Guardianas del río Cauca: resistir ante la devastación que dejó Hidroituango

La corriente llegó de un momento a otro. Primero fueron las varas de pesca, sumergidas en silencio bajo el agua. Luego, las tablas del piso crujieron como si anunciaran su despedida. Cuando Rudy Estela Posada miró afuera, la creciente se acercaba para devorar su casa, ubicada cerca del afluente en el municipio de Toledo, Antioquia.

No hubo tiempo para salvar las gallinas, los perros, ni siquiera para recoger las fotos que colgaban en la pared. Solo quedó el miedo, la rabia y la impotencia de ver cómo el río Cauca, el mismo que le había dado vida, ahora le arrebataba su historia.

Aquella noche del 16 de mayo de 2018, Rudy sintió un golpe seco en el pecho al ver al río lamiendo los cimientos de su rancho. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Con el agua hasta las rodillas, corrió por el lodo, jalando a su hijo de la mano mientras su vivienda desaparecía.

El ruido del agua chocando contra los muros de madera era ensordecedor. Y luego vino el silencio. Ellos, como pudieron, corrieron buscando refugio y terminaron en el coliseo de Ituango, adonde llegaron las familias damnificadas.

La vida de Rudy cambió esa noche. En el proyecto de Hidroituango se presentaron dos derrumbes en los túneles de desviación del río Cauca, lo que impidió el flujo normal del agua y provocó una acumulación inesperada del caudal.

Esta situación generó inundaciones aguas abajo del proyecto, incluyendo la casa de Rudy Estela. Centenares de personas de los municipios de Briceño, Sabanalarga y Toledo, en el norte de Antioquia, corrían colina arriba cargando las pocas pertenencias que pudieron rescatar de sus hogares.

El cuarto de máquinas no soportó la presión y colapsó, arrasando con el túnel y la caverna donde se alojaban los equipos. La magnitud del daño fue confirmada en ese momento por el presidente de la Asamblea de Antioquia, Santiago Manuel Martínez Mendoza. Millonarias pérdidas se sumaban a la crisis, mientras el riesgo de inundación para las poblaciones cercanas aumentaba. Al día siguiente, más de 2.000 personas evacuaron el corregimiento de Puerto Valdivia y buscaron refugio en los albergues instalados en el coliseo de la cabecera municipal.

Después llegó otro desastre, esta vez ambiental. El 6 de febrero de 2019, desde las Empresas Públicas de Medellín (EPM), tomaron la decisión de cerrar la compuerta 1 de la casa de máquinas de la represa, lo que ocasionó una drástica reducción en el caudal del río Cauca.

Posteriormente, y antes de lo previsto, hicieron lo mismo con la segunda compuerta de captación de agua, lo que agravó la situación. Río abajo, el caudal continuó mermando y pasó de aproximadamente 500 metros cúbicos por segundo a solo 35 metros cúbicos por segundo. Así ocurrió durante tres días, hasta que el embalse alcanzó la cota necesaria para que el agua fluyera por el vertedero.

En los días siguientes, miles de peces murieron por la falta de oxígeno, mientras que las comunidades ribereñas, que dependían del río para la pesca, el transporte y el abastecimiento de agua, enfrentaron una crisis sin precedentes. Ante esta situación, el Gobierno y las autoridades ambientales emitieron alertas sobre los efectos ecológicos y económicos de la emergencia.

Para disminuir los impactos, EPM implementó medidas de emergencia entre el 9 y el 10 de febrero, incluyendo brigadas de rescate de peces y la distribución de agua potable a los municipios afectados mediante carrotanques.

La crisis dejó al descubierto las fallas del Estado en la protección del medio ambiente. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue señalada por no haber ejercido un control riguroso sobre el proyecto de Hidroituango. La Contraloría y la Procuraduría emitieron medidas cautelares, pero su vigilancia llegó cuando el daño ya estaba hecho.

El Ministerio de Ambiente, por su parte, argumentó que no tenía injerencia directa en la crisis y que la responsabilidad recaía en EPM. Al respecto, la Gobernación de Antioquia se defendió asegurando que su papel era complementario y subsidiario, mientras que la ANLA insistió en que había dado seguimiento a las licencias ambientales. “Se tiran la pelota unos a otros”, dice Rudy, quien ha escuchado la misma excusa por años. “Al final, el río se quedó sin dolientes”.

