Vacaciones, sueldo y seguro funerario: la “empresa” del reclutamiento en Putumayo

“¡Se la van a llevar, se la van a llevar!”

La voz al otro lado del teléfono estaba quebrada por el miedo. Era una madre diciéndole a una lideresa en Putumayo que estaba perdiendo a su hija de 17 años. Semanas atrás de la llamada, integrantes del grupo Comandos de la Frontera se acercaron a ella en la reserva campesina La Perla Amazónica: le hablaron de poder, de un pago, de una “vida mejor”. La joven acababa de graduarse del colegio y no encontraba trabajo. “Si no me ayudas, se me va”, sentenció la mujer, pues en Putumayo el reclutamiento ya no inicia con un fusil. Empieza con promesas.

Aunque en este departamento, durante el mandato de Gustavo Petro, avanzaron las mesas de diálogo del Gobierno con grupos armados en el marco de la Paz Total, el reclutamiento no se detuvo. Sólo cambió de forma. Se mueve por debajo de las cifras oficiales y rara vez queda registrado en denuncias formales, pero atraviesa los 13 municipios de Putumayo. Los locales hablan de la reconfiguración de la guerra y la normalización de lo impensable: niños, niñas y jóvenes cada vez más cerca de las armas que de las escuelas, atrapados entre la falta de oportunidades y los riesgos de perder la vida en combates.

Este departamento del sur de Colombia convive bajo la sombra de tres estructuras armadas, según la Defensoría del Pueblo: los Comandos de la Frontera, el frente Carolina Ramírez y el frente Raúl Reyes. Su presencia se intensifica en la parte baja, una franja limítrofe con Ecuador y Perú que marca las rutas de las economías ilegales, los enfrentamientos y el reclutamiento. El conflicto no desapareció, solo cambió de forma, y ahora utilizan a los y las jóvenes de otras maneras y para otros fines. Sigue operando bajo la ilegalidad pero con los mecanismos de una empresa.

Reclutamiento S.A.S

Sergio* tenía 19 años cuando ingresó a las filas de Comandos de la Frontera. Era de la vereda Tetillé, en Puerto Asís y, según una lideresa cercana a él, ascendió rápido dentro de la estructura: pasó de ser un joven recién reclutado a comandar unidades y mover hombres hacia zonas de combate. Entre 2021 y 2022 estuvo en algunas de las confrontaciones más violentas entre disidencias en Putumayo y en corredores hacia Caquetá y Ecuador. Resultó herido dos veces. Una de ellas, durante enfrentamientos en la frontera con Sucumbíos. También presenció escenas que todavía lo persiguen: combatientes rematados después de caer heridos y mutilados en medio de la guerra. A mediados de 2023 pidió retirarse y el grupo se lo permitió.

Pero afuera tampoco encontró un lugar. Invirtió en cultivos de coca que fracasaron, se quedó sin plata y sin trabajo. La vida civil le resultó más difícil que la guerra. Al menos allí le pagaban, según dice. En febrero de este año volvió a pedir ingreso al grupo. Un mes después lo citaron para reincorporarse. Cuando llegó al punto acordado, lo esperaba la Policía. Hoy está en la cárcel, acusado de varios crímenes, entre ellos el asesinato de una lideresa en Piamonte, Cauca, y hechos relacionados con desplazamientos indígenas en Orito. Él admite haber pertenecido al grupo armado, pero niega parte de las acusaciones.

