Lo que no se ha contado del proceso judicial de la ‘narcofinca’

La reciente decisión de la Fiscalía de retirar el preacuerdo que había logrado con Laureano Martínez, mayordomo del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, es diferente a la que la misma Fiscalía tomó con los cinco hombres capturados en flagrancia el 12 de febrero en el laboratorio de procesamiento de cocaína ubicado en los predios de la finca Haras de San Fernando, en la vereda Mariano Ospina del municipio de Guasca, Cundinamarca.

Pablo Castillo, Cristian Gómez, John Jairo Morales, Jhefer Castillo y Dumer Bohórquez, todos sin antecedentes penales, fueron capturados en flagrancia y, tras un proceso expedito, fueron condenados a 102 meses de cárcel después de  haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía, que al igual que el del mayordomo, no ofrecía ninguna verdad sobre el laboratorio, ni de los determinadores, responsables directos e indirectos, ni de los financiadores. Solo se declararon culpables de todos los cargos para conseguir una rebaja de penas. 

Los dos preacuerdos, el del mayordomo Laureano Martínez y el de los primero cinco condenados por el laboratorio de procesamiento de cocaína, fueron suscritos por la misma fiscal: Yazmin Constanza Llanos Salguero, fiscal 27 Especializada, quien fue relevada en la última semana de la investigación del mayordomo porque, según la Fiscalía, el preacuerdo que suscribió “no contemplaba conocer la verdad absoluta”.

Este texto reconstruye la historia de la ‘narcofinca’ y de la condena, tras un preacuerdo con la Fiscalía, contra los cinco hombres que fueron capturados en la mañana del 12 de febrero, y que puso en la picota pública al entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. 

Una fuente humana

La información sobre el laboratorio para el procesamiento de cocaína en la finca del exembajador Sanclemente vino de las autoridades de Estados Unidos. El 8 de mayo de 2019, el agregado judicial de la embajada de ese país en Colombia les informó a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y a la Fiscalía General de la Nación, que las agencias Homeland Security Investigation (HSI) y el Immigration and Custom Enforcement (ICE) tenían en Tucson, Arizona, una “fuente humana de alta confidencialidad y credibilidad”.

Según el expediente judicial, esa fuente humana aportó “información valiosa de presuntos partícipes en la fabricación de alcaloides y comercialización de los mismos con destino hacia el exterior”. Fiscalía y Policía comenzaron entonces la investigación con base en la información suministrada por las agencias de un gobierno extranjero.

El expediente también muestra que en los siguientes ocho meses no ocurrió nada, hasta que, de nuevo, las agencias estadounidenses entregaron más datos. El 10 de enero de 2020, un agente encubierto entregó la ubicación exacta de la finca y fotos del laboratorio: “…la existencia de una organización delincuencial que desde Bogotá al parecer adquiere las sustancias químicas controladas para el procesamiento de sustancia estupefaciente-cocaína; sustancias que son transportadas vía terrestre hasta zona rural del municipio de Guasca – Cundinamarca, donde se ubica un laboratorio clandestino que utilizan para el procesamiento de la cocaína”.

Informó también el agente encubierto, que en la operación del laboratorio participaban aproximadamente 10 o más personas, que tenían vigilancia y se comunicaban por walkie talkies, que trabajaban de 6 de la mañana a 8 de la noche en un laboratorio clandestino “ubicado en un lugar boscoso, donde se unen dos montañas, rodeadas por sembradíos de papa y cebolla, por lo tanto los campesinos del sector inician sus labores de agricultura sobre las 6:00 de la mañana, lo que les facilitaba llegar al mismo tiempo e ingresar los insumos químicos necesarios utilizando camiones”.

La entrada a la propiedad está ubicada en el kilómetro 51 entre la vía Sopó-Guasca. Con las coordenadas exactas del laboratorio, dos agentes de la Dijin visitaron el lugar, sin levantar sospechas, el 15 de enero, y el 11 de febrero presentaron un informe ejecutivo. 

