El cambio no ha sido con las mujeres: Petro se distancia del feminismo

Sentado en un sillón rosado y con un pañuelo verde al cuello, Gustavo Petro prometió ante 500 personas: “El cambio será con las mujeres”. Se encontraba en el debate feminista planeado por diversas organizaciones durante la campaña electoral en 2022.

Aquel día no hubo un debate, pues su contrincante, Rodolfo Hernández, rechazó la invitación, y Petro, con dos horas de retraso, terminó conversando sobre su visión de la igualdad de género y la importancia que tendría la defensa de los derechos de las mujeres en su mandato.

Tres años después hablando de feminismo la escena era otra. Sentado en el Salón del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, sin pañuelo ni corbata, frente a su gabinete y más de un millón de espectadores en televisión, dijo conocer “feminismos que destruyen hombres” y defendió la idea de dar segundas oportunidades.

Sus palabras respondían a los cuestionamientos de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, sobre el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho; a pesar de sus cuatro investigaciones en la Corte Suprema y denuncias por violencia doméstica.

No era la primera vez que Gustavo Petro hablaba de feminismo ni que enfrentaba críticas por nombrar a hombres señalados de violencia de género, como Hollman Morris o Daniel Mendoza. En cada ocasión, sus respuestas habían sido cuestionadas, calificadas de desatinadas, pero esta vez la incomodidad venía desde su propio gabinete. 

Eran las mujeres de su gobierno quienes le reclamaban, y lo hacían ante los ojos de miles  de votantes que, en su momento, confiaron en que las agendas de género serían una prioridad. Eso incluía no solo promesas, sino el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia machista, especialmente en el poder, donde históricamente se han perpetuado estas vulneraciones.

Con el tiempo, la distancia entre Petro y el movimiento feminista no solo ha crecido en el discurso, sino también en los hechos. A pesar de la creación del Viceministerio de las Mujeres, dentro del Ministerio de Igualdad, las problemáticas siguen latentes y, en muchos casos, agravadas: inseguridad, acceso limitado a la justicia, brechas económicas cada vez más grandes y otras. 

Incluso los gobiernos de izquierda son machistas 

El 4 de febrero, durante el Consejo de Ministros, la tensión en el gabinete de Petro alcanzó un punto crítico. Muhamad dejó claro que no compartiría la mesa con Benedetti. Cinco días después, el presidente pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros. La responsable de la cartera de Ambiente  presentó la suya y dejó en manos del mandatario la decisión sobre su permanencia, condicionándola a lo que sucediera con el jefe de despacho.

Recientemente, en una entrevista con María Jimena Duzán, la ministra fue aún más explícita en su visión sobre esta izquierda y su relación con las mujeres asegurando que una revolución progresista no podía ser posible sin feminismo. “El mismo Petro ha sido parte de promover un discurso que mantiene el rol de las mujeres en el mismo lugar. Él no lo va a hacer, nos toca a las mujeres porque él no está en nuestros zapatos”, dijo. En pocas palabras, esta izquierda no ha sido representativa del feminismo que hace tres años le dio su respaldo en campaña. 

La percepción no es solo de la ministra. Un amplio sector de mujeres activistas considera que Petro no es ni ha sido feminista. Juana Afanador, socióloga feminista que hizo parte del Pacto Histórico, sostiene que en este sector del progresismo aún no se comprende realmente qué significa el movimiento. “Se niega a conciliar e insiste en que hay un feminismo bueno y uno malo. Uno que quiere acabar con los hombres y otro que sí perdona. Reproduce estereotipos de género de cómo deben ser las mujeres y esos discursos terminan siendo completamente machistas, patriarcales y antifeministas”, opina. 

Para otras voces feministas, el problema no radica solo en un rechazo explícito, sino en una falta de comprensión profunda. Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, dice: “Hay un desconocimiento de los planteamientos del feminismo como una propuesta transformadora de la sociedad que no atañe solo a las mujeres, sino a todas las personas que viven la opresión y exclusión”.