“Los jóvenes de Putumayo tienen dos opciones: o se van a la guerra o se van a sembrar coca”, afirma una lideresa de Puerto Asís. La frase se repite en distintas voces, municipios y veredas, como si resumiera el destino de una generación atrapada entre la ausencia del Estado y el control de los grupos armados. Se trata de un departamento donde el 61 % de los y las jóvenes en edad de cursar la educación media no tiene acceso a ello, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En Putumayo no hay universidades públicas consolidadas, apenas una institución de educación superior que intenta abrirse camino. También carece de industria y empresas que absorban mano de obra, además con pocas posibilidades de acceder a empleos públicos, el reclutamiento encuentra terreno fértil. “Flaca, nosotros estamos en esto porque no hay más que hacer”, le dijo un joven reclutado a Carmen*, una mujer que trabaja por los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo le dijo a VORÁGINE que han registrado 29 víctimas de reclutamiento en los últimos dos años en Putumayo, 17 hombres y 12 mujeres. El 52 % son jóvenes indígenas. Sin embargo, las mismas comunidades reconocen que hay un subregistro, pues son pocos los casos que llegan a denunciarse por temor a represalias.

Aún así, Putumayo se mantiene entre los departamentos más golpeados por el reclutamiento de menores. La Defensoría del Pueblo registró 20 casos en 2024, la segunda cifra más alta del país después de Cauca. Aunque en 2025 los reportes disminuyeron a seis, las alertas tempranas de la entidad siguieron señalando al departamento como una de las zonas con mayor riesgo.

Entrar al grupo ya no siempre significa esconderse en la selva. El pago puede ir desde un millón hasta cuatro millones de pesos ($290-1150 dólares), dependiendo del rol, del municipio o de si el joven tiene alguna formación. Acuerdan permanecer en el grupo 6 meses o hasta un año, cuenta un líder de Puerto Guzmán. La dotación suele ser una moto, un arma y un radio. No usan uniforme, pero los reconocen fácilmente: visten de negro, usan botas y llevan una gorra con la palabra “Putumayo” bordada en letras doradas sobre dos armas cruzadas. También tienen vacaciones: una semana para visitar a la familia o hasta un mes si están lejos de casa. En algunas zonas incluso les pagan seguro exequial. Si mueren en combate, la familia recibe dinero.

Pero el negocio criminal ya no atraviesa su mejor momento. Hace unos meses los pagos a los jóvenes reclutados eran puntuales; ahora hay retrasos de hasta tres meses. “Les pagan cuando se puede”, dice Carmen. La razón aparece una y otra vez en los relatos de líderes y campesinos: la crisis de la coca. En medio de las negociaciones con el Gobierno, los Comandos de la Frontera adquirieron compromisos relacionados con la erradicación de cultivos ilícitos y dejaron de comprar pasta de coca a muchos campesinos que la cultivaban.

Otras versiones indican que la razón de la escasez es el auge del fentanilo en Estados Unidos. El problema es que tampoco les permiten vender a otros compradores. “Hay personas con hasta tres cosechas guardadas porque no hay quién las compre”, cuenta la lideresa Jani Silva. La crisis golpeó tanto a las familias campesinas como a las finanzas del grupo armado. Y mientras la coca pierde rentabilidad, otra economía gana terreno: la minería ilegal de oro.

En medio de esa transformación, se reconfiguró también el mapa armado de Putumayo. Aunque las alianzas y fracturas cambian constantemente, tres estructuras concentran hoy el poder territorial. La principal son los Comandos de la Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, con presencia dominante en buena parte del departamento y una enorme capacidad de control social y económico. Nacieron ligados a la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”, pero tras una ruptura interna terminaron integrándose a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, encabezada por alias Walter Mendoza. Fueron, además, la única de las estructuras que permaneció en la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro hasta el pasado 30 de agosto que el presidente Abelardo De La Espriella terminó con esas negociaciones.

Al mismo tiempo, los Comandos disputan territorio con el frente Carolina Ramírez, especialmente en las zonas cercanas a Caquetá y Amazonas. Esta estructura hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la facción asociada a “Iván Mordisco”. Aunque participaron en negociaciones con el Gobierno entre 2023 y 2024, terminaron apartándose del proceso. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), controlan corredores amazónicos estratégicos y rutas hacia Perú y Brasil.

Más al norte del departamento, cerca de Cauca y Caquetá, opera el frente Raúl Reyes, integrado al Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”.

