensión de todos los sacerdotes involucrados en la denuncia del 14 de febrero, noticia publicada por Caracol Radio el 3 y el 14 de abril.

Al menos dos de los cuatro miembros del Tribunal Eclesiástico están involucrados en esta denuncia. También un sacerdote que a la vez es juez de la República.

11.Hernando Tovar Olaya: presidente del Tribunal Eclesiástico.

12. Ricardo Calderón Sánchez: juez eclesiástico.

13. Arnulfo Vega Rodríguez: «Tiene una licencia para ocupar cargo público, por tanto no ejerce su ministerio sacerdotal desde junio 18 de 2014». Vega Rodríguez es juez de la República y el año pasado fue condenado por el Tribunal Superior de Villavicencio por falsedad ideológica en documento público a 7 años de prisión domiciliaria.

14. León Alfonso Salazar: «Desde el 25 de abril de 2016 el padre no ejerce su ministerio sacerdotal por causas médicas».

15. Oscar Yesid Mora Parrado: venía trabajando en la Diócesis de Dallas, Texas. Según el diario El Tiempo: «Se incardinó tras su partida de Villavicencio». Esta acción corresponde a vincularse permanentemente a una diócesis, previo acuerdo de los dos obispos, cuando es el caso de pasar de una diócesis a otra. Sin embargo, en la respuesta al derecho de petición, la curia dice que Mora Parrado «pertenece a la Arquidiócesis». Aún así, le informaron sobre esta denuncia a monseñor Edward J. Burns, obispo de Dallas, quien procedió a suspenderlo de inmediato.

16. Édgar Antonio Bolaño Pérez.
17. José Guillermo Sánchez Martínez.
18. Fernando Rodríguez Lozano.
19. Cristóbal de Jesús Puerta Hernández.
20. Ignacio Silva Córdoba.
21. Juan Rafael Alvira.
22. Luis Fernando Castrillón.
23. Carlos Julio Beltrán.
24. Reinaldo Triana.
25. Jorge Augusto Báez.

La red se extendía a otras diócesis y comunidades religiosas

En respuesta a una petición, el 13 de abril de 2020, la Arquidiócesis de Villavicencio confirmó que les informó a los superiores sobre otros sacerdotes involucrados en la misma denuncia que no pertenecen a la Arquidiócesis de Villavicencio: «En la misma denuncia hecha por la presunta víctima se involucró a sacerdotes de otras jurisdicciones, de tal manera que se puso en conocimiento, el 9 de marzo, a los respectivos Ordinarios para que procedieran con las medidas correspondientes y adelantaran el debido proceso».

Así ocurrió. En una carta del primero de abril de 2020, Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo de San José del Guaviare, le informó al denunciante que había recibido una carta del arzobispo de Villavicencio el 13 de marzo en la que le informaba de la denuncia por abuso sexual contra él. «De inmediato me dispuse a realizar los procesos canónicos pertinentes, suspendí del ejercicio del ministerio, de modo cautelar, a los dos presbíteros en cuestión y envié el caso a la Congregación para la Doctrina de la fe en Roma», expresó el religioso.

26. Luis Albeiro Tamayo Giraldo: «Trabajó con permiso de su diócesis en Villavicencio mientras cursaba estudios de licenciatura, por dos años (desde junio de 2001 hasta junio de 2003) fue párroco en San Joaquín y Santa Ana».

27. Roberto Luis Ochoa Agudelo: «No ha trabajado en la Arquidiócesis de Villavicencio».

El 6 de abril de 2020, Fray Héctor Eduardo Lugo García, ministro provincial de la Provincia Franciscana de Santa Fe de Colombia, le informó al denunciante que se había iniciado la investigación preliminar con uno de los dos sacerdotes: «Me permito informarle que desde el momento en que recibimos por parte del Señor Arzobispo de Villavicencio la Denuncia colocada por usted, iniciamos el respectivo proceso canónico con el Padre Fray Juan Alberto Morantes. Se le aplicaron las medidas cautelares o sea la remoción de su cargo como Párroco; la prohibición de celebrar en público la Sagrada Eucaristía y de presidir los demás sacramentos tal como establece el mismo Código de derecho canónico». También advierte que: «Por todo lo anterior se le colocó en una casa totalmente aislada de todo contacto con público en especial con niños y jóvenes».

