César Manrique: el prófugo al que Petro le ha dado poder dos veces

Los pies de César Manrique, que mide poco más de 1,60 metros, apenas tocaban el piso mientras estaba sentado en una silla escuchando al presidente Gustavo Petro. Llevaba unos zapatos café claros, un vestido de paño oscuro y una camisa blanca sin corbata. La ceremonia se adelantó en un fastuoso lugar de la Casa de Nariño: arañas de cristal colgadas del techo, candelabros dorados, espejos de más de un metro con marcos de lujo. A pesar de que ya era señalado de corrupción, ese día Manrique juró “por Dios y por la Patria” cumplir la ley y la Constitución en el cargo que le encomendó Petro: dirigir el departamento administrativo de la Función Pública. 

En la misma ceremonia, el 24 de agosto de 2022, se posesionó Manuel Alberto Casanova— sentado al lado izquierdo de Manrique— como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia. La orden de Petro a este último fue tajante: “Hoy el objetivo de la comunidad de inteligencia del Estado es perseguir la corrupción. Todo funcionario o funcionaria que planifique corrupción en este gobierno, me permito notificar que la inteligencia del Estado tendrá como prioridad su persecución”.

Para el momento de la posesión, Manrique estaba en juicio por hechos que se remontaban a cuando fue director de Servicio Civil en Bogotá, el primer cargo para el que Petro lo designó durante su Alcaldía. En esa época el hombre de confianza del alcalde adelantó un proceso de contratación por 4.357 millones de pesos. Por ese caso, antes de llegar a la Presidencia, Manrique estuvo en la cárcel La Picota.   

El día de la posesión, Petro resaltó su cercanía con Manrique y le dio su apoyo. “Nos ha acompañado en Cundinamarca desde que yo era un sardino”, dijo el presidente. “La Función Pública es un cargo en el que ya se había desempeñado en Bogotá Humana. César Manrique tuvo que resistir persecución, incluso física y aquí está”, agregó sobre las sombras de corrupción que en ese momento pesaban sobre su amigo. 

Tres años después, la Fiscalía señaló a Manrique de ser uno de los cerebros del saqueó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd). El 29 de julio un juez ordenó su detención, pero el funcionario optó por evadir la justicia y ahora la Interpol lo busca en 196 países. 

El segundo episodio judicial en el que Manrique es señalado de corrupción empezó por cuenta de una investigación de la periodista Paula Bolívar. Ella reveló en La W que 40 carrotanques comprados por la Ungrd estaban estacionados en Uribia y en Riohacha (La Guajira). Ese hecho la llevó a descubrir el escándalo más grande de corrupción en el gobierno Petro: el saqueo de la Ungrd. Varias acciones de Manrique habrían sido claves para que el dinero, que se debía destinar a calmar la sed de miles de personas, terminará en manos de políticos y empresarios corruptos. Mientras los guajiros padecían por encontrar agua, miles de millones se repartían entre congresistas, contratistas y funcionarios en una operación criminal para garantizar apoyos legislativos al gobierno. El entramado tiene tras las rejas a un expresidente del Senado, a uno de la Cámara de Representantes y a dos exministros.

La relación entre Petro y Manrique ha estado rodeada de escándalos de corrupción. El paso de este último por la administración pública estuvo marcado por ambiciones personales que no materializó, pero que impulsó hasta el final de sus días como funcionario. Para este perfil, VORÁGINE habló con 11 personas que lo conocieron en diferentes etapas de la vida y que dan cuenta de cómo una carrera en ascenso terminó descarrilada por las marañas más oscuras del poder. 

El M-19, Petro y Fusagasugá

El 12 de mayo de 2022 el entonces candidato Petro tenía un evento de cierre de campaña en Fusagasugá (Cundinamarca). El discurso estaba planeado para las 10 a.m., pero las horas corrían y el político no llegaba a la plaza principal. Desde las 8:00 a.m., Manrique repartía camisetas y cachuchas con publicidad de la campaña cerca a la iglesia principal. A unos metros de donde se encontraba, Manrique tenía el material publicitario guardado en un parqueadero de uno de sus hermanos. Sacaba los artículos, los distribuía y volvía por más.