No hay espacios sin ojos viendo

En la vereda Puerto Bello todavía recuerdan esa promoción del colegio, de alrededor de 30 estudiantes, que en 2023 se fue casi completa para los Comandos de la Frontera. Los muchachos terminaron el bachillerato y, poco después, empezaron a desaparecer de las casas, la cancha o las reuniones. “La gran mayoría de esos jóvenes están muertos”, dice un líder indígena siona. Lo cuenta despacio, como quien enumera ausencias que todavía siguen sentadas en el pueblo. Cuenta que el colegio quedó a merced del grupo armado. Y que ahora ellos llegan a las reuniones de padres, permanecen ahí mientras hablan los profesores, vigilan quién entra o sale y cómo se comportan los estudiantes. Si un niño va mal vestido o está rebelde, castigan a la familia.

Las multas pueden llegar a 5 millones de pesos (unos 1.500 USD). “A esto lo he llamado un confinamiento interno”, relata el líder, porque el control no necesita retenes visibles cuando ya se instaló en la rutina. Incluso como una necesidad, en un territorio, ubicado en la región amazónica, donde el 85 % de su población sobrevive en la informalidad de acuerdo con reportes del DANE.

Las armas no siempre aparecen primero. A veces llegan disfrazadas de fiesta. De un bingo comunal. De un campeonato de microfútbol organizado por la comunidad pero ordenado por ellos. Las canchas, vacías la mayor parte del tiempo, se llenan de repente de motos parqueadas y corrillos de jóvenes. Sobre mesas de plástico aparecen botellas de Buchanan’s y cervezas Corona; un lujo en zonas donde muchas familias apenas sobreviven y conviven con el aumento de la pobreza. Para 2025, el 13,5 % de su población tenía serios problemas de acceso a salud, educación, servicios públicos y alimentación. Más que el promedio nacional (9,9 %), reporta el DANE.

La “empresa” del reclutamiento apela a distintas estrategias para captar menores y jóvenes. “Le mandaron esta botella de esa otra mesa”, dicen los meseros a los jóvenes en un bar. Después vienen las conversaciones sobre las motos, el cilindraje, la velocidad, la plata que se mueve. Así empiezan a acercarse a los muchachos. “Aun cuando no se utilice fuerza o violencia, es reclutamiento forzado porque el contexto lo está forzando a hacerlo, a que el niño se vincule al grupo”, asegura Paola González, experta de Save the Children.

El reclutamiento tiene sus propios escalafones. A los más pequeños, de siete u ocho años, los usan de mensajeros; a los de diez u once, de correos humanos para mover paquetes o hacer encargos. Después, casi sin darse cuenta, el juego cambia. “Desde los catorce ya pueden estar en las filas e ir a combate”, explica Vanessa*, lideresa putumayense. Esto se da en medio de un panorama desolador frente al empleo. Mocoa, capital de Putumayo, es la quinta ciudad con mayor desempleo (18,1 %) en el país, según el último reporte del DANE. Casi el doble que el promedio nacional.

Los grupos observan qué sabe hacer cada menor antes de asignarle un lugar. “A las chicas enfermeras las vinculaban y les pagaban un poquito más. A quienes sabían matemáticas o contaduría, también”, dice Vanessa. Primero vienen los “campaneros”: jóvenes conocidos por la comunidad que se quedan en los pueblos o en las carreteras vigilando quién entra o sale y dónde aparece la Fuerza Pública. Otros terminan moviendo dinero, cerrando negocios, cobrando cuentas.

A quienes consideran útiles para pelear, los sacan del territorio. Dos meses de entrenamiento, a veces nada, y terminan armados en combates o convertidos en sicarios. Los envían lejos de las familias: a otros municipios del Putumayo, a Cauca, a Nariño o a la frontera con Ecuador, donde el control armado es más fuerte. “A algunos los entrenan en Perú”, dice un líder indígena inga. Los que terminan cerca de los altos mandos casi nunca pueden salirse. Saben demasiado, cuentan los locales.

