Una ejecución extrajudicial enloda a la familia de Marta Lucía Ramírez

La semana pasada llegó a Vorágine una información donde nos sugerían investigar el nombre de Daniel Arturo Álvarez Castaño. 

El hombre en mención es el esposo de Natalia Ramírez, sobrina e hija putativa de Marta Lucía Ramírez. En un extenso perfil que le hizo la revista Diners a Marta Lucía y a su esposo Álvaro Rincón se lee: “Años más tarde se convirtieron, durante cinco años, en los padres putativos de Natalia Ramírez, una sobrina de Marta Lucía que quedó medio huérfana luego de la separación de sus papás”. Incluso, el exmilitar aparece en la foto familiar de la vicepresidenta el 7 de agosto de 2018, día de la posesión presidencial. Sin duda, Álvarez Castaño pertenece al círculo familiar más íntimo de Marta Lucía Ramírez. 

La pista nos advertía que este hombre había sido militar y su nombre aparecía relacionado con casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”. El equipo de Vorágine se dio a la tarea de buscar y contrastar la información. 

El nombre de Daniel Arturo Álvarez Castaño reposa en los archivos judiciales relacionado con el asesinato de Marco Tulio Ruíz Hernández, cuando el militar era teniente del Grupo de Caballería Mecanizado #2 Juan José Rondón, de Buenavista (La Guajira).

De hecho, en las bases de datos públicas se anuncia que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, llevó el caso de Álvarez Castaño y de cinco militares más y después este proceso pasó al Tribunal Superior de Riohacha.

Solicitamos también a la fiscal del caso información sobre el proceso en el que aparece Daniel Arturo Álvarez Castaño, y nos informó que este está radicado en la Fiscalía 84, por los eventos acaecidos en el Sector Sierra Negra, en la jurisdicción de Villanueva, departamento de La Guajira. Hechos ocurridos el 24 de agosto de 2006, cuando se perpetró el homicidio de Marco Tulio Ruíz Hernández (persona protegida), reza el expediente. 

Así mismo, revisamos en bases de datos carcelarias y pudimos confirmar que Daniel Arturo Álvarez Castaño, yerno putativo de la vicepresidenta, estuvo preso en la cárcel de Facatativá durante cinco años. Exactamente en la Cárcel Penitenciaria para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media -Ejército Nacional, ubicado en el Batallón de Policía MIlitar No 13, general Tomás Cipriano de Mosquera-, desde el 21 de junio del año 2012 hasta el 15 de septiembre de 2017. 

En esta información hay un hecho que llama mucho la atención y es que en las redes sociales de Natalia se puede ver una foto de su matrimonio con Daniel, donde posan juntos en un sendero de una de las propiedades de la vicepresidenta, pero la fecha es del mes de mayo de 2016, época en la cual se supone que el exmilitar estaba recluido en la cárcel de Facatativá.

Natalia Ramírez, la otra hija de Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía se hizo cargo de su sobrina considerándola su hija putativa. “Hace poco le dio el uso que nosotros esperábamos a esos árboles que sembramos cuando llegamos acá y que ves enfrente. Echamos pica y pala para hacer ese sendero y que algún día uno de nuestros hijos se casara ahí”, dice la nota de Diners, que remata: “Ellos labraron el sendero para el matrimonio de su sobrina”.

Natalia Ramírez Rodríguez es una férrea defensora de su madre putativa en todas las redes sociales. Su último mensaje en Facebook invita a leer una entrevista publicada en El Tiempo, titulada Rompe el silencio el esposo de la vicepresidenta: “Invito a quienes conocen a mi familia de cerca y saben quiénes somos realmente como personas, ayudarme a compartir esta información que muchos no conocen. Estos golpes tan bajos nos han afectado profundamente y solo la posibilidad de aclarar los hechos, nos permitirá seguir adelante. Gracias infinitas”. Teniendo en cuenta esa relación casi de hija y madre, son muchas las fotos que Natalia Ramírez ha subido en sus redes sociales junto a Marta Lucía. Incluso, se destacan algunas en la flota aérea de la Presidencia.  

Natalia también es Directora de Alianzas y Proyectos Especiales de la Fundación Tejido Humano, cuya junta directiva presidió Marta Lucía Ramírez. “Tejido Humano lidera y financia programas de generación de ingreso, capacitación, educación y acompañamiento psicosocial, dirigidos principalmente a exmiembros de la fuerza pública en situación de discapacidad, a sus familias, y a las viudas y huérfanos de la nación. Los programas de Tejido Humano también benefician a civiles afectados por minas antipersonal, exsecuestrados, y a personas desvinculadas de grupos armados ilegales”, se lee en su página web. 