Aunque Petro es el líder del Gobierno, las expertas coinciden en que su postura no define en su totalidad a la administración. Existen distancias entre la visión del presidente y la de sus funcionarios y funcionarias. 

Para Beatriz Quintero, activista feminista y cofundadora de la Red Nacional de Mujeres, la raíz del problema es que la garantía de derechos de las mujeres no está en el centro de la agenda. “Se quieren destruir los privilegios de las élites y las oligarquías, pero no el patriarcado. Esa es la parte que no se logra entender ni aprehender”, señala. 

Lo anterior, dice,  deriva en falta de voluntad política. Para ella no solo es un problema discursivo, sino un asunto con  efectos en las decisiones. “Ante cualquier escasez de recursos, es lo primero que se elimina. Siempre está en segunda categoría. No se considera algo fundamental”, dice la activista.

Dos mujeres víctimas de feminicidio al día

Desde el sillón del debate feminista, Petro aseguró que las violencias contra la mujeres se debían “volver la cúspide del Código Penal”. Habló de la gravedad del problema y la necesidad de enfrentar estas vulneraciones. Lejos de mejorar, las cifras muestran que la violencia de género en su gobierno no solo se ha mantenido, sino que se ha intensificado.

En 2021, antes de ser elegido, el Observatorio de Feminicidios registró 630 casos. Un año después, en su primer año de mandato, la cifra apenas varió: 619 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Pero en 2024, las alarmas se encendieron como nunca antes. Con 886 feminicidios, este se convirtió en el año con más casos en la historia del país desde que el crimen fue tipificado. Es decir, cada día dos mujeres fueron víctimas de este delito. 

Las agresiones que anteceden este crímen también han crecido de manera alarmante. Según el más reciente informe de la Red Nacional de Mujeres, en los últimos tres años las violencias de género han aumentado en promedio un 13 %. Solo en 2023 se registraron 158.394 denuncias por violencia contra las mujeres. 

Uno de los factores que ha agravado la inseguridad, según Beatriz Quintero, es la política de Paz Total del gobierno. En lugar de ofrecer garantías, esta estrategia ha generado aún más vulnerabilidad para las mujeres. “No las vinculó de una manera sustantiva en esta política cuando son unas de las principales víctimas del conflicto armado”, señala. 

La sensación de abandono también la comparte María Cristina Hurtado, abogada, politóloga y exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, quien considera que el gobierno se ha quedado en discursos. “Lo que veo son paradas políticas. ‘Vamos a hacer’. ‘Vamos a cuidar a las mujeres’. Pero seguimos recogiendo víctimas de feminicidio, de violencia sexual, intrafamiliar, explotación sexual, trata”, crítica. 

En su plan de desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, Petro destinó todo un apartado a estas acciones que llamó tal como su promesa en el debate feminista: “El cambio es con las mujeres”. La directora de la Casa de la Mujer reconoce que el documento propone una visión de seguridad más allá de lo militar, pero advierte que deja de lado un aspecto crucial: la seguridad de las mujeres en los espacios privados. “Es ahí donde dramáticamente vivimos la guerra que el patriarcado nos ha declarado”, asegura. 

En esa misma línea señala  un enorme vacío en las garantías para la seguridad de las mujeres: y es que las medidas de protección se concentran en las grandes ciudades. “En los pequeños municipios y en las pequeñas veredas de este país eso para las mujeres no existe”, asegura Sánchez. 

El reino de la impunidad 

La impunidad en casos de feminicidio y violencia de género no es un problema reciente, pero en el gobierno del cambio tampoco ha habido transformaciones significativas. Las cifras siguen revelando un panorama desolador. Entre 2021 y 2023, el 78 % de los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar cometidos contra mujeres y niñas siguen estancados en etapa de indagación, sin ningún avance procesal. Peor aún, menos del 3 % de estos casos han resultado en una condena. La impunidad alcanza un alarmante 97 %, según la Fiscalía. 

