Los campesinos heridos que De La Espriella no mencionó sobre su primer bombardeo

Con la frase “Mañana voy a tener grandes noticias para Colombia”, el presidente Abelardo De La Espriella anunció el 10 de agosto en un video lo que se trató de un operativo en Catatumbo contra el ELN. El anuncio se concretó  al día siguiente: dos bajas y la incautación de explosivos, pero el Gobierno omitió que su ofensiva habrñia dejado a tres campesinos heridos, varios civiles desplazados y viviendas afectadas. VORÁGINE reconstruyó los hechos y contrastó el relato del Gobierno con las versiones de autoridades locales y habitantes de la zona.

A las 11:20 de la noche del lunes 10 de agosto se empezaron a escuchar los sonidos de la guerra en el Catatumbo: sobrevuelo de aviones de las Fuerzas Militares y estruendos de bombas. Las detonaciones, contaron pobladores de la zona  a VORÁGINE, fueron varias y repetidas. Los sobrevuelos se escuchaban a poca altura. A eso  de las 2:00 a. m., uno de los artefactos, denuncian líderes, cayó muy cerca de una casa campesina en la vereda el Sinaí, que está en la parte norte del municipio San Calixto, en la frontera con El Tarra. Pero el sonido contundente de las explosiones llegó a escucharse en Tibú, Sardinata e incluso Ocaña, a más de 100 kilómetros de allí, cuenta Yaqueline del Carmen Mejía, representante de la Asociación de Mujeres del Tarra Corazón del Catatumbo.  

“Yo estaba a una hora y 40 minutos de donde cayeron los bombazos y se escuchaba muy estruendoso. Se escuchaba cuando se lanzaba y caía. No nos dejaron dormir, pasamos la noche derecho todos los habitantes de El Tarra”, recuerda la lideresa. Las explosiones solo cesaron cinco horas después de su inicio, a alrededor de las 4:00 a. m. del martes 11 de agosto. 

 Para ese momento, Jerson Figueroa, personero de El Tarra, ya había recibido varios mensajes de líderes de la zona que alertaban sobre ataques contra civiles. Desde la casa campesina de El Sinaí salió un llamado de auxilio, pero, según el funcionario, el temor de los habitantes a salir de sus viviendas impidió que la ayuda llegara de inmediato. Solo hasta las 6:00 a. m., Figueroa, un inspector de Policía y otros líderes de la zona pudieron desplazarse en moto hasta la casa afectada.

Allí estaban Élfido Galván Ortíz, de 54 años, dueño de la finca; su esposa, Lucy Amparo Guerrero Figueroa, de 44, y Yadimer Ángel Ascanio Ascanio, de 32, trabajador del lugar. Una parte del explosivo cayó sobre el techo de zinc que cubría el pasillo de la casa, lo atravesó y lanzó esquirlas que los alcanzaron a los tres. Élfido recibió impactos en un brazo y el pecho. Lucy, ama de casa, fue la más afectada, con lesiones en el rostro, cerca de la nariz, y en un seno. Yadimer quedó con varias lesiones en la espalda. Otros dos trabajadores se encontraban en el lugar, pero salieron ilesos, cuenta Figueroa, quien además es familiar de los afectados.

Sin pensarlo dos veces, los heridos fueron trasladados al casco urbano de El Tarra donde recibieron atención médica básica. Luego los remitieron al Hospital Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, donde Lucy permanecía hospitalizada hasta el jueves 13 de agosto. Alrededor de 6 familias de esa zona en San Calixto terminaron desplazándose a refugios en Ocaña por el temor a los ataques, aseguró  el personero. 

Figueroa le dijo a VORÁGINE que ese mismo martes, a escasos 300 metros de la finca, se asentaron militares. “No atendieron el llamado de auxilio de las personas afectadas y si los consideraban guerrilleros, tampoco ingresaron a capturarlos”, denuncia. Para el funcionario, hubo una omisión al llamado de socorro que hicieron los campesinos. Además, los uniformados permanecían en esa zona  hasta el 13 de agosto mientras que los habitantes de la casa no retornaron por temor a más ofensivas. 

Las versiones que no coinciden 

El 11 de agosto, en horas de la mañana, la Asociación de juntas de la zona norte del municipio de San Calixto reportó el bombardeo de la fuerza pública con “helicópteros y avionetas” que generaron “terror y zozobra entre la población”, y tres campesinos heridos. En esa misma línea se pronunció la Alcaldía de San Calixto y de El Tarra. Todos ellos asegurando que el ataque con vulneración a civiles representa una violación a los derechos humanos y haciendo un llamado a Naciones Unidas y la MAPP-OEA para que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario. 

A su vez, la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo escribió en su comunicado: “La población civil no puede continuar asumiendo las consecuencias de la confrontación armada. El Catatumbo necesita garantías para la vida, protección de sus comunidades y respeto sin dilaciones del Derecho Internacional Humanitario”.

Después, a las 4:18 p. m., la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que reportaron lo difundido por la comunidad de San Calixto y El Tarra. Además, aseguraron que esto es evidencia de “los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo”.

Dos horas más tarde, a través de una publicación en X, el periodista Ricardo Ospina confirmó que los bombardeos se realizaron desde los aviones de combate K-FIR y A29 Super Tucano. 

