La Calera: agua para Coca-Cola y Bogotá, pero no para su gente

La sequía obligó a que las procesiones de este año en La Calera comenzaran sin necesidad de Semana Santa. El 2 de febrero, una decena de feligreses le pidió al cura del pueblo que les prestara la estatua de San Isidro Labrador, el santo al que se le ruega que llueva, para cargarlo en hombros hasta las aguas disminuidas de la quebrada Santa Catalina, que abastece el acueducto de la vereda Buenos Aires Bajo, donde ellos viven. El sol imparable de esos días tenía el cauce del río hecho un hilo, y ya solo les quedaba caminar hasta la bocatoma para rogar por el retorno del agua de la mano del santo.

La dureza del fenómeno de El Niño los había obligado a estrechar aún más el horario en el que reciben agua en sus pequeñas fincas. En condiciones normales, esa comunidad, que maneja su propio acueducto, abre las válvulas por nueve horas diarias, de 5:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Es una dinámica extraña para cualquier citadino acostumbrado a disponer del agua cuando se le antoja, pero para la gente de Buenos Aires Bajo es suficiente para bañarse, preparar la comida, sembrar papa y criar vacas lecheras. La temporada seca, sin embargo, los obligó a un racionamiento en el que solo pudieron abrir las válvulas cinco horas y media al día.

Cuando peregrinaron con el San Isidro Labrador a cuestas no eran los únicos preocupados. En la vereda vecina de Santa Helena, donde están acostumbrados al agua 24 horas, ya no tenían ni una gota.

De allá es el líder comunal Leandro Santiago, que vive de vender la leche que le dan cuatro vacas y recuerda que la crisis en Santa Helena fue más dura porque sus habitantes tuvieron que sacar plata para comprarle agua a la empresa de servicios públicos del municipio. El campesino agranda los ojos para explicar la ironía: compraron agua que nace en las tierras de donde ellos, gracias a una organización comunitaria fortalecida por 50 años, suelen tomarla gratis.

Santiago recuerda que mientras las 250 familias de Buenos Aires Bajo y las 172 de Santa Helena, que esencialmente ocupan la misma tierra, hacían esas maniobras espirituales y contables para que el agua volviera, una vieja vecina, la planta de la compañía Coca-Cola Femsa, nunca paró de extraer agua de la tierra para despachar y vender en todo el país las botellas de su marca Manantial.

La Calera vive una crisis del agua que encierra esa y otras paradojas aún más grandes y convierten a ese municipio en un caso representativo de los debates alrededor del acaparamiento de agua en Colombia. En ese pueblo de 28.000 habitantes, vecino del páramo de Chingaza y de Bogotá y reconocido en Colombia por el Alto de Patios para los ciclistas y por los merengones para los visitantes, miles de habitantes se acostumbraron a que beber agua sea una acción muy cercana al rebusque.

Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:

El Manantial que le sale barato a Coca-Cola

La planta Manantial fue construida en 1981, es una de las siete embotelladoras que tiene Coca-Cola en Colombia y, como todas, extrae cantidades industriales de agua.

Tiene autorizado sacar 3,23 litros por segundo de siete nacimientos, según la concesión de aguas que le otorgó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que se vence este año y está en proceso de renovación.

Como la planta opera 24 horas (los trabajadores se dividen en turnos de ocho horas), Manantial puede entonces extraer a diario 279.000 litros de la vereda Santa Helena, la misma donde Leandro Santiago y su gente se quedaron sin agua a comienzos de este año y tuvieron que comprarla. Son alrededor de 101,8  millones de litros al año, lo suficiente para llenar 40 piscinas olímpicas.

El número de botellas que salen cada día de la planta depende del tamaño. Coca- Cola no accedió a dar esa información ni a responder otras preguntas para este reportaje, pero una fuente de la empresa que pidió mantener su nombre en reserva le dijo a VORÁGINE que un día en que embotellan solo las de 600 mililitros, sacan más o menos 420.000 botellas.