Manrique era un viejo conocido de esa ciudad, ubicada en la región del Sumapaz. Allá nació el 24 de diciembre de 1960 en el seno de una familia pobre. Su papá era el conductor de la ambulancia de Fusagasugá; su mamá, ama de casa; y tenía cinco hermanos. Desde que estaba en el colegio empezó a mostrar sus tendencias políticas de izquierda. 

César Jiménez fue el mejor amigo de Manrique desde que tenían 12 años hasta 2005. La relación terminaría rota, pero sobre los años de bachillerato recordó que hicieron parte del movimiento Unión Revolucionaria Socialista. Le hacían peticiones al rector de su colegio y al alcalde; y organizaban actividades culturales y deportivas. Luego, se afiliaron a una organización política llamada Firmes, fundada en 1978. 

Este último movimiento tenía incidencia del M-19, como quedó consignado en un trabajo de grado escrito por William Sebastián Carvajal. Entre los integrantes de esa organización estaban, por ejemplo, Andrés Almarales y Alfonso Jacquín, quienes murieron en la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. En Firmes también había personas de otras tendencias de izquierda que se distanciaban de la lucha armada. Del movimiento hicieron parte personas como el futbolista Alejandro Brand, el médico Guillermo Fergusson y el sociólogo Eduardo Umaña Luna.  

El pasado 9 de agosto de 2025 el presidente Petro trinó: “Cesar Manrique jamás perteneció al M-19”. Ese mensaje público del mandatario sorprendió a Jiménez: “todos quedamos con los ojos abiertos”, dijo. Recuerda que si bien no fueron milicianos ni combatientes de la guerrilla, sí hicieron trabajos políticos. Tuvieron formación armada, pero nunca participaron de las hostilidades. “Teníamos instrucción y todas esas vainas, pero no teníamos nada que ver con los operativos militares, aunque las reuniones de nosotros eran clandestinas por la misma situación del país”, explicó. Desde esa época Petro y Manrique son cercanos. “El que trajo a Petro a Fusa fue Manrique”, contó Jímenez. 

De vuelta a 2022, la demora de Petro empezaba a impacientar a la gente en la plaza de Fusagasugá. El periodista Salomón Murcia presenció de cerca lo que estaba ocurriendo: Manrique hablaba cada tanto con el candidato para saber qué tan lejos estaba de llegar al encuentro. “Ellos tenían línea directa”, contó en entrevista con VORÁGINE.

Manrique salta a la política

Hacia el mediodía empezó a generarse un revuelo en la tarima. Hombres de protección escudriñaron el público con sus miradas. Armando Benedetti se asomó y la presentadora les pidió a los presentes recibir “al próximo presidente de Colombia”. Dos hombres con escudos antibalas se plantaron a ambos lados de Petro. Él tomó varias fotos de la gente esperándolo y cogió el micrófono. Entre el público estaba Manrique, quien les había pagado a medios regionales para que retransmitieran el evento, según le contó Murcia a VORÁGINE. 

Manrique tenía experiencia en campañas políticas. En 1994, ya graduado como abogado, se lanzó a la Alcaldía de Fusagasugá y resultó elegido. Su obra divide opiniones en el municipio. Hablamos con un exfuncionario de esa Alcaldía, quien prefiere que su nombre no aparezca en este texto. “Se apoyó mucho el deporte y la gestión de los servicios públicos como el acueducto, el alcantarillado y el aseo. Se hicieron muchos comedores comunitarios en los que la gente llegaba a desayunar, almorzar y a comer”. 

Entre los impulsos al deporte que refirió el exfuncionario está la instalación de luminarias en el estadio. Para la inauguración de esas mejoras, Manrique llevó a Fusagasugá a los planteles profesionales de Millonarios y Santa Fe a jugar un partido amistoso en octubre de 1996, como lo registró El Tiempo. Otro logro que le reconocieron a VORÁGINE dos personas del municipio es que su administración fue la primera en crear una Secretaría de la Mujer en Colombia. 

