En Nariño, las disidencias construyeron vías para sacar oro y coca

El minero Jair Antonio esperó desnudo a que el guerrillero terminara de escarbar en sus excrementos, mientras otro hombre le apuntaba con un fusil a la cara. La escena transcurría al lado de una letrina improvisada, a escasos 10 metros de la mina en la que trabajaba.    

El combatiente, dotado con un par de guantes quirúrgicos, revisó las deposiciones de este hombre negro y huesudo en busca de algún gramo de oro que se hubiera podido tragar, antes de salir del turno de 22 días en las minas que dominan la Segunda Marquetalia. De haber encontrado tan solo una pepita de metal, Jair Antonio no contaría hoy el cuento sentado en una silla mecedora en la estancia de su casa en Barbacoas, Nariño. Hubiera sido expulsado del territorio, o lo peor, habría terminado con un par de balazos en su cabeza.  

Esta medida es una de las muchas que el grupo disidente de las Farc impone a los mineros que trabajan en la extracción aurífera, en minas que ahora son de su propiedad. Empadronan a los trabajadores  para saber quién vive y quién es foráneo en los territorios dominados por las disidencias. Les hacen un contrato para controlar el tiempo que deben quedarse en las minas trabajando, y les impiden movilizarse a otra zona a trabajar. Si alguien lo hace, corre el riesgo de que le quiten la maquinaria y no puede volver a esas minas.

Los pozos o socavones están ubicados en zona rural del llamado Triángulo de Telembí, un territorio extenso y selvático compuesto por los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, en Nariño, y que son controlados por los combatientes que cumplen las órdenes con la misma fidelidad de un capataz de hacienda.

“Yo me fui a trabajar con ellos, porque claro, necesitaba la plata. Entonces me metí como 20 días a darle duro para sacarme unos gramitos por los que me pagaban un millón de pesos. Allá le toca a usted muy duro, porque está en medio de la selva y no puede ver a su familia; y cuando sale, sale pasmado de esa selva y de esas minas”, cuenta Jair Antonio. 

Las explotaciones auríferas de las que habla este minero hacen parte de un complejo minero que, según informes de Inteligencia Militar y de Policía, les representa ingresos anuales de por lo menos 10.000 millones de pesos al grupo armado ilegal. Muchas de esas minas pertenecían al frente 30 del Estado Mayor Central de las Farc, pero tras una guerra por tres años a sangre y fuego, y luego de ser expulsados, toda la maquinaria y las explotaciones pasaron a ser propiedad de la Segunda Marquetalia. 

“De hecho pasó que cuando la Segunda Marquetalia (comandada a nivel nacional por Iván Márquez) sacó del territorio al frente 30 del Estado Mayor Central, cuyo jefe máximo es Iván Mordisco, crearon una comisión para que fuera casa por casa de los testaferros del 30 para que firmaran el traspaso de escrituras de las minas y luego hicieron ir a esas personas de la zona”, explicó un investigador judicial a VORÁGINE.

Cuenta el funcionario  que los frentes Oliver Sinisterra, Ariel Aldana, Iván Ríos, Mariscal Sucre y Alfonso Cano conformaron una mega estructura denominada Coordinadora Guerrillera del Pacífico, bajo el amparo de la Segunda Marquetalia, “y todo con el único objetivo de expulsar del territorio al frente 30 del Estado Mayor Central. Las condiciones fueron la repartición del territorio de la costa nariñense, que cada estructura manejara el negocio de la minería ilegal y la coca en su “jurisdicción”, y que cada quien impusiera sus reglas en las zonas de influencia sin la intervención de las otras estructuras  armadas ilegales.

Sacar el oro tiene su impuesto

Los informes del Sistema de Información Minero Colombiano, SIMCO, reseña que tan solo en 2023 el departamento de Nariño reportó una producción de 650.158 gramos de oro explotados en cuatro municipios: Barbacoas, El Charco, Roberto Payán y Santa Bárbara. 

