Falsos positivos y presunta corrupción: los generales del empalme de De la Espriella

Abelardo de la Espriella aseguró esta semana que el próximo 7 de agosto tomará posesión de su mandato presidencial en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar, como es usual. La selección del lugar donde empezará su gobierno es un símbolo evidente del rol central que las Fuerzas Militares tendrán en su presidencia. Mientras el nuevo mandatario daba esas declaraciones, diez altos oficiales retirados, designados por De la Espriella, lideraban el empalme del sector Defensa. VORÁGINE encontró que dos de ellos han tenido graves señalamientos en su pasado: el general Jorge Jeréz Cuellar, coordinador del empalme de la Secretaría de Gabinete del ministerio de Defensa, ha sido mencionado como responsable de ejecuciones extrajudiciales; el general Mauricio Moreno, encargado del empalme con el Comando General de las Fuerzas Militares, ha sido investigado por el presunto desvío de dineros públicos. Estas son las denuncias en su contra.

Los falsos positivos que salpican a Jeréz Cuellar

Hasta una finca de la zona rural de Pasca (Cundinamarca) llegaron los primos Helvir y Fredy Torres. Los dos pensaban que iban a seguir la fiesta que habían empezado en el pueblo. Eso les dijo una persona que se encontraron en el bar y que les propuso irse a ese otro lugar donde había más licor y mujeres. Los dos aceptaron y se subieron a un carro, que luego se detuvo para recoger a otras dos personas y seguir su camino. 

Cuando llegaron a la finca, los hombres que los habían invitado les dijeron que hicieran tiro al blanco contra unos árboles con unas armas que había en el lugar. En medio de la borrachera, los primos accedieron. Cuando amaneció el 17 de septiembre de 2006, Fredy fue al baño y vio unas huellas que se le hicieron extrañas. Cuando entró a contarle a Helvir, una ráfaga de balas entró por la puerta y este último quedó herido. Fredy pudo huir a pesar de que intentaron matarlo mientras corría. Llegó a la Policía del pueblo y contó lo que le había pasado. Después se enteró que el Ejército presentó ese mismo día a su primo Helvir como un guerrillero de las Farc dado de baja en combate. Es decir, un falso positivo. 

La justicia empezó a investigar y encontró que los hombres que transportaron a los primos hasta la finca tenían comunicación con un teniente coronel llamado Luis Fernando Borja Aristizabal, en ese entonces comandante del Batallón Sumapaz. Cuando este oficial se vio en apuros judiciales, decidió aceptar los cargos y contarle a la Fiscalía cómo se planeó la operación militar. 

En la investigación por ese falso positivo salió a relucir el nombre del coronel Jorge Humberto Jerez Cuellar, oficial en retiro que llegó a ser mayor general, y que fue designado por el presidente electo De la Espriella para hacer el empalme en la secretaría de gabinete del sector Defensa. Junto a Jerez también trabaja el general retirado Mauricio Moreno, quien tras una serie de investigaciones al interior del Ejército fue señalado de robo de combustible y otros hechos presuntamente corruptos. 

Borja le dio una declaración jurada a la Fiscalía en 2012. En esa diligencia el oficial dijo: “durante y después de esas operaciones yo personalmente enteré (a Jerez Cuellar) de la planeación y ejecución de las mismas”, como se lee en el documento al que accedió VORÁGINE. Por aquellos días, Jerez Cuellar era comandante del Comando Operativo del Sumapaz.

El asesinato de Helvir y el intento de homicidio contra Fredy, fue la segunda operación criminal en la que participó Borja en Sumapaz. La primera se habría dado en julio de 2006, hechos en los que el Ejército asesinó a  cuatro personas. En  2021, el coronel le contó a la JEP cómo se planeó la masacre. El oficial le relató a ese tribunal que en la unidad que él comandaba identificaron a algunos líderes campesinos que eran desmovilizados de las Farc.  “Indujimos a esas cuatro personas a que se volvieran a armar por medio de inteligencia, de comentarios que le hacían las personas que estaban con ellos. Entonces, ellos creyeron que verdaderamente las órdenes venían del Secretariado donde les decían que tenían que rearmarse, pero en realidad era una farsa, una mentira”. 