Cronología del Día D

Unos 40 hombres entre comandos Jungla (antinarcóticos), grupo Grate (antiterrorismo) y policías judiciales allanaron el 12 de febrero de 2020, a las 7:25 de la mañana, los predios de la finca Haras de San Fernando, de propiedad del entonces embajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente y de la familia Spiwak, dueños de los hoteles Dann.

La orden de allanamiento la firmó el día anterior Yazmin Llanos Salguero, Fiscal 27 Especializada Contra el Narcotráfico, y solo permitía registrar el laboratorio y las caballerizas, donde los hombres capturados tenían montados sus dormitorios. La casa principal de la finca está a unos 500 metros del laboratorio de procesamiento de cocaína.

Eran tres estructuras: dos para el procesamiento de cocaína y la cocina donde preparaban sus alimentos. Las caballerizas fueron acondicionadas como dormitorios.

La información de la fuente humana era tan precisa, dice el expediente, que los uniformados sabían exactamente adonde llegar: a la cocina artesanal, donde encontraron a Pablo Emilio, Jhon Jairo y Jhefer Iván. Al notar la presencia de los comando, “se vieron cogidos y corrieron hacia la caballeriza, no hicieron caso al llamado de parar de la policía, se hicieron disparos al aire y fueron reducidos a los 70 metros del laboratorio”, dice el informe de allanamiento.

A Pablo Emilio le encontraron un morral negro manos libres que contenía un “revólver marca Smith y Wesson, modelo 10-5, calibre 38, plateado con cachas de madera, empuñadora metálica, serial borrado, en regular estado, fabricado en Estados Unidos, y 12 cartuchos del mismo calibre”.

Luego de capturar a estos tres hombres, los Junglas se dirigieron a la pesebrera, donde encontraron a Dumer, quien ya iba camino al laboratorio. A los pocos minutos capturaron a Cristian, “quien estaba prestando seguridad entre el laboratorio y las caballerizas”.

Con el sitio asegurado, a los 10 minutos entraron los policías judiciales, quienes pidieron reunir a los cinco hombres capturados en el laboratorio. A las 7:50 hicieron pruebas PIPH que dieron positivo para cocaína y sus derivados: casi diez kilos de coca y siete toneladas de insumos. “En el momento de la incautación de las sustancias estupefacientes, ninguna de las personas capturadas se hizo responsable”, dice el informe.

Todo fue muy rápido. A las 8:05 de la mañana, la policía judicial llamó a la fiscal Llanos Salguero para ponerla al tanto de la situación y de los hallazgos. Además de la cocaína y los insumos, los funcionarios encontraron 3 moldes con las figuras HH, PL, JR.

Entre las 8 y las 11 de la mañana, mientras unos policías judiciales hacían el peritaje de las estructuras, otros les hacían firmar la constancia de buen trato a los capturados, les leían sus derechos y los delitos por los que los estaban capturando: artículo 376 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y el 382 por tráfico de sustancias para la fabricación de estupefacientes. Adicionalmente, a Pablo le aplicaron el artículo 365 por porte de armas.

Ni durante la captura en flagrancia, ni durante todo el proceso, estos cinco hombres fueron escuchados. La que sí fue entrevistada, durante el allanamiento, fue Rosa Margarita Herrera, administradora desde hace 28 años de la finca Colinas de Guasca. Explicó que el predio tiene 110 hectáreas que se dividen en dos: Colinas de Guasca y Haras de San Fernando. La señora Herrera les contó a los policías judiciales que la finca donde estaba el laboratorio “es de propiedad de Fernando Sanclemente y la familia Spiwak”, y que los administradores eran Laureano y Enrique, que ambos vivían en la finca, y que Laureano, quien ahora es testigo de la Fiscalía, vivía ahí desde hacía dos años con su esposa y sus dos hijas, mientras que Enrique, desde hacía 8 meses. Dijo también que una semana antes sintió un olor fuerte de ese lugar, pero que no le prestó atención.

