144 casos activos y solo 5 sanciones: el costo de denunciar a profesores en la Unal

Carlos Medina, profesor de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), ha sido denunciado cinco veces desde 2020 por comportamientos violentos contra estudiantes y profesoras, según la oficina de Veeduría Disciplinaria de la institución. Sin embargo, su nombre y su rostro solo se hicieron noticia el 17 de abril de 2024 cuando quedó registrado en video el ataque a la profesora María Luisa Rodríguez, durante una asamblea de maestros. Medina le gritó a la docente: “¡¿Quiere ver qué es violencia de género?!”. 

En el video se ve que Medina se fue acercando a Rodríguez mientras le gritaba. Algunos profesores se levantaron y lo frenaron. Él se volvió a sentar en su silla, pero los gritos siguieron incluso después de que terminara la grabación que hizo la profesora. La asamblea continuó y ella se retiró del espacio abrumada con lo que acababa de vivir.

Rodríguez relata que estaba absolutamente desconcertada. “También me sorprendió que algunos profesores se salieron en medio de la agresión. Sin hacer absolutamente nada. Eso me parece increíble, la indiferencia. Es lo mismo que vemos en los procesos de denuncia”, cuenta. 

El profesor Carlos Medina Gallego el día de hoy, durante una asamblea de profesores agredió verbalmente a la profesora María Luisa Rodríguez porque ella se refirió a la violencia de género, al interior de la @UNALOficial, y a los TRES procesos disciplinares en su contra. Cuyas… pic.twitter.com/KZRHjD3pw8

— 💮Mónica Godoy (@monigodoyf) April 17, 2024

La discordia surgió cuando la maestra hablaba de la importancia de atender las denuncias por violencias de género que se habían reportado en la universidad en años recientes y que en su mayoría habían quedado en la impunidad, según narra la docente. Allí señaló a Medina porque para ese momento tenía cuatro acusaciones ante la Veeduría Disciplinaria. 

La primera llegó en 2020 y está relacionada con presuntos actos de violencia e injuria y calumnia contra integrantes de la comunidad universitaria, según la respuesta de la Veeduría a un derecho de petición enviado por VORÁGINE. Un año después, llegó otra queja por extralimitación de funciones. En 2022 la denuncia fue por un conflicto de convivencia, y en 2023 de nuevo Medina fue denunciado por actos de violencia e injuria y calumnia. Los tres primeros procesos se cerraron; el del año pasado sigue abierto, al igual que el caso por la agresión contra la profesora María Luisa Rodríguez.  

La impunidad frente a violencias de género por parte de profesores se ha convertido en la regla, de acuerdo con denuncias de varias víctimas. “Siento que hay toda una tradición de impunidad claramente protegida por la universidad. Uno de los argumentos es que se defienda el buen nombre. La violencia contra las mujeres ha estado completamente negada, pero está ahí presente, hace parte de la cultura organizacional de la Unal”, expone Rodríguez. 

En la Universidad Nacional hay, actualmente, 144 trámites disciplinarios activos por diferentes tipos de violencias de género de profesores o administrativos hacia estudiantes. Entre ellos están denuncias por acoso sexual, violencia psicólogica, sexual o física, discriminación por razones de género, raza o identidad sexual, hostigamiento y pornografía con niños, niñas y adolescentes. En contraste, desde 2015, han sido destituidos e inhabilitados solo cinco profesores por diferentes tipos de violencias de género. El último fue en 2018. 

Reincidir es la regla

Medina ya había sido grabado anteriormente siendo violento en un espacio asambleario justo cuando se hablaba de violencias de género. Fue el 25 de septiembre de 2019, mientras se llevaba a cabo una asamblea de género de estudiantes. Según el relato de una asistente, el profesor entró solicitando, a gritos, que le dieran la palabra. 

Después de que los estudiantes se negaron a darle un espacio para hablar, Medina le rapó el celular a una alumna que estaba grabando y fue cuando inició un forcejeo con otros asistentes de la asamblea. Finalmente, el profesor fue sacado del lugar en medio de abucheos. De acuerdo con la respuesta de la Veeduría Disciplinaria este hecho no fue denunciado, investigado disciplinariamente ni se tomaron medidas.   

Rodríguez asegura que no era la primera vez que era atacada por Medina. En 2017 la profesora denunció al docente estadounidense Ronald Stephens por acoso laboral y sexual en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, y durante una visita de él a la Unal. Posteriormente, en 2019, Rodríguez interpuso una tutela contra la institución colombiana por no aplicar el enfoque de género en su caso. 

