Dos hospitales contrataron 24.000 millones con empresas de un extraditado

Un hombre manejaba a la sombra multimillonarios contratos con hospitales de dos municipios de Antioquia: Ceferino Rivas Martínez, quien tenía orden de captura, se reunía con el comandante máximo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y habría enviado cientos de kilos de cocaína hacia Estados Unidos. “Chepe”, como se hacía llamar, suscribió contratos incluso luego de que la Fiscalía ordenó su captura. Entre los funcionarios que avalaron los procesos contractuales está el actual jefe de la división de operación aduanera de la DIAN en Urabá y un político cercano al ministro de telecomunicaciones, Mauricio Lizcano, y al alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar.

En 2020 la embajada de Estados Unidos en Colombia pidió que “Chepe” fuera capturado porque tenía pruebas de que lideró operaciones de narcotráfico. La Fiscalía colombiana emitió la orden de captura el 2 de marzo de 2020. Para las mismas fechas, el señalado narcotraficante firmó varios contratos con el Hospital Francisco Valderrama de Turbo (Antioquia). Por intermedio de su empresa Inversiones Brady SAS, que él mismo representaba legalmente, “Chepe” suscribió tres contratos: uno, el 14 de enero de 2020; otro, el 2 de marzo del mismo año; y, el último, el 12 de enero de 2021. La compañía suministró materiales de construcción y adecuó 14 habitaciones del centro hospitalario. Por esos trabajos recibió 860 millones de pesos.

Pero la suerte estaba del lado de “Chepe” y firmó otros tres contratos de manera casi simultánea. El acusado narcotraficante, a nombre propio, le arrendó una camioneta Toyota Hilux al mismo hospital entre enero de 2020 y julio de 2021. Por ese servicio le pagaron 159 millones de pesos.

A pesar de que las contrataciones públicas se registran en sistemas del Estado, “Chepe” solo fue capturado el 21 de febrero de 2021 en Valledupar. Las pruebas que tenía la justicia estadounidense, entre las que se encuentran interceptaciones telefónicas y los testimonios de dos testigos, dan cuenta de una faceta del poder que acumulaba ese personaje.

“Rivas Martínez ha adquirido toneladas de cocaína en Colombia para miembros del Clan del Golfo y ayuda a coordinar el cargamento marítimo de la cocaína hacia Panamá y Costa Rica para su posterior transporte a los Estados Unidos”, precisó la investigación de la DEA. Esa agencia antidrogas también señaló que “Chepe” coordinó un envío de 153 kilos de cocaína a Panamá que fue incautado el 3 de julio de 2017.

Según un testigo que ha declarado contra el señalado narcotraficante, esa operación se pactó con los capos más poderosos de las AGC, denominadas por el Estado colombiano como “Clan del Golfo”: “Testigo de Cargo 1 estuvo presente en una reunión con Rivas Martínez, ‘Chiquito Malo’, ‘Juan Pablo’ y otros; en dicha reunión, se coordinó el envío del cargamento de 153 kilogramos de cocaína antes mencionado”. La misma persona reveló la importancia de “Chepe” en el grupo armado. “Rivas Martínez es financista y trabaja directamente para los líderes del Clan del Golfo conocidos como ‘Chiquito Malo’, ‘Otoniel’ y ‘Juan Pablo’, brindándoles asistencia con las operaciones financieras”. Además, lo señaló de ser el mediador de ese grupo criminal con otros narcotraficantes, de distribuir al menos 500 kilos de cocaína al mes y de comprar armas para las AGC.

“Chiquito Malo” es el máximo comandante de las AGC y su nombre de pila es Jobanis de Jesús Ávila. “Otoniel” comandó esa estructura criminal hasta que quedó en poder de las autoridades en octubre de 2021. Sobre “Juan Pablo” no tenemos certeza de quién se trata, pero podría ser un dirigente de ese grupo armado que fue abatido en Santander en mayo de 2023. Las AGC ejercen un estricto poder en la región de Urabá desde que se crearon como un remanente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizaron en 2005.