Coca Cola mantenía esa actividad sin mayores contratiempos el 17 de abril, cuando sus vecinos, los campesinos encargados de los acueductos de las tres veredas de la zona, le enviaron una carta desesperada al alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, en la que se declaraban en emergencia y pedían agua en carrotanques: “Muchas personas llevamos sin recibir una gota de agua desde hace aproximadamente quince días y en algunos casos mucho más tiempo (…). Nunca antes se había vivido una escasez de agua tan seria y complicada en nuestro territorio”.

La extracción de agua en cantidades industriales al lado de comunidades que tienen dificultades con su suministro no es exclusiva de La Calera. En 2021, VORÁGINE investigó los casos de Sesquilé (Cundinamarca) y Caloto (Cauca), donde hay embotelladoras de Postobón que también sacan cientos de millones de litros de agua al año mientras en esos municipios el líquido para la gente es escaso y sucio.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que estudió el caso de Postobón en un informe sobre los conflictos por el agua generados por la industria de bebidas ultraprocesadas y azucaradas, lo enmarca dentro del fenómeno del acaparamiento del agua, en el que el Estado no prioriza ese recurso para el consumo humano, como ordena la ley, y, en cambio, les da concesiones a privados para que lo exploten de forma masiva. Así, el agua termina concentrada en pocas manos. De hecho, la desigualdad en la distribución del agua en Colombia es mayor que la desigualdad en la distribución de la tierra, concluyó un estudio de las investigadoras María Cecilia Roa y Sandra Brown.

La investigadora del Cajar Yessika Hoyos, que hizo parte del equipo editorial del informe sobre Postobón, le dijo a VORÁGINE que lo que ocurre con la planta Manantial en La Calera, frente a la escasez a la que se enfrentan los campesinos con un fenómeno de El Niño como el de comienzos de año, tiene las características de un caso de acaparamiento.

Para Coca-Cola es, además, un negocio sumamente barato en comparación con sus ganancias. No tiene que hacer un proceso de tratamiento complejo porque el agua que extrae es tan pura que, como dice la fuente de Coca-Cola consultada, “casi como entra, sale de la planta”. Lo confirma Simón García, líder de la vereda Buenos Aires Alto que trabajó siete años en la planta y que explica que la empresa solo debe hacer procesos sanitarios mínimos antes de embotellarla. Una pureza a la que Coca-Cola le saca jugo con el eslogan “cada gota es única”, escrito en la etiqueta de una botella como la de 600 mililitros, que se vende en el parque de La Calera a 3.300 pesos.

También es un negocio muy barato al mirar lo que paga Coca-Cola por extraer el agua. La tarifa de lo que se conoce como Tasa por Uso del Agua se define en una mezcla de cobros que establecen el Ministerio de Ambiente y cada CAR. La CAR Cundinamarca no le entregó a VORÁGINE información oficial actualizada sobre ese punto, pero sí la factura en la que consta el pago del consumo de 2016. Ese año, Coca-Cola reportó haber extraído 56.530 metros cúbicos (unos 56,6 millones de litros) por los que solamente pagó 607.501 pesos.

Eso fue hace ocho años. Al mirar las tarifas más recientes que tiene publicadas la CAR en su web, las de 2022, se puede hacer un cálculo más actual: por extraer esa misma cantidad de agua de La Calera, Coca-Cola pagaría ese año unos 4,7 millones de pesos. Mientras tanto, ese 2022 reportó ingresos por 226.740 millones de pesos.

Por eso, a los habitantes de las tres veredas aledañas (Santa Helena, donde queda la planta; Buenos Aires Alto y Buenos Aires Bajo), no les parece que Coca Cola compense a su comunidad por toda el agua que extrae.

“No sé bien qué hace”, responde el líder campesino Leandro Santiago al preguntarle por la compensación ambiental de la empresa. El propio alcalde Juan Carlos Hernández, un líder comunal de la Alianza Verde que llegó al cargo con la defensa del medio ambiente como bandera, dice que tampoco lo tiene claro y que por eso le pidió a la Secretaría de Ambiente que indague. 

