Arzobispo de Medellín se niega a cumplir sentencia de la Corte Constitucional

El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, quien ha encubierto a decenas de curas pederastas de la capital de Antioquia, le hizo una petición bastante inusual a la Corte Constitucional. Palabras más, palabras menos, les dijo a los magistrados que el derecho canónico estaba por encima del derecho ordinario. Esto para no cumplir con la sentencia SU-191-22, que lo obliga a responder un derecho de petición que pregunta por 915 sacerdotes.

La solicitud de aclaración la firma Óscar Augusto Álvarez Zea, la mano derecha del arzobispo, vicario general de la Arquidiócesis y párroco de la parroquia Padre Marianito, en El Poblado. Álvarez Zea es quien recibe las denuncias contra sus colegas sacerdotes, simula investigar y luego envía un reporte al Vaticano generalmente exculpando a sus amigos. Este cura, según una fuente protegida, silenció con veinte millones de pesos a un menor de edad con quien decía mantener una relación amorosa.

El arzobispo Tobón, sin ningún asomo de vergüenza, se pregunta en la solicitud a la Corte Constitucional por qué la investigación periodística lo ha tildado de encubridor, e incluso cita el caso de Roberto Cadavid, a quien envió a Estados Unidos a pesar de que lo había suspendido de su cargo por violar a varios niños en diferentes parroquias.

Vorágine radicará hoy un incidente de desacato contra el arzobispo de Medellín, para que la jueza Muriel Massa Acosta, del Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín, ordene el arresto de monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo y la incautación del archivo secreto, donde reposan cientos de denuncias por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.