3 de agosto de 2022
El senador liberal Mario Castaño, que hoy se encuentra capturado, convirtió en su botín la cartera de varios ministerios. Las ‘marionetas’ que integraban su red de corrupción, con ayuda de funcionarios de distintos niveles, se encargaban de la gestión de proyectos de infraestructura por los que Castaño y sus aliados recibían porcentajes.
Para esa tarea fue muy importante el tráfico de influencias que se logró gracias al reconocimiento político del senador a nivel nacional, además porque sus cercanos estaban rodeados de otros nombres muy importantes que, de manera directa o indirecta, se convirtieron en la llave que abrió la cerradura de las arcas de la nación, para que después fueran saqueadas.
Ese es el caso de Nova Lorena Cañón, la reconocida relacionista pública que prestó sus servicios a la organización criminal para gestionar proyectos en diferentes entidades del Estado. Su principal atractivo para hacer lobby era la cercanía que tenía con la mamá del presidente Iván Duque. Cañón se presentaba como la asesora de Juliana Márquez y así las puertas se abrían para que entraran los tentáculos de Mario Castaño.
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Cañón le dijo a la Fiscalía, en un interrogatorio del 31 de marzo de 2022, que Mario Castaño le pidió realizar gestiones ante el Ministerio del Interior para viabilizar los proyectos de los proyectos Sacúdete al Parque para los municipios de Armero-Guayabal, en Tolima, y Villamaría, en Caldas. Por esa labor, el senador le ofreció el 3% de los recursos asignados a cada proyecto.
Los Sacúdete al Parque son una estrategia dirigida a la población joven y contemplan, entre otras medidas, la construcción de escenarios deportivos con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon-.
Según el documento de la Corte Suprema de Justicia con el que se le impuso medida de aseguramiento intramural al senador Mario Castaño, entre las gestiones de Cañón ante MinInterior se cuenta una conversación con Paul Salamanca, asesor de ese Ministerio que le pidió el 2% o el 3% de lo que costaban los proyectos que ayudó a viabilizar.
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En la conversación, que ocurrió el primero de febrero de 2021, Nova Lorena le pregunta a Salamanca por la fecha de realización de un comité en el Ministerio, pues está pendiente de buscar al ministro Daniel Palacios y entrar al comité, por instrucción de Juliana Márquez.
Nicolás Ordóñez Ruíz es el secretario privado del ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez. Según los registros de las instalaciones del Ministerio, Nova Lorena se reunió con Ordóñez el 24 de noviembre de 2021 a las 12:40 p.m. Además, tenía intenciones de reunirse directamente con el ministro, para presionar la gestión de los proyectos por intermediación de Juliana Márquez.
Según la conversación, el ministro Daniel Palacios habría tenido un encuentro con la madre del presidente Iván Duque en Cartagena y es ella la que necesita la ayuda que Nova Lorena estaría gestionando ante el Ministerio del Interior. Pero hubo, además, otra reunión en la que participó uno de los viceministros de esa entidad, según una llamada entre Cañón y Alfredo Delgado, otro de los asesores del Ministerio.
Esa llamada ocurrió el 9 de abril de 2021, en ese momento los dos viceministros del Interior eran Carlos Alberto Baena, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, y Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Relaciones Políticas.
Los Sacúdete de Armero-Guayabal y Villamaría fueron viabilizados con éxito entre junio y agosto de 2021; los dos aparecen como “viable técnicamente”. Ambos están a la espera de que el Comité Evaluador de Fonsecon apruebe la suscripción del convenio con el ente territorial y se trasladen los recursos públicos para su ejecución, pero ‘las marionetas’ ya habían recibido dinero por su trabajo.
Nova Lorena Cañón le dijo a la Fiscalía que por la gestión que adelantaba alcanzó a recibir 50 millones de pesos del senador Castaño para que trabajaran “mientras salían los Sacúdete”. Además, recibió 20 millones de pesos de parte de Ruth Echavarría, ingeniera, a quien le sería adjudicado el contrato de Armero-Guayabal.
Precisamente sería Echavarría, por disposición de Castaño, quien le pagaría a Cañón por sus gestiones en la viabilización del proyecto. Ruth Piedad Echavarría Campuzano ha tenido quince contratos con el Estado, todos en Tolima, y nueve de esos con el municipio de Armero-Guayabal. Entre todos suman más de 305 millones de pesos y cinco todavía están activos o en ejecución.
Según los registros que incluyó la Corte Suprema en su expediente, Nova Lorena Cañón ingresó nueve veces a la sede del Ministerio del Interior entre el primero de enero de 2020 y el 7 de marzo de 2022.
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