Por esa producción, el departamento de Nariño recibió 5.754 millones de pesos en regalías, es decir, tan solo el 50% de lo que recibe la Segunda Marquetalia por la explotación ilegal aurífera en los territorios selváticos y en los ríos, cuyas ganancias ascienden a más de 10.000 millones de pesos al año según las autoridades militares, civiles y de Policía. 

Para hacerlo, este grupo disidente que dijo no al Acuerdo de Paz con el Estado colombiano en 2016, ha creado varias estrategias que van desde la producción en minas de su propiedad, el cobro de cuotas para dejar entrar retroexcavadoras y maquinaria amarilla que por lo general llegan de Antioquia, Chocó, Brasil y de la frontera con Ecuador, hasta el cobro de extorsiones a pequeños mineros, con cuotas pactadas en reuniones obligatorias que van desde el 5% hasta el 7,5% sobre la producción mensual. 

Cuentan mineros que, por ejemplo, para entrar una retroexcavadora a la zona la cuota es de 20 millones de pesos, sin contar el porcentaje que deben entregar por la producción mensual con un pago que oscila entre el 5% y el 10%. 

“Uno al mes se puede sacar 2.000 gramos de oro y les tiene que dar a ellos, mínimo, el 5% (100 gramos). Ese es el cobro a los que tenemos un frente minero, es decir, que tenemos una retro y trabajamos con otras 12 personas, a quienes también les cobran el porcentaje”, relató un minero a VORÁGINE que pidió reserva del nombre por seguridad.

El pago de las extorsiones de los mineros a las disidencias de las Farc se ha vuelto tan asfixiantes que muchos no han tenido el capital para pagar la cuota mensual exigida por el grupo armado; en ese caso, la Segunda Marquetalia ha ordenado “la incautación de esa maquinaria” pasando a ser de su propiedad para ponerla a explotar en minas propias con personal contratado por ellos. 

Datos recopilados por los Consejos Comunitarios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas a los que tuvo acceso VORÁGINE, indican que solo en estos tres municipios habría más o menos 150 retroexcavadoras y estarían repartidas así: en Roberto Payán hay cerca de 20 máquinas y 3 entables mineros; en Magüí Payán tendrían 45 retroexcavadoras  divididas para 15 entables mineros, y en Barbacoas habría 85 retros para 40 entables mineros. 

Sobre esta situación se pronunció la Procuraduría General el pasado 18 de septiembre cuando mencionó que “en Nariño hay al menos 200 máquinas de explotación criminal en el Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense, y más de 4.200 hectáreas de explotación”.  

Laura Marcela Martínez, procuradora judicial delegada para asuntos ambientales, mineros y energéticos, aseveró que en Nariño “hay una problemática bien fuerte de minería ilegal y hay también evidencia de que hay mercurio en las fuentes hídricas y cianuro, que pueden afectar la salud de los habitantes del departamento”, por esta razón hizo un llamado a todas las autoridades a unir esfuerzos para combatir la minería ilegal. 

Y esos esfuerzos entregaron los últimos resultados el pasado 13 de enero cuando tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 43 inmovilizaron tres retroexcavadoras que realizaban actividades de minería ilegal en la vereda El Alto, municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Esta maquinaria fue avaluada en 1.200 millones de pesos.

“La minería ilegal en el Pacífico sur colombiano tiene un impacto devastador en las fuentes hídricas y el medio ambiente. La explotación desmedida de minerales provoca la deforestación de bosques nativos, altera los ecosistemas y contamina los cuerpos de agua con metales pesados y sustancias tóxicas. Además, estas actividades ilegales socavan la seguridad y el bienestar de las comunidades locales, generando conflictos y degradando la calidad de vida de los pobladores”, expresaron desde la Armada Nacional.

De hecho, cifras del Ministerio de Defensa entregadas a este medio de comunicación indican que entre enero y septiembre de 2024 las autoridades incautaron 1.252 unidades de maquinaria amarilla, dragas y dragones; de estas, 24 fueron en Nariño. Además, en el mismo lapso fueron capturadas 1.007 personas (8 en este departamento), y fueron intervenidas 4.073 minas, de las cuales 35 estaban en zona rural de Nariño.

