El nombre Anderson Arboleda también será olvidado. Dejará de encabezar los periódicos, los informes de los relatores internacionales que nunca visitaron Puerto Tejada, las exhaustivas investigaciones que siempre se anuncian y que no llegan a nada por falta de voluntad o porque muy rápidamente son reemplazadas por nuevas urgencias. 

El olvido ya comenzó. Anderson Arboleda se convertirá en breve en el muchacho al que mataron de un bolillazo en la cabeza, así como Diego Felipe Becerra ha sido reducido a ser ‘El grafitero’. Luis Santiago Pelayo es apenas Luis Santiago, despojado del apellido que le dio un padre que lo mandó a secuestrar y asesinar, y que ahora es llamado por los medios como “el monstruo de Chía”. ¿Lo recuerdan? Todos asistimos al funeral de este bebé de 11 meses, transmitido en vivo y en directo desde su capilla ardiente. 

Desaparecen poco a poco. Se van haciendo pálidos, traslúcidos, espectros sin cuerpo engullidos por las muchas violencias. Pero también es acelerado el camino hacia el olvido cuando se es adicto a la novedad. Rápido ruedan los trenes cargados de muertos, como racimos de banano para arrojar al mar. ¿Cuántos vagones se necesitarían para acomodar a tantos fantasmas?

¿Fueron asesinados Anderson Arboleda, Dilan Cruz, Rosa Elvira Cely, Fernando Uribe y José Antequera? ¿Mataron a la jueza María Elena Díaz y a sus dos guardaespaldas? No nos suena el nombre Carlos Aldairo Arenas. ¿Yolanda Izquierdo? No vive en esta tierra. Por aquí no pasaron Yuliana Samboní, Gustavo Chacón, Gustavo Zuluaga o Diana Cardona. De ser así, los recordaríamos. En Colombia, un pueblo feliz según todas las encuestas que nunca nos hacen a nosotros o a nuestros conocidos, nunca pasa nada. Pasa todo pero al final nunca pasa nada. 

Por eso en Vorágine lanzamos “Yo no olvido”, que surge de una idea original de Historias Poderosas (@powstories), un proyecto de ilustración y no ficción creado por el periodista Juan David Montoya y la ilustradora Laura González para invocar el espíritu de varios colombianos que luchaban por construir un mejor país, fueron asesinados y cuyas muertes fueron noticia solo un día, o unos pocos días, y luego quedaron en el olvido. Cada historia tendrá una ilustración y un texto que sirva para recordar a ese héroe o heroína y hacer así un llamado a continuar las causas por las que dieron sus vidas.

Si usted tiene alguna historia de un colombiano que considere puede hacer parte de este proyecto, por favor escríbanos a [email protected].

YOLANDA IZQUIERDO

Yolanda Izquierdo tenía cinco hijos, pero suyos también eran los muchos que a finales de los años 80 habían pasado por su hogar infantil. Ellos también quedaron huérfanos el 31 de enero de 2007, víctimas todos del paramilitarismo y de la indiferencia de las agencias estatales. 

La misma Izquierdo había denunciado ante la Fiscalía, el DAS, la Defensoría y la Procuraduría de Colombia que los paramilitares querían cobrarle la osadía de reclamar las tierras de donde éstos habían expulsado con amenazas y asesinatos a 843 familias campesinas. La osadía tenía el agravante de acontecer en el departamento de Córdoba, donde los paramilitares del clan Castaño habían asentado su feudo. Nadie escuchó y el gobierno de entonces, solapadamente, dijo del crimen que se trató de un “error burocrático”.       

De presidenta de la Asociación de Madres Comunitarias del municipio de Valencia, en los años 90 Izquierdo pasó a ser una respetada voz dentro de las Organizaciones Populares de Viviendas de Montería, donde a falta de techos pulularon los desplazados y los barrios de invasión. 

Verdad y devolución de tierras eran sus consignas. Estas se escucharon en tiempos de presuntas desmovilizaciones paramilitares, en tiempos de procesos de ‘parapolíticos’ y cuando estuvo en vigencia la Ley de Justicia y Paz. “Te vamos a quebrar”, respondieron sus verdugos, quienes llegaron hasta el barrio Mi Ranchito de Montería para consumar el crimen. 

Seis disparos convirtieron a Yolanda en mártir, en símbolo efímero de la lucha contra el despojo, la connivencia entre el narcotráfico y las ‘vías democráticas’.  Trece años después, en Córdoba y el norte de Antioquia continúa el imperio del latifundio, el narcotráfico, la cooptación estatal y el paramilitarismo.

GUSTAVO ZULUAGA SERNA

Carmelita Valencia estaba gorda como un globo cuando los asesinos halaron los gatillos. Tres balas terminaron en su cuerpo, pero ella y la niña que llevaba en su vientre sobrevivieron al ataque. Su esposo no corrió con la misma suerte.