La DEA también obtuvo pistas de las ganancias de “Chepe” por medio del narcotráfico. “Comunicaciones interceptadas legalmente revelaron que Ceferino Rivas Martínez recogió una suma superior a 14 millones de dólares de los Estados Unidos en utilidades provenientes de la venta de narcóticos”, se lee en el documento que la justicia estadounidense le hizo llegar a las autoridades colombianas. Ese cálculo dejó por fuera los miles de millones que ganó “Chepe” por medio de la contratación pública. El presunto capo fue extraditado en septiembre de 2021. 

Las operaciones de narcotráfico en las que habría participado “Chepe” se dieron entre 2017 y 2019, justo en los años en los que su entramado de empresas contrataba con los hospitales de Turbo y Dabeiba. Las compañías asociadas al presunto narco quedaron al descubierto luego de que la Fiscalía ocupó, en septiembre de 2022, diferentes bienes asociados al señalado narcotraficante y a personas que serían sus testaferros: 10 establecimientos de comercio, 38 vehículos, 1 embarcación, 6 sociedades y 20 inmuebles urbanos y rurales.

El control de “Chepe” en el hospital de Turbo

En VORÁGINE buscamos registros de contratación de las empresas que le fueron incautadas a “Chepe”. Encontramos una red multimillonaria de contratos con dos hospitales, una Alcaldía y una Corporación Autónoma Regional. Cuatro de esas compañías suscribieron 33 contratos, entre 2017 y 2022, por un monto de 23.962 millones de pesos. Y la entidad que más favoreció a ese entramado empresarial fue el hospital Francisco Valderrama de Turbo, el cual le adjudicó 18.945 millones.

La empresa de “Chepe” con más contratos es Servimax Servicios Temporales. Aunque la representante legal de la compañía era una mujer de nombre Luz Mery Chala Sánchez, el rastro del presunto narcotraficante quedó en los documentos de fundación de la sociedad. En el acta de constitución aparece el nombre de Ceferino Rivas y las acciones quedaron a nombre de Inversiones Brady. Entre 2020 y 2022 esa sociedad obtuvo 17 contratos que sumados alcanzan los 18.777 millones de pesos.

En la dedicatoria del trabajo de grado que entregó Chala en una especialización en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se lee: “Agradezco a mi esposo, Ceferino Rivas Martínez, gracias a su apoyo económico y emocional se me hizo posible iniciar y terminar esta etapa de mi vida”.

Chala también era representante legal de otra empresa que le fue incautada a “Chepe”: Inversiones y Soluciones Servimax. Esa compañía, en plena pandemia, manejó áreas fundamentales para la prestación de los servicios médicos en el hospital de Turbo. El 29 de noviembre de ese año Chala firmó dos contratos que suman 1.300 millones, entre los objetos contractuales se encuentran la prestación de los servicios de enfermería, odontología, terapia respiratoria, ortopedia, ginecología, obstetricia, entre otras especialidades. El gerente del centro hospitalario era Alexis Cuesta Cuesta.

Por medio de Servimax Servicios Temporales, “Chepe” también controló aspectos claves del funcionamiento del mismo hospital. Desde 2020 la compañía contrató el personal para las áreas administrativa, financiera, de facturación, gestión de salud, seguridad en el trabajo, atención al usuario, conductores, aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones.

Los tres gerentes que firmaron los contratos con las empresas de “Chepe” fueron Alexis Cuesta Cuesta, Alexi Abuchar Palacio y Geiler Yair Miller Perea. El primero es un viejo conocido del ministro de las telecomunicaciones Mauricio Lizcano. En 2014, como lo reveló Cuestión Pública, Cuesta trabajó en la campaña legislativa de Lizcano en Urabá. Además, Cuesta estuvo contratado en el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) luego de que el ahora ministro fuera nombrado por el presidente Gustavo Petro como director de esa entidad.

