Familiares de asesinados por el Ejército en Putumayo fueron víctimas de atentado y se exiliaron

Seis meses después de la masacre, la casa de Ana María Sarrias y Divier Hernández estaba cubierta de una maleza que llegaba hasta la cintura. Los matorrales crecieron y se metieron a la cocina y se esparcieron por las tres habitaciones levantadas en muros de ladrillo, pisos en madera y techos de zinc. Los cultivos de plátano y yuca del patio se murieron. 

Esa fue la escena con la que se encontró Jhonier Hernández, hermano de Divier. Había vuelto a la vereda Alto Remanso, en Putumayo, a ver qué se podía recuperar después de seis meses de destierro. En marzo del año pasado, tras sepultar a su hermano y a su cuñada, huyó, pues su familia quedó reseñada como guerrillera y esa es una cruz que en Colombia es muy difícil de cargar.

Al regreso se encontró con una casa enmontada y llena de polvo. La licuadora y el pequeño televisor de la sala de Divier y Ana María habían desaparecido. Alguien también se llevó la planta de gasolina que daba energía para alumbrar las noches. Solo quedaron algunos cubiertos, unas cuantas cobijas y ropa desperdigada por el suelo embarrado, como si alguien hubiese ido a esculcar con desespero las pertenencias de los muertos.    

Jhonier no tuvo otra opción que irse de nuevo: ya no había en qué trabajar ni quedaban gallinas ni cultivos ni sustento. Aunque siempre fue una estructura muy sencilla, atrás estaba quedando otra vez la casa a la que Divier y Ana María le dedicaron los mejores años de su vida. Al final todo se esfumó. 

La tragedia para esta familia comenzó el 28 de marzo de 2022, día en que los militares aparecieron en el caserío.

Aquel día, como lo documentó VORÁGINE, en alianza con El Espectador y la revista Cambio, hombres del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada adelantaron en esta zona remota del Putumayo una operación en contra de Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias ‘Bruno’, uno de los jefes del Frente 48 de las disidencias, también llamados Comandos de la Frontera. 

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Los militares llegaron a Alto Remanso por aire, tierra y agua cuando el sol apenas se asomaba. En la vereda se estaba terminando una fiesta que había durado tres días. Fue un convite muy concurrido que se llevó a cabo en la cancha del caserío. Divier era el presidente de la Junta de Acción Comunal y a esa hora estaba en una de las cocinas comunitarias que adecuaron muy cerca de la orilla del río Putumayo, ese que baja agitado hacia Puerto Leguízamo. Ana María, su esposa, también estaba allí. Tenía dos meses de embarazo. 

Según pudo constatar VORÁGINE, el Ejército abrió fuego cuando en el lugar había más de una veintena de civiles mezclados con por lo menos cinco miembros armados de las disidencias que llegaron del monte y arrimaron a la fiesta. El medio y bajo Putumayo son zonas cocaleras que han estado en disputa de dos grupos armados: Los Comandos y el frente Carolina Ramírez de las disidencias.

Divier cayó muerto ese día por un disparo en el rostro. Ana María fue herida en una pierna y murió desangrada tras hora y media de esperar unos primeros auxilios que nunca llegaron. 

Un hombre al que los vecinos de Alto Remanso conocen como El Pájaro fue testigo de los últimos minutos de vida de Ana María.

—Pájaro, me voy a morir, ya no aguanto, qué tristeza, Divier está muerto, yo vi cuando le dispararon, ya está muerto el papá de mis hijos, yo no los puedo dejar solos —le alcanzó a decir ella.

Ana María se refería a sus hijos Dainara Hernández Sarrias, de 6 años para ese momento. Y a Kaleth Hernandez Sarrias, de dos años. 

El resultado del operativo fue once personas muertas. Diego Molano, ministro de defensa de la época, dijo en un trino que habían “neutralizado a 9 criminales y capturado a 4 más en Puerto Leguízamo”. Horas después aseguró que eran once los guerrilleros dados de baja. El entonces presidente Iván Duque se pronunció en el mismo sentido: “Se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo”.

Cuatro días después del operativo, un equipo de periodistas de VORÁGINE, El Espectador y Cambio fuimos a la zona para contrastar la versión oficial y encontramos varias inconsistencias en los pronunciamientos de las autoridades. 

En resumidas cuentas, el Ejército había manipulado la escena de los acontecimientos antes de que llegara el CTI a adelantar los actos urgentes y los levantamientos de los cuerpos. Lo de las capturas tampoco era cierto. Pero había algo más grave aún. Pese a haber reseñado a todos los muertos como guerrilleros, el Ejército no tenía cómo decir que cinco de ellos lo fueran, entre ellos Divier, Ana María y Pablo Panduro Coquinche, el gobernador indígena del resguardo Kichwa de Bajo Remanso, cuyo cuerpo quedó baleado a un costado de la cancha. 