No obstante, Jiménez también señala una sombra de corrupción por esa época. La alcaldía de Manrique construyó un proyecto de vivienda llamado Prados de Altagracia. “El beneficiario de cada casita tenía que ir y llevar 5 millones a una oficina dizque para escrituración. Pura mierda, se robaban esa plata. Yo era concejal y no me enteré, era muy por debajo de cuerda”, contó. No pudimos rastrear ningún proceso disciplinario o judicial contra Manrique por cuenta de los hechos que señala Jiménez. 

Manrique también pasó por la Asamblea de Cundinamarca a la que llegó con el aval de la Alianza Democrática M-19, partido fundado por excombatientes de esa guerrilla tras dejar las armas. Además, fue concejal de Fusagasugá.

La señalada traición y la política nacional 

Petro habló durante una hora en la plaza principal de Fusagasugá. En esa ocasión también le declaró la guerra frontal a la corrupción: “¿Estamos hastiados de la corrupción?”— preguntó— “Pues, entonces, tenemos que derrotar al régimen de la corrupción en Colombia (…) Políticos que al volverse criminales se roban el Estado y matan a su pueblo”.

Manrique ese día estaba junto a un joven que hacía parte de Esperanza Democrática, un partido que surgió de la alianza entre dos facciones de izquierda. El otro político era Luis Carlos Barreto, quien adquirirá una importancia turbia más adelante.

Para ese momento los indígenas wayúu de la Alta Guajira (Maicao, Manaure y Uribia) llevaban años luchando para que se les garantizara su derecho al agua potable. La falta del líquido afectaba su salud y su alimentación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional le pidieron al Estado colombiano actuar ante el drama de los wayúu. 

La corte declaró el estado de cosas inconstitucional en 2017. La falta de agua  marca la diferencia entre la vida y la muerte. “La ausencia de agua potable incide de manera decisiva en los problemas de desnutrición de los niños y niñas wayúu. Sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la crisis de muertes de niños y niñas en La Guajira”, sentenció el alto tribunal.

En 2004, años después de que Manrique dejara la Alcaldía, Jiménez asumió el cargo. Sin embargo, no logró terminar su periodo debido a lo que él define como una “traición” de su amigo de infancia. Según relató, Manrique se alió con políticos de Fusagasugá para gestionar su destitución mediante una sanción disciplinaria; finalmente, la Procuraduría lo apartó del puesto seis meses antes de concluir su mandato.

“Yo no sé a qué hora le ganó la ambición o los celos políticos porque yo me metí a esta vaina prácticamente por apoyarlo a él. Mi papá y mi mamá eran re godos y yo resulté de izquierda, me echaron de la casa con mi hermano por ese movimiento que armamos por Manrique en el colegio”, recordó Jiménez. 

El periodista Murcia es uno de los señalados por Jiménez como cómplice del supuesto complot. Aunque admite con orgullo haber radicado la queja que provocó la destitución, niega que Manrique estuviera involucrado o que le hubiera pagado por tramitar los documentos. Sin embargo, la convicción de Jiménez de que su caída fue una maniobra detrás de la cual estuvo su antiguo amigo terminó por sepultar definitivamente la amistad entre ambos.

Los proyectos de Manrique trascendían la política local. Desde el año 2000 militaba en Unidad Democrática, un movimiento liderado por el congresista Luis Carlos Avellaneda, a quien siete de las once fuentes consultadas describen como una figura crucial en su carrera. Incluso, una persona que fue cercana al político durante años afirmó que Manrique lo consideraba un “papá”. Sin embargo, en entrevista con VORÁGINE, Avellaneda matiza ese calificativo y asegura que nunca fue su mentor: “la verdad es que él ha sido amigo más directo de Petro que mío”.

De la mano de Avellaneda, Manrique llegó al Congreso. Lo hizo en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador del Polo Democrático. Corría 2002, Álvaro Uribe era presidente y tenía una oposición minoritaria en Senado y Cámara. “Manrique me ayudó a estudiar los temas laborales (Uribe planteó una reforma laboral que se convirtió en ley) y en la reforma a la salud (que también fue propuesta por el gobierno)”, recordó Avellaneda. Sobre los motivos que lo llevaron a vincular a Manrique a su UTL, dijo: “lo conocí y me parecía que tenía buen conocimiento. Más o menos se sabía mover en la política por la experiencia que tenía”.

