26.000 millones en contratos del gobierno a fichas del condenado exsenador Pulgar

Millonarios contratos que suman 26.000 millones de pesos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), adscrita al Ministerio del Interior en cabeza de Armando Benedetti, fueron adjudicados a empresas cuyas historias confluyen en un mismo lugar, uno muy alejado de las grandes urbes.

Se trata de Usiacurí, un pequeño pueblo del Atlántico que no supera los 14.000 habitantes, y que se ha convertido en los últimos años en uno de los fortines políticos del condenado exsenador Eduardo Pulgar Daza.

Para entender este nudo de contratos y relaciones políticas hay que remitirse inicialmente a dos nombres: Julio Mario Calderón Padilla, actual alcalde del municipio; y Karen Jadith Infante Barrios, su esposa y gestora social. Ella y su familia han sido dueños de una red de empresas que ahora han resultado beneficiadas con una de las más jugosas e importantes licitaciones que en los últimos tiempos ha adjudicado la Dirección Nacional de Bomberos.

Calderón es un joven abogado sin mayor trayectoria política que llegó al cargo avalado por el partido Liberal (2.600 votos fueron suficientes para ganar la alcaldía), la colectividad que hoy también impulsa la candidatura al senado de Yessid Pulgar Daza, hermano de Eduardo. Usiacurí fue una de las alcaldías que se le atribuyeron al clan Pulgar en las elecciones de 2023, además de los municipios de Santo Tomás y Soledad, en el mismo departamento.

El apoyo de Eduardo Pulgar a Calderón, dicen tres fuentes locales que han estado cerca de las movidas políticas, se dio a través de una tercera persona importante en esta historia: el también exalcalde del municipio, Ronald Emil Padilla Acuña, a quien describen como el “asesor de cabecera” del actual mandatario. Otra persona consultada para este reportaje lo califica como el “Cacique”.

Padilla Acuña es un hombre de las entrañas de Pulgar, quien vale recordar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho, tras intentar sobornar al juez promiscuo de Usiacurí en el año 2017. De hecho, según la sentencia, Padilla Acuña jugó un papel relevante en los hechos por los que condenaron a su jefe: fue él quien abordó, convenció y llevó al entonces juez de Usiacurí, Andrés Fernando Rodríguez, hasta el apartamento de Pulgar en Barranquilla, allí donde el exsenador intentó ejecutar el soborno con “200 barras”, según se desprende del expediente.

Además de hablarle al oído al actual alcalde Calderón, a Padilla Acuña se le ha visto ahora apoyando la candidatura de Yessid Pulgar al Senado, como lo demuestra esta fotografía de diciembre de 2025, tomada en una reunión política en Usiacurí.

Contratos a la esposa del alcalde Calderón

Ahora bien, ¿cómo entran en juego contratos de una entidad como la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) en el panorama de un municipio que se ubica a casi 1.000 kilómetros de la capital del país?

Aunque no aparezca ahora como representante legal, Karen Jadith Infante Barrios, esposa del alcalde Calderón y gestora social del municipio, fue en 2017 la fundadora y única accionista de una empresa llamada Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. En enero de 2021, vendió el 100 % de estas acciones a su hermana Ángela María Infante Barrios, quien hoy dirige la compañía, mientras que el hermano de ambas, Merwin Andrés Infante, funge como subgerente. Pese a las evidencias recolectadas, al ser consultada por VORÁGINE en septiembre pasado, Ángela Infante negó ser representante legal de la compañía y precisó: “Eran un distribuidor pequeño que en su momento apoyé y me pidieron muchos créditos. Estuve al frente con ellos impulsando, luego de eso obviamente crecieron y me hice a un lado”.

Pues bien, el 20 de agosto de 2025, la DNBC abrió oficialmente la licitación LP-001-2025 (en adelante, Licitación 1), destinada a adquirir kits de protección personal, herramientas y equipos de respiración autónoma para los cuerpos de bomberos del país. El proceso, que tenía un presupuesto oficial de 32.000 millones de pesos, se dividió en tres lotes. Cada uno de ellos contó con un único oferente que se terminó quedando con el contrato respectivo. En total, sumando los tres lotes, la entidad terminó adjudicando 29.000 millones de pesos

Uno de esos tres segmentos, por un valor cercano a los 10.000 millones de pesos, fue para Makei, la empresa que fue de la esposa del alcalde, y que ahora está en manos de su hermana. Un segundo lote de la misma licitación le fue adjudicado a la Unión Temporal Contra Incendios 2025. Y aquí es donde comienzan las preguntas sobre la opacidad del proceso: esta última alianza de empresas, que obtuvo casi 16.000 millones de pesos, está conformada en un 95% por la firma Multisolutions America SAS, representada legalmente por un hombre llamado Kevin Alberto Potes Potes. A simple vista, dos compañías rivales lograron obtener contratos independientes en una misma licitación que, sumados, llegan a 26.000 millones de pesos.

Sin embargo, VORÁGINE encontró una conexión que no se hizo pública ni resultó evidente en el proceso. Y es que, en la sombra, Multisolutions también es propiedad de la familia de Karen Jadith Infante, la gestora social de Usiacurí. La génesis de esta compañía se remonta a diciembre de 2021. De acuerdo con actas y documentos de la Cámara de Comercio de Barranquilla consultados por este medio, Multisolutions es una sociedad comercial cuyos dueños absolutos son los hermanos Karen Jadith y Merwin Andrés Infante Barrios. Ambos poseen el 100 % del capital de la empresa, dividido a partes iguales (500 acciones cada uno).