Las normas ambientales que rigen concesiones de agua como la que tiene Coca -Cola en La Calera le exigen a la CAR no solo cobrar por la extracción del agua, sino definir las obligaciones que debe asumir la empresa para preservar el líquido. En escenarios públicos, representantes de la multinacional han dicho, según ha recogido la misma CAR: “Tenemos que devolverle a la naturaleza el 100 % de lo que le extractamos”. Sin embargo, no respondieron las preguntas de VORÁGINE en ese sentido. En respuesta a un derecho de petición, la CAR entregó un documento en el que Coca-Cola reportó haber sembrado 3.300 árboles en la zona y haber hecho un inventario de los animales que hay allí.

Los campesinos dicen que ha entregado parques en las veredas y contratado a gente de la zona. Y que si ellos se lo piden por escrito, les regala jugos y agua embotellada para celebrar el Día del Campesino.

Pero piden, por ejemplo, que pavimente las vías que comunican a los habitantes con el casco urbano de La Calera, que son las mismas que usan los camiones de la compañía para llevar el agua. García, el extrabajador de Coca-Cola, dice: “Ellos responden que dieron unos árboles para no sé qué, pero eso no es suficiente para la cantidad de dinero que le sacan a esa mina de agua”.

Una mina con la que, además, otra empresa quiere montar un negocio para hacer lo mismo que Coca-Cola. Y ese ya no es un asunto que involucre solo a las tres veredas, sino a toda La Calera.

La empresa de gasas y vendas que ahora busca sacar agua

Leandro Santiago no lo entiende: “Yo preservo el agüita. Nos piden que no sembremos a menos de tres metros de la orilla de las quebradas y cumplimos. Pero a los de Coca-Cola nunca los vemos, no hablan de frente con nosotros, y ahora dicen que viene otra planta. Es un mensaje muy malo”.

Los campesinos lo supieron a mediados de mayo pasado. Corría el rumor y la CAR se los confirmó en respuesta a un derecho de petición: desde 2021 le había otorgado en la vereda Buenos Aires una concesión a una compañía llamada Sherleg, para que extraiga y embotelle agua. Le autorizó sacar 1,33 litros por segundo, casi la mitad de lo permitido a Coca-Cola.

También les informó que el representante legal de Sherleg es Jaime Leguizamón Leguizamón, un hombre al que los campesinos referencian como “un señor de mucha plata” que compró una finca en la zona. Pero aunque algunos dicen haberlo visto, sigue siendo un fantasma para la mayoría.

Hoy todo parece quieto porque allí sigue operando únicamente la planta Manantial, que los campesinos consideran más que suficiente.

La inquietud es grande, en todo caso, porque la CAR le autorizó a Sherleg sacar el agua de la quebrada San Lorenzo, la principal fuente de abastecimiento de La Calera. De esa quebrada es el agua que trata la empresa local de servicios públicos (Espucal) para transportarla por sus redes al 70 % de los habitantes del municipio. Y por eso cualquier disminución de su caudal afecta a casi todo el pueblo.

A comienzos de este año, por ejemplo, el fenómeno de El Niño dejó la quebrada San Lorenzo en niveles mínimos, como se ve en esta foto suministrada por Espucal, que debió programar cortes en todo el pueblo. En condiciones normales, por esas piedras grandes debería correr agua.

Sherleg también es una incógnita en La Calera. A diferencia de Coca-Cola, no es una marca reconocida en el mundo de las bebidas: durante 43 años se ha dedicado a fabricar elementos médicos como gasas, vendas, yesos y catéteres.

Los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá muestran que su dueño principal, Jaime Leguizamón, es un hombre de 68 años nacido en Ramiriquí (Boyacá), que junto con su esposa creó en 1981 esa compañía familiar, de la que hoy también son socios tres hijos y una hermana de él. Ha crecido a punta de contratos con clínicas, hospitales y como proveedor de gigantes de la salud como Cruz Verde. Sherleg informa en su página web que factura anualmente 7 millones de dólares (unos 28.000 millones de pesos) y que tiene oficinas en Colombia y una en Miami (Estados Unidos).

VORÁGINE marcó a los teléfonos de su página y dejó mensajes de WhatsApp y de correo electrónico, pero hasta el cierre de este reportaje no había respondido.