El nombre de Manrique se conoció a nivel nacional en 2009 en medio del trámite del referendo con el que Uribe buscaba reelegirse por segunda vez. El abogado presentó una querella que retrasó el nombramiento de conciliadores del acto legislativo que le daba vía libre a la consulta ciudadana. Al final, en 2010, la Corte Constitucional acabó con la intención reeleccionista de Uribe al impedir que se convocara el referendo.  

La Bogotá Humana y las motos eléctricas

Avellaneda admite que visitó a Manrique en la cárcel La Picota (Bogotá). Estaba en un patio de funcionarios públicos y lo vio de buen ánimo: con la certeza de poder defender la inocencia que alegaba. El abogado les pidió a algunos integrantes de su familia que no lo visitaran porque no quería que lo vieran en ese lugar. Pero, la relación con Avellaneda era diferente e, incluso, llegaron a hablar de un posible apoyo jurídico. “Yo en ese momento creía en su inocencia”, dijo el exsenador. 

El caso que llevó a Manrique a la cárcel se remonta a la alcaldía de Gustavo Petro. El 5 de enero de 2012, el mandatario lo posesionó como director del Servicio Civil; sin embargo, ese mismo año, también le encomendó la gerencia del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Justo el día en que terminaba dicho encargo, el abogado firmó un contrato por 4.357 millones de pesos para la compra de 100 motos eléctricas destinadas a la Policía.

La Personería, la Contraloría y la Fiscalía empezaron a investigar el contrato. Las entidades alertaron sobre presuntas irregularidades: cuando se tomó la decisión de comprar las motos se orientó la contratación hacia una referencia en específico que solo vendía una empresa en el país; había diferencias sustanciales entre el valor que fue declarado en la importación y por el que finalmente se compraron los vehículos; la Fiscalía calculó que por cada moto se pagaron 5.991.000 pesos más. El perjuicio patrimonial para el Distrito fue de 1.011 millones.

Luego de la salida de Manrique del Fondo de Vigilancia, en esa entidad empezaron un proceso de revisión interna para esclarecer lo sucedido. El 19 de noviembre de 2012 la gerente del Fondo, Natalia de la Vega, le hizo llegar al alcalde Petro un oficio con una solicitud para que se adelantaran las investigaciones a fondo. A la casa de la mamá de ella llegaron sufragios amenazantes.

El 10 de julio de 2015, Manrique fue imputado por este caso, y para el año siguiente ya se le había dictado medida de aseguramiento. Aunque su paso por prisión fue breve y recuperó la libertad en 2016, el proceso continuó hasta 2019, cuando fue condenado por peculado, interés indebido y celebración de contratos sin requisitos legales. Sin embargo, tras una apelación, en 2020 el Tribunal Superior de Bogotá anuló parte de lo actuado, dejando la sentencia sin efectos.

Ante esta última decisión, Petro trinó: “Bajo el prejuicio de prensa y policía contra las motos eléctricas que compramos, nos mostraron como corruptos, hicieron apresar a Cesar Manrique, lo esposaron y encarcelaron en los peores patios, sufrió por años su familia, y la justicia acaba de anular su proceso. Era inocente”. La decisión del Tribunal obligaba a corregir errores en el proceso penal, pero no era una declaración de inocencia. 

Las jugaditas de Manrique y la defensa

Casi dos años exactos después de proclamar la inocencia de Manrique, Petro lo posesionó como director del departamento de Función Pública de la Presidencia de la República. El periodista Murcia y dos personas que conocieron al abogado de cerca— pero que pidieron reservar sus identidades— coincidieron en que ese era apenas un peldaño del poder que él quería acumular: los tres supieron que el funcionario le decía a su círculo más cercano que iba a ser ministro del Interior del gobierno Petro.

Aunque dirigir la Función Pública no era su cargo soñado, Manrique sí utilizó su nombramiento para intentar sacar ventaja en el proceso judicial que se adelantaba en su contra por las motos eléctricas. Desde que el abogado asumió ese cargo adquirió fuero, es decir, su juez debía ser la Corte Suprema de Justicia.