Esta fundación existe desde 2003, y fue creada justo después de que Marta Lucía abandonó el cargo de ministra de Defensa. Entre sus aliados estratégicos se encuentran la Policía, el Ejército y el Ministerio de Defensa. Aunque su portafolio es amplio, no hay una línea de atención a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, delito por el cual pagó cárcel el yerno putativo de la vicepresidenta de la República y esposo de una de las directivas de esta entidad.

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Una segunda ejecución extrajudicial

Hay otro caso que involucra al teniente Daniel Arturo Álvarez Castaño. Se trata de la ejecución extrajudicial de un joven de 19 años que se llamaba Carlos Manuel Jiménez Pacheco. Era un muchacho que vivía en El Molino, La Guajira. 

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2006. El Ejército reportó un supuesto combate ese día con integrantes del Eln y de las Farc en un sitio conocido como La Macuira, en el extremo norte de ese departamento. 

Al mando de las tropas de la contraguerrilla Corcel 1, del batallón Rondón, estaba el teniente Daniel Arturo Álvarez Castaño, el yerno putativo de Marta Lucía, según reposa en los expedientes. Él estaba a cargo de la escuadra. De este oficial habría salido la orden del operativo. “El teniente Álvarez Castaño señaló que recibió información de unos bandidos que pretendían abastecerse en dicho sector, por lo que iniciaron movimiento desde El Molino hacia Macuira, llegando aproximadamente a las 3:00 a.m.”, reza el sumario.

El Ejército presentó al joven Jiménez Pacheco “como abatido en combate”. Cuando la Fiscalía de Villanueva hizo el levantamiento del cadáver, encontró que la víctima estaba vestida con camuflado y botas de caucho. Al lado tenía un revólver calibre 38.

Y aquí es donde comenzaron a surgir las dudas de la Fiscalía. El día que fue asesinado por el Ejército, el joven Jiménez Pacheco había quedado de ir a recoger café en La Sierra con un compañero de apellido Mayuca, pero nunca llegó a la cita. 

El padre del muchacho, don Elías Antonio Jiménez, denunció ante la Fiscalía que el 16 de noviembre supo de la muerte de su hijo porque un amigo lo llamó a informarle que el cuerpo estaba en el cementerio de El Molino, por lo que se acercó hasta el lugar. Contó que cuando llegó allí, el Ejército no lo quiso dejar pasar, y debió entrar a la fuerza apoyado por algunos vecinos. Asimismo, relató que la versión que escuchó de los habitantes del pueblo era que el Ejército había matado a su hijo para presentarlo como guerrillero. 

Tras ires y venires del proceso, en agosto de 2009, la Fiscalía 54 Especializada de Derechos Humanos de Barranquilla solicitó la remisión de la investigación, por considerar que existían dudas sobre la existencia de un combate, además de otros hechos extraños. El dictamen de Medicina Legal, por ejemplo, señalaba que el cuerpo presentaba escoriaciones (lesiones producidas con arma blanca) lo que no es usual cuando se presenta un combate. Los testimonios de los militares que habían participado de los hechos fueron incoherentes respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

Y fue así que el 30 de abril de 2014 ordenaron la captura del sargento Heraldo Eriben Hernández Pineda, quien recibía órdenes de Álvarez Castaño. Para la fecha de esta captura, el teniente se encontraba detenido en Facatativá por los hechos de la otra ejecución extrajudicial.

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Contexto de falsos positivos en los que habría participado el Grupo de Caballería Mecanizado #2 Juan José Rondón

Esta unidad militar, a la que pertenecía el yerno putativo de Marta Lucía Ramírez, según lo pudo reconstruir la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, habría participado en decenas de eventos que dejaron un saldo de 103 asesinatos y que podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales ocurridas en las siguientes fechas: entre enero de 2003 y marzo de 2004 hubo cuatro hechos con seis víctimas mortales; entre abril de 2004 y diciembre de ese mismo año se presentaron nueve hechos con 18 víctimas; entre enero de 2005 y junio de 2006 acaecieron cuatro hechos con 19 víctimas; entre julio de 2006 y diciembre de 2007 fueron 14 hechos con 21 víctimas; y entre enero de 2009 y junio de 2009 se dieron dos hechos con 39 víctimas.  

En ese mismo informe se lee que: “El modus operandi en muchos casos de ejecuciones extrajudiciales consistía en actos de hostigamiento previo a la comunidad como privaciones injustas de la libertad, como lo demuestra el caso ocurrido el 3 de agosto de 2006 (hecho 81). En aquella oportunidad se venía alertando a las autoridades desde marzo de 2006, que tropas del Grupo Rondón hostigaban, amedrentaban y acosaban sistemáticamente a los habitantes de las comunidades de las Lomas del Potrero, La peña de los Indios, El Caney, Ulago, y El Machín, estigmatizándolos como milicianos o colaboradores de las FARC-EP, situación que generó el desplazamiento de familias completas”.