Es decir, militares de civil les sugirieron a esas personas que volvieran a las armas. Luego de más de un mes de insistencia, los hombres aceptaron y terminaron, según el relato de Borja, grabando un video con un saludo al “Mono Jojoy” y accediendo a hostigar una base militar.  “Se había hecho reconocimiento por donde iban en un carro, que se lo quitaron a un campesino de la región por orden mía, y antes de que llegaran a la base de Santa Rosa en el Sumapaz el grupo especial ya los estaba esperando y los asesinó”, contó. En esos hechos fueron asesinados Jose Faustino Santos, Jose Parmenio Molina, William Cruz y Alberto Penagos. 

Acerca de esa masacre, Borja le dijo a la JEP que Jerez Cuellar tuvo pleno conocimiento. “Yo inicio el planeamiento de la operación un mes o un mes y medio larguito antes. Día a día yo le contaba a mi coronel Jeréz cómo iba el planeamiento de esa operación. En el momento en que se iban a dar las muertes de las personas yo le comunico a él que esa operación ya entraba en el desarrollo final y yo le reporto a él las muertes”, relató ante ese tribunal. Además, aseguró que otro oficial, al que identificó como el general Carlos Arturo Suárez Bustamante, se enteró de los pormenores de las ilegalidades que se cometieron en ambos planes criminales. El confeso asesino detalló que el 11 de julio de 2006 hubo una reunión en la que participaron esos dos superiores y él expuso cómo se había hecho todo. “(El coronel Jerez Cuéllar) me felicitó porque siempre estuvo enterado desde el inicio hasta el final”, dijo.

En la misma audiencia, Borja detalló que los dos casos de falsos positivos se perpetraron luego de que el general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, lo presionara para que presentara bajas. El coronel, que fue condenado en 39 procesos por ejecuciones extrajudiciales, reconstruyó una conversación con el alto oficial: “Me dijo ‘¿Sabe cómo puede hacer unas bajas usted?’. Yo le dije, ‘¿mi general, cómo?’. Y me dijo: ‘hay cientos de gamines en la calle o si no vaya a la morgue que allá hay cadáveres recientes y les pone un armamento y los reporta, ¿ya me entendió cómo es?’. Esas fueron las palabras de mi general Montoya”.

El caso de Helvir fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2010. Ese organismo internacional lo admitió en noviembre de 2020. VORÁGINE conoció un correo interno de la Fiscalía en el cual se indagaba sobre las actuaciones adelantadas contra Jerez Cuellar y “demás superiores” de Borja. La averiguación estaba relacionada con la búsqueda de información para responderle un requerimiento a la CIDH. En 2016, el viceministro de Defensa, Anibal Fernández de Soto, tuvo que pedir perdón de manera pública por la ejecución extrajudicial de Helvir y el intento de asesinato de Fredy.

La JEP aceptó el sometimiento de Borja y del sargento viceprimero Amadeo Villamizar, uno de los militares que vestido de civil habría transportado a los primos a la finca donde les dispararon. En 2024 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le pidió a la JEP priorizar el caso de Helvir como un hecho ilustrativo de la dinámica criminal de los falsos positivos. Sobre los avances contra Jerez Cuellar no encontramos información.

La foto en el helicóptero con el “Ñeñe” Hernández

A los señalamientos contra el oficial por tener presunto conocimiento de operaciones criminales, se suman episodios más recientes. En 2020 trascendieron dos situaciones que evidenciarían sus vínculos con el “Ñeñe” Hernández, ganadero señalado de narcotráfico y asesinado en mayo de 2019 en Brasil. Una de ellas es una fotografía, tomada cuando Jerez Cuéllar comandaba la Segunda División del Ejército, en la que aparece en uniforme camuflado posando junto a Hernández frente a un helicóptero.

En otra imagen, conocida después, se ve a Hernández sosteniendo una estatuilla en sus manos. El obsequio lo habría recibido de parte de la división que comandaba Jerez Cuellar. Por este hecho, el oficial fue investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, el caso fue cerrado porque, según las entidades, no había registros oficiales del regalo.