Pese a su situación judicial, Manrique asistió a las audiencias programadas entre 2022 y 2023. Sin embargo, en septiembre de ese último año, su defensa solicitó trasladar el proceso a la Corte Suprema de Justicia, corporación que recibió el expediente en enero de 2024. Esta maniobra resultó ser una estrategia: el 25 de abril, los abogados pidieron anular todo lo actuado argumentando que el juzgado anterior carecía de fuero para procesarlo.

El panorama cambió el 1 de noviembre de 2024, cuando el acusado dejó su cargo en Función Pública. Al perder la investidura, el caso regresó a la justicia ordinaria apenas veinte días después. Tras cuatro meses de espera, el Juzgado Primero Penal del Circuito instaló finalmente la audiencia para la lectura del fallo.

En el video de la diligencia judicial se ve en un recuadro a Manrique ansioso, vestido con una abullonada chaqueta azul marino y camisa blanca: respiraba rápido y su cuerpo cada tanto se bamboleaba de adelante hacia atrás. El juez abordó la nulidad que pretendía la defensa: “No existe ninguna justificación para que ese fuero no se hubiese puesto en conocimiento del juzgado de inmediato, sino que se hizo tan solo hasta el 14 de septiembre de 2023 (..) Situación que considera este despacho es hábil y sagaz, pero desleal con su contraparte y con la administración de justicia (…) Es un despropósito inaceptable y una maniobra absolutamente dilatoria para torpedear el proceso”.

El rechazo de ese recurso hizo aumentar las muestras de nerviosismo de Manrique. Cerraba los ojos por varios segundos, inclinaba la cabeza hacia abajo y se pasaba una mano por la boca. El juez lo condenó por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos y por interés indebido en el proceso contractual de las motos eléctricas: “La configuración, estructuración y adjudicación (del contrato de las motos eléctricas) respondieron a un direccionamiento deliberado promovido desde el interior del Fondo de Vigilancia con conocimiento y participación funcional del hoy procesado”.

La defensa obtuvo una victoria parcial al lograr la absolución por el delito de peculado. Según el juez, no se aportaron pruebas que demostraran que Manrique hubiera recibido dinero, comisiones o beneficios derivados del contrato, ni que hubiera incorporado recursos estatales a su patrimonio personal. No obstante, ninguna de las partes quedó satisfecha y todas apelaron: sus abogados buscan la absolución total en segunda instancia, mientras que las entidades del Estado insisten en que se le condene también por la apropiación de fondos.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el juez fijó la pena en 120 meses. En ese instante, Manrique giró la cabeza hacia alguien que no aparecía en cámara y, con asombro, exclamó: “¡10 años!”.

El paso por Función Pública y la sanción

En la cuenta de YouTube de la Función Pública quedó registrado un video llamativo: Manrique entraba a su oficina y sus subalternos le daban una sorpresa. Sobre la mesa del despacho destacaba una torta blanca y amarilla, y un joven, Atahualpa Zabala, le ofrecía una serenata con su guitarra. Varios trabajadores sostenían velas encendidas y algunos, con la voz entrecortada, dedicaron palabras de afecto a su jefe. No estaba de cumpleaños, celebraban su primer año al frente de la entidad.

“Reconozco en él a una persona que ha venido batallando desde lo social y lo académico”, afirmó Jesús Armando Amado Abril mientras una vela se derretía entre sus dedos. Amado Abril, quien también fue condenado en primera instancia por participar en la estructuración del contrato de las motos eléctricas, había sido nombrado por Manrique como subdirector de la Función Pública, cargo que aún ostenta.

“La gente de la que se rodeaba Manrique era de bajo perfil profesional y sin trayectoria, lo importante era que le hicieran caso”, le dijo a VORÁGINE una persona que trabajó en Función Pública mientras Manrique la dirigía y que pidió reservar su nombre. La misma fuente y otra— que tampoco quiere ser identificada— coincidieron en que durante la administración del abogado, una mujer llamada Sandra Milena Gutiérrez acumuló mucho poder. 

Henry Villamarín, actual subsecretario general del Distrito (Bogotá), trabajó con Manrique en Función Pública y aseguró que era un hombre preparado para el cargo. “Indudablemente el jefe César tiene muchísimo conocimiento de todo lo que es empleo público y manejaba bien las relaciones con los sindicatos. También tenía mucho conocimiento sobre la gerencia pública”, dijo. 