Entre los motivos, estaba que el docente Maguemati Wabgou, quien declaró a favor de Stephens en ese caso, lo invitó a un evento en la universidad aún cuando el profesor estadounidense tenía una restricción para acercarse a María Luisa. A raíz de ello, en el marco de la tutela interpuesta por Rodríguez, un juzgado de familia ordenó que la universidad investigara a Wabgou y comprobara si estas invitaciones fueron victimizantes. La Procuraduría llamó como testigo a Medina quien aseguró que Rodríguez se autovictimizaba y perseguía a Wabgou por motivos racistas y xenófobos. Ella, posteriormente, interpuso una queja disciplinaria contra Medina por falso testimonio. 

“Como yo represento ese liderazgo de que hay que denunciar formalmente, obtener sentencias, y aseguro que la universidad tiene que apersonarse de estos procesos y ser diligente; pues me convertí en su enemiga y en el objeto de todas sus persecuciones”, dice  Rodríguez sobre Medina. 

Según ella, los ataques siguieron incluso después de la discusión en la asamblea de profesores de este año. Tras volverse viral el video, Medina envió una carta a los docentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales explicando su versión de los hechos. 

Allí pidió a la universidad que realizara una amplia y profunda investigación sobre las “prácticas punitivas, oportunistas y provocadoras de la profesora María Luisa Rodriguez y de su estrategia de autovictimización con fines de lucro personal”. Además, aseguró que sus intenciones nunca fueron agredirla físicamente. Por el contrario, eran suposiciones de los profesores ante los gritos de Rodríguez cuando ella le decía, “¿me va a pegar?”.

Tres meses después de la discusión, estudiantes grabaron a Medina cubriendo graffitis que denunciaban acoso sexual en la Unal y pintando otros en el salón de María Luisa Rodríguez donde la señalaba de “misándrica”. Para ese momento, la profesora no había recibido medidas de protección y seguía expuesta a encontrarse con el presunto agresor. Tras reportar este hostigamiento, el rector Leopoldo Múnera la citó y se concretaron las medidas. 

Carlos Medina Gallego es un violento ¿CUANTO MÁS HAY QUE ROGARLE A LA UNIVERSIDAD PARA QUE TOME ACCIONES? Hoy censuró los escraches y las pintas de personas sexo-género disidentes. Este señor es un peligro para las mujeres y disidencias que habitamos la facultad @UNALOficial pic.twitter.com/xa0yA07e7W

— Tony_pastelito (@0409Tony) July 4, 2024

La antropóloga y maestra en estudios de género Mónica Godoy asegura que también ha sido atacada por Medina en diferentes escenarios. Dice que la señala de ser socia de Rodríguez por ayudarla a visibilizar las denuncias.

En 2023, Godoy fue invitada a unirse a un debate mediante correo electrónico entre los profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Unal. Discutían sobre unos señalamientos por acoso sexual en contra de otro docente llamado Porfirio Ruíz. En ese momento hubo un intercambio de mensajes hostiles. Medina, a través de sus redes sociales, compartió una publicación con el rostro de Godoy llamándola “rata”. Por este suceso, la antropóloga puso una queja disciplinaria ante la Veeduría. 

Godoy y Rodríguez relatan que cuando Medina supo de esta investigación, acudió a la oficina de Veeduría Disciplinaria, gritó e insultó a una de las funcionarias hasta causarle una crisis nerviosa. Eso generó la apertura de otro proceso en su contra.  

Sin novedades 

Además de Rodríguez y Godoy, Medina también ha sido señalado por estudiantes por desincentivar las denuncias y supuestamente encubrir a sus colegas profesores señalados de acoso y abuso sexual. 

En el portal Los Estudiantes, que reseña anónimamente el desempeño de profesores de diferentes universidades, Medina tiene un promedio de 2,16 sobre 5. Allí lo exponen, desde 2017, por sus gritos, comentarios machistas y abusivos, y su supuesto ausentismo a clase. 

“Tiene un serio sesgo de género en contra de las estudiantes identificadas como mujeres, tratándolas de manera diferenciada. Es abusivo y violento en ocasiones”, reseñó una estudiante en 2021. 

En 2017 el colectivo Género y Seguridad inició la campaña #NoMásAcosoUN y varias estudiantes empezaron a visibilizar, anónimamente, denuncias a profesores por violencias basadas en género mediante redes sociales y letreros pegados en las instalaciones de la Unal. 