El escenario para los feminicidios no es diferente. En el mismo periodo, el 78 % de los casos sigue sin castigo. En contraste, la organización Sisma Mujer ha reportado que el 86 % de las denuncias por violencia intrafamiliar o intento de feminicidio terminan archivadas. 

Para María Cristina Hurtado este fracaso institucional no es fortuito, sino el resultado de una combinación de incompetencia y falta de debida diligencia en los organismos encargados de prevenir e investigar estos crímenes.

La experta advierte que el país carece de infraestructura necesaria para hacer frente a la violencia de género. “Medicina Legal solo tiene presencia en 40 municipios del país y es la entidad que produce la prueba reina en delitos sexuales. A esto se suma una desarticulación completa entre las instituciones competentes”, explica. Cuando las víctimas deciden enfrentar este sistema, el camino está lleno de obstáculos. Además de  soportar procesos largos y desgastantes, son sometidas a la revictimización. 

Las políticas públicas han estado ausentes 

Las expertas consultadas coinciden en que son constantes las reuniones entre organizaciones de mujeres y actores estatales. Lo difícil es que esas conversaciones se traduzcan en políticas públicas que deriven en acciones y recursos económicos. Se supone que la creación del  Ministerio de Igualdad y Equidad era  una promesa cumplida del Gobierno para este objetivo. Sin embargo, los resultados se quedaron en el papel. La baja ejecución presupuestal de la entidad, que fue del 2,4 % para el pasado noviembre, ha sido una de las mayores desilusiones. 

Incluso la vicepresidenta Francia Márquez, quien lidera esta cartera, ha reconocido sus dificultades. En el más reciente Consejo de Ministros, le dijo directamente a Petro: “El Ministerio de la Igualdad es el caballito que se ha usado en el país para cuando se habla de la ejecución y se dice que no ejecuta. Me hubiera gustado tener una institución desde el inicio de este Gobierno para responderle a la población más excluida y marginada. Sin embargo, eso no pasó”.

Para las expertas, el fracaso de la entidad no se debe solo a su corta existencia o a la falta de un plan claro, sino a la forma en que fue concebido. “Se crea un ministerio con una estructura administrativa muy grande, difícil de mover, de instalar, de diseñar. Creo que ese es el error. Realmente no han logrado que funcione”, explica Beatriz Quintero. 

El problema también radica en la falta de transición entre las instituciones. Juana Afanador señala que el Ministerio de Igualdad no absorbió las capacidades que ya existían en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en temas de género. “No hubo la transición esperada para que el feminismo y los temas de género tomaran la amplitud que debían tener. En lugar de desmontar el DPS para fortalecer el Ministerio de Igualdad, se mantuvo esa visión asistencialista sin avanzar hacia la democratización del poder y la autonomía de las mujeres”, asegura. 

Ha habido intentos y avances. Sin embargo, no lo suficientemente representativos para el presupuesto destinado que pasó de 4.500 millones de pesos en 2023, cuando operaba desde la Consejería Presidencial, a 293.000 millones en 2024 para el Viceministerio de las Mujeres. Uno de los puntos álgidos es el Sistema de Monitoreo de Seguimiento de Violencias Basadas en Género (SALVIA). 

“A dos años y medio deberíamos tener un poco más claro e incorporado este sistema junto a los de cuidado locales en Bogotá, Cali o Medellín. Pero no es tan evidente esa coordinación para lograr más impacto”, afirma Beatriz Quintero. Solo hasta diciembre de 2024 se emitió el decreto para su regulación. Por su parte, Francia Márquez reporta que, hasta el momento, han atendido a 17.000 mujeres a través de este mecanismo. 