Cuesta también es cercano a Alejandro Abuchar, actual alcalde de Turbo. De hecho, fue el mandatario quien lo nombró como gerente del hospital en 2018, durante su primera administración como alcalde del municipio. En redes sociales ambos han evidenciado su cercanía. En enero de 2024 Cuesta se posesionó como director de Corpourabá, pero cuatro meses después fue detenido. La Fiscalía señala al político de abusar sexualmente a una adolescente de 15 años, a quien habría drogado. El alcalde Abuchar apoyó públicamente a Cuesta desde su cuenta de Facebook: “Me solidarizo con los que por ser parte de este oficio público, culpables o no, sufren como mi amigo Alexis Cuesta que hoy enfrenta un duro momento”.

Por su parte Alexi Abuchar Palacio, el gerente que reemplazó a Cuesta, es el actual jefe de la división de operación aduanera de la DIAN en Urabá. Hablamos con él telefónicamente. “En el momento en que se hicieron las contrataciones yo desconocía todo eso. Me imagino que el área de contratación también hizo los filtros correspondientes, pero lo único que sé es que no actué con dolo. Teniendo conocimiento no iba a aceptar un tipo de contratación de esas”, aseguró. También dijo recordar que Ceferino Rivas fue en persona a firmar algunos contratos. “Se le pidieron todos los documentos para contratación y él cumplía”, argumentó.

Geiler Yair Miller, gerente durante varios años del hospital, firmó contratos con las empresas que eran representadas por Luz Mery Chala, pero ninguno con “Chepe”. En medio de una corta llamada telefónica nos dijo: “Los contratos se firmaron con un representante legal que no tenía ningún tipo de inconveniente”.

Los alcaldes de Turbo durante la bonanza de contratos a las empresas de “Chepe” fueron Alejandro Abuchar y Felipe Maturana. VORÁGINE contactó a Abuchar por medio de Whatsapp. Primero, el mandatario negó que durante su administración se le dieran contratos a empresas de “Chepe”. Al mostrarle que en 2019 el hospital contrató 1.299 millones con Servimax Servicios Temporales dijo: “Ah no sé, señor. El gerente del hospital se llamaba Alexis Cuesta, no Alejandro Abuchar. Yo era ordenador del gasto de la administración de Turbo, no del hospital. El señor era autónomo”.

Le envíamos un correo a Luz Mery Chala para conocer su versión sobre lo revelado en esta investigación, pero hasta el momento de la publicación no recibimos respuesta.

Hospital de Dabeiba: el baile de las empresas de “Chepe”

La segunda entidad que más dinero contrató con las empresas relacionadas con “Chepe” fue el hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Dabeiba. Esa entidad, entre 2020 y 2022, adjudicó seis contratos que suman 4.372 millones. Incluso, cambió de manera sucesiva de una empresa de “Chepe” a otra.

Así se evidencia en dos contratos. El 1 de agosto de 2021 se firmó uno con Inversiones y Soluciones Servimax por 1.050 millones. La compañía debía prestar los servicios administrativos, de medicina general, odontología y bacteriología hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Al otro día de que ese contrato se cumplió, el hospital contrató a Servimax Servicios Temporales, otra empresa de “Chepe”, para desempeñar esas y otras funciones. El 1 de enero de 2022 la sociedad representada legalmente por la esposa del presunto narcotraficante se quedó con un proceso contractual por 1.170 millones. En esta ocasión debían también suministrar servicios técnicos de rayos X, higienista oral, promotor de salud, entre otros.

El gerente que firmó ambos contratos fue Diego Fernando Goez Borja, quien dejó Dabeiba para asumir la dirección del hospital Maria Antonia Toro de Elejalde, en Frontino. Vía Whatsapp nos respondió las preguntas que le hicimos. “La empresa Servimax sí la recuerdo como contratista de la ESE. También recuerdo a la señora Luz Mery, representante de esa empresa. Lo que no tengo conocimiento es que esa empresa perteneciera al señor que usted menciona, Ceferino Rivas, tampoco lo conocí”, aseguró. Al preguntarle por los contratos sucesivos de las compañías dijo: “Eso sí no lo recuerdo bien en este preciso momento, señor Nicolás. Lo único que tengo claro es que Servimax, para esos momentos,  cumplía con los requisitos jurídicos”.