En cinco horas quedó desmontado el laboratorio. Con explosivos destruyeron todo menos los 10  kilos de cocaína que encontraron. Un informe habla de una explosión controlada, otro habla de dos.

El allanamiento terminó, con incendio forestal incluido, hacia la 1:30 de la tarde. Luego comenzó el viaje a Bogotá, parando en La Calera para almorzar. Llegaron a la Dijin a las 4:20 y una hora más tarde les hicieron la reseña fotográfica y el arraigo . Dice el informe que “los capturados manifestaron su intención de no ser valorados por Medicina Legal”.

Catorce horas después de la captura, a las 9:55 de la noche, llamó el abogado José Aquilino Rondón González, quien se presentó como el defensor de confianza de los cinco hombres, y se entrevistó “de manera privada y en altavoz del celular con los 5 indiciados”.

Poco antes de medianoche, los capturados fueron dejados en custodia en las celdas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, ubicada en la localidad de Los Mártires.

Las audiencias

En un proceso con capturados en flagrancia todo es muy rápido. Al día siguiente, el 13 de febrero, la Fiscalía solicitó audiencia preliminar inmediata. Le correspondió al Juzgado 70 Penal con Control de Garantías legalizar el allanamiento, la captura, la imputación de cargos y el envío a prisión. La fiscal del caso presentó a los cinco capturados como miembros “de una estructura criminal dedicada al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así mismo de elaborar, almacenar, conservar y procesar narcóticos, hechos acaecidos desde mayo de 2019 a la fecha”. 

La tímida defensa de los capturados se opuso a la legalización de la captura pues “se vulneraron los derechos fundamentales” de sus representados. Dijo también que si bien es cierto que sus poderdantes firmaron las actas del informe de allanamiento, lo hicieron sin saber qué estaban firmando y con el “nerviosismo del momento”, lo que llevó a “una serie de falsedades con respecto a la situación fáctica en que fueron capturados”. 

El abogado Rondón se quejó de que a sus representados no los encontraron en el laboratorio de procesamiento de cocaína, sino que los capturaron cuando iban subiendo a la finca desde la entrada principal y luego los llevaron a la caballeriza, donde los hicieron firmar papeles en blanco, no les leyeron los derechos, y llamaron a sus familiares tres horas después. Dijo que en el allanamiento hicieron videos que no mostraron en las audiencias y que los documentos públicos que presentó la Fiscalía contienen falsedades. 

Rondón pidió también que se interrogaran a sus clientes, pero la jueza no accedió, como tampoco creyó la historia de que los cinco hombres estaban por ahí nada más, listos para trabajar recogiendo papa y cebolla.

La jueza legalizó la captura, pero el abogado presentó un recurso de reposición, pidiéndole de nuevo a la jueza que interrogara a sus defendidos, “es la palabra de la policía contra la de ellos, pido que revoque esa decisión y que los escuche bajo la gravedad del juramento”. Advirtió además que si la jueza no corregía, el juez penal del circuito, es decir, el juez de segunda instancia, sí lo iba a hacer.

“No se corrige la decisión, se legaliza”, sentenció la jueza, afirmando que ella no era parte y no podía hacer la defensa técnica, “mal estaría que yo comience a interrogar para encontrar errores”.

Así mismo, en la audiencia de imputación, la fiscal Llanos explicó que los moldes con los que marcaban la cocaína procesada, HH, JR y PL, daban fe de la calidad del producto y eran para identificar a las organizaciones a las que le vendían. 

Según la funcionaria, los insumos encontrados en el laboratorio ascienden a 127 millones de pesos más 20 millones de pesos que valen los 10 kilos de cocaína incautada,  lo que demostraría que no era un negocio de poca monta y que se necesitaba de una gran estructura para producir y traficar la droga.