Irene Arenas, exalumna de la Unal y exintegrante de Género y Seguridad, cuenta que cuando empezaron a difundir las denuncias, Medina le escribió por Facebook preguntándole por las pruebas ante los señalamientos a sus colegas, asegurando que eran mentira y que ellas querían dañar el buen nombre de la institución. 

“Carlos Medina hace parte del pacto patriarcal y es una persona que acalla a las personas que deciden hablar. Era un tipo que nos quería callar, yo le respondí y él se puso agresivo”, relata Arenas.

De igual manera lo recuerda María Fernanda Vargas, abogada y exintegrante de Género y Seguridad. “Medina dijo: ‘Si eso no es chisme, espero mañana en mi escritorio las pruebas del acoso’. Él era el vicedecano de Bienestar y no tenía ningún poder disciplinario. En ese momento intentó desacreditar las denuncias porque no se sometían a las formas jurídicas del acoso, cuando nuestra intención era hacer una denuncia política y visibilizar el tema”, puntualiza la exalumna. 

“Mi amiga y yo tuvimos que bajar nuestras faldas porque el profesor siempre desviaba sus ojos de los puestos”, decía una de las denuncias de la campaña; en la que resultaron señalados profesores como Freddy Alberto Monroy, por acosar sexualmente a la estudiante Lizeth Sanabria, y quien fue inhabilitado por 20 años. 

Se suma el caso del profesor de derecho José Guillermo Castro, denunciado por Alexi Amaya, su subordinada, tras acosarla sexualmente entre 2015 y 2016.  El docente finalmente fue destituido. También está el caso de Fabián Sanabria, exdecano de la Facultad de Ciencias Humanas, investigado desde 2020 por trata de personas con fines de explotación sexual, acceso y acto sexual violento y amenazas a estudiantes. 

Y Alejo Vargas, acusado por estudiantes de acoso sexual y difundir contenido académico machista en sus clases. Irene Arenas, quien en 2011 fue su estudiante, denuncia  que cuando el profesor entraba al salón, él detenía la clase y la miraba de arriba a abajo hasta que se sentara. Ella tenía 19 años y él 50. En una sesión, al entregarle la calificación de un parcial, Arenas relata que el docente le dijo: “Felicitaciones por su nota”. Había sacado 3.0. Ella lo miró desconcertada, a lo que él respondió: “Si no le gustó su nota, pase por mi casa y lo discutimos”. 

“Rechacé su propuesta. Me sentí culpable y sucia. El acoso sexual es de esos delitos donde la culpa suele transferirse a la víctima. No dije nada en mi casa. Él nunca más se volvió a meter conmigo y después hice público lo sucedido. Siento que cuando Carlos Medina me escribió, estaba intentando protegerlo porque ellos son muy amigos”, cuenta Arenas. 

En 2017, la Universidad Nacional emitió la resolución 1215 con la cual estableció un protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales. Sin embargo, desde 2015 la institución educativa ha tramitado disciplinariamente 29 denuncias por violencias de género de docentes y administrativos hacia estudiantes, y solo dos han tenido fallo sancionatorio. El 82 % de los procesos los archivaron. 

Uno de esos casos es el de Laura*. En 2017 conoció al docente y director curricular de la Escuela de Cine y Televisión, Enrique Bernal Ramos, mientras era estudiante de maestría. Un año después él le ofreció trabajar en un proyecto de la universidad. Laura aceptó y, un día, cuando fue a dejar unos equipos de grabación en la casa de Bernal, él intentó besarla. Ella se negó y se fue del lugar. 

Se volvieron más cercanos y, meses después, iniciaron una relación sentimental que duró alrededor de un año. Ella tenía 26 años y él 50. En marzo de 2019, Laura notó actitudes abusivas de Bernal y la relación terminó. 

Laura sabía que él tenía diferentes blogs anónimos. Tras la ruptura, recordó el nombre de uno y entró a leerlo. Se sorprendió cuando vio que había varios textos publicados en los que Bernal narraba con seudónimos la cotidianidad de su relación, incluyendo detalles sobre su intimidad, dice Laura. Los relatos estaban acompañados de fotos íntimas de ella, “que había tomado con mi consentimiento, pero no para publicarlas. Eran fotos de la relación”, cuenta. 

Allí también notó que no era la única estudiante con la que había tenido relaciones sexoafectivas. Otros relatos indicaban, según narra Laura, que también se había acercado a distintas  alumnas con propuestas de trabajo en la Universidad. Ella todavía no había visto lo peor. 

