Postobón en la mira: Tribunal ordena investigar nexos con paramilitares

Postobón habría entregado aportes en especie a una fundación infantil en Urabá que, detrás de su fachada altruista, era una organización creada y controlada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así lo confesó Raúl Emilio Hasbún, excomandante paramilitar, durante una audiencia ante el tribunal de Justicia y Paz el 29 de marzo de 2012. Esta y otras declaraciones, entregadas bajo la gravedad del juramento, motivaron a que el Tribunal Superior de Medellín ordenara el pasado 6 de febrero de 2025 una compulsa de copias en contra de la empresa, es decir, que instó a la fiscalía para que investigara posibles hechos punibles que podrían involucrar a la compañía de gaseosas.

No son los primeros señalamientos de presuntos nexos entre Postobón y paramilitares ni tampoco la primera vez que una instancia judicial pide que se le indague en la concurrencia de supuestos delitos. 

Pero, ¿qué motivó al tribunal a hacer una referencia de este tipo en medio de un proceso en contra de exparamilitares? La magistrada Beatriz Eugenia Arias Puerta emitió sentencia en contra varios desmovilizados del Bloque Bananero de las AUC que operó en Urabá.  Entre ellos Hasbún, conocido en la guerra como ‘Pedro Bonito’. También fueron juzgados Ovidio Pascual, “El indio Edison”, Oscar Darío Ricardo Robledo, “Niche”, y otros más. Entre los delitos imputados están homicidio, desaparición forzada, violencia basada en género y reclutamiento ilícito.

En el marco de esta sentencia, las declaraciones de Hasbún adquirieron especial relevancia al señalar a posibles financiadores de las AUC. Las Convivir, que fueron fundadas, controladas y operadas por los paramilitares se sostuvieron con aportes económicos de empresarios. Según el excomandante, una parte de estos recursos fueron destinados a ayudar a niños de la región. Por ejemplo, entregando dinero y materiales a rectores de colegios.  “En la época de diciembre las Convivir comprábamos 20, 30 mil regalos para los niños y se les hacía llegar a través de los bomberos, en varias ocasiones ellos nos colaboraban con ese tipo de cosas”, relató el exjefe paramilitar. 

Postobón, las AUC y la historia de una fundación 

Entre las casi 5.000 páginas del documento condenatorio, se mencionó a una fundación creada por exparamilitares. El origen y el sostenimiento de esa entidad sin ánimo de lucro es el centro de los nuevos interrogantes sobre los presuntos vínculos entre las AUC y Postobón.

Hasbún, en su declaración, habló del origen de la Fundación Infantil Mi Hogar. Según él, todo comenzó cuando los paramilitares detectaron irregularidades en un albergue para niños en Turbo. El hombre que gestionaba el espacio recibía auxilios de la Alcaldía y aún así mantenía a los menores en condiciones precarias. Ante esta situación, las AUC decidieron intervenir y tomar el control del proyecto. 

Fue así como en 2003, utilizando un lote perteneciente a Codelsa, una empresa de aceite de palma, los paramilitares establecieron la fundación. Hasbún explicó que entregó la gestión a Alberto Osorio, un zootecnista reconocido en Turbo, y a Arnulfo Peñuela Marín, un político de Carepa, Antioquia.  

Osorio y Peñuela eran dos hombres claves para el paramilitarismo en Urabá. El primero era uno de los criminales más cercanos a Hasbún y tenía a su cargo la interlocución entre las Convivir y los empresarios. El segundo era un capitán retirado del Ejército que fungía como representante legal de la Convivir Papagayo, la más poderosa de la región y que existía sólo como una fachada de las AUC. Ambos eran paramilitares carnetizados por su pertenencia a esas cooperativas. 

Según Hasbún, para financiar la fundación organizaron bonos, rifas y subastas ganaderas. Las actividades de recaudación resultaban peculiares: se subastaban animales comunes a precios exorbitantes. Quienes querían aportar iban a las subastas donde rifaban un pato en 4 o 5 millones de pesos y gallinas hasta en 8 millones de pesos. 

