5 de diciembre de 2020
Una semana antes de la renuncia de varios periodistas de la Revista Semana, incluido su director, el gerente del Distrito Centro de las Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. les envió una carta de cinco páginas a los dos dueños de esta publicación, Felipe López y Gabriel Gilinski, y a su presidente, Alejandro Santos. En la misiva, las directivas de este emporio y clan político amenazaron con tomar las “acciones pertinentes” si se hacía alusión a la familia Char al lado de grupos delincuenciales en el especial periodístico.
“La Revista Semana ha revelado que próximamente publicará un capítulo de su especial Mafioland (sic) dedicado a afectar el buen nombre empresarial y familiar del Grupo Olímpica, lo cual es profundamente lesivo frente a nuestros derechos a la honra y al buen nombre”. Así comienza la carta de Carlos Barrera Ardila, fechada el 4 de noviembre de 2020 y radicada al otro día en Publicaciones Semana.
El gerente de la cadena asegura que la organización que representa no tiene ningún requerimiento judicial y que la familia Char “se ha dedicado a trabajar incansablemente por el desarrollo económico de Colombia, generando cientos de miles de empleos a través de empresas que no tienen el más mínimo cuestionamiento legal. Por ello, no resulta falso, sino totalmente absurdo que se les incluya en un especial dedicado a hablar de mafias, narcotraficantes y delincuentes”.
La epístola de cinco páginas recoge varias sentencias judiciales y de la Corte Constitucional para señalar a Semana que “el derecho a la libertad de expresión no es absoluto” y que los medios de comunicación “deben tener un nivel de precisión y rigor técnicos suficientes para evitar que sus informaciones sean mal comprendidas”. Barrera Ardila también cita la reciente condena por 165 millones de pesos contra la Radio Cadena Nacional SAS.
Argumentando que la información que se va a publicar no ha sido contrastada con los miembros de la organización y de la familia Char, el gerente pide que se les “excluya de un especial que es ajeno a nuestro desarrollo empresarial”.
El representante de Olímpica citó dos ejemplos para explicar porqué Semana no debería publicar la investigación periodística: los menores de edad de la familia Char, “que podrán tener un estigma causado por una publicación irresponsable”, y un multimillonario perjuicio patrimonial por “la alusión a la familia Char en un listado con grupos delincuenciales”.
“Por lo anterior, muy respetuosamente solicitamos a la Revista Semana que no afecte los derechos fundamentales y patrimoniales con una publicación que no cumple los mínimos requisitos de veracidad y diligencia exigidos por la jurisprudencia constitucional”.
La carta finaliza con una amenaza del gerente de los supermercados y droguerías Olímpica: si la revista decide publicar el capítulo del especial Mafialand, “se iniciarán las acciones pertinentes para resarcir el daño económico y moral del cual seamos víctimas”.
Según Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “es inaceptable que un grupo como Olímpica ejerza ese tipo de presiones y pretenda impedir la publicación de una investigación”. Bock añadió que al amenazar, “veladamente, con graves repercusiones económicas”, se configura un “intento de censura previa” a la revista.
“Cualquier controversia sobre la investigación debe ser señalada después de publicada, caso contrario iría en contra de los principios establecidos en la Constitución. Desde la FLIP rechazamos rotundamente esta acción que pretende silenciar un tema de interés público”, aseguró el director de la organización, y dijo que conoce también “que la decisión de la dirección de Semana fue respaldar el trabajo y autorizar su divulgación”.
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Mafialand era un especial periodístico en formato de video, planeado por María Jimena Duzán, que solo alcanzó a ver la luz en dos capítulos. El proyecto no se terminó de concretar, por la renuncia de la periodista el pasado 10 de noviembre. Su salida se dio en medio de una cadena de dimisiones que no tiene antecedentes en un medio de comunicación tradicional en Colombia.
El primero en anunciar que se iba de la publicación fue Ricardo Calderón, director de la revista impresa y uno de los periodistas investigativos más galardonados e importantes del país. De hecho, fue elegido como periodista del año en la última edición de los Premios Simón Bolívar. Calderón presentó su carta de renuncia en un momento en el que se daban varias coyunturas en Semana:
Uno: la llegada en 2019 de Vicky Dávila como directora de las plataformas digitales. Dávila le dio un vuelco al punto.com de la revista: aumentó el tráfico en Facebook con un noticiero adaptado de los formatos antiguos y tradicionales de televisión. Capturó una audiencia que Semana no tenía en redes. Desde el 10 de noviembre de 2020, Dávila es la directora editorial editorial de todo el Grupo Semana.