Revisando un perfil anónimo en Twitter, creado supuestamente por Bernal, Laura se dio cuenta que había publicado un podcast de cuatro episodios en SounCloud. “Me había grabado, sin ningún consentimiento, sosteniendo relaciones sexuales. El podcast lo tituló con mis iniciales, mi voz era identificable y la foto de portada era yo en ropa interior”, relata. 

Laura decidió tomar la ruta de atención por violencia de género de la Unal que fue constituida con la resolución mencionada anteriormente. Allí comenzó un proceso de acompañamiento psicológico e interpuso una queja disciplinaria contra Bernal. 

Iniciaron la investigación y ella solicitó la no confrontación con el presunto agresor. Sin embargo, cuando dio su testimonio y reveló que había sido víctima de violencia sexual, fue revictimizada en la Veeduría Disciplinaria con la repetición constante de preguntas sobre los detalles del presunto abuso.

“En algunos casos que acompañamos en Género y Seguridad, las abogadas de la Veeduría no sabían los derechos de la víctima, como el de presentar pruebas. Había mucho desconocimiento del acoso sexual y de cómo tratarlo. Por ejemplo, en 2022 la Universidad todavía no conocía el derecho de no confrontación”, dijo María Fernanda Vargas, abogada y exintegrante del colectivo.  

A su vez, interpuso la denuncia ante la Fiscalía y el presunto delito que identificaron fue lesiones personales agravadas. En una Comisaría de Familia le dieron una orden de alejamiento que hizo efectiva cuando fue, acompañada por la Policía, a recoger sus pertenencias en la casa del profesor. 

¿Son suficientes las medidas?

Cuatro años después de que Laura puso la queja disciplinaria contra Bernal, la Veeduría determinó que las acusaciones competían a la esfera privada de los involucrados. En consecuencia, falló a favor del docente y solo le exigió asistir a unas charlas sobre violencia de género.

Enrique Bernal, en entrevista con VORÁGINE, niega los señalamientos de Laura y asegura que cumplió con la medida ordenada por la Veeduría al tomar un curso en la Universidad EAN contra la violencia de género. “Según mis abogados hubo una flagrante violación a mis derechos porque el debido proceso no se dio en los tiempos y en las formas adecuadas. Esto ha tenido consecuencias irreparables para mí en el ámbito profesional y familiar”, dice. Además, afirma que hasta el momento no ha recibido alguna notificación por parte de la Fiscalía. 

Dos años atrás, en 2017, Bernal fue acusado de violencia de género y el caso lo trasladaron a la Procuraduría, de acuerdo con la respuesta de Veeduría Disciplinar a un derecho de petición. Y, recientemente, en septiembre de este año fue interpuesta otra queja disciplinaria en su contra por el mismo motivo. Ese caso se encuentra en estudio. Sobre estos procesos, Bernal asegura que tampoco fue notificado ni tiene conocimiento de sus causas. 

Después de que Medina pintara graffitis en el salón de clase de la profesora María Luisa Rodríguez, el rector Leopoldo Múnera definió algunas medidas. Entre ellas, le asignaron a la docente una guardia de seguridad que la acompaña de forma permanente dentro de la universidad. Actualmente, Medina es profesor titular en dedicación exclusiva, adscrito al Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

Mientras tanto, la Procuraduría inició el proceso disciplinario de oficio contra Medina. Rodríguez dice que, de forma excepcional, han avanzado con rapidez en la segunda fase de investigación, que se ha hecho con enfoque de género, para continuar con el pliego de cargos. No sucedió lo mismo en su caso contra Maguemati Wabgou. Siete años después de la denuncia, en octubre de este año la Procuraduría cerró la investigación contra el docente. 

Al indagar sobre las medidas adoptadas por la Unal en las denuncias tanto de María Luisa como Laura, desde la Veeduría aseguraron que las actuaciones disciplinarias son reservadas hasta cuando se formule un pliego de cargos o se ordene el archivo definitivo del proceso. Recalcan que sólo tienen injerencia en el proceso en etapa de instrucción, pues las decisiones finales corresponden a otras dependencias y entidades, como Procuraduría o Fiscalía. 

La violencia tras la denuncia 

En los tres casos aquí documentados, el de Rodríguez, Godoy y Laura, los presuntos victimarios interpusieron recursos jurídicos en contra de ellas, así como a algunas víctimas que publicaron sus casos a través de Género y Seguridad, según relata María Fernanda Vargas, exintegrante del colectivo. “Las acciones de tutela  buscan acallar y censurar. Tienen el objetivo de que no se siga realizando ese activismo político de denuncia de violencias contra las mujeres”, asegura. 

