Catatumbo: en plena guerra el Alcalde de Tibú no tiene camioneta blindada

Desde que inició la guerra en el Catatumbo el alcalde de Tibú, Richard Claro, no ha podido visitar las zonas rurales del municipio. Es decir, el mandatario del epicentro del conflicto no ha logrado ejercer sus funciones en algunos sectores. Aunque tiene dos escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), no cuenta con una camioneta blindada que le permita moverse con más seguridad por las vías del municipio. “El Estado asigna un vehículo que no tiene ninguna gracia”, se lamentó en medio de una conversación con VORÁGINE.

Tras leer las noticias de los combates que se daban en varios puntos del municipio, Claro supo que necesitaba un vehículo con mejores condiciones de seguridad que el que tenía asignado por el Estado. Entonces, se acordó de un amigo que alquila camionetas blindadas y le pidió una prestada. Pero eso le genera otros riesgos: “En este momento si me llega a suceder algo nadie va a responder porque el Estado dirá que no es el vehículo que me asignaron”.

La historia del carro en el que se mueve el alcalde de Tibú es apenas una muestra de la precariedad del Estado en medio de una emergencia sin precedentes. El pasado 16 de enero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le declaró la guerra a las disidencias del Frente 33 de las Farc. Las cifras cambian todos los días, pero al cierre de este informe  la Defensoría del Pueblo había registrado 49.000 desplazados en la región del Catatumbo, integrada por 11 municipios de Norte de Santander. En Colombia, un país de desplazados forzosos, ese ha sido el evento más numeroso desde que el Estado hace el conteo.

Tibú en estos momentos es el epicentro de esa guerra. El municipio ha recibido 13.373 desplazados y hay 17.333 personas confinadas. Hay desacuerdos sobre la cifra de habitantes de ese lugar del Catatumbo: mientras los registros del Departamento Nacional de Estadística (DANE) muestran 60.000, Claro asegura que hay un subregistro y pueden alcanzar los 90.000. Es decir, el desplazamiento y el confinamiento suman el 30% o el 50% de la población de Tibú, según la cifra que se use de referencia.

El municipio no estaba preparado para una emergencia de esa magnitud. “Nos agarró en una época en la que hasta ahora estábamos empezando contratación. No teníamos personal contratado. Me tocó empezar a llamar a la gente: ‘Ayúdeme, colabóreme, hágase cargo de un albergue’”, le contó Claro a VORÁGINE.

En Tibú hay cuatro albergues en los que Claro ha constatado la crudeza de la guerra: “He visto mamás llorando diciendo ‘me mataron a mi hijo y eso que tenía un primo en el ELN’ o ‘mi hijo era conocido de un mando del ELN y aun así lo mataron’. Escuchar eso es muy duro”. El alcalde también contó que habló con presidentes de Juntas de Acción Comunal a los que les ordenaron salir de sus veredas. Algunos le dijeron que los desterraron porque meses antes la disidencia del Frente 33 les había entregado obras como puentes o mejoras de carreteras.  “Las Farc llegó y me dijo que me arreglaban la carretera y yo cómo les digo que no, ahora me desplazaron porque salí en un video diciendo ‘que gracias’ a esos señores por arreglarme la vía o el puente. Pero yo no tengo nada que ver con ellos, si hubiera llegado el otro y me hubiera dicho eso, yo también le habría dado las gracias”, fue una de las conversaciones que Claro reconstruyó.

En medio de la confrontación los grupos armados están viendo enemigos por todas partes. “Tenemos familias que nos dicen que las desplazaron porque hace unas semanas o meses había recibido al otro grupo armado”, dijo el alcalde: “Si llegaban a la finca yo cómo los corría si venían armados, me decían ‘voy a estar en la finca dos días, déjennos sacar agua’, yo cómo les decía que no”, fue otro de los testimonios que recogió Claro. La guerra ha generado que los actos más básicos de la rutina diaria se vean afectados: “La gente dice que ahora no pueden ni salir a la calle porque si hablan con el Ejército son objetivo de la guerrilla y si habla con una guerrilla ahora son objetivo de la otra guerrilla y del Ejército”, concluyó.

Mira el episodio de CONTRACORRIENTE sobre este tema:

De manera oficial en Tibú han contabilizado 23 asesinatos, pero Claro dice que la Alcaldía tiene conocimiento de que la cifra podría ser cercana a 30. Ante el tamaño de la acción armada que desplegó el ELN en la región las autoridades no han podido establecer con certeza el número de muertos. “Muchos han quedado enterrados en las veredas, a otros los han incinerado. El gobierno (nacional) dice que son los que tenga Medicina Legal, es decir, 23”, dijo el alcalde.