La fiscal les hizo la suma de su futura condena, si no se declaraban culpables: 256 meses de prisión, con 64 de rebaja si aceptaban cargos. De los cinco el único que aceptó los cargos por porte de armas fue Pablo, de resto ninguno se allanó a los cargos por fabricación y tráfico de estupefacientes.

La jueza de control de garantías legalizó la imputación de cargos que presentó la Fiscalía y despidió el primer día de audiencias y citó para el día siguiente la realización de la última audiencia, la de la legalización de la medida de aseguramiento.

Para la fiscal, los cinco hombres representaban un peligro para la comunidad pues hacían parte de una estructura criminal con un andamiaje financiero y logístico que llevaba muy buen tiempo funcionando. 

“¿Quién es el músculo financiero de esta organización? ¿Quién es Laureano? ¿Quién es Enrique? ¿Qué significan las marquillas HH, JR, PL?”, preguntó la fiscal en su argumentación. Lo raro es que las respuestas a esas preguntas las podrían tener los cinco hombres capturados, pero la Fiscalía nunca los llamó a indagatoria ni los interrogó. Tampoco fueron escuchados en las audiencias, como lo pidió el abogado.

Cuando la fiscal seguía hablando de la gran organización criminal que estaba detrás de este laboratorio, fue interrumpida por Dumer, quien muy sobresaltado la increpó. De inmediato, la jueza lo reprendió y le dijo que si quería hablar al final lo podía hacer, pero que no podía interrumpir de esa forma a la fiscal. Al final de la audiencia tampoco lo escucharon, por lo que en el expediente judicial no quedó plasmado el reclamo de este hombre.

Aunque el abogado estuvo de acuerdo con la medida de aseguramiento, solicitó que sus clientes no fueran enviados a la cárcel porque no tenían antecedentes penales y sus familias dependían de ellos. Presentó como pruebas declaraciones juramentadas de familiares, amigos y hasta los párrocos de los barrios donde vivían. Insistió también en los supuestos errores que se cometieron en la captura y los documentos en blanco que sus clientes firmaron “por nerviosismo”. Agregó que la Fiscalía solo tenía indicios y que no había probado nada.

En su intervención, la fiscal se preguntó por qué ninguno de los cinco hombres había acudido a la Fiscalía a denunciar la existencia del laboratorio y por qué salieron corriendo cuando llegaron los comandos. La jueza le respondió que sus preguntas eran descabelladas porque ningún ciudadano está obligado a autoincriminarse y porque “la huida es normal en estas situaciones” y no es prueba de nada.

Las audiencias duraron dos días. El 14 de febrero la jueza aceptó el pedido de medida de aseguramiento de la Fiscalía y envió a los cinco hombres a la cárcel Modelo de Bogotá. El abogado no interpuso ningún recurso, ni por el envío a la cárcel, “se cumple el requisito objetivo”, ni por el allanamiento y registro del laboratorio, “se realizó de forma acorde con las normas”.

Con la decisión de no allanarse a los cargos, los cinco hombres sabían que se iban a juicio. Terminaron las audiencias, y fueron enviados a La Modelo en calidad de imputados, con el sinsabor de no haber sido escuchados o interrogados en lo que iba del proceso.

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Una carta de Gilberto Sanclemente

La familia Sanclemente entró en acción ante la Fiscalía una semana después, el 20 de febrero de 2020. En una carta, Gilberto Sanclemente, hermano del exembajador en Uruguay, se presentó como representante legal de Las Colinas de Guasca Ltda., propietaria de Haras de San Fernando.