Con las jóvenes, el ingreso suele empezar de otra manera. “Hay un enamoramiento táctico”, explica un líder siona. Primero llegan los coqueteos, las invitaciones, la insistencia de hombres armados que ofrecen plata, motos, apartamentos o cirugías estéticas.

En municipios fronterizos como La Hormiga o Valle del Guamuez, varias lideresas aseguran que se volvió común escuchar de muchachas a quienes les pagan procedimientos estéticos. Algunas terminan como informantes o mensajeras; otras en relaciones sentimentales con mandos del grupo. Y las que se niegan quedan expuestas. “Algunas no quisieron bailar con un mando o responder a sus coqueteos y eso las puso en riesgo. Hay familias que prefieren sacar a sus hijas del territorio”, denuncia Diana Cuayal, socióloga y lideresa juvenil.

Vanessa dice que incluso dentro de la estructura les exigen estar disponibles para los comandantes. Por eso les permiten planificar o interrumpir embarazos sin problema. A quienes continúan con ellos, cuenta Carmen, las envían a ciudades principales donde terminan criando hijos de mandos armados, lejos de sus comunidades.

También hay casos —pocos, pero persistentes— de jóvenes llevadas a fincas para fiestas privadas donde ocurren abusos. “Eso casi nunca se denuncia”, dice Vanessa. “Las muchachas terminan yéndose del territorio o les dan dinero a las familias. La lógica es: accedes por las buenas o por las malas”. Pero hay algo que el grupo no perdona: si una joven se relaciona con integrantes de otra estructura armada, la condena puede ser la muerte.

Marketing digital armado

En la foto de perfil de Facebook aparece con uniforme camuflado, el pulgar arriba y un fusil atravesado en el pecho. Dice que es de Putumayo, “creador digital” e integrante de Guerrillas Unidas del Pacífico, aunque la mayoría de sus videos están grabados en Llorente, Nariño.

En una de las más recientes publicaciones enfoca un fusil R15, mientras de fondo suena una canción: “Un trabajo bien pagado y bastante riesgoso, eso lo reconocemos”. En otra, aparecen varios hombres uniformados entrenando en fila mientras la música repite: “Con mis botas, puesto mi uniforme, con mi fusil y con mi pistola, me dedico a entrenar muchos hombres para que combatan en la zona”. También subió mensajes por el Día de la Madre desde la montaña y videos que parecen grabados en medio de combates: el celular se agita mientras se lanza al piso y alrededor se escuchan disparos.

Tiene varias cuentas más, con distintos nombres, pero el mismo contenido. En una supera los 21 mil seguidores. Los comentarios se acumulan debajo de los videos: “¿Cómo sería para ir?”, “lo mejor de lo mejor”, “cuándo viene que quiero estar allá”. Uno le escribe que preferiría entrar al Ejército porque allá sí entregan armamento bueno y no “fusiles malucos”.

Es la guerra convertida en contenido, reflejo de una transformación total. Del cambio por ideales políticos al negocio, cuentan los locales. En épocas de las FARC y el ELN, dice una lideresa de La Hormiga, el reclutamiento forzado se daba bajo la amenaza armada o el seguimiento de una ideología. Ese objetivo se esfumó y hoy los grupos se consolidan por el lucro económico y el deseo de control territorial.

Los líderes dicen que cada vez aparecen más perfiles así, especialmente en TikTok y Facebook. Juan*, indígena inga, asegura que se volvió otra estrategia de reclutamiento: mostrar armas nuevas, fajos de billetes, motos de alto cilindraje, joyas, fiestas, recorridos en lancha por el río y videos rodeados de mujeres jóvenes. “Graban en vivo en los combates, muestran los billetes en el monte o aparecen en laboratorios de coca ‘quimiqueando’” (convertir la hoja de coca en pasta), cuenta Vanessa.

