Familias sin techo: las jugaditas empresariales de un aliado de Petro

Marco Emilio Hincapié, un poderoso político del Tolima cercano al presidente Gustavo Petro, estrecha la mano del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Los dos sonríen. La escena transcurrió el 12 de julio de 2023 en el Ministerio de Hacienda. Estaban en la posesión de Hincapié como presidente de Coljuegos, una empresa del Estado. Casi un año exacto después, el 11 de julio de 2024, funcionarios de un juzgado secuestraron varios apartamentos en el conjunto Balcones de Santa Cecilia, en Ibagué. La angustia se apoderó de los propietarios de los inmuebles. Ambos hechos parecen inconexos, pero tienen un hilo conductor. Además, decisiones judiciales recientes podrían afectar a Hincapié.

Hincapié llegó al cargo después de ser secretario general de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro. Según fuentes citadas por El Tiempo, el político tolimense habría diseñado el esquema de pago de testigos electorales en la campaña presidencial de 2022. Como director de Coljuegos, el dirigente recibe mensualmente $30.337.384.

El éxito de Hincapié en la política ha contrastado con la realidad de decenas de familias que invirtieron sus ahorros en apartamentos de interés social del conjunto residencial Balcones de Santa Cecilia, ubicado en el barrio El Salado de Ibagué (Tolima). Diana Mantilla firmó el 31 de octubre de 2016 una promesa de compraventa con la empresa Inversiones H&H, propiedad de Hincapié, algunos de sus hijos y nietos.

El proceso para esa firma fue rápido. Ella visitó con su esposo una feria de vivienda en la que había un cubículo de H&H y les gustó el proyecto de apartamentos. Al ver el interés de la pareja, el personal de ventas llamó al gerente, Antonio Hincapié Galindo (hijo de Marco Emilio), quien los llevó en su carro a mostrarles dónde iba a quedar el conjunto. Los convenció.

Pero el proceso después de la venta se convirtió en un calvario que siete años después todavía no termina. La entrega del apartamento estaba pactada para mediados de 2017, pero nadie los llamó para efectuarla. En diciembre de ese año firmaron escrituras. En marzo de 2018 los llamaron para anunciarles que les iban a entregar el apartamento, pero cuando llegaron vieron que varias ventanas no cerraban y que varios elementos eléctricos no servían. “Dijimos que no recibiríamos hasta que nos entregaran en óptimas condiciones”, le contó Mantilla a VORÁGINE.

La llamada de la constructora anunciándoles la corrección de las fallas nunca llegó, por lo que en junio decidieron ir hasta el conjunto a ver qué estaba pasando. “Un ingeniero de los que estaban acá nos dijo ‘ay, sí, mire. Ya arreglamos’. Nos pasamos, empezamos a traer las cosas. Pero ahí empezamos a notar que las cosas estaban raras”, dijo Mantilla.

El conjunto estaba a medias. La otra torre no había sido terminada, el salón social seguía en construcción y la piscina no había sido entregada. Pero lo que más inquietó a Mantilla fueron los relatos que empezó a escuchar de parte de algunos vecinos que habían pagado sus apartamentos, pero no les habían hecho escrituras.

Vecinos sin escrituras

Los testimonios que empezó a recoger Mantilla demostraban un patrón: todos los vecinos que carecían de escrituras habían pagado el monto total de los apartamentos con recursos propios. Todos fueron a la Notaría Segunda de Ibagué, pagaron los gastos notariales que les correspondían y firmaron las escrituras. Sin embargo, semanas después empezaron a recibir llamadas en las que les anunciaban que ningún delegado de H&H firmó, por lo que la escrituración carecía de validez.

El caso de la familia de la lideresa fue distinto porque tuvieron que pedir un crédito y la entidad financiera ponía como requisito la escrituración antes de desembolsar. Pero Mantilla empezó a apersonarse de reclamarle a los Hincapié, un camino que le ha costado señalamientos de parte de esa poderosa familia. Una de las últimas muestras de la influencia de Marco Emilio se dio el pasado 29 de noviembre en medio de una rendición de cuentas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en Ibagué. El patriarca de la familia estaba sentado en la tarima justo detrás del ministro. Esa exhibición de poder quedó registrada en las redes de Coljuegos.

VORÁGINE habló con una persona que conoce el proceso de cerca, pero pidió anonimato para no tener problemas con las partes. Explicó que todo el dinero de la venta de los apartamentos debía ir a la fiduciaria Bancolombia. “Los de H&H hicieron muchas estafas porque vendían el inmueble y en lugar de informarle a la fiduciaria recibían la plata en cuentas propias”, aseguró. Por eso, en la Notaría Segunda nunca aparecieron Antonio Hincapié ni los delegados del banco. Los problemas hasta ahora estaban empezando.