En la epístola, Sanclemente contradijo la tesis de la Fiscalía según la cual el laboratorio estaba funcionando hace varios meses: “ (…) en mi sentir, esas instalaciones se construyeron no hace mucho tiempo”. Afirmó además que las caballerizas “fueron usadas por delincuentes, sin autorización alguna por parte de la sociedad, sus funcionarios (sic) o socios”. Señaló que la Policía y la Fiscalía dejaron en el suelo ropas, cobijas, relojes, enseres y material de uso personal de los cinco hombres “que consideramos pueden servir como pruebas, nos preocupa que no hayan sido recogidos para su preservación y cadena de custodia”.

Además de la mención que había hecho la administradora de Colinas de Guascas, nadie más había identificado a los mayordomos. Sanclemente los presentó como los “encargados del ganado”: Laureano Martínez y Gustavo Bejarano, de quienes no tenía información porque se encontraban desaparecidos, pero que en sus lugares de habitación tenía sus elementos personales, “que les pueden ser útil para el proceso”.

Gilberto y Fernando Sanclemente Alzate hacen parte de una familia conservadora que desde hace varias generaciones ha tenido influencia en la política del país. Su abuelo materno fue Gilberto Alzate Avendaño, uno de los caudillos conservadores más importantes del siglo XX. 

El hoy exembajador de Colombia en Uruguay siempre ha sido ‘godo’, pero eso no ha sido problema para ocupar cargos en administraciones de orillas ideológicas tan distintas como las de Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Cuando el primero era presidente, Sanclemente fue nombrado Superintendente de Puertos y Transportes (2001-2005). Cuando el segundo fue alcalde de Bogotá, fue gerente de Transmilenio (2012-2014). En el medio también pasó por la dirección de la Aeronáutica Civil (2005-2010) y la gerencia de la Terminal de Transporte de Bogotá (2011-2012). Como embajador en Montevideo solo estuvo durante 13 meses, pues el 6 de abril de 2020, por el escándalo de la ‘narcofinca’ se vio forzado a presentarle su renuncia al presidente Iván Duque. 

La familia Sanclemente -propietaria del 50% de la finca- y la familia Spiwack -propietaria del otro 50%- siempre han negado tener relación alguna con el laboratorio de procesamiento de cocaína. 

Hablaron todos menos los capturados

Posterior a la imputación de cargos, fueron entrevistados por la Fiscalía dos hombres: el veterinario de la finca y el conductor de la familia Sanclemente. El primero, Iván Mauricio González, era el encargado del cuidado del ganado en Haras de San Fernando e iba cuando Laureano lo llamaba. Cuenta que a los dos días del allanamiento recibió una llamada de Mercedes, la esposa de Laureano, en la que le pidió permiso para sacar sus pertenencias de la finca. González le respondió que no les podía dar ese permiso. También contó cómo llegaron a trabajar a la finca Laureano y Enrique, pero en el expediente judicial no reposa esta declaración. 

El segundo es Wilson Sotelo, el conductor de la familia Sanclemente. Aseguró que tras el allanamiento le hizo aseo a la finca, con Gilberto Sanclemente y dos empleados más, y encontraron debajo de un colchón una libreta con “anotaciones de las personas que descansaban en ese lugar y que laboraban en el laboratorio”.

Sotelo también entregó dos documentos de Laureano, el mayordomo: copia de una denuncia por amenazas y una solicitud de permiso dirigida al señor Alejandro Espinosa Otero “para ingresar al predio El Morro, ubicado en la vereda Mariano Ospina, para sacar las pertenencias”.

Otro hombre, Juan Carlos Prias Bernal, por instrucciones de Gilberto Sanclemente allegó las certificaciones laborales, contratos, hojas de vida y copias de las cédulas de Laureano y Enrique.

El preacuerdo

Con un nuevo abogado a bordo, Carlos Andrés Piñeros, los cinco hombres imputados firmaron un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue radicado el 24 de abril de 2020. El texto fue presentado un mes después, el 26 de mayo, ante Sonia Castillo Rojas, jueza segunda penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, quien lo aceptó y los condenó a 102 meses de prisión, excepto a Pablo, a quien le aumentó un mes por porte de armas.

