Los candidatos a las curules de paz que no tuvieron las maquinarias y la plata de ‘Yoyo’ Tovar

Jorge Rodrígo Tovar Vélez, hijo del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo (alias ‘Jorge 40’), logró quedarse, contra viento y marea, con una de las curules de paz. Tuvo maquinaria, plata e incluso contó con apoyos de personajes que vedaron los territorios de la circunscripción por la que se lanzó (que cubre 13 municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena) a los otros candidatos. 

En el camino se fueron quedando atrás otras aspiraciones en medio de denuncias por falta de garantías, amenazas y la insuficiencia de recursos para afrontar una campaña compleja. Con las uñas muchos continuaron, otros tiraron la toalla. En Antioquia, por ejemplo, la situación no fue distinta.   

Aferrado a los estrobos de una colorida chalupa y concentrado siempre en la proa, Manzur Agustín Sierra se refresca con el agua que el río Nechí le salpica en el rostro y en los brazos. Son casi las dos de la tarde de un jueves inundado de sol, y el hombre, que supera por largo los 60 años de edad, se cuida de no perder el equilibrio mientras revisa mentalmente las palabras que tiene practicadas para la conversación de la tarde. 

Más adelante, donde el río se hace angosto y el aire se espesa, empiezan a verse las primeras casas del corregimiento Puerto Claver, en El Bagre, lugar elegido por Manzur para cerrar su campaña rumbo al Congreso de la República. 

Manzur es una de las tantas víctimas del conflicto armado que ha padecido Colombia durante más de seis décadas, y quería ocupar una de las 16 curules de paz que se crearon tras los Acuerdos de La Habana con la entonces guerrilla de las Farc. Según los últimos resultados, obtuvo 203 votos que no le alcanzaron para su objetivo. 

Estas curules son el lugar que tendrán en la Cámara de Representantes las personas elegidas en las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, como mecanismo de participación y representación política para las víctimas del conflicto. 

Se trata de algo histórico para las víctimas porque tendrán la oportunidad de trascender de la democracia participativa, garantizada a través de la Ley 1448 de 2011, a la democracia representativa. Las 16 curules, que representan a 167 de los municipios más afectados por la violencia, están garantizadas para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Y fueron posibles gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, que las revivió después de que el uribismo lograra hundirlas en el Congreso en 2017. Ocurrió en mayo de 2021. 

Sin embargo, aunque eso se lee muy bonito en la teoría, no se garantizó en la práctica, ya que, a pocas horas de las elecciones, a ninguno de los candidatos a esas curules les habían entregado los anticipos para financiar sus campañas, algo que quedó inscrito en el artículo transitorio 8 de la resolución 5882 de 2021. 

“La financiación de las campañas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz será preponderantemente estatal, mediante el sistema de reposición de votos y el acceso de anticipos, en los términos y topes que determine la autoridad electoral”, explica el acto legislativo. 

Vorágine, que no sólo habló con Manzur, sino con otros tres candidatos a esas curules de paz por Antioquia, logró confirmar que no sólo no recibieron ningún dinero por parte del Estado, sino que, para colmo, no les brindaron la seguridad suficiente para que llevaran a cabo sus campañas. 

“La mayoría estamos amenazados, y mucha gente que podría votar por nosotros tiene miedo de hacerlo, porque la presión criminal es mucha”, dijo Manzur, candidato por Caucasia, pueblo en el que creció y aún vive, aunque de allí tuvo que salir corriendo en varias ocasiones. 

“Me han matado familiares, me han robado tierras y me han amenazado toda la vida”, expresó el líder, nieto de un viajero árabe que llegó a Colombia en la década de 1940 del siglo pasado. 

Manzur no tenía esquema de seguridad. No andaba en camioneta blindada y lo único que tenía para cuidar su vida era un chaleco antibalas, un celular y un dispositivo de alerta que, seguramente, no les advertiría con suficiente tiempo a las autoridades cuando al candidato le pusieran una pistola en la cabeza. 