Felipe Cortés, director de Incidencia, Participación y Comunicaciones de Save the Children, explica que son cuatro los mensajes con los que se convence a los y las jóvenes en entornos digitales: “Hay una exaltación del dinero fácil, la narcocultura, tener armas y hacer cosas emocionantes. Lo otro es aprovecharse de los problemas de acceso a oportunidades y familias estructuradas. También, el uso de la imagen de mujeres, niñas y adolescentes para sexualizarlas o invitarlos a pasar un tiempo emocionante. Y, por último, el conocer sus problemas en el hogar”.

Y en esas mismas redes aparecen después los muertos. Un joven siona de 18 años dejó la guardia indígena para irse con los Comandos de la Frontera. Alcanzó a pasar un año y medio dentro de la estructura. Murió en un combate en Puerto Caicedo junto a otros cuatro jóvenes; tres de ellos eran de la misma etnia. Las familias no recibieron llamadas oficiales ni explicaciones. Se enteraron por fotografías que empezaron a circular en Facebook y WhatsApp: los cuerpos tirados dentro de una volqueta. “Hoy en día en los hogares hay mucha tristeza y mucho dolor, muchas madres siguen esperando al hijo que un día dijo que se iba a trabajar”, dice una lideresa de Puerto Asís. En varios casos, las familias ni siquiera saben que los jóvenes entraron a un grupo armado hasta que aparecen muertos tras un combate. Algunos cuerpos han terminado incluso en Perú o Ecuador.

En 2023, después de meses de enfrentamientos constantes y de ver morir a jóvenes enviados al combate casi sin entrenamiento, varios decidieron desertar de los Comandos de la Frontera. Desde enero de este año, cuando el servicio militar comenzó a pagarse con un salario mínimo, cuenta Vanessa, otros muchachos fijaron su mirada en el Ejército. No buscan alejarse necesariamente de las armas, pero sí de la ilegalidad. “Ha sido un salvavidas berraco (importante)”, dice.

Una válvula de escape en un territorio donde la Defensoría del Pueblo ha emitido, desde 2018, un total de 29 alertas tempranas que advierten del riesgo de reclutamiento forzoso en Putumayo.

Régimen de terror civil

Fernando* tenía 15 años y pasaba casi todo el tiempo solo en la casa. Vivía en una zona de invasión en Puerto Guzmán, en una vivienda de tablas levantada entre calles de barro, mientras su mamá y el padrastro salían a trabajar desde temprano. Los hombres armados ya sabían eso. Sabían a qué hora se quedaba sin compañía, quién entraba y cuánto tiempo pasaba sin supervisión. Una noche llegaron hasta allá para convencerlo de irse con ellos. Él los evadió y le dijeron que volverían más tarde para saber su decisión. Esa misma noche huyó a donde una lideresa. Vive con ella desde ese momento, pues su mamá no permitió a las autoridades trasladarlo de zona. Aún convive con quienes una vez lo intentaron reclutar. Situación que no solo se da en Puerto Guzmán.

Los ojos que vigilan a los pobladores siguen allí y están pendientes de todos los movimientos. Una lideresa en Mocoa muestra su carné, aparece su nombre, número de cédula y junta de acción comunal a la que pertenece. Desde hace dos años se convirtió en una exigencia de Comandos de la Frontera para controlar quién entra o sale de las veredas. Mejor dicho, para que no llegue ningún desconocido. En municipios como La Hormiga aún se aplica y quien no tenga esa especie de identificación, es retenido.

Otros son amarrados a un tronco por los guerrilleros durante toda la noche por salir después del toque de queda. Está permitido hasta las 6:00 p.m. si es para transitar por el río, y hasta las 9:00 p.m. para las zonas rurales y urbanas. Incumplir implica pasar la noche expuesto al frío y los mosquitos hasta que, al siguiente día, alguien aparezca para desamarrarlo.