Las carreteras del oro y la coca

Desde el aire, las carreteras de un solo carril se asemejan a un pulpo gigante con muchos tentáculos, unos tan largos que se pierden en la espesura de la manigua nariñense. Son  entramados construidos en los tiempos en los que Walter Arízala, alias de “Guacho”, en otrora jefe del frente Oliver Sinisterra, se movía a sus anchas por esas latitudes. 

Ya en tierra, la vía tiene una característica muy singular: es de un solo carril hecho en cemento por el que solo cabe las llantas de una moto, y cuando dos se encuentran de frente, una le cede el paso a la otra tirándose sobre el pantano amarillo que bordea los cultivos de la hoja de coca. 

Alias “Guacho” las pensó así como una estrategia para mover la coca desde Nariño hasta la frontera con Ecuador sin ser detectados por las tropas del Ejército. También fueron pensadas como una estrategia de escape, porque manejar por esos caminos empinados o al borde de abismos requiere la destreza de un conductor de motos de trial o motocross. 

Así le funcionó a “Guacho” hasta el día en que fue abatido por el Ejército el 21 de diciembre de 2018, meses después de que el jefe guerrillero secuestró y asesinó al equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. 

Esa red de caminos irregulares fue heredada por las Guerrillas Unidas del Pacífico no solo para transportar la coca, ahora también es utilizada para mover de manera segura y sin los operativos militares, el oro o el dinero producto de la negociación con carteles mexicanos o por la venta del metal precioso en las prenderías en Tumaco. Además, sirve para entrar las remesas o los insumos y el combustible para la producción de la coca o para la explotación de las minas ilegalmente. 

Pero la estrategia para el transporte del oro y la coca no se ha quedado solo en estos caminos de apariencia veredal. Hace tan solo unos meses la Segunda Marquetalia echó a andar un plan que contempla la construcción de dos grandes carreteras: una que va desde Barbacoas a Tumaco (sale desde Bocas de Telembí), y la otra de Roberto Payán a Tumaco. 

“Con esto se ahorran tiempo de viaje y eluden los controles de las Fuerzas Militares que buscan frenar el paso ilegal del oro y el traslado de la coca”, explicaron de Inteligencia Militar a VORÁGINE. 

Según el analista, estas carreteras les permitirían a las guerrillas sacar el oro y la coca hasta los puertos sobre el océano Pacífico, para después llevarlos hasta Manta, Quito, Esmeraldas o Guayaquil, localidades ecuatorianas en las que se enquistaron los carteles mexicanos Nuevo Jalisco y Sinaloa tras dejar Colombia por los fuertes operativos militares que terminaron por debilitarlos económicamente. 

Para hacer estas vías, y para trabajar en las minas o en las plantaciones de coca, las disidencias de las Farc han optado por la contratación de extranjeros que llegan al país con papeles falsos y se instalan en las profundidades de esas selvas impenetrables en las que su identidad es apenas una sombra. 

Así quedó en evidencia en una noticia criminal confidencial de la Fiscalía a la que tuvo acceso VORÁGINE. El relato de la aprehensión de un ciudadano dejó en evidencia esa práctica tan vieja como las mismas Farc.  

Recostado sobre la llanta de una camioneta, en un pedazo de selva interrumpido por la carretera que conecta a Barbacoas y Magüí Payán, el joven Alex Barajas intentó explicarle una vez más a un soldado del ejército colombiano que los 65 millones de pesos que lleva en una maleta eran para la operación de su hijo colombiano de cinco años, y que obtuvo ese dinero trabajando de sol a sol en una de las minas en Barbacoas, Nariño. El militar incrédulo le pidió su identificación, y Barajas le mostró una cédula ecuatoriana y un papel que certificaba que, en efecto, era el padre del pequeño. 