“Sabían que era para el albergue, los bananeros. Yo le hacía mucha publicidad, que colaboren (…) Nos colaboraban mucho en ese sentido (…) Los recursos eran todos aportados por los Servicios Especiales (…) Postobón nos daba enfriadores”, aseguró el exjefe paramilitar. Es decir, el señalamiento concreto es que hubo empresas que aportaron a la Fundación Infantil Mi Hogar, que fue creada por los paramilitares y ellos mismos la administraban y promocionaban. La embotelladora habría hecho aportes en especie. 

Con la desmovilización de las AUC, entre 2003 y 2006, la fundación pasó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Hasbún aseguró que siempre mantuvieron una buena relación con esa entidad, que incluso enviaba a los albergues niños que no podían atender.

Ante estas declaraciones, la magistratura decidió compulsar copias para que la Fiscalía investigue si Postobón, Comfamiliar Camacol, el Club de Rotarios y el Club de Leones de Apartadó incurrieron en delitos relacionados con la presunta colaboración en la creación de la fundación de los paramilitares.

La fundación con junta directiva paramilitar 

El 7 de mayo de 2003 varios directivos de la Convivir Papagayo, en ese momento representada por Alonso Hurtado Patiño, se reunieron para crear la Fundación Infantil Mi Hogar. Los documentos del surgimiento de esa entidad sin ánimo de lucro dan cuenta del control que ejercía el paramilitarismo en la organización. 

La primera firma en la lista es la de Alonso Hurtado Patiño, que como lo reveló VORÁGINE en otro reportaje, era un capitán retirado del Ejército que pasó a ser jefe de seguridad de la Organización Ardila Lülle. Tras salir de ese emporio empresarial, llegó a ser director de la Convivir Papagayo, que más tarde se convirtió en Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá. La dirección de esa cooperativa era un asunto delicado en la región debido a que era solo una fachada del Bloque Bananero para operar bajo un manto de legalidad, según otras sentencias de Justicia y Paz. 

El documento también fue firmado por Jaime Sierra Moreno, un nombre poco conocido a nivel nacional, pero cuyos delitos son recordados en el Bajo Atrato. Sierra fue un ganadero y palmicultor que hizo parte de un proyecto criminal impulsado por Vicente Castaño en los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó. En 2014 fue condenado por desplazar comunidades afrodescendientes junto a los paramilitares para instaurar un proyecto de palma africana.  

Además, entre los integrantes de la Asamblea General de la fundación Mi Hogar figura Carlos Alejandro Jaramillo, que en 2004 llegó a ser el representante legal de la Convivir Papagayo. Él hizo negocios con Uber Duque, un agente del CTI corrupto que fue  consejero legal de Carlos Castaño. A Jaramillo lo capturaron en 2008 por presunto concierto para delinquir con fines extorsivos y enriquecimiento ilícito, pero tiempo después la Fiscalía precluyó la investigación. En 2018 hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

Jaramillo fue capturado junto a Alberto Osorio Mejía, suplente en la Asamblea de la fundación, a quien Hasbún, según la reciente sentencia, nombró como relacionista público y vocero autorizado de las Convivir en Urabá. Además, fue el principal interlocutor con los empresarios bananeros y ganaderos de la región. En una compulsa de copias reciente de la JEP lo señalan de haber participado en la planeación de la masacre de Mapiripán. En 2014, al poco tiempo de salir de la cárcel, fue asesinado en  Montería. 

Otros nombres que figuran en los documentos de la Fundación Infantil Mi Hogar son: María Fernanda Kerleguen, expresidenta de la Empresa de Servicios Especiales más grande de Urabá. Ella hizo parte de la Asamblea General de Fundadores. Según documentos obtenidos por VORÁGINE, en diciembre de 2007 aceptó ser parte de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo Integral de Urabá (Fundar), creada después de una reunión entre paramilitares en marzo de 2003, en la sede de la Convivir Papagayo. 

En la lista también están Fabián Darley Roldán Villa, acusado de intermediar ventas fraudulentas entre víctimas de despojo y los paramilitares en Turbo, Antioquia; así como Mauricio Uribe Londoño y Angela Elena Rojas de Uribe. 

