120.000 niños dejaron de recibir alimentación del PAE por fallas en la ejecución del dinero

Aunque la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de las niñas y niños a una alimentación equilibrada, en las tiendas escolares de colegios públicos como privados, lo que reina son los paquetes, las gaseosas, los embutidos y una larga lista de productos ultraprocesados. Incluso el propio Programa de Alimentación Escolar (PAE), en cabeza  del Ministerio de Educación y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), distribuye alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares y grasas a las infancias más vulnerables del país.

“No existe actualmente en la UApA una estrategia encaminada a hábitos alimenticios saludables”, asegura Sebastián Rivera, director de la entidad que hace seguimiento al PAE. 

En Colombia, 8 de cada 10 estudiantes consumen productos de paquete, mientras solo 1 de cada 10 alcanza la ingesta recomendada de frutas y verduras, según la Encuesta Nacional de Situación Escolar (ENSE) de 2018. Esta dieta deficiente ha contribuido a lo que los expertos llaman la triple carga de malnutrición: una realidad en la que conviven la desnutrición, las carencias de micronutrientes y el exceso de peso y enfermedades asociadas. El panorama no es alentador, entre 2005 y 2022, 6.687 menores de cinco años murieron por desnutrición y uno de cada tres estudiantes ha presentado problemas de sobrepeso y obesidad, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud. 

“Si tenemos niños y niñas con sobrepeso, obesidad, retraso en talla y desnutrición, en su etapa adulta es más probable que tengan enfermedades o problemas de salud que condicionen su vida y limiten su desarrollo”, explica Alejandra Niño, nutricionista e integrante de FIAN Colombia.

A pesar de este diagnóstico alarmante, en Colombia aún no existe una ley que obligue a los colegios a ofrecer comida saludable o alimentos reales. Esto, a pesar de que la Corte Constitucional ha sido clara en advertir que los ultraprocesados son productos nocivos y dañinos para la salud.

A esto se suman los problemas del PAE: el 21 % de las raciones que reciben niños y niñas de colegios oficiales en todo el país corresponden a productos industrializados, según el director de la UApA. Además, en varias regiones algunos menores se han quedado sin acceso al programa. 

Es el caso de Buenaventura y Tolima, donde hasta agosto se entregaron los alimentos, y actualmente más de 120.000 estudiantes ya no reciben alimentación en sus instituciones. En Buenaventura, los recursos se ejecutaron para cubrir a un mayor número de beneficiarios, aunque por un periodo más corto; mientras que en Tolima, la causa fue la baja eficiencia en la ejecución presupuestal, de acuerdo con la denuncia de Rivera.

En ese contexto, el pasado 20 de agosto de 2025 se radicó, nuevamente, el proyecto de ley 245 de 2025 que busca crear ambientes escolares alimentarios saludables y garantizar una alimentación adecuada en las instituciones educativas. Es la tercera vez que una iniciativa de este tipo llega al Congreso, la primera ocasión fue en 2016 y, recientemente, en 2024 se presentó un proyecto muy similar al último, pero quedó archivado por falta de primer debate. 

“El Estado tiene unas obligaciones. Una es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una forma de protegerlos es regular aquello que hoy no está regulado y que claramente está afectando su salud”, afirma Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

El proyecto de Ley 245 de 2025

En Colombia ya existen precedentes legales que advierten sobre la urgencia de crear ambientes escolares alimentarios saludables. Desde 2009, la Ley 1355 estableció que las instituciones educativas deben promover una alimentación balanceada. A partir de ella surgieron las Guías Alimentarias del Ministerio de Salud, que recomiendan restringir el consumo de comidas rápidas, paquetes, gaseosas y bebidas azucaradas. La Ley 1480 de 2011, por su parte, reconoce el derecho de los consumidores a estar protegidos de la publicidad engañosa y de productos nocivos para la salud. Más recientemente, la Ley 2120 de 2021, conocida como la ‘ley comida chatarra’, introdujo medidas regulatorias a los ultraprocesados para procurar ambientes alimentarios más saludables. Aun así, estas disposiciones no han sido suficientes para transformar lo que ocurre en los colegios: la comida ultraprocesada sigue siendo la norma.

