La imputación contra un senador que involucra al nuevo MinTransporte

El exalcalde de Itagüí Carlos Andrés Trujillo puso ministro de Transporte. El presidente Gustavo Petro nombró al abogado Guillermo Francisco Reyes González en esa cartera, a pesar de las acusaciones por haber incurrido reiteradamente en plagio según lo recogió Rodrigo Uprimny en una investigación. Reyes González es abogado y político militante del Partido Conservador. Fue viceministro del Interior y de Justicia en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, cargo en el que fue acusado de permitir el saqueo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Aunque algunos adjudican dicho nombramiento a la amistad entre Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, y Carmen Larrázabal, esposa de Guillermo Reyes, hay un detalle que demuestra la cercanía de Reyes con el senador Carlos Andrés Trujillo, presidente del Partido Conservador, quien solo cuatro días después de la segunda vuelta electoral manifestó su apoyo al nuevo gobierno. Estos apoyos no son gratuitos, por lo que el nombramiento de Reyes no sorprende. Tampoco sorprende el de Jaime Luis Lacouture en la secretaría general de la Cámara de Representantes.

Carlos Andrés Trujillo González, exalcalde de Itagüí y reelegido al Senado con 159.000 votos en las pasadas elecciones, logró evadir tres imputaciones que la Fiscalía tenía listas, pero que se cayeron a última hora. Ocurrió en 2015, cuando Trujillo se desempeñaba como alcalde de Itagüí. La Fiscalía General de la Nación determinó que el entonces alcalde Trujillo había cometido varios delitos y por eso programó tres audiencias de imputación de cargos que se fueron cayendo una a una. En uno de esos procesos salió a relucir el nombre del nuevo ministro.

Las tres denuncias

Como contó Caracol Radio, la primera fue una denuncia que interpusieron cinco concejales de Itagüí (María Eloísa Ossa, Gustavo Adolfo Betancur, Ángela María Ríos, Jorge Ignacio Usma y Carlos Mario Martínez) el 13 de febrero de 2014. El entonces alcalde Trujillo, al comenzar su mandato en 2012, decidió pagar con dinero del municipio el arriendo y los servicios públicos de la casa donde vivía William Quintero, comandante de la Policía de Itagüí. Unos cuatro millones de pesos mensuales que, según los concejales, no podían salir del erario, más cuando la casa del comandante quedaba en la zona más privilegiada de ese municipio.

El 9 de octubre de 2015, la Fiscalía 56 Seccional radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de Carlos Andrés Trujillo González porque, presuntamente, estaba comprometido en delitos de corrupción, peculado por destinación indebida de recursos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

Después la Fiscalía pidió aplazar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento y luego, el 26 de octubre de 2015, retiró esa solicitud. El expediente fue remitido a Bogotá, por orden del fiscal general Eduardo Montealegre, y en menos de un año fue archivado por Héctor Eduardo Peñaranda Bautista, fiscal 8 de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción.

Según Peñaranda, el alcalde Trujillo no cometió ningún delito y podía autorizar el pago del arriendo de la casa del comandante de la Policía de Itagüí y su familia con dineros públicos. También dijo que los cinco concejales que denunciaron los supuestos delitos que cometió Trujillo debieron haber buscado el diálogo.

La segunda denuncia la interpusieron los mismos cinco concejales,  el 20 de mayo de 2014. Según los corporados de Itagüí, el alcalde Carlos Andrés Trujillo cometió el delito de prevaricato por omisión por ordenar la demolición total del parque principal sin tener en cuenta que era Patrimonio Cultural e Histórico. 

Los concejales afirman que no se supo cuánto costó este contrato porque inicialmente Trujillo dijo que la obra valdría 13.000 millones, luego dijo que valió 16.000 millones y, en un informe de gestión, el secretario de Infraestructura dijo que en total fueron 9.000 millones.

La Fiscalía 54 Seccional en Antioquia solicitó audiencia de formulación de imputación el 22 de octubre de 2015 en contra del entonces alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, por el delito de prevaricato por omisión, pero un mes más tarde la Fiscalía retiró la solicitud y el expediente voló de nuevo a Bogotá por orden del fiscal general Montealegre. Y la historia se repitió: la investigación fue archivada por el fiscal Héctor Eduardo Peñaranda Bautista, quien absolvió al alcalde Trujillo.

La tercera denuncia la interpusieron cuatro de los cinco concejales que presentaron las anteriores dos denuncias (todos menos Martínez). Los corporados itagüiseños denunciaron al entonces alcalde Trujillo González, el 25 de septiembre de 2014, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Se trata de un contrato que el alcalde firmó con el abogado Guillermo Francisco Reyes González por 208 millones de pesos, a un término de 10 meses para pagar, supuestamente, un favor personal del propio alcalde. Según los concejales, este abogado, experto en temas electorales, le ayudó en 2011 al senador Trujillo a tumbar al candidato que el Partido Conservador había elegido para la Alcaldía de Itagüí, quedando Trujillo con la candidatura y luego con el poder. Los concejales también denunciaron que el abogado Reyes y su grupo empresarial contrataron por casi mil millones de pesos con la Alcaldía de Itagüí.

La Fiscalía solicitó audiencia de formulación de imputación el 22 de octubre de 2015 en contra de Trujillo González  por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero un mes más tarde retiró esta solicitud. Luego ocurrió lo mismo que con las otras dos investigaciones: por orden del fiscal general Eduardo Montealegre el expediente fue trasladado a Bogotá, pero a diferencia de los otros dos que fueron archivados, este se encuentra abierto y en indagación.