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A la hora de hacer el informe del operativo, el Ejército les asignó un alias a este último grupo de víctimas cuando ni siquiera estaban en ningún organigrama. Tampoco estaban armados al momento del ataque. Eran civiles. 

Atentado y exilio

El suplicio para la familia de Ana María y Divier no terminó allí. Los dos hijos de la pareja tuvieron que ser enviados a donde los abuelos. El niño Kaleth Hernandez Sarrias, ahora de tres años, fue  llevado con los padres de Ana María. Hoy están en algún lugar de los llanos, intentando sobrevivir con lo que pueden. Dainara Hernández Sarrias, que tiene siete años en este momento, quedó bajo la custodia de sus abuelos por parte de papá.

Desde que ocurrió el asesinato, Argemiro Hernández y Gladys Rojas, padres de Divier, se fueron con la niña a vivir a otro municipio, donde tenían una casa. No publicamos la ubicación por seguridad de la familia. Pese a no tener suficientes recursos económicos, Dainara estaba estudiando lejos de esa violencia que la dejó huérfana. 

En la noche del pasado 18 de mayo, cuando Argemiro, Gladys y la nieta dormían, un hombre hizo seis disparos a la casa a través de una ventana. Al día siguiente, relata Jhonier, los abuelos fueron a poner la denuncia a la Personería. Allá los atendieron y les ayudaron con trámites para acceder a protección. Con los días consiguieron unos chalecos antibalas que en nada apaciguaron el pánico que sentían. Jhonier cuenta que durante varios meses se supieron vigilados: sospechaban que estaban siendo observados día y noche.

No hubo más remedio que irse. Jhonier cuenta que una institución del Estado les ayudó a los abuelos y a Dainara en el proceso de abandonar el país. Dice, sin embargo, que sus vidas en el exterior no han terminado de recomponerse. 

—Cuando uno está aquí en Colombia le dicen que en otro país va a estar bien, pero cuando cruza la frontera las cosas se complican y queda uno desprotegido. 

Fiscalía imputará a militares

El mismo Jhonier está pensando en huir —huir otra vez— con su esposa Venadis y sus dos hijos. Su idea es también abandonar el país. Lo dice con un aire agridulce en su voz. Por un lado, le alegra que la Fiscalía General de la Nación haya anunciado recientemente que imputará a 25 militares que participaron del operativo. Serán procesados por el delito de homicidio en persona protegida. El 1 de agosto es la audiencia a la que deberán comparecer un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados.  

Por otro lado, Jhonier está cansado de andar errante por el país buscando trabajo en lo que le salga. Ha sido duro ver a la familia fragmentada, con su sobrino lejos, y la sobrina en otro país. Tampoco ha sido fácil sobrellevar la muerte de su hermano y de Ana María: el duelo y las heridas de su alma aún no han terminado de cicatrizar. Quizás nunca suceda.

El proceso y juicio en contra de los militares apenas comienza y tal vez dure años. La imputación, sin embargo, es un avance que está comenzando a decantar el caso. Y no es poca cosa, más cuando el presidente Iván Duque, su ministro Diego Molano y los altos mandos militares de la época nunca corrigieron sus declaraciones: se reafirmaron en que los muertos eran guerrilleros. 

La revista Semana también compró el discurso oficial. En un editorial que fue portada y que se publicó el 14 de abril del año pasado, ese medio de comunicación intentó desacreditar la investigación que realizamos seis periodistas de VORÁGINE, El Espectador y Cambio. “Seis periodistas, algunos de ellos afines a la primera línea y reconocidos por su activismo de izquierda, viajaron desde Bogotá a la zona de los hechos, recogieron testimonios de un solo lado, en los que se criminalizaba a las autoridades, y los presentaron como una verdad absoluta. Fallaron y condenaron como jueces. Varios de ellos fueron patrocinados por una fundación activista de izquierda”, decía el editorial.

No hay una línea del párrafo anterior que sea verdad. En varios reportajes que se pueden consultar en VORÁGINE, El Espectador y Cambio quedaron plasmadas las versiones de las autoridades y punto por punto fueron contrastadas. La visita a Alto Remanso tuvo como objetivo recoger pruebas, documentos y testimonios para intentar entregar a los lectores el panorama más completo posible de un caso complejo. Obtuvimos más de treinta entrevistas y parte del expediente que la opinión pública no conocía y que contradecía las declaraciones que el gobierno y el Ejército dieron en los principales medios de comunicación del país. No vimos en Alto Remanso, en cambio, a ningún reportero de Semana haciendo trabajo de campo. No era cierto tampoco que VORÁGINE hubiese sido financiada por una fundación activista de izquierda. La misión a Putumayo fue sustentada con recursos propios. Lo de “afines a la primera línea” no vale la pena responderlo. Más allá del trabajo periodístico, que es el de dejar constancia de unos hechos, la justicia ha comenzado a caminar. Y es en ese terreno en el que los familiares de las víctimas ven una última esperanza.