La historia de Juan Carlos Aguirre, asesinado por el Ejército en 2008, da cuenta de las injusticias que padecen los familiares de los civiles que fueron presentados como bajas en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado 200 víctimas entre 2005 y 2008 en Huila. Algunas familias ni siquiera han podido sepultar a su ser querido.
25 de octubre de 2023
Por: Nicolás Sánchez Arévalo. Para Vorágine, La Liga Contra El Silencio y Colombia Check
Falsos Positivos Neiva Huila

Mauricio Aguirre es el único doliente que tiene el Monumento 14 del Cementerio Central de Neiva. Es una estructura blanquecina, agrietada y con más de 200 bóvedas en las que hay víctimas del conflicto armado no identificadas. Según los administradores de ese camposanto su hermano está en una de esas bóvedas, pero él no tiene certeza de eso.  

El 1 de febrero de 2008, Juan Carlos Aguirre almorzó y le pidió a su mamá que le regalara plata para comprar un cigarrillo. A pesar de que la tienda era apenas a dos cuadras, en el barrio Santa Inés de Neiva (Huila), la espera para que regresara nunca iba a acabar. Gladys Macías llamó a su otro hijo, Mauricio, que vivía en Bogotá. Le avisó que el hermano no aparecía. Él le dijo que esperaran una semana y si no volvía, iba hasta Huila a acompañarla a poner la denuncia.

Meses antes, Juan Carlos había salido de un proceso de rehabilitación. Pasó la semana y no apareció, por lo que Mauricio y su mamá fueron a interponer la denuncia en la Fiscalía por desaparición, pero no se las recibieron. Les dijeron, a pesar de que la ley permite hacerlos desde el mismo momento en que se sospecha que alguien está desaparecido, que tenían que esperar un tiempo más.

En medio de la angustia y ante la falta de diligencia de la Fiscalía, la familia publicó avisos en la prensa. El 9 de marzo de 2008 publicaron en el diario La Nación la foto de Juan Carlos informando que se encontraba desaparecido. Esa estrategia no fue efectiva. La salud de doña Gladys se fue deteriorando conforme pasaba el tiempo y la incertidumbre se prolongó durante cuatro años. Ella le contó a un medio regional llamado Opa Noticias que iba hasta los expendios de droga donde sabía que su hijo compraba sus dosis, pero le decían que no lo habían visto desde hace tiempo.

El 21 de marzo de 2012 un familiar le avisó a Gladys y a Mauricio que había escuchado el nombre de Juan Carlos en una emisora. Mauricio carga en una bolsa roja, rasgada por el ajetreo de acompañarlo en varios encuentros de víctimas en todo el país, una serie de documentos que reconstruyen lo que pasó con su hermano: “Se avisa a los familiares del señor Juan Carlos Aguirre Macías, por favor se comuniquen urgente con la Personería Municipal”, leyó el locutor.

La familia se contactó con la entidad y encontraron a Juan Carlos, pero estaba muerto. Había sido enterrado como persona no identificada (NN) en el Cementerio Central de Neiva. Por el expediente judicial que abrió la justicia penal militar supieron que su familiar había muerto en una carretera como producto de tres tiros. Según los militares, lo dieron de baja en medio de un combate en el municipio de Teruel (Huila). Fueron ellos mismos quienes lo hicieron pasar por NN. Los uniformados pertenecían a la Novena Brigada, en ese momento comandada por el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

En medio de la investigación que adelantó la justicia penal militar hicieron exámenes necrodactilares. Así se estableció que la persona que habían enterrado como NN respondía al nombre de Juan Carlos Aguirre. Que los asesinos le hayan causado el martirio de estar buscando a un desaparecido durante cuatro años a su mamá y a él, es uno de los hechos que más le genera dolor a Mauricio: “¿Por qué cuando yo pongo la denuncia por la pérdida de mi hermano no me dicen que lo tienen ellos y está en el cementerio?”, se pregunta con el ritmo afanoso de quien quiere exponer una injusticia. Sus  palabras se aceleran cuando habla del asesinato  de su hermano Juan Carlos a manos del Ejército.

Después de saber dónde estaba el cuerpo de Juan Carlos, la familia se enteró de los infundios que había levantado el Ejército en contra de un muerto para justificar su crimen. Según esa institución, él tenía el alias de “El cura” y en el momento en que se encontró una patrulla militar iba a cobrar una extorsión. Los Aguirre Macías supieron que el Ejército mentía no solo porque tenían la certeza de que Juan Carlos no era un extorsionista, sino porque años antes en una riña había perdido las  falanges en algunos de sus dedos, lo que le impedía accionar un arma.

Para limpiar la imagen de su hijo, Gladys buscó a la prensa. En Opa Noticias publicaron el 20 de abril de 2012 un artículo con la foto de ella y de Juan Carlos, el titular era una cita textual de sus palabras: “Yo lo entierro como adicto y no como guerrillero”. Cuando la familia fue hasta el Cementerio Central de Neiva a recibir el cuerpo, lo reconocieron por una manilla del América de Cali que tenía.

