Atentado a Miguel Uribe Turbay: los hechos, sin ruido

Eran las 3:32 de la tarde del 7 de junio cuando una motocicleta se detuvo en una esquina del barrio Modelia, en Bogotá. En la parte trasera viajaba un adolescente de 15 años que horas más tarde le dispararía al senador Miguel Uribe Turbay. Al bajarse de la moto, se quitó el casco con calma, se puso una gorra roja y permaneció en la zona. Para ese momento llevaba una chaqueta oscura de talla grande. Nueve minutos después, un carro blanco se estacionó cerca. El adolescente se acercó al conductor, conversaron brevemente y luego se alejó hablando por teléfono, según muestran las grabaciones obtenidas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Pasaron casi dos horas. A las 5:22 p. m. el menor descendió de un Chevrolet Spark gris y comenzó a caminar con prisa. Cruzó cinco cuadras hasta el parque El Golfito donde ya se encontraba Miguel Uribe. Detrás de él, un hombre y una mujer, que también iban en el carro, lo siguieron a paso lento. El joven se detuvo, observó el discurso del precandidato durante unos segundos y luego se acercó. Disparó. La multitud estalló en pánico, la gente corrió en todas las direcciones y Miguel Uribe, de 39 años, quedó tendido en el suelo.

Aunque se escucharon más disparos, al senador lo impactaron tres balas: dos en el cráneo y una en la pierna izquierda. Fue atacado con un arma Glock calibre 9 milímetros, que según Carlos Triana, director de la Policía Nacional, fue comprada de forma legal el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Aún se investiga cómo fue ingresada al país. 

El atacante 

Tras dispararle a Miguel Uribe, el menor emprendió la huida corriendo entre la confusión y los gritos de quienes estaban en el parque. Varios asistentes al evento, junto con uno de los escoltas del senador, Ricardo Céspedes, miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), salieron tras él. El adolescente disparó varias veces al aire mientras corría, y Céspedes logró herirlo en una pierna, según relató Augusto Rodríguez, director de la UNP, a W Radio.

Aún herido, el joven siguió intentando escapar a paso más lento, pero tras varias cuadras fue alcanzado. Las cámaras registraron el momento en que el escolta, junto con algunos ciudadanos, lograron retenerlo. En medio del forcejeo, lo redujeron en el suelo. 

En ese momento, se observa en videos a un policía manipulando el arma que tenía el menor. Aunque algunos señalaron que esta acción podría entorpecer la investigación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró en entrevista con W Radio que se trató del protocolo habitual cuando un arma acaba de ser usada en un ataque. “Se hace la manipulación respectiva de los protocolos de seguridad. Es un arma cargada, cualquiera puede cogerla, por eso se manipula de tal manera que no genere ningún peligro”, explicó.

No era un arma traumática

Desde la UNP negaron que el arma perteneciera a la institución, ya que la entidad utiliza Glock calibre 40. Así mismo, se descarta la teoría del uso de un arma traumática, ya que estas disparan proyectiles de goma o plástico duro. Tal como se específica en la página oficial de Glock, estas armas utilizan cartuchos 9x19mm Parabellum y están elaboradas para el uso de policía y ejército en condiciones y escenarios muy concretos: fueron diseñadas para incapacitar de manera contundente y con precisión. 

El celular del atacante

Algunos medios de comunicación han reportado la supuesta desaparición del celular del adolescente implicado, el mismo con el que fue visto en grabaciones previas al ataque. En rueda de prensa el 9 de junio, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que en el lugar de los hechos no se incautó ningún teléfono. Lo cierto es que, antes del atentado, el menor fue captado en video a las 4:14 de la tarde haciendo llamadas y enviando mensajes desde un celular blanco, según reveló El Tiempo. Para ese momento aún llevaba la gorra roja y la chaqueta. Más de una hora después es que el joven vuelve a aparecer en otra cámara de seguridad bajándose del Spark gris, ya sin el teléfono, sin gorra y con una camiseta ancha.

De igual manera, una serie de chats publicados en medios de comunicación referentes a la supuesta organización del atentado, eran falsos y correspondían a otro caso. En las conversaciones se involucraba a la empresa inDrive que salió a negar cualquier relación con lo ocurrido a Miguel Uribe. “Aunque el presunto perpetrador fue capturado en el lugar de los hechos y no utilizó un servicio de inDrive, nuestro equipo de Soporte y Seguridad ha activado de manera inmediata todos los protocolos para verificar exhaustivamente cualquier actividad sospechosa en la zona durante el incidente”, puntualizaron. 

El testimonio del joven

Ante la justicia, el menor aseguró que la orden la recibió del “jefe de la olla” de su barrio, según reveló Semana. Él vendía drogas para esa organización criminal, pero nunca había actuado como sicario. Le ofrecieron 20 millones de pesos por el atentado, sin decirle quién era el objetivo. La suma lo convenció. Le pagarían después del ataque.