Horas después de hablar con Goez, en VORÁGINE recibimos una llamada de un abogado que dijo llamarse “Milton”:

—(Diego Goez) me va a contratar para que ustedes rectifiquen la información y para realizar un proceso por injuria y calumnia de su parte y para instaurar una demanda contra el periódico por perjuicios morales que le pueda ocasionar la nota, ¿listo?

—¿Me recuerda, por favor, su nombre?

—No, cuando te presente la demanda lo sabes completo, ¿listo? Hasta luego. 

Tras recibir esa llamada, Goez volvió a contactarnos por chat: “Como es de su conocimiento yo ya me asesoré de un abogado, motivo por el cual le solicito no publique este artículo porque esto afecta mi derecho al buen nombre y prestigio, debido a que yo desconocía que esa empresa era de un narcotraficante cómo usted me lo mencionó. Cosa diferente es que yo hubiera conocido que esa empresa era de un narcotraficante y lo hubiera contratado”. En VORÁGINE no accedimos a las pretensiones de Goez ni de su abogado por considerar que, como lo ha establecido en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional, la censura previa está proscrita en Colombia.

Goez pidió que incluyéramos en esta investigación cinco puntos que él considera relevantes:

• Como gerente del hospital de Dabeiba nunca conocí al señor que usted menciona: “Ceferino Rivas”.

• ⁠Cuando fui gerente contraté con la empresa Servimax y la representante legal era la señora Luz Mery Chala.

• ⁠Para entonces, la señora Luz Mery Chala siendo representante de Servimax cumplía con el lleno de requisitos jurídicos y legales para contratar, entre esos antecedentes de Fiscalía.

• ⁠Para contratar con esta empresa partí del principio de buena fe y nunca tuve conocimiento de la participación de la empresa con temas del narcotráfico.

• ⁠La relación contractual con Servimax llegó hasta que nos dimos cuenta que esta, había sido intervenida por la fiscalía y estaba siendo investigada por lavado de activos.

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Paramilitares en la salud: una práctica vieja

La cooptación de rentas públicas de la salud por parte del paramilitarismo tiene antecedentes en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el libro ‘La economía de los paramilitares’ se encuentran ejemplos de esa práctica criminal.

En la costa Caribe hubo dos comandantes paramilitares que se apoderaron de manera violenta de la contratación en centros asistenciales. Uno de ellos fue Edgar Fierro, conocido en la guerra como “Don Antonio”, quien comandó el frente José Pablo Díaz de las AUC.  Él saqueó con la anuencia de gerentes, alcaldes y familiares suyos el hospital Materno Infantil en Soledad (Atlántico). Todo aquel que mostrara inconformidades con su poder era asesinado.

Otro caso similar se dio en el Hospital Central de Santa Marta. En esa entidad los hombres de Gregorio Mangones, “Carlos Tijeras”, manejaron la contratación pública. Zully Codina, una cajera y sindicalista, denunció las irregularidades y fue asesinada el 11 de noviembre de 2003.

Volviendo al contratista y acusado narcotraficante “Chepe”, VORÁGINE conoció que ante la Unidad de Restitución de Tierras por lo menos una víctima de despojo y desplazamiento forzado lo señaló de despojarle una finca en Turbo. Los hechos son previos a 2017, el año en el que la DEA lo empezó a investigar. No podemos dar más detalles por pedido de los familiares de esa persona, quienes temen represalias violentas. A “Chepe” la justicia colombiana nunca lo investigó, sus actividades se conocieron por la investigación de los gringos.  Sin embargo, su captura fue incluída como un logro en los informes de gestión del exfiscal Francisco Barbosa. 

Los sindicatos del hospital de Turbo han denunciado lo que llaman una “masacre laboral”. Aseguran que varios de los servicios de la entidad se están tercerizando por medio una sociedad llamada Empresa de Servicios Temporales Alcan. Desde la administración distrital han defendido los recortes de personal aduciendo una crisis presupuestal. Alcan ha asumido algunas de las tareas que adelantaban las empresas de “Chepe” y sus contrataciones también se cuentan por miles de millones. 

Óscar Aponte ayudó a sistematizar los datos para esta investigación.

Si tiene más información de este y otros temas escriba al mail: nicolas.sanchez@voragine.co.

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