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No resulta una situación menor que el yerno putativo de la vicepresidenta haya sido relacionado con ejecuciones extrajudiciales, asunto que los ciudadanos tenían derecho a conocer y que, como en el caso de la pena que pagó su hermano por narcotráfico, la dignataria nunca hizo público cada vez que se posesionó en un nuevo cargo en el Estado, como habría sido su deber. Hay que recordar que Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa entre el 7 de agosto de 2002 y el 3 de noviembre de 2003, en el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. Fue la primera mujer jefa de esta cartera. Y los mal llamados “falsos positivos” -como la sociedad terminó bautizando los asesinatos de civiles por parte de militares, que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate- constituyeron un capítulo oscuro y nefasto en la era de Uribe. Esto no sólo manchó a las Fuerzas Militares, sino que dejó a miles de víctimas en Colombia, muchas de las cuales aún buscan la verdad de lo que pasó. 

Llamadas y chats

Un chat. Una llamada. Le dijimos a la vicepresidenta que la necesitábamos. Dijo que no podía. Que estaba con el presidente. Eran las 5 de la tarde del jueves 18 de junio. Le insistimos. Le dijimos que era un tema muy delicado. Dijo que llamaba. Lo hizo cuatro horas después. Fue muy cordial al principio. Estaba fresca. Desprevenida. Pero con la pregunta concreta se descompuso. “¿El señor Daniel Álvarez fue militar y estuvo involucrado en un caso de falsos positivos?”. Silencio. “Mira, lo que tengas por preguntar, mándame las preguntas por escrito y te las contesto por escrito”, dijo Ramírez. “Pero le estoy haciendo una pregunta muy sencilla, señora vicepresidenta”. Silencio. “Toda información de medios relacionada conmigo… ha habido durante los últimos meses demasiados ataques, cualquier cosa que yo te conteste, quiero que lo que me tengas que preguntar sea por escrito”, respondió. “¿El presidente Duque sabía de este caso, vicepresidenta?”. Silencio. “Mándame por escrito todas las preguntas que tengas que hacerme y te las contesto con mucho gusto”, dijo la vicepresidenta. “Es una pregunta muy concreta, ¿desde cuándo usted sabía de la condena por falsos positivos de este señor?”. Silencio. “Me las mandas por escrito y te las contesto por escrito”, remató Marta Lucía Ramírez.  

Inmediatamente le enviamos las preguntas. Eran las 9:09 de la noche. No contestó. Pero minutos después el abogado de la vicepresidenta empezó a seguir en Twitter a quien hizo la llamada. Lo mismo sucedió con la secretaria privada de Marta Lucía. A las 7:30 de la mañana del viernes, le volvimos a insistir el contestar las preguntas. “Señora vicepresidenta, buenos días, quedo atento a sus respuestas”. Vio el mensaje. Lo contestó a las 10:29 de la mañana con un lacónico: “Ok”. 

El sábado 20 de junio, a las 10:37 de la mañana, casi 40 horas después de habernos puesto en contacto por primera vez con la vicepresidenta y luego de haber publicado la historia, Marta Lucía Ramírez nos envió el siguiente mensaje: “Buenos días. Mil disculpas, ayer no tuve oportunidad de contestar. Daniel Álvarez es,  en efecto,  el esposo de mi sobrina. Es un soldado de Colombia que como todos los que hacen parte de esa institución, ha entregado su vida para servir a la democracia y proteger a todos los colombianos.  Él no se encuentra condenado,  pero sí hace parte de un proceso judicial,  por una operación militar. El Presidente está enterado”.

Otra llamada. Se la hicimos directamente a Natalia Ramírez el jueves en la noche. “Queremos preguntarle por su esposo Daniel Arturo Álvarez Castaño, por una condena que tuvo hace unos años”. Silencio. “Mi esposo no tiene ninguna condena”, respondió Natalia. “¿Él no tuvo ninguna condena por alguna ejecución extrajudicial?”. Silencio. “¿Cómo es que es tu nombre? Mira ya tengo tu teléfono, dame unos 15 o 20 minutos, yo duermo a mi hija y me comunico contigo”. Pasó media hora y Natalia no llamó. Le escribimos al chat. “Quedo muy pendiente, tengo el proceso, Natalia. Este es mi número. Y mil gracias. El proceso del Juzgado de Villanueva, Guajira”. Pasaron 10 minutos y envió un mensaje. “Buenas noches, como te comenté, en este momento estoy cumpliendo con mis labores de madre pero quiero reiterarte que mi esposo NUNCA ha sido condenado en ninguna instancia (sic)”, aseguró Natalia. Le respondimos. “¿Me podría regalar el teléfono?, y lo llamo directamente. Queremos tener la versión de su esposo antes de publicar”. No respondió. Le insistimos al día siguiente. Viernes 19 de junio, 7:49 AM. “Muy buenos días Natalia. De nuevo quisiera solicitarle el contacto de su esposo, para hablar con él antes de la publicación. Muchas gracias”. No contestó. 