El 7 de junio lo contactaron y una moto, de la cual desconocía al conductor y que fue contratada mediante una aplicación, lo recogió en el punto acordado. Le dijeron que todo estaba coordinado, pero después entendió que lo habían enviado a morir: lo abandonaron en plena persecución.

En el Chevrolet Spark gris que lo transportó antes del ataque, iban alias ‘El Costeño’, su novia y el conductor, Carlos Eduardo Mora. Allí le informaron el arma, el lugar y el blanco. Asegura que no sabía quién era Miguel Uribe; lo supo después del atentado.

Una moto debía recogerlo en la avenida Ferrocarril. Al ser reducido, aún alcanzó a verla a lo lejos, esperándolo. Quedó inconsciente por los golpes y heridas. Luego, despertó en cuidados intensivos tras una hemorragia severa, dos cirugías y un procedimiento de reanimación, según Semana.

El 10 de junio, durante la audiencia de acusación, ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el joven no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía: tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Aunque el ente acusador solicitará medida de aseguramiento en un Centro de internamiento preventivo, ante el nivel de riesgo sobre el atacante, fue trasladado ese mismo día, bajo extremas medidas de seguridad, a un sitio especial en el búnker de la Fiscalía. No es una celda ni tampoco permanecerá con mayores de edad. 

La Fiscalía solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la custodia del menor, y su familia y él, anunció Camargo, entrarán a un programa de protección de testigos para garantizar su integridad. “Nosotros sabemos razonablemente que el menor en un centro de atención especializado no garantiza la seguridad que requiere, tiene que ser custodiado de manera muy puntual y muy concreta”, dijo Luz Adriana Camargo. 

Por ahora, no se ha comprobado su relación con un grupo armado ni tiene amonestaciones previas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró, el 9 de junio, en su cuenta de “X”, que el joven había sido abordado por las autoridades distritales, que además hizo parte de uno de los programas de su gobierno, Jóvenes en Paz, y se retiró voluntariamente. 

Jóvenes en Paz está a cargo del Viceministerio de las Juventudes, del Ministerio de Igualdad y Equidad, y busca implementar una ruta de atención integral a jóvenes inmersos en ciclos de violencia en comunidades vulnerables y desvincularlos de dinámicas criminales. 

El Ministerio de Igualdad y Equidad aclaró que el menor fue preinscrito al programa en agosto de 2024 en Bogotá. Inició con la parte de acompañamiento académico, el 12 de septiembre de ese año, y dejó de participar voluntariamente el 22 de noviembre. Para diciembre ya se registraba como inactivo. 

Así mismo, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) confirmó que el joven fue contactado el 26 de mayo en el centro de Bogotá para ofrecerle sus servicios de bienestar y desarrollo. El Idipron tiene programas para apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad que las autoridades reconocen en las calles o parques de la ciudad. Les ofrece alternativas de formación, desintoxicación u oportunidades de primer empleo. Sin embargo, aclararon que no aceptó ninguna de las ayudas.

Iván Mordisco niega estar involucrado 

La candidata presidencial y periodista, Victoria Eugenia Dávila, conocida como ‘Vicky’, aseguró el 9 de junio, en su cuenta de ‘X’, que tuvo comunicación con un militar activo de inteligencia. Este le le habría advertido que alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, ordenó el atentado contra Miguel Uribe. Además, que se trataría de un plan terrorista que la incluye a ella y a la senadora María Fernanda Cabal. 

Sin embargo, al día siguiente de esa publicación, el secretariado de esta disidencia de las FARC-EP emitió un comunicado asegurando que no planificaron, ordenaron ni ejecutaron ninguna acción contra Uribe. “Esto responde al interés de estas alimañas para ganar votos en la farsa electoral que se avecina”, escribieron. 

La red detrás del ataque  

Los videos divulgados por Noticias Caracol muestran la participación de al menos cinco personas en el atentado. Tres de ellos se acercaron de forma voluntaria a la Fiscalía. Uno es Carlos Eduardo Mora González, quien el jueves 5 de junio hizo el reconocimiento previo del lugar donde se cometió el ataque. Al día siguiente, estuvo en la organización de la logística final, y el sábado 7 de junio condujo el vehículo en el cual se le entregó el arma al menor y se cambió de ropa. Está confirmado que Mora González tiene antecedentes penales por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El proceso fue iniciado en Florencia, Caquetá, en el año 2024, y le correspondió al juzgado 1ro penal del circuito de esa ciudad.  

Este hombre fue imputado por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía del 12 de junio. Los otros dos, una mujer y un hombre, fueron interrogados por la entidad.

Aquí hay un detalle importante que podría conducir a los primeros hilos de la investigación de la Fiscalía. El diario Tiempo publicó dos datos que harían parte del interrogatorio que rindió Mora González, quien conducía el Spark gris del que descendió el atacante de Miguel Uribe. El ahora imputado habría dicho que trabajaba para un hombre conocido como “El Costeño”. Este último es quien, junto con una mujer, sale del mismo vehículo y camina a paso lento detrás del joven minutos antes de que cometiera el acto sicarial. “El Costeño”, a su vez, recibía órdenes desde Ecuador de un sujeto al que llaman “El Churco”.  