En 2008, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ejército habría asesinado 73 civiles en Huila para presentarlos como bajas en combate ante los medios de comunicación. Los militares que participaban en esos operativos delincuenciales eran recompensados con permisos de descanso. Para ese momento el Observatorio Surcolombiano de derechos humanos Paz y Territorio (Obsurdh) estaba llamando la atención sobre el fenómeno, lo que generaba molestia en altos oficiales de la institución. 

El 8 de diciembre de ese año el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca utilizó la agencia de noticias del Ejército para emitir un comunicado contra el Obsurdh. “Por distintos medios el Obsurdh ha intentado empañar el nombre del Ejército Nacional en el departamento del Huila, condenando anticipada y públicamente a las tropas de la Novena Brigada, a quienes señala de ser responsables de varios casos de supuestas ‘ejecuciones extrajudiciales’”, escribió el oficial que comandaba esa unidad.

A pesar del negacionismo de Pérez Laiseca, el Obsurdh identificó patrones de los asesinatos como el de Juan Carlos. “En Huila empezaron a ejecutar a las personas en sitios cercanos a su residencia. Las comunidades denunciaron que las personas no eran guerrilleros y dieron fe de que los conocían. Además, las familias lograban llegar al sitio de los hechos a reconocer a su ser querido. Al darse cuenta que se les estaba complicando la legalización de las presuntas bajas en combate, empezaron a reclutar chicos de otros municipios y llevarlos lejos de sus casas, a otros municipios  del departamento”, detalló Andrea Jiménez, directora del Obsurdh, organización que representa a más de 300 familiares de víctimas de ‘falsos positivos’. 

El viacrucis en el cementerio 

En julio de 2012, los Aguirre Macías dejaron el cuerpo de Juan Carlos en una bóveda del Cementerio Central de Neiva, por fin una tumba llevaba su nombre. La familia seguía buscando justicia, pero encontrar el cuerpo y enterrarlo significaba un cierre de un ciclo del duelo por el asesinato. O eso creían.

Hacia 2017 Mauricio volvió al cementerio a enterrar a un tío y aprovechó para visitar a su hermano. Sin embargo, encontró que la bóveda donde lo había enterrado estaba ocupada por otro cuerpo. “Nunca nos llamaron para avisarnos que tocaba hacer otro pago por haberse cumplido los cinco años. Además, cuando lo fuimos a enterrar le dije al sepulturero que ese cuerpo no lo podían mover porque había una investigación en curso”, insistió Mauricio.

Desde ese momento la familia dejó de saber a ciencia cierta dónde está el cuerpo de Juan Carlos. Mauricio fue a la oficina del sepulturero y él le mostró una bolsa donde supuestamente estaba el cuerpo. “No tengo la certeza de que esa bolsa que me mostraron cuando fui sea mi hermano”, asevera Mauricio. “A ellos les importaba era la plata”, agregó.

Días después, ante la insistencia por saber con certeza el paradero de su hermano, el sepulturero le aseguró que lo volvió a disponer en una bóveda del Monumento 14. En medio de su doloroso relato, él cuenta que a veces le habla a su hermano: “A Juan Carlos desde acá yo le digo: ‘¿hermano, así estaba usted de salado que hasta en el cementerio se me pierde?’. Yo no estoy loco, pero es que lo que hemos sufrido es bravo”. Hoy los Aguirre Macías sienten que ni Juan Carlos ni ellos pueden descansar en paz.

Ante el desorden que hay en el Cementerio Central de Neiva, la JEP emitió medidas cautelares sobre el Monumento 14. Los magistrados advirtieron que por los procesos que se llevan en ese camposanto se podría dificultar las labores de identificación de víctimas del conflicto que fueron inhumadas como NN. “No es el Monumento 14, aquí lo importante es todo el Cementerio Central de Neiva. El Monumento 14 se construyó en 2007, pero el primer caso de desaparición forzada que tenemos documentado en el Obsurdh es de 1984”, explicó Andrea Jimenez.

El caso de Mauricio se suma a otros de familias que no han podido darle paz a los cuerpos de sus seres queridos. Jiménez le contó a VORÁGINE que la JEP ha documentado 25 casos de personas que fueron asesinados en medio de operativos espurios. El tribunal de paz no conoce sus nombres, no sabe quiénes son sus familias y no ha podido determinar dónde están enterrados. Sin embargo, saben de su existencia porque murieron en escenas del crimen de casos que han podido identificar como ‘falsos positivos’.

“A nuestro familiar lo mató el Ejército, me lo mató el gobierno, me lo tiene que entregar dignamente. Para mí una entrega digna es que me entreguen el cuerpo en un ataúd, meterlo a un hueco y que eso lo asuma el gobierno porque fue su error, no de nosotros. Si a mi hermano lo hubieran matado asaltando un banco, lo pagamos como familiares, pero es que el gobierno me lo sacó, me puso un infiltrado un año a vivir con él y me lo mataron vilmente”, dice  Mauricio.