Ante las inconsistencias en su relato y el de su acompañante, el soldado y los compañeros de su unidad decidieron capturar a Barajas “en evidente flagrancia por el delito de enriquecimiento ilícito”. 

La jugada del ecuatoriano al presentar un papel que lo identifica como padre de un menor de edad colombiano, es una de las estrategias usadas por ciudadanos extranjeros para trabajar en las minas de Nariño. Algunos, para evitar su extradición en caso de ser capturados, han optado por contraer matrimonio con mujeres colombianas, o incluso, como hizo Barajas, reconocer como propios hijos ajenos.

La mano de obra extranjera es una de las más apetecidas por los grupos armados ilegales que operan las minas ilegales en el Triángulo de Telembí y en la región Andina del departamento de Nariño. Sus tareas van desde trabajar en las minas hasta servir de correos humanos o movilizar el oro desde el sitio de la producción hasta donde se encuentran los comandantes, quienes en últimas son los que terminan negociando el apetecido metal.

“Tenemos información de que en esas zonas hay presencia de ciudadanos llegados de Venezuela, Brasil y en gran cantidad ecuatorianos por su cercanía con la frontera de ese país. Ellos son los preferidos porque su mano de obra es más barata, y como sus familias están en otro país, no tienen problema en quedarse internados en la selva el tiempo que les exijan para trabajar en las minas”, explicó el investigador judicial.  

Pero no solo los ecuatorianos han llegado a embarcarse en las dragas o dragones que chupan el agua de los ríos Telembí, Magüí, Patía y sus afluentes. Autoridades les siguen la pista a peruanos que llegan a trabajar como tripulantes o cocineros; o los brasileros que son capaces de quedarse hasta dos meses en esa selva húmeda y calurosa para extraer todo el oro que puedan de la tierra o de los ríos nariñenses.

Algunos les enseñan a manejar los teléfonos satelitales para comunicarse con otras estructuras o con los llamados puntos de vigilancia, quienes les informan de los movimientos de las tropas cuando realizan operativos contra la minería ilegal. 

“Sin embargo tenemos indicios de que muchos de los brasileños que llegan hasta estas minas tienen una labor más primordial. Desde Brasil traen de contrabando el mercurio rojo usado para detectar el oro de la tierra”, dice un oficial de inteligencia, quien agrega que cumplen otra función y es sacar el oro fundido en cadenas o en joyas que llevan sobre sus propios cuerpos, “dándole un matiz de legalidad para luego venderlas en compraventas de oro en Tumaco u otras ciudades del país, donde son fundidas y convertidas en lingotes de oro con aparente trazabilidad de legalidad”.

Pero los guerrilleros no descartan la mano de obra “criolla” que también hace parte de la “nómina” de la Segunda Marquetalia. En sus filas hay menores de edad que además de cumplir con tareas de correo, hacen parte de las estructuras como combatientes. 

En su visita a zona rural de Nariño, VORÁGINE  pudo conversar con algunos de los combatientes del frente Oliver Sinisterra. En la entrevista, uno de ellos le comentó que llegó al grupo armado a los 16 años, que allí le pagaban dos millones de pesos mensuales y que debe cumplir con distintas obligaciones que van desde patrullar hasta combatir. 

“Yo por ejemplo estuve en el enfrentamiento con los del frente 30. A esa gente la sacamos de por acá a punta de bala. Por estos montes yo solo escuchaba como silbaban las balas y nosotros con ellos pa’ afuera”, relató el joven, quien lleva dos años en la Segunda Marquetalia.

Aunque este combatiente es colombiano, Inteligencia Militar tiene identificada la presencia de varios jóvenes ecuatorianos y venezolanos  que hacen parte del grupo armado ilegal. El frente Oliver Sinisterra, tiene, por ejemplo, tres menores de edad ecuatorianos.

Este reclutamiento infantil fue denunciado por la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana 008-24, en la que indicó que “podrían presentarse reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por todos los grupos (…) con el fin de robustecer sus actividades bélicas”.

