Desgarradores testimonios se escucharon este 27 de junio en Dabeiba, en una audiencia ante la JEP en la que ocho militares reconocieron haber cometido ‘falsos positivos’ y crímenes en contra de la población civil.
27 de junio de 2023
Por: Andrés Felipe Carmona / Fotos: Cortesía Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Los relatos que se escucharon hoy en Dabeiba son atroces:  “Todo el que vistiera de negro, o de blanco y negro era guerrillero y tenía que morirse, porque no nos contaban capturas, sino la orden era extinguirlos, erradicarlos, asesinarlos, es el caso del señor Edison Alexander Lezcano Hurtado”. 

Esto fue lo que dijo el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos. Lo hizo en un acto en el que ocho militares reconocieron ante la JEP y ante sus víctimas su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2006. 

En su intervención, que se llevó a cabo en el coliseo del municipio antioqueño, muy cerca de donde los militares cometieron violaciones a los derechos humanos, Rodríguez reconoció que participó en ‘falsos positivos’ tras “estigmatizar y señalar” a la población civil de ser guerrilleros o colaboradores de estos.

Relató que el asesinato fue ordenado por él después de sacar de la casa a Edinson y otras personas. “Los maltratamos de obra y palabra, los golpeamos, todo sucedió después de un combate con los guerrilleros de las Farc y de ver la espalda de una persona que se entró a una casa”.

Este acto de reconocimiento se dio en el marco de una investigación de la JEP liderada por los magistrados Alejandro Ramelli, titular del Caso 03 (Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado), y Nadiezhda Henríquez por el Caso 04, que recoge todo lo relacionado con el conflicto armado en la región del Urabá.  

Por cada caso, la JEP imputó a los militares de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. En varios hechos las víctimas fueron sacadas de sus casas en Medellín o Turbo, en Antioquia, para ser asesinados en Dabeiba. Posteriormente, algunos fueron inhumados como no identificados porque querían borrar su rastro.

Rodríguez pidió perdón por el crimen ocurrido el 18 de mayo de 2002. “Reconozco que di la orden de asesinar al señor Edison Alexander Lezcano Hurtado. Destrocé una familia, dejé una esposa sin su esposo, unas hijas sin su padre, unos padres sin su hijo”, afirmó.

Su perdón lo extendió a Rubiela Manco, esposa de Edison. “Señora Rubiela lamento ser el causante de la muerte de Edison Alexander Lezcano Hurtado, su esposo. Que ya no le pueda cantar los vallenatos en la mañana, lamento haber fracturado su hogar y lamento el sufrimiento”.

En su intervención fue reiterativo en limpiar la memoria de Edison al indicar que “no era guerrillero, era un hombre trabajador, de hogar, el cual trabajaba para darle bienestar y sacar a su familia adelante”.

En poco más de tres años, la JEP ha identificado en Dabeiba once cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en tres casos con apoyo de la Fiscalía. Cada entrega digna a las familias se logró luego de la toma de muestras de ADN, confesiones judiciales, entrevistas e identificación de Medicina Legal.

La investigación en Dabeiba ha sido icónica para la justicia transicional porque, desde el comienzo, la JEP denunció alteraciones en el cementerio Las Mercedes de ese municipio. En 2019, antes de que la entidad interviniera ese lugar, habitantes de la zona denunciaron que integrantes del Ejército habían llegado a “reorganizar” el cementerio.

Otra intervención fue la del soldado profesional (r) Manuel Darío Mejía Sánchez, quien hacía parte del Batallón de Contraguerrillas 26 y quien reconoció que ocultó la verdad al decir que Lezcano era guerrillero, cuando él era un campesino.

Desde agosto de 2020, la JEP ordenó una medida cautelar sobre el camposanto y ordenó a la alcaldía de Dabeiba y a la parroquia que las inhumaciones se realicen en bóveda o cementerios alternos y no en tierra, para preservar la investigación judicial.

Otro de los obstáculos para esclarecer los ‘falsos positivos’ en Antioquia ocurrió en noviembre de 2020, cuando la JEP alertó que fueron construidas dos bóvedas en el cementerio, justo donde militares habían señalado que había fosas comunes o cuerpos inhumados.

En la audiencia de este martes hubo otro compareciente que ofreció perdón a las familias como responsable: el soldado profesional (r) Richard de Jesús Barroso Torres, quien le dijo a la familia de Lezcano que fue él quien recibió la orden de asesinar al campesino de Dabeiba.

En Dabeiba la JEP ha identificado tres patrones criminales: fueron homicidios perpetrados contra personas señaladas o estigmatizadas de ser auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla; los asesinatos a civiles se cometieron para presentar resultados operacionales, y las personas eran sacadas con engaños desde Medellín y otros municipios para ser asesinadas y luego sus cuerpos llevados a cementerios de Dabeiba e Ituango para encubrir los homicidios e impedir la identificación de las víctimas.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha hecho 75 hallazgos forenses que corresponden a 49 cuerpos encontrados en Dabeiba. En el 78,38% de los casos se trata de enterramientos colectivos; hay casos de cadáveres en bolsas negras o con emblemas de la Policía Nacional.

También hay bolsas con distintivos de unidades militares como el Batallón Arhuacos, ha dicho la JEP. Otra información tiene que ver con que las víctimas presentan heridas de proyectiles de armas de fuego y características de muerte violenta como amarres en manos y pies, mordazas, vendas.

Por los casos de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, así como por otros ocurridos en Ituango (Antioquia), la JEP ha imputado a diez militares de los batallones de contraguerrillas No. 26 Arhuacos y No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar, como también de la Brigada Móvil 11.

Los militares que reconocieron su responsabilidad este 27 de junio en los ‘falsos positivos’ de Dabeiba son: coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’; sargento (r) William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Hernando Cómbita Salazar; coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos; sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Hernando Cómbita Salazar; mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos; sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Hernando Cómbita Salazar; mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Hernando Cómbita Salazar, y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Hernando Cómbita Salazar.

Rafael Góez, familiar de una de las víctimas, le dijo a los responsables que “los daños causados son incalculables, son invaluables, no podemos negar que son imborrables. Fuimos estigmatizados al interior y afuera del municipio, en la ciudad no se podía decir de dónde éramos”.

“Esto no se repara de la noche a la mañana, tanto víctimas como comparecientes no estamos aquí mirándonos a los ojos para decirnos: “perdóneme”, porque quizás no es el momento o la hora, pero sí para iniciar caminos que conllevan a rehacer ese daño que vivimos”, agregó Góez quien perdió en los hechos a su abuelo y dos tíos.

“Quiero agradecer y resaltar el coraje, valor y gallardía que ustedes después de 20 años tuvieron para contar la verdad. No podemos negar que ese coraje tuvieron que haberlo tenido en el año 2000, pero hoy les reconozco de todo corazón que la gallardía, aunque tardía, llegó”, dijo.

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