A su vez, desde el Gobierno informaron  que están en etapa de alistamiento del programa Autonomía Económica de las Mujeres, una iniciativa que busca  fortalecer la producción y comercialización de productos de mujeres. Aseguran que han brindado asistencia técnica a entidades territoriales para la formulación e implementación de proyectos locales de cuidado. Y con su programa Casas para la Dignidad de las Mujeres se abrieron algunos espacios de acompañamiento en 14 departamentos del país. VORÁGINE intentó hablar con la viceministra de las Mujeres, Támara Ospina, para conocer el balance de la dependencia, pero no hubo disponibilidad en su agenda. 

Por su parte, Alexandra Vásquez, congresista feminista e integrante del Pacto Histórico, afirma que desde el Congreso los avances legislativos han sido notorios. Por lo menos la agenda de género ha sido respaldada por la bancada. Recientemente, lograron la eliminación del matrimonio infantil, un proyecto de ley que había sido radicado ocho veces en el pasado y siempre quedaba a mitad de camino. También, lograron aprobar una ley que reconoce una licencia menstrual para mujeres con periodos incapacitantes. “Somos una bancada progresista, el no apoyar las iniciativas de género sería ir en contra de las banderas que cargamos”, afirma.

Algunos avances también han sido notorios en las reformas presentadas por el Gobierno. Por ejemplo, el artículo 36 de la reforma pensional estableció una reducción de semanas acorde con el número de hijos que haya tenido una mujer como reconocimiento del trabajo no remunerado.

En la reforma laboral también se establecieron medidas para garantizar la igualdad salarial, se incluyó la licencia menstrual, la ampliación de la licencia de paternidad, el reconocimiento de trabajo de cuidado no remunerado, que está concentrado especialmente en mujeres, y la protección contra la discriminación y el acoso en espacios de trabajo.  

Más mujeres no siempre es mayor representatividad 

Este Gobierno se ha destacado por abrir espacios para mujeres en espacios históricamente ocupados por hombres. Francia Márquez se convirtió en la primera vicepresidenta afro del país, Iris Marín la primera defensora del Pueblo, Irene Vélez la primera ministra de Minas y Energía, Susana Muhamad la primera colombiana presidenta de una COP. Además, por primera vez en la historia, la terna de Fiscal General fue compuesta exclusivamente por mujeres. 

La apuesta del presidente también incluyó un gabinete paritario, al menos en su inicio. Contando los departamentos administrativos, su primer equipo de gobierno estuvo conformado por un 41 % de mujeres y un 59 % de hombres. Sin embargo, la equidad no se sostuvo en el tiempo. Para julio de 2023, la presencia femenina se redujo al 37 %, y recientemente, antes de la solicitud de renuncia ministerial, el gabinete contaba con 10 mujeres al frente de carteras y 9 hombres.

Para Olga Amparo Sánchez estos son simbolismos importantes, pues contribuyen a que otras mujeres tengan un espacio al que es posible llegar. “Nos muestra a las mujeres en la disputa del poder político”, señala. 

Quintero también destaca la lista con alternancia dentro del Pacto Histórico en las elecciones parlamentarias. Al menos el 30 % de representación ha estado en cabeza de mujeres. La historia es distinta en las elecciones locales, en las que en su mayoría los candidatos eran hombres. 

Alexandra Vásquez considera que más allá de las grandes direcciones en el gobierno, sí hay una representación femenista importante. Olga Amparo Sánchez tiene una percepción diferente. “Aunque existan funcionarias o funcionarios que se autodenominen feministas, la narrativa hegemónica no es de reconocimiento al feminismo. Las mujeres que están en altos cargos de la dirección pública tienen apuestas distintas”, afirma. 

María Emma Wills, académica feminista, refuerza esta idea: “La presencia de cuerpos diversos en el gobierno no significa que el gobierno sea feminista. Esos cuerpos pueden estar ahí como emblemas, pero sin mucho poder de ejecutar y llevar a cabo políticas feministas”. 