General Moreno: la operación Bastón y una cacería dentro del Ejército

En 2017, el Ejército Nacional lanzó el plan de contrainteligencia más ambicioso de su historia reciente. Tras recibir asesorías de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y con el fin de alcanzar los estándares requeridos para entablar colaboración de esa organización, un grupo élite de militares desplegó la operación “Bastón”. El objetivo era investigar a los generales de la República en búsqueda de posibles casos de corrupción, que iban desde robo de dineros públicos hasta complicidad con grupos criminales. Al final, los hallazgos servirían para depurar las más altas esferas castrenses. 

Los resultados de los investigadores llegaron rápidamente. Tras las primeras indagaciones concentraron sus esfuerzos en un grupo de 16 generales sobre los que encontraron indicios de posibles irregularidades. En 2018, el cambio de cúpula militar -derivado de la transición entre los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque- frenó la intención de depuración y las evidencias recuperadas  de los agentes de contrainteligencia quedaron en un limbo institucional, según le contó a VORÁGINE una fuente que conoció de cerca el desarrollo de la operación. 

Sin embargo, parte de los hallazgos de Bastón empezaron a conocerse en 2019. El periodista Ricardo Calderón hizo una serie de publicaciones en la Revista Semana, que revelaron los alcances de la corrupción dentro del Ejército. Se señalaban, por ejemplo, a altos oficiales que vendían información e incluso armas a grupos criminales como la Oficina de Envigado o el Clan del Golfo, y decenas de casos de malversación  administrativa en la que los jefes militares se habrían apropiado de recursos de sus brigadas o divisiones. Entre la lista de generales investigados en Bastón apareció el nombre del general Mauricio Moreno Rodríguez, hoy delegado de De la Espriella para recibir la información del Comando General de las Fuerzas Militares en medio del empalme.

Como parte de la operación Bastón, la contrainteligencia abrió un expediente bautizado con el nombre secreto de “Gandara”. Su objetivo específico era investigar al general Moreno, quien para la época comandaba la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Chocó. En los documentos reservados conocidos por VORÁGINE se lee: “Mediante información recibida por una fuente con ubicación y acceso se tuvo conocimiento de las presuntas actividades irregulares en las que estarían inmersos oficiales y suboficiales adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y Unidades de la BR15, en el detrimento patrimonial de más de $800’000.000 por concepto de apoyos de Ley 418, misma forma la apropiación de partidas especiales destinadas a construcción por más de $1.000´000.000, los cuales fueron ejecutados de forma fraudulenta y repartidos entre contratistas civiles y personal militar”.

En concreto, los agentes investigaban la presunta participación de varios oficiales en el desvío de millonarios recursos públicos que estaban destinados a la construcción de una casa de descanso para los militares y también a la compra del combustible para los vehículos de la Fuerza Titán. 

En ese entonces, Semana publicó el testimonio de uno de los militares testigos del caso: “La partida se la pusieron a mi general del Ministerio de Defensa. Automáticamente, la traspasan a la Infantería de Marina en Bahía Málaga y ellos se encargan de formalizarla, pero 600 millones creo que fue quedan aquí. O sea, la traspasan, pero no la traspasan completa. Ellos la legalizan, pero queda un combustible supuestamente dizque para apoyos en operaciones… supuestamente… Lo digo porque yo fui hasta Bahía Málaga para que se hicieran todos los documentos”.

En su momento, las denuncias por presunta corrupción contra Moreno llegaron a la Procuraduría y la Fiscalía General. Aunque el alto oficial negó las acusaciones y los expedientes no avanzaron en la justicia, sus líos no terminaron ahí. Para 2019, el militar fue cuestionado por participar, supuestamente, en la cacería interna contra los uniformados que filtraban a la prensa los malos manejos dentro del Ejército.