Además, este 14 de junio, las autoridades capturaron, en Florencia, Caquetá, a una mujer presuntamente involucrada en la organización del atentado. De acuerdo con Blu Radio, ella se movilizaba en uno de los carros investigados y habría huido de Bogotá tras el atentado.

La edil que fue señalada

De forma falsa se señaló a Erika Medina, actual edil de la localidad de Puente Aranda como la mujer que aparece en un video hablando con el atacante segundos  antes del atentado. Y que semanas atrás fue vista junto a Miguel Uribe, su compañero del partido Centro Democrático. Pero la mujer que aparece en el acto político de Miguel Uribe y que intercambia algunas palabras con el atacante, según los videos,  es Sandra Beatriz Castillo, dueña de una miscelánea, quien el domingo 8 de junio se acercó a la URI de Usaquén y aclaró que no estaba involucrada en los hechos. En las revelaciones de Semana, el menor asegura que se acercó a la señora para preguntarle quién era la persona que estaba hablando. Ella contestó que Miguel Uribe y ahí supo que él era el objetivo. Es importante decir que Erika Medina ni siquiera asistió al evento donde ocurrieron los hechos. 

El esquema de seguridad de Miguel Uribe 

Uno de los asuntos de debate ha sido el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay. Según Carlos Triana, director de la Policía Nacional, el precandidato contaba con un esquema mixto, compuesto por cuatro integrantes de la Policía y tres de la UNP. Además, dos vehículos blindados. 

A través de ‘X’, el presidente Gustavo Petro reportó que ese sábado 7 de junio el esquema de seguridad había sido reducido de 7 a 3 personas. El ministro de Defensa aclaró la situación en W Radio: “Esa madrugada habían terminado un servicio a las 3 a. m. y en el protocolo de descanso de la gente para que pueda brindar los demás servicios, se quedaron cuatro brindando la seguridad. Dos de la UNP y dos de la Policía Nacional”. Dos estaban con la familia de Uribe, y otros dos, un policía y un escolta de la UNP, acompañando al precandidato desde las 2 p. m. 

Por su parte, Victor Mosquera, representante legal de Uribe, interpuso una denuncia ante la UNP por presunta omisión de funciones al no reforzar el esquema de seguridad del congresista. Reportó que en lo corrido del 2025 hicieron 23 solicitudes para incrementar las medidas de protección, la última fue el 5 de junio, dos días antes del atentado. El abogado denunció que los requerimientos no fueron atendidos adecuadamente. 

Frente a ello, el director de la UNP le dijo a W Radio que unas semanas atrás Uribe solicitó la ampliación de su esquema y se sumó una persona más. A su vez, que hubo solicitudes de apoyo en otras ciudades, pero ese servicio está a cargo de la Policía Nacional. “Reconocemos que ese número de personas no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial”, aseveró Augusto Rodríguez a Caracol Radio. 

Tanto el director de la UNP como el de la Policía Nacional aseguraron que Uribe se habría negado a recibir apoyo de escoltas temporales que cubrieran los turnos de los integrantes permanentes en sus tiempos de descanso. Argumentan que el precandidato no se sentía cómodo con personas fuera de su círculo de confianza. El director de la Policía aseguró que se iniciará una investigación disciplinaria contra cuatro escoltas del esquema de seguridad del senador.  

Miguel Uribe continúa en estado crítico 

Tras los disparos, el precandidato fue socorrido por uno de los policías de su esquema y, posteriormente, asistentes al evento. Mientras era trasladado a un centro asistencial, pasó una ambulancia con destino a un accidente de tránsito y atendió al senador. Lo llevaron a la Clínica Medicentro en Fontibón y, posteriormente, por solicitud de la familia, a la Fundación Santa Fe. 

En horas de la noche, Miguel Uribe fue sometido a una intervención quirúrgica para atender sus heridas. Desde ese día, la Fundación Santa Fe ha reportado que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y su estado es crítico con pronóstico neurológico reservado. 

Mientras tanto, las investigaciones en la Fiscalía continúan avanzando. Los representantes legales de Uribe, con el apoyo de un equipo privado liderado por la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, desarrollaron labores propias de indagación. A la Fiscalía le entregaron cuatro informes, de campo, laboratorio e informática forense; además de 11 entrevistas a testigos presenciales del ataque y 51 correos electrónicos enviados a la UNP antes del atentado. También, aportaron una base de datos con más de 1.000 contactos, con el fin de verificar si la campaña fue infiltrada, y un conjunto de 1.509 fotografías y documentos con posible material probatorio.

Por su parte, la Policía ofrece hasta 3.000 millones de pesos por información que permita identificar a los determinadores del atentado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que aunque varios de los avances son de carácter reservado, han sido significativos para rastrear quiénes estuvieron detrás del  intento de magnicidio contra el precandidato Miguel Uribe Turbay.

Si tiene más información sobre este u otros temas por favor escriba a mariana.[email protected]