En una acusación en contra de directivos de la empresa Chiquita Brands, señalados de financiar a las AUC, la Fiscalía puso en duda los objetivos bajo los que se crearon estas fundaciones. “Si bien es cierto, dentro del marco de la ‘aparente legalidad’ las Convivir o las Asociaciones de Vigilancia y Seguridad Privada crearon dos fundaciones ‘FUNDAR’ y ‘MI HOGAR’, las mismas no reportan haber realizado obras, pese a haber recibido más de siete mil millones de pesos de BANACOL indirectamente, pues es la cifra que entregó esta sola empresa a las Asociación de Servicios Especiales Papagayo”, se lee en el documento. 

El historial de señalamientos contra Postobón 

Las acusaciones contra Postobón por presunta financiación de grupos armados no son nuevas. A lo largo de los años, los testimonios de exparamilitares y las decisiones judiciales han tejido una red de dudas alrededor de la empresa de gaseosas.

En septiembre de 2007, Carmen Rincón, alias “La Tetona”, entregó a la Fiscalía una lista de 24 empresas y negocios supuestamente relacionados con las AUC en Santa Marta. Entre esos nombres figuraba Postobón.

Un año después, en octubre de 2008, el exparamilitar Armando Madriaga en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz dijo que mientras era parte del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, recibía 15 cajas de gaseosa de Postobón cada mes. “Yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que las repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa y eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba en el año de 1999 o 2000”, se lee en la sentencia. Esta información llevó a la magistrada a exhortar a la Fiscalía a corroborar los hechos y a investigar la posible participación de empleados de la empresa en la financiación de las AUC.

Para 2009, Hasbún y Ever Velosa, alias “HH”, comparecieron ante la fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, Nubia Stella Chávez. Allí revelaron que lograron captar recursos de empresas bananeras, distribuidores de gas y también de Postobón para el bloque Arlex Hurtado de las AUC, que operaba en Apartadó, Carepa y Chigorodó. Según el testimonio, tras retener varios camiones de la compañía y con el aval de los hermanos Castaño, acordaron con un delegado de Postobón un “impuesto de guerra” por cada envase distribuido. El trato incluía la garantía de no hacer pagos a las Farc.

Ese mismo año, Salvatore Mancuso también aportó su versión en el marco de Justicia y Paz. Afirmó que lograron un acuerdo con directivos de Postobón para un pago mensual de 10 millones de pesos a cambio de poder distribuir sus productos sin interferencias en zonas bajo control paramilitar.

A su vez, una sentencia del Tribunal de Bogotá en contra del excomandante paramilitar Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”, indicó que la Fiscalía señalaba a varias empresas que presuntamente financiaron el Frente Fronteras de las AUC. Entre ellas figuraban Colminas, Tejar de Pescadero, Norgas y Gaseosas la Frontera, esta última una filial de Postobón en Cúcuta.

El 11 de julio de 2016 el tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le pidió a la Fiscalía investigar posibles nexos entre empleados de Postobón y paramilitares del frente de las AUC que operaba en el departamento del Cesar. La empresa rechazó cualquier asociación con actividades ilegales. 

En ese momento, una sentencia contra Armando Madriaga, jefe de finanzas de las AUC, reveló que patrulleros del grupo paramilitar presuntamente recibían 800 mil pesos y comandantes de contraguerrilla recibían un millón de pesos cada uno de Postobón. En total eran 95 millones al año para manutención y 505 millones en alimentación.

Las sospechas no se disiparon. En 2019, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que la Fiscalía investigara nuevamente a la empresa. En esa ocasión, una exintegrante del Bloque Héroes de Granada, que operaba en Antioquia, aseguró que Postobón había financiado a ese grupo paramilitar.

VORÁGINE se comunicó con la empresa de gaseosas, pero decidieron no pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Superior de Medellín. 

Las acusaciones contra Postobón no son el eco de viejas sospechas, sino el resultado de años de testimonios y decisiones judiciales que han señalado, una y otra vez, presuntos vínculos con grupos paramilitares. A pesar de los desmentidos de la empresa, el entramado de declaraciones y documentos sigue creciendo, y acumulándose en la Fiscalía sin que se haya llegado al fondo del asunto.