La justicia se olvidó de los jóvenes asesinados del Chocó

Pastora Velázquez Córdoba, madre de Wendy Tatiana Rentería, una joven de 15 años que fue asesinada en el 2015, no sabe nada del caso de su hija. Ni siquiera ha recibido el SPOA, número con el que se identifica a la víctima para hacerle seguimiento a la investigación, cuando es un derecho por ley. Siete años después del asesinato de su hija, Pastora Velázquez no ha recibido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía. 

Esto es solo un caso de algunos de los más de 600 jóvenes asesinados en los últimos seis años. La Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos, con presencia desde hace más de doce años en el Chocó, ha identificado que otras 20 madres viven la misma situación y ninguna ha recibido respuesta sobre el SPOA de sus hijos e hijas asesinados.

Claman justicia, exigen celeridad en sus investigaciones y aseguran que a diario visitan las puertas de la fiscalía en la ciudad de Quibdó, sin recibir ninguna respuesta sobre sus casos.

Nhora Álvarez, directora de la Fundación compartió datos desoladores sobre los jóvenes asesinados: “De los 59 casos de víctimas a las que acompañamos psicosocial y jurídicamente, 14 eran menores de edad, uno de ellos era un niño de 10 años, siete de los jóvenes ejercían liderazgo, cuatro eran mujeres de 15, 17 y 23 años y sobre ninguno de los casos se ha iniciado una investigación para aclarar lo sucedido. Sus madres tampoco han recibido atención en el ámbito judicial o psicosocial desde ninguna institución estatal”. 

La tasa de homicidios en Quibdó es 2 veces más alta que la del promedio nacional y quienes han sufrido sus consecuencias son las y los jóvenes del territorio.

La violencia a la que ha sido sometida la población ha convertido a Quibdó en un espacio en donde no se puede transitar de un barrio a otro a plena luz del día por el riesgo de cruzar las llamadas “fronteras invisibles”, espacios que impiden el libre movimiento de sus habitantes para declarar el poder entre las bandas que hoy dominan las zonas más afectadas como los barrios Kennedy, Samper, el Reposo y el Futuro.

En Quibdó no existe una política estatal que reivindique socialmente las necesidades de los quibdoseños en materia de educación, medio ambiente, desarrollo rural, generación de empleo y mucho menos de acceso a la justicia. Esto ha estropeado la ruta correcta y trato de los casos de homicidio de los jóvenes asesinados y hasta el día de hoy, las víctimas no han recibido respuesta alguna sobre las muertes de sus familiares. 

Hoy la Fundación Círculo de Estudios, junto a las víctimas a las que le han hecho acompañamiento en el marco del conflicto armado le hacen un llamado a la fiscalía por actuaciones decididas para reducir los altos índices de impunidad, iniciar las investigaciones que permitan dilucidar responsabilidades penales, perseguir los delitos graves de alto impacto social como son las violaciones a los derechos humanos consistentes en el homicidio sistemático de niños, adolescentes y jóvenes en Quibdó, avanzando en su investigación y judicialización, que cese la estigmatización de las víctimas y se reconozca su condición.