“Fui desplazado a finales del siglo pasado, cuando mataron a varios de mis hermanos y a mis tíos. Nos robaron unas tierras en La Ilusión, y esas tierras ahora las está reclamando un señor de Armenia, a quien la Fiscalía, irresponsablemente, le legalizó el reclamo”, contó Manzur, quien hasta el sábado pasado hizo campaña en el territorio, en lancha, a lomo de mula o a pie, internándose sin miedo entre los matorrales para llegar hasta las veredas y así convencer a otras víctimas para que votaran por él. 

“Es el único camino. Nos están haciendo la vida imposible para que lleguemos, pero nosotros tenemos que hacerlo posible”, dijo entonces. 

También caminando, y con dinero prestado, pasó sus últimos días de campaña Sandra Milena Puerta, de la Circunscripción 16, que cubría al Urabá antioqueño. Según el boletín 76 de la Registraduría, esta joven contabilizaba 90 votos.

Ella perdió a su esposo, Uriel Giraldo, en 1996, cuando un grupo armado lo asesinó junto a otros trabajadores en una tienda en el barrio Obrero, cerca de La Chinita, caserío fundado por desplazados en medio de un arrozal de la familia Gaviria Correa. Desde entonces, Sandra Milena decidió dedicar su vida al servicio social y a la lucha por los derechos.

“Mis padres, Mariela Buriticá y Álvaro Puerta, me enseñaron a ser guerrera. Ellos fueron fundadores de La Chinita y fueron testigos de la masacre famosa en esas tierras. Yo también he sido testigo de mucha violencia, y por eso quiero llegar al Congreso, para ayudar a las víctimas”, narró la joven, quien descubrió que estaba embarazada la misma noche que mataron a su marido. 

“Me tocó contar de mi embarazo durante el velorio. Mi hija se convirtió en un símbolo de resistencia. Ahora es mayor de edad y muy buena estudiante”, afirmó Sandra, quien se ha formado en diferentes saberes en el Sena. 

Al igual que Manzur, a lo largo de la campaña recibió amenazas directas contra su vida, pero ni la Unidad Nacional de Protección ni la Policía le brindaron un buen esquema de seguridad.

“Es como con lo de los anticipos. Que espere, que espere y que tenga paciencia, pero nunca solucionan nada. Nos toca a los amenazados andar por ahí, a la buena de Dios, y en lo que podamos movilizarnos. Estamos muy vulnerables”, denunció hace unos días.

Según el más reciente censo veredal, en el Urabá antioqueño había al menos 92 mil víctimas inscritas para las votaciones. 

“La gente tiene mucho miedo porque los grupos al margen de la ley ponen letreros amenazantes en las veredas y los partidos tradicionales nos tildan de guerrilleros, nos ponen la soga al cuello”, dijo. 

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, el único municipio de Urabá con alerta roja por delitos electorales es Mutatá, pero para Sandra en todos hubo riesgos. 

“Eso es mentira. Ese informe se queda corto. Riesgo hay en todos los municipios, pero la gente no denuncia, es muy peligroso”, sentenció.

Otro que quería llegar al Congreso por la misma circunscripción 16, en Urabá, era Manuel Palacios Blandón (166 votos, según el boletín 66). El exdirigente deportivo de Carepa, aunque nacido en Turbo, tiene una amplia trayectoria en el trabajo social y por ello, en 1995 fue obligado a abandonar la región. 

“Primero, mandaron a dos sicarios a mi casa, para amedrentar a mi familia. Luego los enviaron a mi negocio, uno que yo tenía de carácter social, y lo destruyeron. Luego me buscaron a mí y me dijeron que me fuera, por guerrillero, pero yo nunca he sido ni he querido ser guerrillero”, narró el hoy excandidato, y agregó que ayudó a surgir a exitosos futbolistas como Herman ‘Carepa’ Gaviria o Wilson Carpintero.