Gustavo Zuluaga Serna era magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Algunos dirán que a él lo sorprendió la muerte el jueves 30 de octubre de 1986, cuando sicarios del Cartel de Medellín lo emboscaron en el occidente de esa ciudad. Otros dirán con algo de razón que su asesinato tuvo poco de sorprendente.

Y es que en 1984 fue el juez Zuluaga quien solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de un congresista, suplente en la Cámara de Representantes, llamado Pablo Escobar Gaviria.

Para el magistrado era claro que Escobar era quien había ordenado los asesinatos de Luis Fernando Vasco y Gilberto de Jesús Hernández, dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que en 1977 pudieron probar su participación en el lucrativo negocio del tráfico de cocaína. La mafia desapareció tanto a los agentes como el expediente judicial que documentaba los delitos.

Aún convaleciente, Carmelita Valencia recibió incontables pésames, incluido el del procurador general Carlos Mauro Hoyos, quien caería poco más de un año después por veredicto siniestro de los mismos asesinos.

Tres salvas despidieron al valiente magistrado Zuluaga en el cementerio Campos de Paz. “Magistrado murió por no vender su conciencia”, tituló un diario local. “Es un ejemplo de consagración a la justicia,” consideró entonces la Presidencia de la República. No fue el último ejemplo. Entre 1989 y 2015 fueron asesinados más de 300 funcionarios de la acorralada justicia colombiana, según los informes más conservadores al respecto.

GUSTAVO CHACÓN SARMIENTO

¿Por qué mataron a Gustavo Chacón Sarmiento? 

A él lo conocían en el Magdalena Medio colombiano como el poeta, el flautista o el sindicalista. Solo uno de estos tres oficios fue tan amenazante como para que los doctores de la muerte ordenaran el fin prematuro de su vida.  

El 14 de enero de 1988, en Barrancabermeja, cinco sicarios asesinaron al líder de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol.  Tenía 32 años. 

Hubo quienes se atrevieron a conjeturar que a Chacón lo mataron porque era cercano a la izquierda armada, pero antes de dar crédito a estas versiones es necesario subrayar una incómoda coincidencia: su asesinato ocurrió tras incontables amenazas y atentados contra compañeros suyos que también se desempeñaban como sindicalistas en la empresa nacional de petróleos. 

Por el asesinato de Gustavo Chacón solo hay una condena: la del suboficial de la Armada Nacional Pedro Pablo Pérez, a 16 años de cárcel. Según todos los testigos,  Pérez manejaba la camioneta en la que iban los sicarios. Una sola condena y un caso archivado. Es todo lo que la justicia puede decir hoy de la muerte de Gustavo. 

Más de 3.000 asesinatos cometidos desde 1977 contra sindicalistas prueban que defender los derechos de los trabajadores colombianos ha sido históricamente una tarea kamikaze. 

Causas, música y poesía que arrasó el petróleo sangriento.

DIANA CARDONA SALDARRIAGA 

Cinco atentados fallidos contra la vida de Ramón Elías Castillo forzaron su salida de la alcaldía de Apartadó. En su reemplazo, Diana Cardona asumió como alcaldesa en septiembre de 1989.  

Joven abogada de la Universidad de Antioquia, militante de la Unión Patriótica, visionaria de 33 años, Cardona organizaba el foro ‘Urabá es Colombia en el Siglo XXI’ cuando fue secuestrada, torturada y asesinada. 

En la mañana del 26 de febrero de 1990, dos hombres llegaron hasta su apartamento en Medellín, haciéndose pasar por agentes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes tenían a cargo su protección. Cuando los verdaderos escoltas llegaron hasta su domicilio y se corroboró el secuestro, la voz de alerta corrió por la ciudad. 

Horas más tarde fue hallado su cuerpo. Siete balazos terminaron con la vida de una líder que en Urabá empezaba a conocerse por su cercanía con las causas de los trabajadores bananeros, por lo que los habitantes de un caserío de invasión llamado Jaime Pardo Leal, trasladados por la alcaldesa a un nuevo terreno, decidieron bautizar al barrio naciente con su nombre. 

La oficialidad negaba el carácter sistemático de los asesinatos contra la agrupación política alternativa. La negación también es una práctica sistemática. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre mayo de 1984 y diciembre de 2002 fueron asesinados, desaparecidos o secuestrados 4.153 militantes de la Unión Patriótica, de los cuales 3.122 fueron víctimas de asesinato selectivo y 544 lo fueron de desaparición forzada. 

El exterminio sistemático de la Unión Patriótica necesitaba de la complicidad de la inteligencia del Estado colombiano. Más de 25 años después, la Fiscalía concluyó que en el asesinato de Cardona participaron los mismos agentes del DAS que estaban obligados a protegerla.