La investigación en la Fiscalía, el perdón y la JEP

Mauricio estaba en un juzgado de Neiva cuando entró en cólera y le pegó un manotazo a una estructura de madera que estaba frente a él. En ese momento la fiscal que investigó el caso de su hermano le pidió que se saliera de la sala de audiencias. Él le hizo caso, tiene un gran respeto y agradecimiento por la labor que desempeñó la funcionaria judicial.

La investigación que ella hizo llevó a que varios militares fueran imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Mauricio se llenó de rabia porque cuando empezaba a sentir que se avecinaban las condenas contra los militares señalados de asesinar a su hermano, estos presentaron un oficio ante el juez anunciando que se habían acogido a la JEP, donde las condenas contemplan acciones reparadoras en lugar de cárcel a cambio de aportes efectivos a la verdad.

Mauricio ha tenido varias audiencias con militares que participaron en la operación donde murió su hermano. Asegura que ya conoce un 90% de la verdad del caso de Juan Carlos y que quien más ha revelado detalles ha sido un teniente que se llama Felipe Andrés Ramírez. Según cuenta Mauricio, el militar relató que a Juan Carlos lo llevó un cómplice de ellos en una moto. La señal para que el destacamento saliera a la carretera era que la persona que lo iba a entregar apagara la moto. Así lo hizo, llegaron los uniformados, lo asesinaron y accionaron tres veces un revólver para fingir que Juan Carlos les había disparado.

La JEP ha documentado que entre 2005 y 2008 el Ejército perpetró en Huila 109 operaciones ilegales en medio de las cuales fueron asesinadas 200 personas que presentaron como ‘falsos positivos’. Además, 7 víctimas sobrevivieron en medio de esos operativos, algunas de las cuales quedaron con heridas de por vida. Los municipios donde más crímenes de este tipo cometieron los militares fueron Pitalito y Garzón. 

A pesar de haber accedido a esos detalles, Mauricio no perdona a los asesinos y cuestiona las penas restauradoras que impondrá la JEP. “Así me digan que donde cogieron a mi hermano me le dieron golpes, me le pegaron tres tiros, me lo volvieron mierda, van a construir el agua termal más linda de Iquira, no estoy de acuerdo porque, ¿quién va a pagar la salud de una madre que lleva 15 años en retroceso?”, se pregunta.

Una fuente que conoció las investigaciones de varios casos de falsos positivos en Huila reconoció que la JEP sacrifica la imposición de penas punitivas fuertes contra los responsables. Sin embargo, resaltó que el grado de verdad que pueden conocer las familias en ese tribunal es mayor al que le podría brindar la justicia ordinaria. También subrayó que con los aportes de los comparecientes se puede llegar a los máximos responsables, una posibilidad que cree que sería “muy complicada” si la investigación la hiciera la Fiscalía. La misma persona aseguró que en esa región otras agencias de seguridad del Estado participaron en la ejecución y planeación de los ‘falsos positivos’: el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

A pesar de que en el caso de Juan Carlos un militar confesó ante la JEP cómo se dio el crimen, en otros casos los uniformados no han aportado de manera significativa para garantizar el derecho a la verdad que tienen las víctimas. “El volumen de verdad ha sido mínimo”, aseguró Jiménez sobre lo que han dicho en la JEP.

La desconfianza de los Aguirre Macías con las acciones restauradoras está atada a la manera como el Ejército ha actuado durante estos años. Un juzgado le impuso a esa institución la obligación de pedir perdón públicamente y reconocer que Juan Carlos no murió en medio de un combate, sino que fue asesinado. El acto se dio en medio de la pandemia y no dejó satisfecho a Mauricio: “Lo hicieron de manera virtual y no dejaron entrar al público, ni siquiera a toda mi familia. Eso ni se escuchaba bien”.

Pero sí hay acciones que Mauricio reclama como necesarias: primero, que los militares que asesinaron a su hermano le digan si lo golpearon antes de dispararle (él asegura que sí porque vio una foto del cadáver donde tenía la cara inflamada, pero el protocolo de necropsia no da cuenta de golpes en el rostro y la fiscal no imputó tortura a los uniformados). Segundo, que cuenten quién fue la persona que engañó a su hermano para llevarlo hasta donde lo mataron y sea judicializada. Tercero, que le aclaren cuánto dinero ganaron los militares por los ascensos que obtuvieron al interior del Ejército después del asesinato. Cuarto, que les quiten la pensión porque asegura que parte de los impuestos que él y su mamá pagan se van a los bolsillos de los homicidas. Quinto, que los medios de comunicación aclaren que Juan Carlos no era un guerrillero.

Mauricio se dedica a repartir almuerzos en medio del sol inclemente del mediodía en Neiva. Cuando logre darle una sepultura digna a su hermano sueña con convertirse en un líder de las familias de ‘falsos positivos’ en el país para impulsar sus procesos. Él sabe lo que han sufrido. También reclama que les paguen la indemnización para poner algún negocio y concluye diciendo: “Apenas paguen voy a llevar a mi mamá a San Andrés, que siempre ha querido conocer”.

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