Ante este panorama, el proyecto de Ley 245 de 2025 busca prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de productos ultraprocesados dentro de las instituciones educativas, públicas y privadas, así como en un radio de tres cuadras a su alrededor. Se habla de ambientes pues no se trata solo de lo que pasa dentro de la escuela, también de los otros factores y actores cuyas acciones y decisiones terminan afectando la alimentación escolar y la consolidación de hábitos.

“Nos preocupa que en estos ambientes escolares las empresas de ultraprocesados tengan gran cabida con estrategias para captar la atención, el paladar y fidelizar a las niñas, niños y adolescentes. Para la industria ellos son clientes y futuros clientes. Esto no solo genera varios problemas de salud, también estamos viendo que genera una desconexión de las niñas y niños con la alimentación y las tradiciones gastronómicas de sus territorios”, afirma Alejandra Niño. 

El proyecto propone una ruta concreta para reemplazar los productos ultraprocesados por alimentos reales, mínimamente procesados y preparaciones tradicionales o artesanales. Además, busca rescatar y fortalecer las tradiciones alimentarias, las preparaciones culinarias, las prácticas locales y los saberes ancestrales, avanzando en la garantía de la soberanía alimentaria. La meta es ambiciosa: que en cuatro años al menos el 50% del presupuesto público destinado a compra de alimentos provenga de las economías campesinas.

A su vez, plantea agregar, al artículo 38 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la que la promoción de ultraprocesados es un comportamiento que afecta la integridad de niños, niñas y adolescentes.

El articulado lo dice de forma directa: “El PAE va en contra de la calidad nutricional de los patrones alimentarios de los beneficiarios del programa y los derechos a la alimentación y la salud de la población afectada”. Lo anterior, debido a que las raciones industrializadas permitidas en el programa dan cabida a la oferta de ultraprocesados. 

Para Angélica Molina, subdirectora de análisis, calidad e innovación de la UApA, que hace seguimiento al PAE, no es tan sencillo. “Hay un rezago en infraestructura en todo el territorio nacional y problemas financieros. A pesar de que este gobierno duplicó los recursos para el PAE, no se logra tener un 100 % de cobertura”, explica. En este sentido, hay instituciones, principalmente en zonas rurales, que no cuentan con cocina para la preparación de ciertos alimentos o una red vial de fácil acceso para la entrega de estos. El rezago sería de alrededor de 60 billones de pesos en infraestructura educativa, según Rivera. 

Por ello, el proyecto establece que el Estado deberá garantizar el suministro de agua potable en todas las instituciones educativas, y avanzar en mejoras logísticas y de infraestructura educativa para la construcción y dotación de comedores, como de las tiendas escolares, avanzar en vías de acceso, para hacer realidad el derecho a una alimentación y nutrición digna y saludable.

Una medida que ha empezado a funcionar, de cierta manera, en algunos territorios. Es el caso de la cocinera tradicional Betzabeth Vargas Arias quien ha implementado clases de cocina de amasijos y productos tradicionales a niños y niñas en Barranquilla y Boyacá para que pasen de llevar en sus loncheras ultraprocesados a comida real, según le contó a VORÁGINE.

Cuando la salud se tropieza con intereses económicos

Ahora bien, para proteger la implementación de esta política, se propone restringir la participación de actores con conflictos de interés, especialmente aquellos ligados a la industria de productos ultraprocesados.

“Si hay congresistas financiados por la industria de la producción de alimentos de esta naturaleza, ellos deberían declararse impedidos porque ahí hay un conflicto de interés. Es decir, no pueden ser juez y parte”, asegura el senador Omar Restrepo, autor y ponente del proyecto de ley presentado en 2024. 

Uno de los retos está en la comisión que quede a cargo del debate, pues tal como lo ha documentado VORÁGINE son varios los congresistas que han llegado a sus curules por financiación de empresas productoras de ultraprocesados. 

Durante la campaña legislativa 2022-2026, estas compañías hicieron importantes donaciones a varios partidos políticos, como reveló VORÁGINE. Cambio Radical fue el que más recursos recibió, especialmente para las campañas de los senadores David Luna y Carlos Abraham Jiménez. También figuran el Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador y el Partido de la U, y aportes de empresas como Postobón, Bavaria, Mayagüez S.A., Manuelita S.A. y Riopaila Castilla S.A.