Desde su posición, Manrique desempeñaba un rol fundamental en la vinculación de personal para el Estado en todos sus niveles. La Función Pública brinda asesoría técnica a organismos nacionales y regionales en estas materias. De hecho, un concepto emitido por el abogado sobre la idoneidad de un aspirante terminó costándole una sanción.

El 14 de junio de 2024, la Procuraduría sancionó a Manrique por autorizar un beneficio excepcional de requisitos para Moisés Ninco Daza, quien aspiraba a la embajada de Colombia en México. Bajo esta figura, los ciudadanos que no cumplen con el perfil exigido para un puesto deben demostrar una trayectoria tan sobresaliente que logre equilibrar sus carencias. Dos personas— entre ellas Manrique— de tres que integraban el comité evaluador votaron a favor del nombramiento. El ente de control estudió el caso y falló en su contra: “es evidente que con los documentos allegados, no se demostraba experiencia destacada en ninguna disciplina ni tampoco podía ser catalogado como líder juvenil, debido a que su corta trayectoria carecía de reconocimiento”.

Sobre los motivos de la llegada de Manrique a la Función Pública a pesar de tener pendiente el caso de las motos, Jiménez señala: “Es lo que se pregunta toda la gente, ‘¿por qué Petro lo vuelve a meter en la Función Pública?’”. Y se aventura a decir que en gran medida sus cargos con Petro han sido gracias a Avellaneda: “Todo es por Avellaneda. Yo sé que Petro lo admira y son buenos amigos”. 

El exsenador niega que él haya tenido injerencia en el ascenso de  Manrique: “Yo nunca le sugerí a Petro su nombre para ningún nombramiento. Es más, el presidente nunca me ha pedido un nombre para un cargo”. También dijo que no es amigo del presidente. Dos personas más del Pacto Histórico en Fusagasugá declararon que no entienden por qué Petro volvió a nombrar a Manrique después del escándalo de las motos eléctricas. En dos ocasiones le escribimos a la oficina de prensa del primer mandatario para incluir su versión en este perfil, pero no obtuvimos respuesta.

La Ungrd y la huída 

Gerardo Vega, quien fue director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), reconstruyó en entrevista con VORÁGINE una reunión clave que sucedió el 25 de septiembre de 2023 en esa entidad. Dice que  estaba conversando con la junta directiva en una sala cuando le avisaron que había llegado una delegación de funcionarios. Vega los recibió en su oficina. 

En la comitiva estaba Olmedo López, entonces director de la Ungrd, con quien debían discutir el traslado de 100.000 millones de pesos desde un encargo fiduciario hacia la gestión de desastres. Según explicó el entonces director de la ANT, los recursos pertenecían a un convenio entre ambas instituciones para comprar tierras a damnificados por el invierno, un objetivo que nunca se cumplió. “El planteamiento de ellos era que ese dinero se utilizara en las necesidades de La Guajira”, relató el exfuncionario, quien señaló que, ante la imposibilidad de ejecutar esos fondos, el mismo terminó convirtiéndose en “un peso” para la entidad. 

Aunque el encuentro concernía exclusivamente a la Ungrd y la ANT, López llegó acompañado de Manrique. Al equipo de Vega le aseguraron que se trataba de una “persona de Presidencia”. El entonces director de la Agencia Nacional de Tierras recordó así aquel momento: “A mí sí me llamó la atención, pero dije ‘bueno, un delegado de Presidencia’. El señor no habló en toda la reunión, solo se presentó”.

La Fiscalía ha señalado que Manrique tenía intenciones delincuenciales con su participación en esa reunión. El ente investigativo acusa al abogado de haber participado en la operación para que esos recursos volvieran a la Ungrd para, luego, hacer contratos por los que cobraría coimas del 7%. Los sobornos saldrían de procesos contractuales para comprar carrotanques y plantas desalinizadoras para La Guajira. Los hechos salieron a la luz gracias a investigaciones de la periodista Paula Bolívar, no de los organismos de inteligencia que Petro había dicho que iban a perseguir la corrupción. 