Hace un año empezaron los monitoreos con drones. Pasan uno o dos por encima de las casas en el resguardo siona de Puerto Leguízamo. Les ordenaron a los indígenas cortar los árboles porque les quitaban visibilidad. Vigilan a la comunidad y los patrullajes esporádicos del Ejército. “Usted no puede hablar, no puede decir nada, no puede denunciar”, cuenta un líder del resguardo casi entre susurros. Son cientos de personas que pertenecen a comunidades que el Estado poco o nada nombra en sus planes de desarrollo.

El paso también ha quedado restringido por las minas antipersonales. Por ejemplo, el corredor entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, sector de enfrentamientos con el frente Carolina, fue minado para evitar el paso de ese grupo. Esa conquista de territorio les ha costado la vida a varios jóvenes de la zona. En el sector Remanso y Piño Blanco la situación fue similar.

El control armado llega hasta la frontera. Allí encuentran refugio durante los combates y se esconden de la fuerza pública colombiana. Cruzan a través del río, la misma ruta por la que mueven el contrabando de la popular ‘gasolina blanca’, un combustible que los campesinos están obligados a comprarles. Josselyn Machoa, indígena cofán de Ecuador, reporta que hombres colombianos, casi siempre armados, controlan el paso fronterizo de la zona donde vive en Sucumbíos. Les preguntan su identidad y qué van a hacer. En 2023 ingresaron a su resguardo y han amenazado a líderes por oponerse a proyectos petroleros en la zona. “Algunos mestizos andan con ellos, los han reclutado, y se quedan en la frontera”, asegura.

“Amenazan en ambas zonas de la frontera, usan a su favor hechos como el aislamiento geográfico, la posición estratégica binacional de resguardos y comunidades, y la poca o nula presencia estatal”, asevera la Defensoría del Pueblo.

¿Acuerdos de paz?

Los diálogos de la Paz Total entre el Gobierno y los Comandos de la Frontera llevaron una tensa calma a la región, disminuyendo los combates directos que dejaban jóvenes muertos en las veredas. Sin embargo, para las comunidades, esta tregua tuvo un costo altísimo: la legitimación de sus verdugos.

“No hay combates recientes, pero aquí seguimos viviendo las desigualdades estructurales”, afirma Diana Cuayal. En el territorio existe la percepción generalizada de que la mesa de diálogos fue, en realidad, un escudo político. Como señala un líder siona: “No hay nada de procesos… Más es un tema de mirar cómo yo me salvo de alguna persecución”. Los armados han utilizado este proceso para afianzar su control social, según reporta Human Rights Watch, obligando a las comunidades a asistir a marchas a favor de la paz, a fabricar pancartas y a exigir la no extradición de sus comandantes.

En este contexto, el reclutamiento dejó de ser un secuestro para convertirse en una macabra bolsa de empleo en un departamento donde no hay oportunidades reales. La violencia se ha institucionalizado a tal punto que las familias, asfixiadas por la pobreza, empiezan a referirse a los grupos ilegales como “la empresa”. Esta normalización viene acompañada de un terror paralizante. Denunciar no es una opción; es una sentencia de muerte. La regla número uno de este “contrato” laboral armado es la omisión. Las familias son convencidas de que como sus hijos se fueron “voluntariamente” a trabajar, no pueden reportar la desaparición. Y si deciden alzar la voz, se enfrentan a un muro de cristal.

La red de inteligencia de los actores armados ha permeado las esferas oficiales, dicen los locales. “Hay un control de todas las instituciones. Usted va a la Fiscalía, usted denuncia, y al otro día ya saben”, reclama otro de los líderes.

Como sentencia con amargura una lideresa desde Puerto Asís:

“Aquí no pasa nada. Aquí no tenemos ni Dios ni ley. Porque aquí, pase lo que pase, no pasa nada”.Una lideresa de Puerto Asís

Los nombres marcados con asterisco (*) no corresponden a sus identidades reales; fueron cambiados para mantener su reserva y por su seguridad y la de sus familias.

Infanciascapturadas

Una investigación sobre el reclutamiento y la explotación de niños, niñas y adolescentes por estructuras armadas y criminales en Colombia y Ecuador.