Esto no es exclusivo de la actual legislatura ni se trata de aportes menores. Durante las campañas del periodo 2018-2022, Postobón y Bavaria fueron las principales empresas de productos ultraprocesados que realizaron contribuciones económicas. Los partidos que más se beneficiaron de estos aportes fueron: el Partido de la U (11.440 millones de pesos), el Centro Democrático (9.010 millones), el Partido Liberal (7.775 millones), el Partido Conservador (7.037 millones) y Cambio Radical (6.933 millones). Es difícil saber con certeza la totalidad de los ingresos que recibió cada candidato pues varios de estos aportes se hacen directamente al partido político y los anexos de donaciones en el portal Cuentas Claras aparecen en blanco. 

Pese a este panorama, congresistas y expertos coinciden en que la falta de avance en el proyecto ha evitado —por ahora— que la industria entre a torpedearlo de forma directa, como ocurrió con iniciativas anteriores. Aun así, los riesgos persisten.“Sí es evidente que hay actores del Congreso para los que no es prioritario este tema o es un riesgo que llegue a manos de ellos porque sabemos que son muy cercanos a la industria”, dice Alejandra Niño. 

El senador Omar Restrepo reconoció que la Comisión Séptima, encargada del debate del proyecto de ley propuesto en 2024, priorizó otras discusiones, como la reforma a la salud. Pero también admitió que hay una resistencia clara, especialmente desde sectores políticos tradicionales como el Centro Democrático y el Partido Conservador, que ven en esta iniciativa una amenaza para intereses económicos bien establecidos.

“Tenemos claro que nos enfrentamos a intereses del mercado y por eso vamos por partes. Arrancamos con los ámbitos escolares porque queremos, por lo menos, que cuando sean grandes los niños tengan la capacidad de decidir entre alimentos reales y ultraprocesados. No pretendemos acabar con la industria, pero sí impedir que el mercado se imponga sobre la salud pública”, explica Eduard Sarmiento, representante del Pacto Histórico y autor del proyecto anterior. 

Las tiendas escolares 

Los impactos económicos han sido uno de los argumentos de oposición de la industria. Fenalco, por ejemplo, aseguró que el impuesto a estos productos, regulado en la reforma tributaria de 2022, está quebrando a las tiendas de barrio y afecta a las poblaciones más pobres que ya no pueden comprarlos. 

“Lo que está detrás de ese argumento es que la población que ha sido históricamente vulnerable no tiene derecho a una alimentación adecuada porque son pobres, solo pueden acceder a comida chatarra”, asegura Niño. Contrario a ello, estas medidas buscan proteger a la población más vulnerable, porque son quienes más consumen estos productos y terminan padeciendo enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, todas de alto costo para el sistema de salud.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Report of the commission on ending childhood obesity, mostró que si el ambiente en el que se encuentra una persona no hay opciones saludables o es difícil acceder a ellas, la libertad de decisión sobre el consumo está condicionada. Por ello, el proyecto de ley apunta no solo a la prohibición de los productos sino a la publicidad de estos, que en su mayoría va dirigida a niños, niñas y adolescentes. Niño explica que a esto se ha llamado publicidad conductual, la cual busca apelar a las emociones y sentimientos, acompañado de un perfilamiento de los menores. En síntesis, no son elecciones totalmente autónomas. 

Esta apuesta por ambientes saludables escolares no es nueva. Se ha implementado en otros países como Chile, México y el gran referente es Brasil. Allí la Red de Alimentación Escolar Sostenible, impulsada por el gobierno, se enfoca en el acceso a comidas saludables de la mano de la agricultura familiar. Así como sucedió allá, en Colombia organizaciones como FIAN demandan por una respuesta articulada entre diferentes entidades que permitan a los niños y niñas tener una alimentación saludable. 

Mientras el Congreso demora, la comida chatarra avanza y la alimentación real no ingresa a las escuelas. Cada minuto que se posterga el debate o la ponencia del proyecto es una oportunidad perdida para proteger el derecho a la alimentación adecuada de millones de niños y niñas del país que hoy crecen en ambientes alimentarios tóxicos. La salud pública no puede seguir subordinada a los intereses del mercado, ni la niñez puede quedar atrapada entre discursos vacíos y anaqueles repletos de comida chatarra.