La presunta participación de Manrique en el entramado de corrupción se habría gestado a través de Luis Carlos Barreto, un antiguo militante de su mismo partido, Esperanza Democrática. Era el hombre que lo acompañaba en Fusagasugá en el evento de cierre de campaña. La Fiscalía tiene un chat que registra el momento en que el abogado envió la hoja de vida de su copartidario a Olmedo López. Tras este intercambio, Barreto fue nombrado subdirector de Conocimiento de la Ungrd, una posición que resultó fundamental para el funcionamiento de la estructura ilegal.

“Organizó, fomentó, dirigió y encabezó la conformación de esta organización criminal al interior de la Ungrd tendiente al direccionamiento de la contratación pública”, señaló la Fiscalía sobre Manrique en la audiencia en la que pidió medida de aseguramiento el pasado 29 de julio. López, Barreto y Sneyder Pinilla— cúpula de la Ungrd en el escándalo de corrupción— han señalado al abogado como determinador del plan delincuencial.

La defensa de Manrique ha dicho que las versiones de López, Barreto y Pinilla son falsas y que solo intentan incriminar al abogado para obtener beneficios judiciales. “No hubo ninguna intervención con un interés indebido y cualquier labor que haya realizado el doctor Manrique fue en el marco de sus funciones y de la satisfacción del interés general”, le dijo el abogado defensor, Santiago Trespalacios, a Noticias Caracol.

Hoy Manrique es prófugo de la justicia. La FM, en octubre de 2025, aseguró que el abogado estaría siendo protegido por el ELN. Sin embargo, no hay prueba de ello.

El vínculo entre Barreto y Manrique es de público conocimiento en Fusagasugá; así lo confirmaron cinco personas entrevistadas para esta investigación. Incluso, Avellaneda relató que en una ocasión Barreto fue a su oficina para solicitarle ayuda en la búsqueda de un cargo durante el gobierno de Iván Duque. “Me dijo que era conocido de Manrique”, recordó el exsenador, quien aclaró que nunca tramitó la petición.

Esa cercanía fracturó la unidad del Pacto Histórico en el municipio durante las elecciones regionales de 2023. En aquella contienda, el abogado volcó su respaldo hacia Barreto y se desmarcó de la candidata de la coalición, Karina Orjuela.

Tras los comicios, Manrique regresó a Fusagasugá para entrevistarse con el alcalde electo, William García, quien llegó al cargo avalado por Cambio Radical y el Mais. Orjuela afirma que, de acuerdo con un testigo del encuentro, el abogado alardeaba de tener línea directa con Petro para gestionar proyectos de inversión local. Murcia coincide en esa percepción sobre la influencia del funcionario: “Los alcaldes lo buscaban porque imagínese el poder para conseguir recursos. El man los embobaba”.

“Manrique se movía por la derecha y por la izquierda”, dijo la persona que trabajó en Función Pública, pero pidió mantener en reserva su identidad. “A él le gusta más la plata que la política”, agregó. Avellaneda aseguró que se alejó de Manrique después de que salió de su UTL y empezó a relacionarse con personas del Partido de la U. “Yo nunca he confiado en los partidos tradicionales”, dijo. 

A la actual superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, también se le ha señalado de ser cercana a Manrique. Aunque ella negó dicho vínculo al ser consultada por este medio, una fotografía publicada por la propia funcionaria en 2021 cuenta una historia distinta. En la imagen se les ve reunidos en una casa, bajo un pie de foto que ella misma escribió: “Linda tarde con los amigos Cesar Manrique, exalcalde de Fusa y líder político en Cundinamarca y Jorge Mario Torres, Concejal ambientalista y progresista de Fusa”.

Dos exministros del gobierno Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, están en la cárcel. Barreto, Pinilla y López son testigos de la Fiscalía. Manrique está huyendo y, según le dijo una persona a VORÁGINE, la familia ha intentado ocultarle la situación a su mamá que supera los 90 años. Pero, aunque la atención se centra en los personajes políticos, los estragos de sus acciones se ven en La Guajira: “Ni carrotanques, ni agua ni nada. Ni siquiera la muestra. No tenemos ni a quién pedirle, solo a Dios para que caiga del cielo”, dijo Ronald Since Uriana, autoridad tradicional de la comunidad de Iwasai en Uribia.

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