28. Fray Juan Alberto Morantes Urbina: «Pertenece a la Orden de los Frailes Menores Provincia de la Santa Fe. Fue nombrado párroco del Divino Niño Jesús el 25 de junio de 2003».

29. Jorge Luis Portilla Pantoja: «No tenemos conocimiento de este señor». Sin embargo, señalan que el superior provincial es Fray Héctor Eduardo Lugo García.

En la misma respuesta, el ministro provincial advirtió que a Portilla Pantoja no se le había iniciado ninguna investigación preliminar porque el denunciante se negó a entregar otra declaración. En la primera denuncia que el hombre presentó ante la curia solo mencionó a 19 sacerdotes, pero en la ampliación ante la Fiscalía y la misma curia, el número llegó a 36. La disciplinada indagación de los fiscales y del investigador del caso llevó a descubrir otros delitos que el denunciante desconocía.

30. Orlando Castro González: Sacerdote montfortiano que trabajó entre 2004 y 2019 en tres parroquias de la Arquidiócesis de Villavicencio. La curia también confirmó que le informaron de esta denuncia al padre Jorge Enrique González, superior provincial de la comunidad de los montfortianos.

Los que ya no están

Estos cinco nombres se suman al caso de Javier Guillén Urrego, uno de los que ya había sido denunciado por abuso sexual. Al menos dos fueron asesinados y otros dos murieron en circunstancias aún no esclarecidas. El relato indica que los abusos sexuales iniciaron con Ramos, Cardozo, Duque y Guillén Urrego.

31. Jhony Ramos Barbudo: «El nombre al que usted se refiere no corresponde a ningún sacerdote que haya trabajado en nuestra Arquidiócesis». Sin embargo, según los registros de prensa, Ramos Barbudo fue asesinado, en octubre de 2019 en la casa cural de la parroquia Jesús de la Misericordia y hasta monseñor Urbina lamentó el hecho en un comunicado: «Elevamos al Señor oraciones para que sea acogido en la casa del Padre; pedimos por la conversión de sus asesinos y rechazamos toda forma de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas». ¿Por qué la Arquidiócesis de Villavicencio niega ahora cualquier relación con el sacerdote Ramos Barbudo?

32. Óscar Danilo Cardozo Ossa: «Falleció el 27 de septiembre de 2009». Fue asesinado, como el anterior caso, «con el método de asfixia mecánica» en la casa cural de la parroquia San Luis María de Montfort, donde era párroco desde 2003. Aunque no se llevaron nada, el relato oficial da cuenta de un robo. También como en el caso de Ramos Barbudo.

33. Carlos Antonio Duque Tabares: «Falleció en el 2017».

34. José Antonio Aya Hurtado: «Falleció en septiembre de 2013».

35. Jaime García: «Falleció el 17 de septiembre de 2019».

Un nombre más

El nombre de Fernando Moreno, juez eclesiástico, también apareció en el relato del denunciante. Sin embargo, la Arquidiócesis de Villavicencio concluyó que «por las dudas manifestadas por el denunciante acerca del apellido de este sacerdote y porque las circunstancias de lugar no corresponden a los lugares donde ha ejercido el ministerio el sacerdote Fernando Moreno, se trata en cambio del sacerdote Fernando Rodríguez Lozano». La justicia ordinaria, ni en este, ni en ninguno de los 36 nombres se ha pronunciado.

Nuevas denuncias

Luego de conocerse la denuncia del 14 de febrero, han llegado otras a la Fiscalía y a la curia, contra algunos de los 36 sacerdotes y contra otros. Se sabe, por ejemplo, que hay un caso que involucra a 5 sacerdotes en un mismo abuso.

En un comunicado que la Arquidiócesis emitió horas antes de la publicación de este texto, confirmaron que «el pasado 24 de junio de 2020 un ciudadano colombiano, mayor de edad, denunció ante el organismo competente de la Arquidiócesis, presuntos hechos contra la moral sexual que ocurrieron hace más de una década, cuando él era menor de edad».