Dos: la compra a Felipe López del 100% de las acciones de Publicaciones Semana por parte de Gabriel Gilinski, banquero y uno de los hombres más ricos del país. El arribo de Gilinski a la revista marcó un antes y un después en la publicación. Con él, adquirió mucha más relevancia dentro de la organización la gerente Sandra Suárez, exministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el primer gobierno de Álvaro Uribe y quien firmó una carta de apoyo en favor de su exjefe cuando este fue arrestado por orden de la Corte Suprema. Y con él a la cabeza también fue despedido el periodista Daniel Coronell, luego de que hubiera hecho cuestionamientos éticos a la revista en una de sus columnas.
Además, con Gilinski llegaron a las páginas de la revista los periodistas Salud Hernández-Mora y Luis Carlos Vélez.
Así, Calderón y su equipo se convirtieron en una especie de “profetas en el desierto” del periodismo de investigación al que Semana tenía acostumbrados a sus lectores. Varios periodistas que trabajaron durante esos meses dicen que la publicación impresa estaba cada vez más acorralada y sin margen de maniobra frente a Dávila, Suárez y Gilinski. Y Cristina Castro, editora general de la revista y quien hizo su carrera del lado de Felipe López, terminó jugando más del lado de la nueva administración.
Una vez renunció Calderón se produjo un efecto dominó. De inmediato fueron anunciando su salida los periodistas más cercanos: José Monsalve, editor de Justicia; Jaime Flórez y Johanna Álvarez, reporteros de investigación, entre varios otros. Y, al filo de la noche de ese agitado 10 de noviembre, María Jimena Duzán trinó su salida definitiva de la revista. Luego vinieron las renuncias de Vladdo, Antonio Caballero y Rodrigo Pardo, entre muchos otros.
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La carta de Olímpica, respaldada por uno de los clanes políticos y empresariales más influyentes del país, no habría de resultar un tema menor dentro de las agitadas aguas que se mecían al interior de la revista. Sobre todo por el tono. En uno de los apartes dice: “La alusión de la familia Char en un listado con grupos delincuenciales generará un multimillonario perjuicio patrimonial frente a las empresas del grupo empresarial Olímpica como Supertiendas y Droguerías Olímpica, el banco Serfinanza, el Junior de Barranquilla, Organización Radial Olímpica, Los Caimanes de Barranquilla, Sonovista Publicidad, entre muchísimas otras personas jurídicas”.
Vorágine se puso en contacto con el señor Carlos Barrera Ardila, firmante de la carta a nombre del grupo Olímpica, y con Alejandro Santos, hoy expresidente de Publicaciones Semana pero a quien iba dirigida la misiva; sin embargo, en el momento de publicación de esta historia no habían respondido nuestros mensajes.
El especial Mafialand prometía meterse en las entrañas del matrimonio que existe entre la clase política, la empresarial y el mundo delincuencial. En el primer capítulo, Duzán contó cómo la mafia se camufló en la alta sociedad y se tomó la política. El segundo estuvo dedicado a la familia Gnecco, el poder detrás del ‘Ñeñe’ Hernández, narco asesinado en Brasil, amigo de infancia del presidente Iván Duque y enlace de los ganaderos de la Costa Atlántica con la campaña que llevó al uribismo de nuevo a la Presidencia.
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¿Cómo se enteraron los directivos del grupo Olímpica de la publicación de un capítulo del especial en el que se hablaría de esa empresa y de la familia Char? Aunque Duzán nunca lo anunció en los dos programas que salieron al aire, una referencia que hizo el exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, general retirado Juan Carlos Buitrago, en el primer programa del especial, habría prendido las alarmas del grupo empresarial.
La periodista quiso ahondar con su invitado en los clanes políticos que además están compuestos por grandes empresarios y que tienen relaciones con la mafia.
—Yo creo que desde la época marimbera ya había conexiones entre líderes regionales tanto de la política como empresarios, como grandes contrabandistas que fueron creciendo y armando su emporio criminal y que finalmente después llevaron familias enteras a que la segunda generación, a que sus hijos dominaran diferentes actividades ilícitas de ese negocio familiar que había nacido con actividades del contrabando y también en la época marimbera.
—¿Como cuáles familias?
—Bueno, hay varias familias, no quiero mencionar nombres pero todavía son familias que algunas de ellas están vigentes, especialmente en la Costa Atlántica. Usted encuentra empresarios del fútbol, empresarios de grandes cadenas de supermercados, encuentra igualmente algunas entidades financieras que hoy están en manos de una segunda o tercera generación de aquellos líderes regionales que en su momento eran las cabezas, los gamonales tanto de la marimba como del contrabando.
¿Qué tenía Mafialand para decir sobre la familia Char como para generar una reacción de tales dimensiones? La respuesta la íbamos a tener el jueves 12 de noviembre, pero dos días antes María Jimena Duzán renunció.
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