Las movidas que Sherleg ha hecho por el agua de La Calera arrancaron, hasta donde pudo rastrear VORÁGINE, a finales de 2016, cuando comenzó a comprar los terrenos que conforman el predio donde la CAR le dio la concesión de aguas, según consta en el certificado de tradición del lugar. En 2017, de acuerdo con lo reportado a la Cámara de Comercio, Leguizamón compró una empresa embotelladora llamada Aqua Ósmosis, que comercializaba agua tratada y traía la experiencia que no tiene Sherleg en ese negocio.

Fue ahí cuando Leguizamón arrancó sus trámites ante la CAR, que en 2018 concluyó que “las condiciones de disponibilidad de agua para esa fecha demostraron que la oferta hídrica de la fuente (la quebrada San Lorenzo) podía satisfacer las necesidades” de Sherleg, según el derecho de petición que les respondió a los campesinos. Tres años después, en 2021, le adjudicó una concesión de la que hasta ahora se están enterando en La Calera.

La realidad muestra que la misma quebrada San Lorenzo, donde la CAR aprobó la nueva concesión para embotellar agua, enfrenta muchos problemas para dar abasto para el consumo humano del municipio, en medio de una fiebre constructora que todo lo agrava.

El régimen del balde

“Estoy devastada”, respondió Laura Fonseca cuando VORÁGINE le preguntó por la nueva concesión, una noticia que ha comenzado a circular de a poco por el pueblo. Ella es una líder comunal del barrio Flandes Alto, en la zona urbana de La Calera, que lidia todos los días con la falta de agua. “Parece normal salir con balde para ir a llenarlo al carrotanque”, dice. La Alcaldía les mandaba uno diario durante la sequía de la quebrada San Lorenzo a comienzos de año; cuando hay lluvias, se los manda más o menos cada dos semanas porque en todo caso hay problemas: las lluvias provocan derrumbes que dañan las redes y, de nuevo, en sus casas solo sale aire de la llave.

Una foto como esta, tomada y compartida el 17 de junio por la empresa de servicios públicos, es una postal que define el día a día de miles de habitantes del municipio.

A medida que La Calera ha crecido, se han ido formando zonas donde es más difícil el suministro de agua. Partes altas como el barrio de Laura son críticas porque el chorro es débil. “Cuando bajo al pueblo y abro la llave de un lavamanos, me asusto porque veo que sale con muy buena presión”, dice. Para lograr un chorro decente en su lavamanos o en su ducha debió, como la mayoría de sus vecinos, comprar una motobomba. Y le ayuda, claro, pero le disparó la factura de la luz.

Flandes Alto es un barrio que supera los 20 años y casi siempre ha sufrido por la escasez de agua. Pero, según Laura, que también ha hecho parte de veedurías ambientales, sufre más desde que arrancó la construcción frenética de edificios de apartamentos en las zonas de expansión de La Calera.

En otra loma, a unos 700 metros de su barrio, vive Alexander Pérez, un reciclador que hace un año, cuando llevaba un mes en un apartamento en arriendo, tuvo que llamar al dueño porque él y su familia no aguantaban más “bañarse con ese hilito de agua”. Vive en un complejo de 240 apartamentos llamado Entrebosques 1,  que apenas tiene dos años, es de la constructora Cusezar y también debe recibir agua de la quebrada San Lorenzo. Allá hay un cruce de acusaciones entre administradores, la empresa de servicios públicos y la constructora por la responsabilidad de las fallas en el suministro.

El caso es que sus residentes han tenido que salir con frecuencia a recoger agua en carrotanques que envía la Alcaldía, como se ve en esta foto, o en los que la administración del conjunto pone cuando la única opción es comprar agua:

Alex, el reciclador, hace su trabajo en nueve conjuntos de La Calera en los que ha identificado problemas similares que han llevado a que la gente salga a protestar. No todos son de Cusezar, pero de esa constructora dice que “ya es dueña de medio pueblo”. Es una exageración que encierra una verdad esencial: esa empresa es la cara más visible de un cuestionado auge de la construcción que ha provocado un debate en el que el agua está en el centro, en particular la de la quebrada San Lorenzo.