La coca sigue como economía ilegal

Desde las lanchas rápidas que surcan los ríos Mira, Magüí y Telembí, se ven los sacos de colores apilados de menor a mayor tamaño. Son como un rompecabezas armado a la perfección para contener las aguas bravas de los afluentes. 

Pero en estos sacos no hay ni piedras ni lodo ni arena; son costales en los que empacan las llamadas panelas de cocaína que luego son recogidas por un emisario de las disidencias de las Farc para ser vendidas después a los carteles mexicanos Nuevo Jalisco y Sinaloa, ahora enquistados en la frontera con Ecuador y en otras ciudades del vecino país.

El emisario de la Segunda Marquetalia es uno de los mismos hombres que hace parte de sus filas armadas y conduce la lancha. En ella carga una gramera y el dinero en efectivo con el que hará los pagos. En caso de no llevar dinero, le entregará un recibo por el valor de la coca que el dueño podrá hacer efectivo hasta 15 días después. 

Y es que el atractivo precio de 2’100.000 pesos por kilo de pasta base de coca, que aumentó tras dos años de crisis por los bajos precios, ha hecho que los grupos armados ilegales vuelvan su mirada a la que ha sido su principal economía: el narcotráfico. Por esta razón, fuentes militares indicaron que la Segunda Marquetalia ha hecho del negocio de la coca un complemento de las extraordinarias ganancias que le deja la minería ilegal. 

Dice el investigador que entre la venta de coca y los dividendos del oro ilegal, los grupos armados podrían estarse echando a sus bolsillos la cifra anual de 20.000 millones de pesos. 

El resurgimiento de la cocaína como negocio ilícito de las estructuras armadas ilegales se ve reflejado en el aumento de cultivos de hoja de coca en el país. De acuerdo al último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Colombia pasó de tener 230.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en 2022, a 253.000 en 2023.

Datos de este informe reseñaron que en Nariño hay más de 30.000 hectáreas sembradas y las zonas de concentración de los cultivos coinciden con las zonas de producción donde están asentadas las estructuras armadas de la Segunda Marquetalia. Los territorios reseñados son: El Charco, Olaya Herrera, El Turbio, Policarpa, Roberto Payán, Isagualpi, Alto Mira y Frontera, Tumaco y Telembí.  

Según UNODC, “las organizaciones criminales de alto nivel actúan como financiadores, compradores e impulsores de mejoras en la producción/transformación” de la hoja de coca.

Un daño ambiental irreparable

La minería ilegal y el narcotráfico son solo dos de las causas de daños irreparables en los ecosistemas en los que se implementan estas economías ilícitas. Tala indiscriminada de bosques para los entables mineros y construcción de carreteras, contaminación de ríos con químicos y sustancias como el mercurio, desvío de cauces y afectaciones a la flora y fauna son algunos de los daños causados al medio ambiente. 

Informes del Comité de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de Nariño conocidos por VORÁGINE, registran que en ese departamento se habrían deforestado 1.260 hectáreas en el primer trimestre de 2022 y 1.366 ha en el segundo. Además, se detectaron 126 puntos de afectación por deforestación durante el 2022 y reportados 164 puntos correspondientes a Alertas Tempranas de Deforestación que se presentaron entre el 4 de enero y el 10 de mayo de 2023.

Los puntos de deforestación detectados  están distribuidos sobre la planicie costera del pacífico y en la zona central de la región Andina nariñense, principalmente, donde la minería ilegal y las plantaciones de hoja de coca ha tomado auge y donde ambas economías ilícitas son controladas por grupos armados ilegales. 

Esta deforestación trae consigo daños ambientales irreparables. Desde la Corporación Autónoma de Nariño, Corponariño, sindicaron a la minería ilegal como una de las causas debido a que no solo está sobre los ríos sino que se ha adentrado hacia los bosques. 