Aparece el dueño del lote

Mantilla y sus vecinos empezaron a descubrir más irregularidades. A finales de 2018, sin haber finalizado la obra, los trabajadores de la constructora dejaron de ir. En medio de una reunión con vecinos contactaron a la persona que había vendido el lote donde se construyó el proyecto. Él también conocía el talante de los Hincapié.

Norberto Vargas Celemín es la persona que negoció con los Hincapié el lote de unos 3.100 metros cuadrados para la construcción de Balcones de Santa Cecilia. En una llamada con VORÁGINE el empresario contó cómo esa transacción sigue siendo un problema. Vargas dijo que acordaron que él pedía la licencia de construcción, se la cedía a H&H, le daban 425 millones de pesos y siete apartamentos en el conjunto.

Los problemas llegaron pronto. Vargas cumplió su parte del acuerdo y tramitó la licencia de construcción. Sin embargo, los Hincapié le dieron solo una parte del dinero. “Nos quedaron debiendo como 50 o 60 millones de pesos”, dijo el empresario. Por eso, él decidió demandarlos y ganó en los tribunales. Le tuvieron que pagar el restante.

Pero todavía faltaba el pago más grande que eran los siete apartamentos. Vargas, sin haberlos recibido, los puso en venta, pero cuando iba al conjunto no lo dejaban ingresar. “Hasta que me tocó irme por la fuerza y entrar a ver qué era lo que estaban haciendo”, contó.

A Vargas le incumplieron con la entrega de los apartamentos, entonces volvió a demandar. En 2017 otro juzgado le dio la razón y condenó a H&H y a Antonio Hincapié, por ser el representante legal de la firma, a pagarle 1.325 millones de pesos. Para hacer efectiva esa condena, el juzgado ordenó embargar las cuentas de la empresa y del gerente. Ese hecho iba a tomar relevancia más adelante.

El problema era más grande de lo que Mantilla se había imaginado. Además, las personas que fueron a buscar respuestas al local donde funcionaba la empresa se encontraron con la sorpresa de que estaba vacío. También, se enteraron que la licencia de construcción del conjunto estaba vencida.

La campaña política y un secreto

En 2019 Marco Emilio Hincapié decidió lanzarse a la Alcaldía de Ibagué. De eso se enteraron Mantilla y otros vecinos. Entonces, fueron al acto del lanzamiento de la campaña y le reclamaron soluciones. “Ellos empezaron a decir que nosotros le estábamos haciendo una persecución política, que no había ningún problema y que todo era político”, recordó Mantilla.

Pero después de victimizarse públicamente, Marco Emilio y Antonio se reunieron con los manifestantes en un restaurante. “Nos dijeron que iban a tramitar la licencia de construcción, que estuviéramos tranquilos y nos iban a solucionar”, aseguró Mantilla. “Yo les creí, pero todo empezó a empeorar de ahí en adelante”, agregó la lideresa.

La realidad era diferente y los vecinos se percatarían de que los Hincapié les ocultaron información clave en esa reunión. Varios meses antes del encuentro con los afectados, el 30 de noviembre de 2018, los Hincapié hicieron una solicitud de reorganización de H&H en la Superintendencia de Sociedades. Eso era importante porque daba cuenta de los problemas financieros que tenía la compañía.

Los problemas se siguieron acumulando para los propietarios y los promitentes compradores. La negligencia de la empresa se traducía, por ejemplo, en que la piscina no funcionaba, pero era un espacio en el que se estancaban las aguas lluvias. Eso en un clima cálido como el de Ibagué se convierte en un foco de enfermedades como el dengue.

En mayo de 2019 llegaron funcionarios de la empresa de servicios públicos a cortar la electricidad de todo el conjunto. Les explicaron a los residentes que desde hace años solo había un contador para toda la unidad residencial, lo que era irregular. Los propietarios pagaban la electricidad en el mismo recibo de la administración. “La constructora tenía que hacer algo llamado RETIE, que es garantizar que a cada apartamento le llegara un recibo de manera individual”, explicó Mantilla. Gestiones de la Defensoría del Pueblo hicieron que la constructora pagara los costos para garantizar las conexiones óptimas. “El primer recibo me llegó por dos millones porque nosotros estábamos pegados de manera irregular, pero el medidor iba corriendo”, contó la lideresa. Agregó: “Eso fue otro calvario: cada uno tuvo que ir a Enertolima a demostrar que estábamos conectados de manera irregular, pero que pagábamos el recibo con la administración”.

El 7 octubre de 2019 los vecinos le escribieron al entonces alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo (hoy ministro de Salud), contándole todas las irregularidades. La respuesta llegó casi tres meses después, el 30 de diciembre, les dijeron que la competencia sobre el asunto era de la Inspección de Policía de la zona. Uno de los hijos de Marco Emilio, que tiene su mismo nombre, fue secretario de Gobierno de la administración de Jaramillo.