En mayo de ese año, el periódico estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que denunciaba una serie de polémicas directrices dentro del Ejército. Según ese medio, por orden del entonces comandante de la institución, el general Nicacio Martínez, se estaba presionando a los comandantes de unidades militares en todo el país para que aumentaran el número de bajas en combate. Para las fuentes y analistas, esas exigencias eran muy similares a las que, entre 2002 y 2007, fomentaron un pico de miles de ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Muchos militares se oponían secretamente a esta política  porque las consideraban un incentivo para el regreso de los falsos positivos.

El Ejército negó que las órdenes fueran encaminadas a generar más muertos. Sin embargo, pronto surgieron nuevas evidencias que refutaron esa defensa. Fue en ese contexto  cuando volvió a aparecer el nombre del general Moreno, quien ya era comandante de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga. Él fue uno de los altos oficiales que llenaron los formatos dirigidos a su jefe, el general Martínez, en los que se comprometían a aumentar las “afectaciones” (muertes en combate, capturas y desmovilizaciones)  contra los grupos ilegales. En el caso concreto de Moreno, se había comprometido a duplicar los números de su división. Para los militares que denunciaron las presiones, la única forma de cumplir con esas metas era inflando resultados o cometiendo ejecuciones extrajudiciales.

El nombre de Moreno saltó a la luz en otro episodio relacionado con esa urgencia de resultados al interior de las filas. Según una investigación de la revista Semana, a principios de 2019 el oficial asistió a un encuentro con su par, Diego Villegas, y otros comandantes de la región oriental del país. En aquella reunión, Villegas les habría lanzado a sus interlocutores una instrucción lapidaria: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”.

En medio de todas esas revelaciones de la prensa, el Ejército desató una cacería interna para encontrar a los militares que estaban entregando la información a los periodistas. El encargado de ejecutarla, según las investigaciones de Semana, fue el general Eduardo Quirós, entonces comandante de contrainteligencia. Para eso, el alto oficial habría citado a 15 militares “sospechosos” de filtrar la información en la sede de la Segunda División en Bucaramanga, que comandaba el general Moreno. 

Allí, a los militares les habrían quitado los celulares y les dijeron que iban a ser sometidos a pruebas de polígrafo. Sin embargo, el procedimiento no se concretó:  la operación se filtró mientras ocurría y varios periodistas empezaron a presionar para saber lo que estaba pasando en Bucaramanga. Incluso José Miguel Vivanco, entonces director de Human Rights Watch para las Américas, advirtió en sus redes sociales sobre la reunión que se estaba ejecutando y cuyo objetivo real terminó frustrado. 

Meses después, la Procuraduría abrió una investigación contra Quirós por las presiones irregulares. En esas pesquisas, el Ministerio Público llamó a declarar al general Moreno para saber si estaba al tanto del encuentro. El general contó que había recibido instrucciones del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, para coordinar la reunión en la división que comandaba, pero dijo no tener  conocimiento de lo que Quirós hizo en las instalaciones.

“Moreno dice que Quirós solo hizo actividades propias de la especialidad de contrainteligencia para lo cual se brindó un espacio dentro del cantón, indicando que debido al nivel de reserva no tuvimos acceso a los temas tratados”, dice el documento de la Procuraduría. Esa versión era muy diferente a la que inicialmente entregó a los medios, en la que había negado que en su unidad militar se estuvieran llevando a cabo actividades para identificar a las fuentes de los medios, y que la razón  por la que se había reunido a varios militares allí era para tratar “temas ambientales”.

Pese a que su nombre rondó por varios escándalos, el general Moreno continuó su ascenso. Tras dejar la Segunda División, asumió el Comando de Personal del Ejército y luego la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Su salida de las filas se dio finalmente en agosto de 2022, arrastrado por la barrida en la cúpula que trajo consigo la llegada de Gustavo Petro al poder en reemplazo de Iván Duque. Sin embargo, cuatro años más tarde y ad portas de una nueva presidencia, el oficial retirado regresa al círculo de poder: esta vez, como uno de los hombres clave para el empalme en el sector defensa.

VORÁGINE se comunicó por WhatsApp con el general (R) Jerez pero declinó dar una respuesta a los hechos narrados en este reportaje. Moreno también fue contactado pero no contestó.

Si tiene más información sobre este u otros temas para investigar, escriba al correo [email protected].