Las críticas se centran en que alcaldías anteriores, a través de la empresa de servicios públicos, aprobaron la construcción de nuevos conjuntos basadas en una disponibilidad de agua que depende de construir obras que aún no se han hecho. Cusezar responde que todo está en orden, mientras que el alcalde Juan Carlos Hernández dice que, según sus asesores, las obras se debieron aprobar sobre una disponibilidad real de agua, no sobre proyecciones, “pero eso les permitió a las constructoras tramitar sus licencias”.

Por eso, asegura, hay 1.300 puntos de construcciones (apartamentos o casas) a las que les dieron licencia, pero para los que no hay agua disponible.

Por todas esas dificultades para surtir de agua a la población con la quebrada San Lorenzo es que preocupa tanto la adjudicación de la nueva concesión para embotellar agua justo de esa fuente. El asesor en servicios públicos, Carlos Pinto, que conoce al dedillo lo que pasa en La Calera y en municipios de la sabana de Bogotá, dice que es “una decisión inconveniente y le manda un mal mensaje a la comunidad”. El alcalde le pidió a la CAR que actualice el estudio a partir del cual adjudicó la concesión, teniendo en cuenta la sequía de este año.

Alex, el reciclador, acostumbrado a promover protestas para exigir un buen servicio de agua, dice: “¡Eso no se puede así. Y donde sea así, nos toca hacer una protesta la hijueputa!”.

La paradoja más grande

Hay un 30 % de habitantes de La Calera a los que no les llega el agua de la quebrada San Lorenzo, pero no escapan a la crisis.

Tienen agua gracias al Acueducto de Bogotá, por medio de lo que se conoce como venta de agua en bloque. Es un sistema en el que la Alcaldía de La Calera le paga a ese acueducto por el tratamiento y el transporte de agua para esa parte de la población. En ese caso, el líquido viene del embalse San Rafael.

Y como dependen del Acueducto de Bogotá, desde abril se han sometido, inicialmente cada nueve días, y ahora cada 18, a los racionamientos que impuso la alcaldía de la capital del país ante la disminución del nivel de los embalses.

Es ahí donde la paradoja del agua en La Calera se hace más grande y la vuelve un caso muy particular en Colombia.

No es solo que una planta de Coca-Cola succione cientos de miles de litros de agua al día, ni que la CAR haya autorizado que otra embotelladora haga lo mismo mientras los campesinos de al lado sufren de sed cuando hay sequía.

La Calera también puso su territorio para que el Acueducto de Bogotá construyera infraestructura esencial para surtir de agua a la capital. En el pueblo operan la planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner, la más grande de Colombia, y el embalse San Rafael. Son dos obras de ingeniería enormes que hacen parte del sistema Chingaza, que no solo le da agua al 30 % de La Calera. También, y sobre todo, al 70 % de Bogotá y a los pueblos vecinos de Funza, Mosquera, Madrid, Soacha y Cota.

Es decir: gracias a infraestructura construida en La Calera para transportar el agua que nace en el páramo de Chingaza, se le ha garantizado el servicio por décadas a una población que hoy está entre 5 y 6 millones de personas. Pero, al tiempo, campesinos en las veredas y habitantes en la zona urbana de La Calera han vuelto rutina los racionamientos, los carrotanques y los baldes porque la infraestructura local no es capaz de brindarles un servicio de mínima calidad.

Y ya hay cálculos oficiales de que todo empeorará. El Acueducto de Bogotá hizo un estudio en 2022 sobre los municipios a los que les vende agua en bloque. La conclusión es que en 2030, tan solo en seis años, Bogotá tendrá una capacidad para llevarle a La Calera 30 litros de agua por segundo, pero las zonas que abastece en el municipio van a requerir 36.

Habrá una población en La Calera que demandará 6 litros por segundo ―el doble de lo que consume la planta Manantial de Coca-Cola― a la que no habrá forma de llevarle agua si no se hacen obras que lo permitan. El alcalde le dijo a VORÁGINE que no hay plata suficiente para hacerlo, y el Acueducto de Bogotá dice en el documento que no las hará.

* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.