Uno de los problemas del Estado para atender la guerra es que varias instituciones estaban ausentes del municipio desde hace años. Por ejemplo, en Tibú no estaba en funcionamiento la Fiscalía, Medicina Legal ni había juzgado. En 2019 hubo un atentado contra una comisión judicial que se desplazaba hacia La Gabarra, un corregimiento muy importante de Tibú. En el hecho fue asesinado el secretario del juzgado municipal y el juez quedó herido. En 2021 fue acribillada la fiscal Esperanza Navas mientras salía de su casa en el casco urbano del municipio.

Ante el vacío de la justicia en Tibú, la disidencia del Frente 33 ofrece terror. En 2021 en pleno casco urbano de la población dos jóvenes fueron retenidos por la comunidad presuntamente en medio de un robo. El dueño de la tienda donde los tenían inmovilizados llamó doce veces a la Policía para que se los llevaran capturados, según reportó la BBC. Los agentes nunca llegaron. Al lugar fueron dos personas armadas en moto, se llevaron a los presuntos delincuentes (de 15 y 23 años) y luego aparecieron los cadáveres con tiros de gracia. Las autoridades señalaron a la disidencia como la responsable de los asesinatos.

VORÁGINE conoció un documento de la Fiscalía, elaborado en Cúcuta, que da cuenta de cuatro asesinatos similares ocurridos en 2022. Las personas aparecieron muertas en carreteras de Tibú, Ábrego y Ocaña junto a letreros que decían “Frente 33” y un señalamiento: “por sapo”, “por paraco”, “limpieza social”, “ladrón y vicioso”. El mismo archivo judicial documentó algunos castigos que imponía la disidencia a personas señaladas de vender o de consumir sustancias psicoactivas. Una fuente que hizo parte de esa estructura armada le dijo a esa entidad: “la orden la da alias ‘Richard’ a alias ‘Rumaldo’ y al ‘Brujo’, y estos a su vez nos dan la orden a nosotros la milicia. Ya cuando nosotros los tenemos en un punto llegan ‘Rumaldo’ y el ‘Brujo’ y les hacen preguntas, les graban videos, después los sueltan ya que alias ‘Rirchard’ no volvió a dar orden de matarlos por lo que pasó con los dos menores el año pasado”. “Richard” es uno de los comandantes de esa estructura armada.

La persona que recogía los muertos en Tibú era Miguel Ángel López, amigo de Claro. En una llamada el alcalde le pidió que alistara todos los documentos para hacer el proceso de contratación de los servicios funerarios con el municipio. Quedaron con ese compromiso. Una semana después, el 15 de enero, cuando el funcionario iba entrando a su casa timbró su celular, era el secretario de Gobierno. “Acaban de matar a Miguel”, le dijo. “¿A cuál Miguel?”. “A nuestro amigo… Y parece que iba con la esposa”. Claro se sentó al borde de la cama mientras su esposa intentaba consolarlo. “Me pregunté por qué si Miguel hacía un trabajo, incluso, a veces gratis para las comunidades y las personas que no tenían cómo pagarle”, recordó. También pensó en la alegría que tenía el sepulturero el día que fue a una cafetería a mostrarle que su esposa estaba embarazada. A los pocos minutos empezó a recibir por Whatsapp fotos y videos de la escena del crimen. Los rumores se confirmaron: López iba acompañado por su esposa y por su hijo de seis meses. Los tres fueron asesinados. 

Al otro día Claro estaba atendiendo una entrevista en vivo, cuando se percató que le empezaron a entrar llamadas insistentes de números desconocidos. A medida que el celular sonaba, la impaciencia del alcalde aumentaba. “Yo ya quería que se terminara la entrevista”, contó. Cuando acabaron, el funcionario cogió el aparato. Tenía decenas de mensajes y llamadas: le advertían que en varios puntos del Catatumbo se habían dado hechos violentos. Le dijeron que había disidentes muertos. 

Claro salió hacia una vereda llamada Versalles, pero la tensión que se vivía en ese momento en Tibú le hizo saber que no era prudente continuar  hacia la zona rural. “Ahí yo me di cuenta que era en serio”, dijo. Empezó a buscar más información sobre lo que estaba pasando. El primer hecho que le reportaron fue el asesinato  de una mujer, al parecer disidente, en una vereda llamada Colombia. Desde ese día los combates no han cesado en Tibú. Cada que el alcalde se despierta a ver su celular, a las 4:30 a.m., tiene registros de hechos violentos que le toca empezar a atender. Termina su jornada a las 11 p.m.