“Yo he sido dirigente deportivo, líder social y hasta escritor. Yo escribí la historia de Carepa y otros libros. Por eso siempre he sido amenazado, porque siempre he querido ayudar a la comunidad”, razona.

Vorágine también conversó con Lina Marcela Villegas López (25 votos, con el 95% escrutado), quien cerró su campaña en Caucasia viajando en chalupa, como Manzur, y, como él, tuvo que esquivar los mensajes de amenazas y hasta las balas asesinas en más de una ocasión. Apenas tiene 31 años y quería llegar al Congreso para seguir los pasos de su papá. 

“Soy madre soltera, de Nechí. De allá nos hicieron desplazar hasta Caucasia cuando mataron a un hermano, Yuber Villegas. Mi papá siempre ha sido líder y hoy hace parte de la mesa de víctimas. Pero él no está ahí sólo por lo de mi hermano, está porque le gusta ayudar. Por ejemplo, tiene una organización de víctimas donde hay 400 familias, e hizo un proyecto de vivienda que benefició a más de 700 familias pobres. Yo quiero hacer lo mismo, dar vivienda, dar esperanza”, decía Lina Marcela, quien la semana de las elecciones tuvo que salir corriendo del sector El Guarumo, por la vía a Cáceres, donde por estos días ha habido enfrentamientos entre grupos armados ilegales. 

“A las víctimas nos han dejado solas en Colombia. Es más, nos revictimizan y nos satanizan. Si somos víctimas, entonces dicen que somos guerrilleros, y eso nos pone frente al gatillo de los matones”, señaló. 

Las campañas se dieron en medio de estigmatizaciones, amenazas y atentados. Y ese es un síntoma de una democracia fracturada. 

Hace pocos días, por ejemplo, atentaron contra la vida de Diana Hurtado, otra candidata por Urabá y, una semana antes, 17 candidatos de la Circunscripción 12, que integra los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, renunciaron a sus aspiraciones electorales por falta de garantías de seguridad. La misma circunscripción en la que ganó Jorge Rodrigo Tovar Vélez, el hijo del exparamilitar ‘Jorge 40’. 

Así quedaron las 16 curules de paz (resultados parciales, con el 83% de las mesas informadas)

Circunscripción 1: Cauca y Nariño: Juan Pablo Salazar Rivera, de la Asociación Agropecuaria y Campesina, Asointec.

Circunscripción 2: Arauca: Karen Astrith Manrique Olarte, de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional.

Circunscripción 3: Antioquia: Eduardo Enrique Páez Hernández, de la Asociación Aproages.

Circunscripción 4: Norte de Santander: Diógenes Quintero Amaya, de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí.

Circunscripción 5: Huila y Caquetá: Jhon Freddy Núñez Ramos, de la Fundación Igualdad Social.

Circunscripción 6: Chocó y Antioquia: James Hermenegildo Mosquera Torres, del Consejo Comunitario Mayor de Novita Cocoman.

Circunscripción 7: Meta y Guaviare: William Ferney Aljure Martínez, de Asocampoariari.

Circunscripción 8: Montes de María: Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Corporación Narrar Para Vivir.

Circunscripción 9: Valle, Pacífico y Cauca: Orlando Castillo Advíncula, Consejo Comunitario del Río Naya.

Circunscripción 10: Nariño: Lisímaco Montaño Arizala, Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur

Circunscripción 11: Putumayo: John Fredi Valencia Caicedo, del Consejo Comunitario Los Andes.

Circunscripción 12: Cesar, La Guajira y Magdalena: Jorge Rodrigo Tovar Vélez.

Circunscripción 13: Bolívar: Juan Carlos Vargas Soler, de la Asociación de Productores de Cacao Asoprocasur.

Circunscripción 14: Córdoba: Leonor María Palencia Vega, de la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó.

Circunscripción 15: Tolima: Haiver Rincón Gutiérrez, de la Asociación Víctimas Núcleo Santiago Pérez.

Circunscripción 16: Urabá Antioqueño: Karen Juliana López Salazar de Yo soy Urabá.