Las brechas económicas cada vez más abiertas 

Quintero afirma que las políticas públicas tampoco se han enfocado en cerrar las brechas económicas. “Las mujeres continuamos siendo las más pobres entre los pobres, teniendo grandes diferencias salariales y con problemas frente a la propiedad privada”, resalta la directora de la Casa de la Mujer. 

El Departamento Administrativo Nacional Estadística (Dane) reveló en su último informe que las brechas de género en el mercado laboral persisten. Entre octubre y diciembre de 2024, el 11,2 % de las mujeres estaban desempleadas a comparación del 7,1 % de los hombres. El abismo es de 4,1 puntos. Asimismo, las mujeres tienen menos oportunidades en el mercado laboral, pues la tasa global de participación mostró una diferencia de 23,6 puntos porcentuales. La situación se agrava en las zonas rurales. El Dane también reportó que 4,5 millones de hogares de jefatura femenina viven en extrema precariedad. 

Mientras tanto, Juana Afanador resalta los importantes avances del Ministerio de Agricultura en la titulación de tierras de mujeres campesinas. En octubre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras anunció la entrega de predios a más de 700 mujeres en departamentos como Atlántico, Córdoba, Huila, Magdalena y Antioquia. Esta fue una decisión del Gobierno ante la desigualdad en tenencia de la tierra: el Dane reporta que el 64 % de la propiedad privada está en manos de hombres. Solo el 1 % de los predios superiores a 200 hectáreas pertenecen a mujeres. 

Discursos de izquierda hablando como la derecha 

El discurso de Gustavo Petro sobre el feminismo no solo preocupa por su desconocimiento, también por el contexto en el que se dan sus afirmaciones. Actualmente hay una tendencia a nivel internacional de “desconocer la necesidad de acciones afirmativas por deudas históricas que se tienen con las mujeres”, explica Beatriz Quintero. 

Juana Afanador va más allá: “Es preocupante que un presidente que se dice progresista, retome, replique y se alinee con discursos de la extrema derecha antifeminista como los de Trump o Milei que dicen que el feminismo quiere acabar con el hombre”. Para ella, más que una contradicción, se trata de un peligro real, pues este tipo de narrativas terminan traduciéndose en violencias concretas contra las mujeres.

Ha sido evidente para las ciudadanas que actualmente desconfían del Gobierno. La más reciente encuesta de Invamer, junto a Caracol Televisión y Blu Radio, mostró que en promedio las mujeres rechazan más las políticas de Petro que los hombres. Siete puntos porcentuales para ser precisos. Un 67,7 % desaprueban las decisiones del mandatario. 

Si bien los discursos del Presidente no definen a todo el Gobierno, sí establecen una lógica de poder que impacta directamente a las mujeres. “La lógica patriarcal tiene que ver con un ejercicio de poder muy vertical y arbitrario sobre personas que consideras menos que subordinadas o tus enemigas. El poder se colapsa en el patriarca. El opuesto a esa lógica es el feminismo, que busca generar como principio de articulación variables como cuidado, delicadeza, hospitalidad y amistad”, asegura María Emma Wills.  

Durante este mandato, el gobierno ha logrado posicionar en el debate público conceptos como igualdad, justicia y defensa de la vida. No hay vuelta atrás en ese reconocimiento. Sin embargo, la brecha entre las palabras y los hechos sigue siendo evidente. Paradójicamente, el discurso que prometía transformar las estructuras de poder ha terminado reproduciendo violencias y estigmas que el feminismo busca erradicar. Por ello, las expertas coinciden en que ha habido una instrumentalización del movimiento. 

Las feministas consultadas no pierden la esperanza de cambio, pero sí marcan distancia con un proyecto progresista que, pese a las expectativas, no llegó a representarlas ni a defender sus derechos como prometió aquel Petro que en campaña usaba un pañuelo verde.

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