Por esa misma época le enviaron comunicaciones a la Presidencia de la República, dirigida por Iván Duque, al ministerio de Vivienda y al Concejo municipal de Ibagué. “En ese punto nos sentíamos peleando solos. Nadie nos daba ninguna respuesta”, contó Mantilla.

Los afectados se multiplican

El proceso de reorganización fue solo uno de los aspectos que los Hincapié le ocultaron a los vecinos de Balcones de Santa Cecilia. Aunque la situación era desesperada, se dieron cuenta de que podía empeorar. Mantilla empezó a escuchar a algunas personas que aseguraban que H&H les había vendido apartamentos, incluso, después de 2018.

Conversamos con María Eugenia Roa, una mujer que firmó promesa de compra venta el 20 de mayo de 2021. En julio de ese año le entregaron el apartamento, pero nunca firmaron escrituras. Por eso está en un limbo legal. “Lo tengo desocupado en obra gris. No le he querido hacer nada porque hasta que no haya escrituración me da temor meterle plata sin saber qué va a pasar”, le dijo Roa a VORÁGINE.

Las demoras en la escrituración llevaron a Roa a enviarle un derecho de petición a H&H. La respuesta, firmada por Antonio Hincapié, aumentó la incertidumbre. El empresario contestó que existía una medida cautelar en favor de Bancolombia. “Existen pasivos por conciliar del mismo proceso constructivo del proyecto denominado Balcones de Santa Cecilia (…) Una vez se supere este proceso conciliatorio dentro del proceso que adelanta nuestra compañía en la Superintendencia de Sociedades o mediante conciliación externa, se podrá realizar la escrituración de los inmuebles correspondientes”, aseguró Hincapié en la respuesta.

Es decir, el apartamento que H&H le había prometido en venta a Roa tenía una medida cautelar, por eso no le hicieron las escrituras. “Es una inversión con el trabajo de mi hijo y mío. Fueron años de trabajo y ahorro. Lo veo perdido ante la mirada indiferente del Estado”, dijo con impotencia Roa.

Pero había un cabo suelto en la historia. H&H y Antonio tenían las cuentas embargadas por la demanda de Vargas, el vendedor del lote. ¿Entonces, cómo pudieron vender más apartamentos? La respuesta la encontraría Mantilla en los documentos que algunos vecinos le dejaron ver. Ella se percató de que las consignaciones para adquirir esos inmuebles no fueron hechas a Inversiones H&H, sino a otra persona jurídica llamada Consorcio Inversiones H&H. “Ellos indujeron a la gente al error”, señaló la lideresa.

Esa jugadita de los Hincapié fue también expuesta por el liquidador judicial de Inversiones H&H, Álvaro Barrero Buitrago. “A partir del año 2019 y hasta el año 2022, el recaudo se realizó a través de cuentas alternas que correspondían al Consorcio Inversiones H&H del cual no tenemos conocimiento ni soportes de la consignación de dichos pagos y menos aún soportes legales que faculten al consorcio para recibir los dineros producto de las ventas de unidades de viviendas”, se lee en un documento fechado el 26 de enero de 2023 que conoció este medio.

Según los datos de Mantilla, 61 familias le dieron dinero al Consorcio y los inmuebles por los que pagaron tenían medidas cautelares. Por eso, el 11 de julio de 2024 llegaron los funcionarios de un juzgado a secuestrar los apartamentos. En muchos de esos bienes hay personas viviendo que, como Roa, tampoco tienen escrituras. “La gente está en sus apartamentos y los pagó de buena fe. Están jugando con la plata, con los sueños de tener una vivienda”, dijo la lideresa. El siguiente paso es el desalojo.

Un ‘Space’ en Ibagué

El 28 de noviembre pasado Mantilla escribió un mensaje por Whatsapp: “Mira, Nicolás, eso es lo que a mí más me preocupa, que un día nos acostamos y al otro día no amanecemos”. Se refería a la noticia sobre el colapso del conjunto Privilegios ese mismo día en Barranquilla, hechos en los cuales murió una mujer y cuatro menores de edad quedaron heridos.

Otro caso que menciona Mantilla en cada conversación es el del edificio ‘Space’, en Medellín. Esa construcción se derrumbó el 12 de octubre de 2013 y murieron 12 personas. “Estamos muy asustados porque las placas del parqueadero están agrietadas, hay grietas en la base del conjunto y nosotros no sabemos la calidad de los materiales que utilizaron. Le dijimos al alcalde que esto puede ser un ‘Space 2.0’”, advirtió la lideresa. También contó que el dengue es una constante en el lugar debido a la acumulación de aguas estancadas en la piscina. Agregó: “Mi hija tuvo dengue en 2021”.