Por otras fuentes VORÁGINE pudo establecer que la acción coordinada del ELN se dio en nueve puntos del Catatumbo: dos ataques contra campamentos de las disidencias (uno de ellos en Tibú) y el resto acciones de sicariato. Como lo contamos en una crónica anterior, los roces entre ambos grupos empezaron hace dos años: el negocio de la distribución los precursores químicos necesarios para la elaboración de cocaína, desacuerdos entre las zonas donde cobran extorsiones, la intención del ELN de controlar la frontera e imponer una una hegemonía política habrían desatado la guerra. El asesinato de López y su familia marcó el punto de inicio de la confrontación abierta. Ambas organizaciones han negado su participación en esa masacre.

Lea también: Crónica de la guerra en el Catatumbo: niños bajo una lluvia de balas

La guerra se cocinó lentamente, hubo varios mensajes premonitorios. La Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo de confrontación desde 2019. El 5 de diciembre se reunieron en Ocaña 15 alcaldes de municipios de Norte de Santander y César, los mandatarios firmaron una carta que decía: “Hacemos un llamado urgente a las organizaciones armadas que hacen presencia en el territorio, específicamente a las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc y al ELN a que se evite a toda costa cualquier confrontación entre ustedes”. El 23 de diciembre en las redes de la Alcaldía de Tibú publicaron un video de Claro en una tarima con micrófono en la mano: “Invito a los gobiernos nacional y departamental a que nos unamos en una sola voz porque el Catatumbo hoy tiene una situación difícil donde los más afectados vamos a ser los civiles”. Ni el gobierno nacional ni los actores armados escucharon los mensajes. “No hubo atención especial para este tema y se dio lo que no queríamos”, dijo Claro.

Según dice el alcalde, en los otros municipios del Catatumbo al ELN le bastó una semana para hacerse con el control territorial. Pero Tibú sigue en disputa. Se trata del municipio más grande de Norte de Santander y tiene una frontera de cientos de kilómetros con Venezuela. En los sectores fronterizos se presentan los enfrentamientos más crudos entre ambos actores. Luchan por quedarse con el lugar del país donde hay más hectáreas de coca sembradas: 23.029.

El alcalde no sabe cuál actor va a quedar ejerciendo el dominio territorial del municipio. “¿Cuál va a ser la posición de ese grupo frente a las administraciones? ¿Cómo va a funcionar? Todas las alcaldías del Catatumbo estamos en el mismo dilema”, dijo. 

Ante ese panorama sectores políticos y mediáticos han pedido arremetidas de la Fuerza Pública. Al preguntarle sobre el tema, Claro mostró su desacuerdo: “Eso va a traer más sangre, más muertos, porque en el medio del fuego siempre va a haber civiles que se van a ver afectados”. “Para nosotros obviamente debe controlar el Estado a través de sus fuerzas, pero no en una arremetida militar. Nosotros necesitamos retenes, requisas, control en ciertas veredas para que no pasen los grupos ilegales y hacer efectivas órdenes de captura”, agregó. 

El alcalde señaló que las medidas de conmoción interior decretadas por el presidente Gustavo Petro representan una oportunidad para que llegue inversión a las comunidades. “¿De qué nos sirve traer 2.000 policías, que haya 100 capturas, si no tenemos ni la Fiscalía para investigar ni el juzgado para juzgar? No tenemos centros básicos de salud en corregimientos que están a tres horas del municipio donde debe haber atención inmediata. Eso es lo primero que hay que hacer”, señaló.

El alcalde, de 34 años, tiene esperanza en que la confrontación se desescale gracias a las gestiones de las autoridades civiles, las organizaciones sociales y diferentes actores de la sociedad que hacen presencia en el Catatumbo. Sin embargo, todavía tiene grandes problemas por resolver: hay veredas que no han recibido ni un mercado porque ambos grupos hacen presencia en la vía, los niños del municipio están sin colegios y hay líderes que siguen escondidos entre la manigua esperando a ser extraídos. 

La camioneta que le prestó el amigo la ha utilizado para ir a reuniones con funcionarios de los gobiernos nacional y departamental en Cúcuta y Ocaña, de las cuales deja registros en las redes sociales de la Alcaldía. El mandatario está trabajando contrarreloj para conseguir inversiones en el marco de la conmoción interior. Sin embargo, teme que una situación de violencia se exacerbe en otro departamento y su municipio se quede sin la atención del Estado que ha logrado en estos días, que pareciera ser mayor a la que ha tenido durante décadas. Lo doloroso es que para que eso pasara tuvo que darse una guerra que se pudo evitar si la atención hubiera llegado antes.  

Si tiene más información de este y otros temas escriba al mail: [email protected]