Antes de las autoridades se pronunció el ELN a través de un comunicado donde se lee: “Alertamos que dicha acción se ejecutó contra la población civil, causando daños a la vivienda y dejando heridos a tres civiles (…) quienes fueron alcanzados por el estallido de granadas de 155 milímetros lanzadas por las Fuerzas Militares estatales (…) Por la dimensión del operativo y los alardes del impuesto Presidente, al parecer falsean atacar posiciones insurgentes, cuando en realidad arrojan bombas contra centros poblados y comunidades campesinas”. 

Solo hasta las 10 p. m., las Fuerzas Militares de Colombia se pronunciaron anunciando “un contundente golpe al ELN en Norte de Santander”. Junto a algunas fotos de municiones calibre 7,62 mm y 5,56 mm, armas largas y dos personas muertas. Aseguraron que fueron incautadas 1,5 toneladas de explosivos, material de guerra como 440 granadas para lanzamiento mediante dron, y herramientas de comunicaciones.

Como parte de los resultados, las Fuerzas Militares reportaron la ubicación y destrucción de dos búnkeres y cinco áreas campamentarias. Según la institución, la operación buscaba debilitar la capacidad armada y el control territorial del ELN, además de “generar condiciones de seguridad que favorezcan el retorno de las comunidades desplazadas de la región”.

Y allí aparece la contradicción de los mensajes: al final de la misiva las Fuerzas Militares aseguran que la operación no se desarrolló en la vereda Sinaí “contrario a lo señalado en algunos contenidos y videos que circulan a través de redes sociales”. Agregan que no hubo afectaciones a la población civil. 

El día siguiente, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado con el mismo balance y la reiteración de que la operación no se dio en la vereda Sinaí, sino en San Calixto y El Tarra. Los locales le dijeron a VORÁGINE que la vereda hace parte del municipio de San Calixto. Es decir, está en el área en donde el las FF. MM. confirmaron la operación. 

Y ese mismo día, el 12 de agosto, dos días después de la ofensiva, el ministro de Defensa Jorge Mora reiteró lo dicho y agregó: “Blindamos a la comunidad de ataques indiscriminados de estos grupos terroristas y protegemos la integridad de nuestros uniformados. Las Fuerzas Militares actúan siempre bajo los principios del DIH para garantizar la seguridad en el territorio”.  

VORÁGINE se contactó con el Ministerio de Defensa para confirmar sus reportes sobre ausencia de víctimas civiles en el bombardeo. A la fecha de publicación no recibimos respuesta.  A su vez, intentamos hablar  con las víctimas del bombardeo, pero se rehúsan a hablar debido a amenazas recibidas y señalamientos donde se les acusa de ser guerrilleros. 

Los líderes entrevistados por VORÁGINE para esta publicación coinciden en que San Calixto es un corredor de los grupos armados ilegales. “Sería una mentira decir que ellos no están por todo el Catatumbo”, dice  Yaqueline. Sin embargo, también son enfáticos en que la casa afectada es propiedad de una familia campesina dedicada a la ganadería. La vereda Sinaí la describen como una zona rural con fincas dispersas, en una montaña de difícil acceso, y donde sus pobladores tienen cultivos de café, cacao y, en algunos casos, coca. Las y los campesinos permanecen allí pese al temor de la presencia de los grupos, pero la ofensiva, asegura Figueroa, ya causó el desplazamiento de al menos 6 familias que temen ser atacadas.

El equipo de la Defensoría del Pueblo finalmente logró comprobar que hubo un bombardeo en Tibú y San Calixto por parte de las Fuerzas Militares, que tres campesinos fueron heridos en Sinaí y que en esa misma zona desembarcaron las tropas de las Fuerzas Militares. Además, pidieron a la Fiscalía adelantar las investigaciones pertinentes para determinar quiénes fueron los responsables de las lesiones causadas a los campesinos.

El Catatumbo: zona de bombardeos 

El personero de El Tarra le dijo a VORÁGINE que los últimos bombardeos registrados en esa zona fueron el pasado mayo y otros en febrero. Sin embargo, en zonas como Tibú, el líder Rubel Quintero cuenta que son casi que cada semana tanto por parte de la Fuerza Pública como de actores armados ilegales. Entre las modalidades de combate, dice, están el uso de morteros. “Cada explosión con mortero se siente como un estruendo que sacude la tierra”, cuenta. 

Para el líder el riesgo de estos artefactos es su poca precisión y la exposición a la que se ve sometida la comunidad. “No le dan al blanco, no le dan a lo que ellos buscan, le están dando es a los campesinos. Somos nosotros la población campesina la que estamos pagando algo”, asegura  la lideresa Yaqueline.  

Aunque las bombas no caigan directamente en las casas, cuenta Figueroa, las esquirlas tienen un impacto profundo: “Las casas, mayoritariamente de madera y zinc, quedan vueltas nada; el zinc queda inservible y hasta los utensilios de cocina, como las ollas, terminan perforados por las esquirlas”. También provoca la muerte o el desplazamiento de animales. En el caso de la finca afectada, tuvieron que trasladar el ganado a El Tarra. 

Juan Carlos Quintero, líder de Ascamcat, organización campesina del Catatumbo, dijo que este tipo de acciones hacía que la población viviera bajo la zozobra de no sentirse segura con la presencia de las Fuerzas Militares. “Al interior de la Fuerza Pública sigue imponiéndose la doctrina del enemigo interno. Entonces, la doctrina de enemigo interno es que todos los que vivimos acá lo somos. Y resulta que guerrilleros habrá 2000 y habitantes somos 300.000”, dice.