En junio de 2019, el Tribunal Superior de Medellín emitió la sentencia T-038, declarando al río Cauca, junto con su cuenca y afluentes, como sujeto de derechos. Esta decisión impuso obligaciones legales para garantizar la protección, conservación, mantenimiento y restauración del río.  El fallo dispuso la conformación de una Comisión de Guardianes del Río Cauca, integrada por dos representantes designados: uno por el Gobierno Nacional y otro por las comunidades que participaron en una audiencia celebrada en la Universidad de Antioquia. 

Esta comisión fue acompañada por un equipo asesor en el que participaron el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Corantioquia, con la posibilidad de sumar el apoyo de entidades públicas o privadas, universidades regionales y nacionales, centros académicos en investigación de recursos naturales y organizaciones ambientales, tanto nacionales como internacionales, así como comunitarias y de la sociedad civil interesadas en el proyecto de protección del río. Además, el proceso contó con la supervisión, el acompañamiento y la asesoría de un panel de expertos.

Es importante indicar que la sentencia abarca el río Cauca en sus tres zonas hidrográficas, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Magdalena, en la región de La Mojana, a lo largo de nueve departamentos con 228 municipios y 15 autoridades ambientales. No obstante, aunque la sentencia reconoce a todo el río y sus afluentes, la Comisión de Guardianes y el Cuerpo Colegiado de Guardianes solo tiene en cuenta a organizaciones y comunidades aguas abajo del embalse, los más afectados con la crisis de 2018.

Tras el fallo, diversas entidades y EPM asumieron compromisos específicos, entre ellos la protección de ecosistemas, el establecimiento de áreas de conservación, el desarrollo de proyectos productivos sostenibles y el fomento de la participación comunitaria en la gobernanza del río.

Sin embargo, líderes comunitarios como Rudy Estela han manifestado que, hasta la fecha, no se han evidenciado avances reales en el territorio. Por el contrario, la falta de implementación efectiva de las medidas comprometidas ha generado desconfianza y frustración entre los habitantes de la cuenca del río.

En su defensa ante el tribunal, EPM aseguró que el impacto fue controlado, que el caudal se restableció y que se implementaron planes de recuperación. Sin embargo, la realidad a orillas del río cuenta una historia diferente. Rudy lo resume sin rodeos: “Nos dieron unas bolsas de agua y creyeron que con eso nos quedábamos quietos”.

Es decir, aunque la decisión judicial representó un hito en el reconocimiento de los derechos del río Cauca, la falta de cumplimiento efectivo continúa afectando a las comunidades locales y pone en riesgo el bienestar de las generaciones futuras. Mientras tanto, en el Bajo Cauca, la burocracia avanza más lento que la corriente y la realidad no mejora. “Nos lo prometieron todo y no ha pasado nada”, dice Rudy Estela.

La Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, señalando presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto de Hidroituango. Entre los investigados estuvieron el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y varios exgerentes de EPM. Sin embargo, en enero de 2022, esa misma entidad archivó el caso tras el pago de las pólizas de las aseguradoras.

Además, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso en 2021 una multa de $1.817 millones de pesos a EPM por el incumplimiento en la fecha de operación de la represa, originalmente programada para diciembre de 2018. La ANLA, a su vez, sancionó a la empresa por irregularidades en la licencia ambiental, incluyendo la construcción de obras no autorizadas y afectaciones a la biodiversidad del río.

El 7 de diciembre de 2023, un tribunal de arbitramento determinó que EPM incumplió el contrato del proyecto, aumentando la incertidumbre sobre su futuro financiero y legal. La empresa alegó que las decisiones de emergencia tomadas en 2018 y 2019 fueron necesarias para evitar una catástrofe mayor, pero las comunidades afectadas siguen esperando respuestas concretas. Uno de los puntos más críticos en la crisis de la presa es el daño ambiental al río, una herida que aún sigue abierta.

En este contexto, el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) desempeña un papel significativo en el apoyo a las mujeres guardianas del río Cauca al abordar los efectos del extractivismo y el conflicto socioambiental en sus vidas. Para lograrlo, fomenta la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en la defensa del territorio y actúan como puente entre las comunidades, las distintas entidades y empresas privadas en esa región antioqueña.

Más allá de Hidroituango

Pablo Barrios, coordinador del observatorio de derechos humanos y paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), ofrece una visión crítica sobre la situación del río Cauca y los efectos de la represa Hidroituango en las comunidades locales. Barrios subraya que la implementación de esta sentencia ha enfrentado obstáculos significativos.

“A pesar de la creación de un cuerpo colegiado de ‘guardianes del río Cauca’, nos hemos encontrado con serios problemas jurídicos y logísticos que impiden un avance efectivo”, expresa. La minería, cuenta, es una actividad que ha generado importantes preocupaciones ecológicas y sociales, especialmente en el contexto del proyecto Hidroituango.