Y aquí está el meollo del asunto. Los cinco hombres firmaron un preacuerdo pero no entregaron ninguna declaración ni fueron interrogados. La Fiscalía nunca les pidió nada a cambio, solo que aceptaran los cargos para acceder a la rebaja de más del 50% de lo que sería la condena. Los hombres se quedaron con ganas de responder las preguntas que planteó la fiscal en la audiencia: quiénes eran los jefes, a quiénes respondían, qué significaban las iniciales de los moldes.

Un preacuerdo similar firmó el mayordomo Laureano Martínez con la fiscal Yazmin Llanos Salguero, pero por orden del fiscal general Francisco Barbosa, este fue retirado el pasado jueves 15 de octubre. La Fiscalía le está ofreciendo ahora un principio de oportunidad, que le significaría beneficios penales más amplios a cambio de contar toda la verdad, es decir, a cambio de responder las preguntas que la fiscal Llanos no quiso preguntar en el proceso que recién había llevado a feliz término.

¿Por qué es importante solo la verdad de Laureano y no la de los cinco hombres capturados y ya condenados por la misma causa?

Un derecho de petición

Luego de estudiar todo el expediente, ver las audiencias del 13 y 14 de febrero y leer el preacuerdo firmado con la Fiscalía, me surgieron muchas preguntas sobre este proceso. Por ejemplo, ¿por qué la orden de allanamiento no incluyó la casa principal de la finca, donde según Gilberto Sanclemente, encontraron elementos personales de los mayordomos y hasta una libreta que incluía los nombres de los que trabajaban en el laboratorio?

La casa principal era clave, pero la Fiscalía permitió que se contaminaran las evidencias al dejar que la propia familia Sanclemente hiciera la inspección de la casa tras el allanamiento y destrucción del laboratorio.

Para tratar de esclarecer estas dudas, el 8 de septiembre de 2020 Vorágine le envió un derecho de petición con 28 preguntas a la fiscal Yazmin Constanza Llanos Salguero. Por pura curiosidad periodística, le preguntamos porqué los cinco hombres condenados no fueron entrevistados o interrogados en todo el proceso; porqué no les preguntaron por los determinadores, los responsables directos e indirectos, los financiadores y demás actores que participaban en el laboratorio de procesamiento de cocaína.

Una exfuncionaria de la Fiscalía le explicó a Vorágine que cuando la captura se da en flagrancia, los fiscales evitan hacer interrogatorios o indagar más para terminar rápido el proceso y lograr la ya ganada condena. Hacer preguntas o escuchar a los capturados, implica alargar el proceso y abrir otras líneas de investigación.

Como era de esperarse, la fiscal respondió dos semanas después con un no, apelando a la reserva del expediente “en aras de garantizar la eficacia de la investigación actual”. Aunque se trata de un caso juzgado, por ende de acceso público, y en el que no existe ni una sola declaración de los condenados que pueda ser utilizada en otro proceso penal, la funcionaria dice que no responde las preguntas para proteger “la seguridad nacional, lo cual es de interés mayor, al sacrificio generado con la limitación que se expone”.

Llanos advirtió que aunque la actuación procesal penal es pública, esta tiene unas limitaciones de reserva cuando “se comprometa seriamente el éxito de la investigación”. Y eso es aceptable cuando el proceso está en curso, pero en este caso la investigación ya terminó porque los cinco hombres están condenados y porque ni en el expediente judicial, ni en el preacuerdo, reposa ninguna colaboración en otra investigación penal. La misma fiscal reconoce que “ya se les judicializó y se realizó ruptura procesal, que terminó con sentencia condenatoria ejecutoriada”.

Cinco personas más, según la respuesta de la fiscal, se encuentran detenidas por el laboratorio de procesamiento de cocaína. Esto incluye al mayordomo. Llanos Salguero también es la fiscal de estos procesos, razón por la cual se negó a responder las preguntas sobre el proceso en el que resultaron condenados los cinco hombres capturados en flagrancia.