En mayo de este año Medina denunció a Rodríguez y Godoy por injuria, calumnia, hostigamiento, violación en el lugar de trabajo, daño en bien ajeno y amenazas, y la antropóloga radicó una excepción de veracidad por violencia de género. Godoy asegura que “los hombres cuando son denunciados públicamente por violencia de género suelen denunciar a las víctimas por injuria y calumnia para intimidarlas. Es utilizar el derecho penal para profundizar la violencia de género que han ejercido”. 

Godoy y Rodríguez tuvieron la audiencia de conciliación con los abogados de Medina el 19 de septiembre pasado. Allí el profesor solicitó una indemnización de 300 millones de pesos por el supuesto daño a su buen nombre y a su carrera profesional. Finalmente, no hubo conciliación y el proceso continuará ante la Fiscalía. 

Algo similar le ocurrió a Laura, pues Bernal la denunció por injuria y calumnia. Sin embargo, la denuncia no procedió y se cerró ese caso. Mientras que el suyo, por diferentes tipos de violencias, no ha tenido avances importantes en cinco años y sigue en etapa de investigación, relata ella. 

Seguido de la denuncia, Laura afirma que el docente la persigue constantemente a través de redes sociales. Por ejemplo, revisa su perfil de Linkedin o envía solicitudes desde perfiles falsos donde se sigue a sí mismo. Cuando ella rechaza la solicitud, el perfil desaparece, asegura ella. 

La vida de las víctimas cambia 

Carlos Medina ha asegurado, en sus denuncias, que María Luisa Rodríguez busca enriquecerse con estos señalamientos. Ella, por el contrario, sostiene que se ha empobrecido y ha tenido impactos negativos en diferentes áreas de su vida. VORÁGINE contactó a Medina para formularle varias preguntas sobre los señalamientos en su contra, pero se negó a dar declaraciones mientras avanzan los procesos en los tribunales. 

“Algo interesante de cómo opera la violencia es que las víctimas terminamos bastante aisladas. Tengo temor de ir a espacios públicos porque no sé lo que pueda pasar”, afirma la docente. 

Rodríguez cuenta que su desempeño profesional se ha visto afectado pues ahora debe dedicar tiempo a varios litigios para defenderse. Sin mencionar que la representación legal es costosa. También ha visto resentida su salud mental, ya que fue diagnosticada con estrés postraumático. 

Por su parte, Laura decidió retirarse de la maestría que estaba cursando porque le resultaba imposible frecuentar la institución con la presencia de Bernal. “Las dos veces que fui a la universidad tuve ataques de pánico. Me tocó llamar a mi familia para que me ayudaran a calmarme y salir de ahí. Vivo con el miedo constante de encontrarmélo y que me tome una foto o me diga que lo estoy acosando”, afirma. 

A su vez, tuvo efectos psicológicos que la obligaron a someterse a años de terapia para recuperar la confianza en sí misma. Actualmente, evita compartir en redes sociales cualquier detalle de su vida privada por temor a que lo utilicen en su contra. 

Mientras tanto, en septiembre pasado Mónica Godoy tuvo que exiliarse en otro país ante el acoso judicial, amenazas y hostigamientos que ha recibido por visibilizar las denuncias por violencia de género a diferentes profesores universitarios y funcionarios públicos. 

Rodríguez, Godoy y Laura destacan que la impunidad hace que instituciones como la Unal dejen de ser espacios seguros para las mujeres. “Son insuficientes las ayudas que tienen. La universidad no tiene una posición firme y sólida contra la violencia de género. Todo se queda en la denuncia”, asegura Laura. 

Por su parte, Rodríguez agrega: “Es una universidad misógina y abiertamente patriarcal. El desequilibrio entre mujeres y hombres con posiciones de poder es enorme”. En esa misma línea, María Fernanda Vargas afirma que es un problema de falta de incorporación de enfoque de género en las decisiones disciplinarias. “Se cree que detrás de una denuncia de acoso hay un objetivo distinto al de hacer justicia. A esto se suma, que durante los procesos que acompañamos, muchos funcionarios desconocen las normativas”, enfatiza. 

Mientras predomina la indiferencia ante las denuncias, las víctimas deben abandonar sus aulas de clase, su trabajo o el país. En la Universidad Nacional de Colombia, la institución pública de educación superior más grande del país, la cifra de 144 procesos activos y apenas cinco sanciones en una década es un reflejo inquietante de una estructura que no prioriza a las víctimas. Y las múltiples denuncias a profesores evidencian que la impunidad no solo perpetúa la violencia, la institucionaliza. 

* Nombre modificado por solicitud de la persona.

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