Además, el líder del IPC menciona que la administración del agua por parte de EPM, en el marco de Hidroituango, y la implementación de la sentencia que protege la cuenca del río Cauca han “frenado” el avance efectivo de las medidas ordenadas por la justicia. Por ello, dice, se necesita mayor regulación y supervisión para seguir con lo ordenado. Eso, relata, no deja dormir tranquilos a los miembros de las comunidades.

Por las noches, Rudy Estela se sienta en una silla de plástico en la entrada de la casa en la que ahora vive, ubicada en una montaña de Toledo. Desde allí contempla la oscuridad del río. Fuma un cigarrillo mientras el humo se pierde entre el viento cálido de la zona. “A veces sueño que el río vuelve a su cauce, que me devuelve lo que me quitó”, dice con una voz fuerte. Para ella y miles de familias que dependen del Cauca, la tragedia de 2018 y 2019 no ha terminado, porque el agua que los sostenía nunca volvió a ser la misma.

Teme por su vida. Un día la llamaron por teléfono: “Sabemos dónde vives”. No dijeron más. A la semana, un hombre en moto la miró y luego se fue. Rudy cuenta esto sin dramatismo. “Es parte de la vida aquí”, dice. “Si te metes en esto, sabes a lo que te enfrentas”. Cada mañana, antes de que amanezca, revisa sus 150 gallinas ponedoras. En la tarde, recoge plátano y yuca de su huerta. La vida aquí es así. Sin descanso.

Desde la loma en la que se ubica su nuevo hogar, Rudy alcanza a ver lo que quedó del río. “Allá estaba el puente Pescadero”, dice, señalando el agua donde antes yacía el gran cañón por donde cruzaba el Cauca en su cauce normal. El puente conectaba Ituango con Toledo y Medellín. Hoy, está bajo el agua. “Aquí solo quedan recuerdos”, murmura. Antes de dormir, Rudy sale a fumar. Tigre y Héroe, sus gatos, se acurrucan a su lado. La brisa del río, ahora ausente, apenas se siente.

Infografía ilustrada: El acaparamiento del agua agrava la crisis hídrica en Colombia

Techo desde los escombros

Ella recuerda que estuvieron varias semanas en el coliseo de Ituango junto con otras familias damnificadas. Cuando salieron de ese refugio, Rudy y su hijo comenzaron a construir la casa que hoy les da abrigo, utilizando material que desechaban en Hidroituango. En las noches, después de las reuniones con la Organización Ríos Vivos, a la que pertenece, iban a buscar pedazos de zinc y Eternit.

Rescataron tablas de las montañas de escombros que la empresa dejó en el camino. También reciclaron clavos, pedazos de hierro y todo cuanto pudieron para levantar la casa. No fue una estructura planeada ni diseñada, sino un espacio armado desde la necesidad, construido con lo que otros despreciaban. “La empresa tiraba todo por ahí y nosotros fuimos y lo recogimos”, explica.

Según informes de la Defensoría del Pueblo, más de 100.000 personas resultaron afectadas por el cierre de una compuerta de la hidroeléctrica operada por EPM, principalmente de las comunidades de los municipios de Caucasia, Cáceres, Valdivia, Tarazá y Puerto Valdivia.

Días después, Rudy intentó volver a su vieja casa. Caminó entre los escombros, como quien se adentra en su propio funeral. Lo que antes había sido su hogar ahora era un terreno habitado por los recuerdos. Pisó un retrato empapado, apenas visible entre la mancha de lodo seco.

Ella es una mujer de carácter fuerte y un liderazgo que le fluye de manera natural. Así lo ha demostrado ante cada obstáculo con el que se ha tenido que enfrentar desde Ríos Vivos. Ahora camina entre la oscuridad por su casa en Toledo. En un rincón de su habitación, junto a la ventana, Rudy cose mochilas y otros productos que comercializa en la región. Los hilos están ordenados en pequeños frascos.

Sus manos se mueven rápido sobre la tela. “De esto vivo”, dice sin levantar la mirada. “Salimos a venderlos en reuniones, en encuentros, en ferias”. Con esas ventas, además de los huevos criollos que producen sus gallinas, ella se las arregla para sobrevivir lejos del río que antes le había dado todo.

Las fotos están clavadas en la pared. En una, su hermano sonríe. “Lo mataron hace diecinueve años”, dice, sin cambiar el tono. Señala a otro familiar: “A este lo mataron cuando tenía veintiún años”. No hay rabia en su voz, solo una resignación fría, como si ya no esperara justicia, como si la muerte fuera algo que pasa, como la lluvia.