* Esta historia fue actualizada en la mañana del sábado 20 de junio para incluir la declaración de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

ANEXO

La defensa de Natalia Ramírez a los militares

En la cuenta de Twitter de Natalia Ramírez se puede evidenciar su defensa recia hacia los militares. Por ejemplo se lee: 

“Acogerse a la JEP tiene como fin que el proceso de cada militar sea revaluado y que ellos tengan la posibilidad de enfrentar penas máximas de 8 años mientras en la justicia ordinaria se enfrentan hasta a 60 años” (8 de marzo de 2018).

“@noticierodela Si guerrilleros matan militares se llama “proceso de paz” si es al revés “falsos positivos” (15 de abril de 2015).

“En delitos de lesa humanidad, los cuales no se puede desconocer en ciertos casos fueron cometidos por militares, la justicia penal militar no puede operar. Ningún militar esta obligado a declararse culpable, acogerse a la JEP no implica asumir responsabilidad” (8 de marzo de 2018).

“@JoseGuerly el miedo no es acabar con ellos, es que después de hacerlo terminen presos como los 5000 militares actualmente detenidos” (11 de abril de 2014).

“#MartaLuciaRamirezEnLaW dice que los militares privados de la libertad podrán escoger si seguir en la JEP o en la justicia ordinaria, de manera que las condenas en ambos casos, tengan el mismo tope” (8 de marzo de 2018).

“@PirryOficial y no todos los militares detenidos que están esperando un juicio merecen ser tratados como asesinos. Muchos son víctimas también!” (22 de abril de 2013).

“Pero en cambio a los militares INVESTIGADOS, NO JUDICIALIZADOS privados de la libertad si los tienen metidos dentro de r paredes. Que buen comandante en jefe @JuanManSantos” (22 de noviembre de 2017).

“@PirryTv así es. Muchos de los militares detenidos también son presos de falsas víctimas y fiscales queriendo dar resultados. #justicia” (22 de abril de 2013).

“@AlvaroUribeVel apoyo total, hay muchas injusticias en casos de militares detenidos y guerrilleros gozando beneficios como gestores de paz!!” (24 de septiembre de 2012).

“@NoticiasCaracol y qué pensarán los militares detenidos en centros de reclusión militar?” (23 de agosto de 2012).

“Lo sé porque soy familia militar, y por lo mismo sé que esa vida es vocación de servicio y amor… tristemente muy mal remunerada socialmente” (25 de noviembre de 2019).

“Un poco tarde pero mejor tarde que nunca. Hay militares que todavía no han estado en centros de reclusión militar y necesitan garantías jurídicas” (25 de noviembre de 2017).

“@juanpabloamaya @mindefensa esperemos que no terminen en un centro de reclusión militar como otros tantos que también dieron resultados” (3 de febrero de 2014).

“@JuanManSantos ¿aún cuando esto después les cueste estar encerrados en un centro de reclusión militar sin garantías de nada? #NoLoCreo” (13 diciembre de 2013).

“@PirryTv excelente programa, unos cuantos pasos dentro del BASAN esta el centro de detención militar de la PM13, hay que ir a hablar” (8 de julio de 2012).

“#fueromilitar debería respetarse siempre, Justicia Penal Militar debe llevar procesos d los militares no Justicia Ordinaria @JuanManSantos” (15 de noviembre de 2011).

“#fueromilitar debería respetarse siempre, Justicia Penal Militar debe llevar procesos d los militares no Justicia Ordinaria @JuanManSantos” (9 de noviembre de 2011).

“@AlvaroUribeVel mientras que ellos descansan, hay miles de soldados y militares en CRM privados de su libertad. ¿Hasta cuándo?” (4 de noviembre de 2013).

En otra de las publicaciones que Natalia Ramírez ha hecho en sus redes sociales, dijo: “En mi familia no tenemos nada por lo cual sentirnos avergonzados. Somos y siempre seremos una familia como las demás, que se aman y se apoyan en los buenos y malos momentos. Cometemos errores, los asumimos y seguimos adelante”.