Por eso, los vecinos le han pedido a la Alcaldía de Ibagué que haga una inspección a la construcción para ellos saber con qué tipo de riesgos conviven. Sin embargo, hasta el momento ningún equipo oficial ha visitado las instalaciones.

Las mieles del poder en el gobierno Petro

Según le dijeron a VORÁGINE dos periodistas de Ibagué, Marco Emilio Hincapié es muy cercano al presidente Gustavo Petro. Esa cercanía vendría por vía del ministro de Salud, Jaramillo, quien fue alcalde de Ibagué entre 2016 y 2019. Durante la presidencia de Petro los Hincapié han tenido puestos públicos. 

El caso más reconocido es el de Marco Emilio Hincapié, como presidente de Coljuegos. El hijo que lleva su mismo nombre también tuvo un contrato por 113 millones de pesos con el ministerio de Salud que se ejecutó entre el 4 de abril y el 7 de diciembre de 2024.

Mantilla recuerda que Marco Emilio hijo, como asesor del ministerio de Salud, fue una vez a Ibagué a hablar sobre el proceso constituyente impulsado por Petro. Al lugar del evento llegaron algunos afectados de H&H, la lideresa tomó la palabra y empezó a reclamar soluciones. “Nos sacaron con la Policía, no nos dejaron terminar nuestra intervención”, dijo.

Marco Emilio hijo no tiene acciones en H&H. El 25 de noviembre, días antes de que terminara el contrato que suscribió con el Ministerio de Salud anunció en sus redes sociales que tiene un nuevo cargo: Superintendente delegado para la Operación en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Marco Antonio, sin cargos en el gobierno, constituyó una fundación llamada Global Proyectos Sociales. Lo acompañan en esa labor tres mujeres: Gloria Juanita Baquero Felipe, Gloria Lucia Galindo Castro y Edna Rocío Bahamón Matiz.

Otra familiar asociada de H&H es Sandra Lucía Hincapié Galindo. Por lo menos desde 2017, ella ha trabajado en diversas instituciones del Estado. Desde la posesión del presidente Petro, ha estado vinculada al Instituto Nacional de Salud y a la Unidad de Restitución de Tierras. En la página de contratación estatal llamada Sigep aparece que el 13 de febrero de 2024 se vinculó a Colpensiones en un cargo directivo. El resto de socios de H&H también son familiares: Daniel Antonio Hincapié Murillo, Marco Alejandro Hincapié López y María Valentina Hincapié López.

Marco Emilio Hincapié, por medio de la oficina de prensa de Coljuegos, le hizo llegar a VORÁGINE su versión sobre lo sucedido. “No deja de resultar llamativo que sea utilizado en el momento actual, cuando la entidad se encuentra adelantando importantes operativos contra estructuras criminales que se financian de las apuestas ilegales en el país y que, durante años, contaron con la complicidad de funcionarios de esta misma entidad”, dijo. Es la misma respuesta que le dio el político tolimense a El Tiempo el 3 de agosto de 2024.

Esas palabras de Hincapié han herido a Mantilla. “Nos están señalando de que somos financiados por estructuras criminales, hasta allá llega el cinismo de esta gente”, respondió. La lideresa espera que algún día los Hincapié tengan que retractarse de sus señalamientos vedados hacia las víctimas.

“Todas las actuaciones procesales fueron de acuerdo a la ley. Inversiones H&H, en cabeza del representante legal, antes de entrar al proceso de liquidación siempre estuvo a favor de los compradores en el proceso de reorganización empresarial”, agregó Hincapié en su respuesta.

Mientras el director de Coljuegos intenta defenderse, los afectados por el proyecto inmobiliario de H&H se siguen moviendo. El 6 de diciembre fueron notificados de una nueva noticia criminal por estafa que cursa en la Fiscalía. Las víctimas esperan que vinculen a todos los socios de la empresa. Vargas, el propietario del lote al que le prometieron siete apartamentos, los señala sin rodeos: “Son unos pícaros, yo lo digo abiertamente. Son unos estafadores”. El empresario aseguró que tiene “para enmarcar” la sentencia que obligaba a los Hincapié a pagarle 1.325 millones. Esa orden nunca se ha materializado. Mantilla asegura que Antonio y Marco Emilio se declararon en banca rota. Este último, como lo dijimos al inicio de este reportaje, gana más de 30 millones de pesos mensuales. 

Roa, por su parte, espera que Bancolombia considere la injusticia que se cometió en contra de los afectados. Anhela que las familias que pagaron por sus bienes no sean desalojadas para proteger el patrimonio de un banco. “¿Ellos (los Hincapié) cómo pretenden decirse de izquierda cuando le hacen esto a la gente trabajadora, a la gente humilde, cuando juegan con el derecho que tenemos a la vivienda?”, concluyó Mantilla con su miedo, su frustración, pero también con la decisión de seguir luchando por la justicia. 

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