Mientras recorre su casa, delante de su perra mona y sus dos gatos, desde la mesa sobresale un cuaderno con notas escritas a mano. Reuniones, fechas, nombres. Rudy es una de las guardianas del río Cauca que, junto a tres mujeres más, que actualmente hacen parte de un grupo de 13 líderes que defienden el río Cauca, sueña con volver a convivir a orillas del afluente. “Nos dicen que estamos locas”, suelta una carcajada seca. “Nos amenazan. Pero si nos quedamos calladas, nos terminan de borrar”, reitera.

La defensa del agua, como la que hace Rudy Estela en el Bajo Cauca, se ve obstaculizada por la violencia. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta septiembre de 2024, se documentaron 248 asesinatos de defensores del medio ambiente en Colombia. El 2023 fue el año más letal con 44 casos registrados.

Las actividades que ellas adelantan son de alto riesgo, pues cada semana revisan el territorio y documentan los posibles cambios en los ecosistemas a lo largo de la cuenca. Saben que pelean contra gigantes. Pero prefieren morir en la batalla antes que rendirse.

Un regaño tardío

Junto a Rudy, otra mujer camina el territorio con la certeza de saber que la historia no se escribe en los tribunales, sino en la resistencia diaria. Emilse Guerrero vive en Caucasia y lleva más de tres décadas trabajando por el río Cauca, mucho antes de que una decisión judicial le diera una protección simbólica. La voz de Emilse se pierde a ratos en la señal inestable de la llamada telefónica.

“Lo que hizo la justicia fue reconocer algo que ya veníamos haciendo”, insiste. No es un triunfo, es una constatación. Las intenciones de luchar continúan, como el río que, pese a todo, sigue su curso, aunque ahora más cercado, más frágil, más solo. Antes, el Cauca era un vecino. Un proveedor. Las comunidades que vivían a sus orillas sabían leerlo: entendían sus ciclos, sus crecidas, su caudal indomable. Ahora, el río es una amenaza latente.

Para Emilse, la represa Hidroituango les cambió la vida para mal. Si un día cede, dice, los hechos serán mayores que la misma inundación. “Antes, los niños jugaban entre las piedras, exploraban el agua”, recuerda. Ahora, el río está cautivo. Un canal estático donde los peces han perdido el camino. “Para ellos, esto es una cárcel”, apunta.

Treinta y seis años. Ese es el tiempo que Emilse ha estado en pie, cuidando el río y defendiéndolo. Ha participado en tantas actividades que ha dejado de contarlas: reuniones, asambleas, diálogos fallidos con los gobiernos, estrategias para frenar el deterioro ambiental. Cada paso en la defensa del Cauca es una piedra en el zapato de alguien más.

Para ella, el fallo para proteger el río llegó como un regaño tardío. Emilse lo dice sin rodeos: “Es un jalón de orejas”, explica. “El río ya estaba ahí, siempre estuvo. La pregunta es: ¿por qué tuvieron que obligarlos a hacer lo correcto?”. Los peces, antes dueños del agua, hoy están desorientados. “No encuentran la carretera de la vida”, dice Emilse.

En su voz hay una mezcla de tristeza y rabia. “Antes era un río ansioso, sin rejas. Ahora es un río que casi no respira”. La minería, el embalse y el mal manejo del agua han convertido al Cauca en una sombra de lo que fue. ¿Y los municipios que dependen de él? En algunos, los alcaldes han mostrado compromiso. En otros, nada.

“Si ni siquiera lo ven como un problema”, dice Emilse. “Para muchos, el río solo existe cuando se desborda, cuando arrasa con todo, cuando deja lodo y muerte”. Pero el río no solo vive en la tragedia. Está ahí cada día, erosionado por la indiferencia. En esta labor, hay nombres y rostros. “Somos cuarenta y nueve líderes en total que en la región estamos cuidando el río”, agrega. Mujeres que han hecho del agua una causa de vida.

La disputa no es solo contra la contaminación; es también contra la idea de que cuidar el medio ambiente es un asunto secundario. “El problema no es solo el pasado”, advierte. “Es lo que está pasando ahora”. No hay tiempo para nostalgias. La minería avanza, la contaminación sigue y la privatización del agua es un hecho. Pero hay algo que no cambia: la resistencia. Aunque el río ya no sea un vecino, aunque se haya convertido en una amenaza.

*Este texto fue elaborado gracias a la colaboración entre Vorágine y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Cinep/PPP trabaja en los territorios colombianos para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y sus derechos sean respetados.