Confirma también monseñor Urbina que los cinco sacerdotes hacen parte del grupo de 36 involucrados en la denuncia del 14 de febrero. «Los denunciados son cinco sacerdotes, de los cuales hay dos fallecidos y sobre los tres restantes ya pesa una medida cautelar de suspensión del ministerio sacerdotal por otros hechos que son materia de investigación canónica y de la cual adelanta investigación la Fiscalía General de la Nación».

Pero hay más: el 22 de mayo de 2020, un hombre denunció haber sido víctima de abuso sexual a sus cinco años por el sacerdote Pedro Joaquín López Cortés, quien fue suspendido ad cautelam mientras se realiza la investigación preliminar. La Fiscalía General ya conoce la denuncia.

Luis Antonio Martínez Bosa y José Ederney Bernal Fajardo, entre muchos otros, son nombres que reposan en el archivo secreto al lado del de Fausto Coronel Riveros, el único sacerdote de la Arquidiócesis de Villavicencio condenado por la justicia colombiana por abuso sexual a un menor de edad.

Vorágine aclara que se ha referido a las cifras presentadas en este texto con la expresión «al menos», porque la redacción tiene conocimiento de decenas de denuncias contra estos 36 sacerdotes y contra otros más, que la Arquidiócesis no incluyó en la respuesta al derecho de petición. Para aclarar esas cifras y denuncias enviamos a la Arquidiócesis dos derechos de petición más. Tal vez se les pasó alguna carpeta, como el archivo secreto, por ejemplo, al que nos niega el acceso el arzobispo Óscar Urbina, muy a pesar de tener el respaldo de la Sentencia T-091 del 3 de marzo de 2020 de la Corte Constitucional.

Lee también: El expediente secreto del suspendido sacerdote Carlos Yepes

El futuro del arzobispo

La denuncia del 14 de febrero de 2019 le cayó como un baldado de agua fría a monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Villavicencio. Lo esperaba la Arquidiócesis de Bogotá y un llamado al colegio cardenalicio. Era el más firme sucesor del saliente arzobispo y cardenal, Rubén Salazar, quien por edad renunció hace dos años a la arquidiócesis más importante. Todos los clérigos, a excepción del papa, deben renunciar a sus funciones pastorales a los 75 años.

Aunque monseñor Urbina ya no podrá ser arzobispo de Bogotá, porque Francisco aprovechó la coyuntura y nombró al joven arzobispo de Popayán, quien llevaba menos de dos años en su cargo, sí aspira, a sus 73 años, llegar al colegio cardenalicio y reelegirse por otros tres años en la Conferencia Episcopal.

No ha sido fácil la vida del presidente de la Conferencia Episcopal, pero tampoco es fácil la vida del denunciante, quien además ha recibido amenazas desde que se atrevió a denunciar, primero en la curia y luego en la Fiscalía.

Nota a los feligreses de Villavicencio

Algunos de los sacerdotes involucrados en la denuncia del 14 de febrero han informado que ya fueron absueltos de toda culpa por la Arquidiócesis de Villavicencio. Al menos, en el papel, eso es falso.

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Acerca del autor

Juan Pablo Barrientos
Bachiller del INEM José Félix Restrepo de Medellín. Comunicador social de la Universidad Católica del Norte, especialista en periodismo electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Ejerce el oficio desde hace 13 años. Fue corresponsal en Washington de La Fm y Noticias RCN; director de Teleantioquia Noticias; periodista de La Fm, La W y Caracol Radio. Ha sido profesor de las universidades Pontificia Bolivariana, Eafit, Santo Tomás y Politécnico Grancolombiano. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018 a la Mejor Investigación en Radio con Dejad que los niños vengan a mí y Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá por la Mejor Investigación en Radio 2016 con La Comunidad del Anillo. Autor del libro Dejad que los niños vuelvan a mí, de editorial Planeta, uno de los textos de no ficción más vendido en Colombia en 2019.
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