La captura del mayordomo y de otras cuatro personas, se dio gracias a la información que proporcionaron las cuatro fuentes de información en el proceso de los cinco hombres: la administradora de la otra finca, el veterinario, el chofer de la familia Sanclemente y un enviado de Gilberto Sanclemente. Todos hablaron menos los condenados.

El proceso de los cinco recién capturados se encuentra en etapa de investigación con miras a presentar los escritos de acusación, con preacuerdos incluidos que la fiscal Llanos Salguero, de nuevo, suscribió: “todo hace parte del programa metodológico de la indagación, con líneas investigativas vigentes para el caso, con planteamientos serios en la estrategia jurídica a fin establecer otros presuntos responsables del delito, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una organización criminal, esto solo se logra con el sigilo y prudencia que amerita la actuación”.

Del preacuerdo al principio de oportunidad

Laureano Martínez, el mayordomo de los Sanclemente, había llegado en septiembre a un preacuerdo con la Fiscalía, a través de la fiscal de su caso, la fiscal Yazmin Llanos. El pasado 15 de octubre, el texto iba a ser presentado ante un juez de control de garantías, pero el fiscal general Francisco Barbosa, lo retiró, relevó a la fiscal Llanos del caso y nombró al fiscal Daniel Hernández

Al igual que en el anterior preacuerdo con los cinco hombres capturados en flagrancia y posteriormente condenados, el mayordomo se declaraba culpable a cambio de una rebaja en su condena. En su caso serían 11 años.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que retiraba el preacuerdo suscrito con el mayordomo, “luego de establecer que no contemplaba conocer la verdad absoluta de lo acontecido en la finca ni identificar a los determinadores, responsables directos e indirectos, ni a los financiadores y demás actores que presuntamente participaron en la actividad investigada”. 

¿Qué pasa con el preacuerdo que la fiscal Llanos logró con los cinco hombres capturados en flagrancia en el laboratorio, y condenados a más de 8 años, entendiendo que es el mismo que suscribió el mayordomo y que recién retiró la Fiscalía porque no contempla conocer la verdad?

Llama la atención que, en la respuesta al derecho de petición que le envió Vorágine, la fiscal haya apelado a la reserva de la información porque quería llegar hasta el fondo de la investigación contra esta organización criminal, pero la propia Fiscalía diga que el preacuerdo logrado por la fiscal Llanos “no contemplaba conocer la verdad absoluta”.

¿Qué sigue? La Fiscalía iniciará un nuevo trámite judicial para negociar un principio de oportunidad en el que el mayordomo diga toda la verdad “caiga quien tenga que caer”, según Víctor Muñoz, abogado de Laureano Martínez, citado en El Espectador.

Los colegas también contactaron a la fiscal Llanos, y tampoco tuvieron suerte, solo les confirmó que el mayordomo le entregó información “pero que esta no podía ser revelada porque se pone en riesgo la investigación que había en marcha y la propia vida de Laureano Martínez”.

Cuenta también El Espectador tres detalles importantes: 1) Que uno de los financiadores de esta red es un empresario de esmeraldas, dueño de una mina en el occidente de Boyacá. Su nombre permanece bajo reserva. 2) Que la red estaba conformada por “cerca de 30 personas y cuatro laboratorios de procesamiento de cocaína” que luego era enviada a través del Aeropuerto El Dorado con destino a Europa. 3) Que el exmayordomo sería testigo en favor del exembajador Sanclemente en el proceso de extinción de dominio.

Resulta curioso que la Fiscalía haya resuelto, en el último minuto, darle otro rumbo al proceso que venía adelantando con el mayordomo de la finca, más cuando todo indica que su testimonio exculparía al exembajador Fernando Sanclemente, su familia y la familia Spiwak.