“Este tipo de intervenciones alteró la vida de los ecosistemas que viven en esos bosques. Puede haber desplazamiento de especies sumado a la pérdida de la capa vegetal y del subsuelo”, informaron desde Corponariño. 

La situación se torna más delicada porque la entidad expuso que al momento no tienen estudios detallados de las afectaciones a la flora y la fauna por las dinámicas y la situación de orden público que se viven en estos territorios. “Detrás de los procesos mineros ilegales están  los grupos al margen de Ley. La Corporación  no ha podido hacer ejercicios de diagnóstico, de definición de afectaciones ya puntuales. No tenemos en este momento cómo decir si una especie ha salido afectada”.

Lo anterior, sin contar  la contaminación por mercurio en fuentes de agua. Esta fue una de las denuncias realizadas por la Asociación de Orfebres y Mineros Artesanales de Nariño, Asoorfebres, en su presentación en la COP16.  Señalaron que “la minería en el Triángulo del Telembí se realiza sin ningún planeamiento minero ni llenos de requisitos ambientales, y ha originado una acelerada reducción de masa forestal, impulsada por la deforestación con las maquinarias amarillas en las orillas y vegas de los ríos Patía, Telembí, Magüí y sus afluentes”. 

En palabras de esta asociación de mineros, la minería ilegal “vierte a la cuenca de la Subregión del Telembí una gran cantidad de mercurio por kilómetro cuadrado anualmente (se debe hacer estudios, caracterización y diagnóstico de áreas ya identificadas), aumentando una alta tasa de morbilidad y mortalidad infantil y deformaciones fetales en madres gestantes”.

El informe de estos mineros no es ajeno a las denuncias que reciben en Corponariño por las afectaciones que deja el mercurio y otras prácticas mineras como el dragado en ríos, “con dragas en las que cabe hasta un helicóptero”, como dicen de Asoorfebres. 

Frente al tema, la autoridad ambiental de Nariño expresó a VORÁGINE  que “seguramente hay una afectación muy grande el tema de la fauna acuática, casi que ha desaparecido. Se ve afectada con el solo movimiento de maquinaria como dragas y dragones. Miren que ya el tema de la pesca, según muchos estudios, ha dejado de desarrollarse, ya no es el medio de subsistencia de esas comunidades, sino netamente el oro”. 

Pero esa contaminación de los ríos no se queda solo en esas selvas inhóspitas bañadas por los ríos Mira, Telembí, Patía y Magüí, afectados por la explotación aurífera. Hasta los mismos talones de Tumaco ha llegado la minería ilegal. Uno de ellos es el río Mejicanos, un afluente de zona rural de este municipio en el que los grupos ilegales ya pusieron a trabajar maquinaria amarilla en busca del metal preciado.

La Red de Derechos Humanos del Pacífico de Nariño ha documentado esta situación y ha recibido las denuncias de las comunidades aledañas a la ribera, quienes dicen que se ven afectadas por la contaminación. 

Como parte de la solución a esta problemática, el pasado mes de septiembre en Nariño se reunieron altos miembros de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para crear mesas que ayuden a la identificación, el monitoreo y contención de las afectaciones por mercurio.   

Hakim Hasan, jefe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de la Embajada de los EE.UU., expresó que con estas mesas territoriales que se articularán con la Procuraduría, se buscará controlar el uso del mercurio “que es un metal prohibido, pero se usa en la extracción de oro y hemos visto que las organizaciones criminales utilizan este material en el tráfico de drogas”. 

No obstante, para los mineros son solo “pañitos de agua tibia”, pues las problemáticas van mucho más allá en esos territorios que, dicen, fueron abandonados por el Estado colombiano. 

Para ellos, la mejor salida es la formalización minera. “Es una forma de acabar con el hambre y la miseria en nuestros territorios”, expresaron, lo que ha desencadenado la violencia de los grupos armados ilegales por hacerse al control de las rentas ilícitas y “han herido de muerte a la selva con venenos,  dragas y cráteres en nuestra tierra que se niega a morir”, dice un minero artesanal a VORÁGINE.  

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