Resulta llamativo que, en diciembre de 2021, Multisolutions realizara una drástica reforma y ampliación de su objeto social. Con este cambio pasó de labores ajenas al suministro de emergencias a quedar habilitada para ejercer una extensa e inconexa variedad de actividades que incluyen desde el aseo, mantenimiento y administración de casinos, hasta operaciones logísticas, suministro de alimentos, papelería y compraventa de bienes raíces, lanchas y vehículos.

Posteriormente, en una asamblea extraordinaria celebrada el 15 de agosto de 2023, los socios nombraron a Kevin Alberto Potes Potes como nuevo gerente y representante legal, en reemplazo de María Eugenia Barrios Donado, familiar de los hermanos Infante. El dato que cierra el círculo es que, en su perfil de LinkedIn, Potes Potes figuraba hasta hace unos meses como contador de Makei Soluciones. En otras palabras, Makei y Multisolutions han compartido no solo propietarios, sino también empleados.

En suma, los Infante Barrios se hicieron a casi 26.000 millones de pesos en una sola licitación, sin contar un segundo proceso que ganaron en 2026 con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá por 6.850 millones de pesos (en adelante Licitación 2).

Esta jugada a dos bandas para acaparar recursos podría constituir una violación directa al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El artículo 8 de la Ley 80 de 1993 (numeral 1, literal h) establece una inhabilidad expresa que prohíbe participar en una misma licitación a sociedades distintas si sus socios o representantes legales tienen un parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad. Al ser Karen, Merwin y Ángela Infante Barrios hermanos, sus empresas (Multisolutions y Makei) estaban legalmente inhabilitadas para concursar de manera simultánea en el proceso de la DNBC, una prohibición tajante que la entidad contratante estaría pasando por alto al momento de adjudicarles los millonarios contratos.

“Pliegos sastre”, advertencias y presuntos sobrecostos

Pero la millonaria adjudicación de la DNBC ha estado rodeada de más dudas. Una fuente del sector de insumos para bomberos le dijo a VORÁGINE que las especificaciones técnicas del contrato estaban alineadas con los distribuidores exclusivos de las empresas a las que se adjudicó, lo que pudo limitar la libre competencia.

Por ejemplo, una empresa llamada Ripel S.A.S. hizo observaciones a la licitación y enfatizó que la motobomba para incendio forestal del Lote 2 exigía un certificado muy restrictivo. La compañía reclamó en su momento: “Solo existe un fabricante en el mundo que cumple este requisito, el cual (sic) es la empresa Vallfirest con su bomba BP4 y cuyo representante exclusivo en Colombia es la empresa KPN”. 

Es decir, alertaban que no era válida una licitación pública si los requerimientos del contrato solo los podía cumplir una sola compañía. Pese a que varias empresas presentaron observaciones solicitando ampliar las especificaciones para garantizar la pluralidad de oferentes, todas fueron rechazadas.

Las alertas llegaron a tal punto que la misma empresa Ripel S.A.S. solicitó a la DNBC que publicara las ofertas presentadas por las demás participantes en el estudio de mercado. La entidad respondió que no existía obligación de reproducir la totalidad de las ofertas en dicho análisis, pero aseguró que estas estarían disponibles en la plataforma SECOP II. Sin embargo, al momento de la publicación de esta investigación, la página donde debía aparecer la lista de oferentes se encontraba en blanco.

Además, se realizaron al menos cinco modificaciones a documentos clave de la licitación y, aunque los pliegos exigían la entrega de muestras físicas en la sede central de la Dirección Nacional, no existe registro de que las empresas a las que se adjudicó el contrato hayan cumplido con este paso.

Pero la denuncia más grave que hicieron los competidores apunta a presuntos sobrecostos. La fuente consultada asegura que el presupuesto asignado para la licitación se elaboró con base en precios hasta un 40% superiores a los habituales en el mercado.

Esta diferencia salta a la vista cuando se comparan los valores cobrados por la red de la familia Infante a nivel nacional, frente a algunos precios que ellos mismos ofertaron en la “Licitación 2”, adjudicada meses después por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Ese segundo proceso distrital, cuyo valor finalmente se concretó en 6.850 millones de pesos, fue ganado por la Unión Temporal Seguridad y Rescate. Este consorcio estuvo integrado, nuevamente, por Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. (con el 90 % de participación) y por otra firma llamada Fire & Safety Supply S.A.S. (con el 10 % restante). Esta última es una empresa constituida en 2020 con un capital de apenas 30 millones de pesos, gerenciada por Camilo Devia Polanco e integrada por miembros de su misma familia.

En el proceso de Bogotá también hubo alertas formales que fueron ignoradas. La empresa competidora KPN presentó observaciones oficiales advirtiendo graves falencias en la Unión Temporal Seguridad y Rescate. En el documento, denunciaron que Makei, pese a tener el 90% de participación en el millonario negocio, no evidenciaba experiencia técnica previa relacionada con equipos de respiración. Según la alerta, todo el peso de aportar la “experiencia” recaía insólitamente sobre la empresa minoritaria, Fire & Safety Supply, dueña de apenas el 10%. KPN argumentó que esta desproporción impedía verificar la capacidad real del consorcio para ejecutar un contrato de alta especialización y solicitó rechazar la oferta, pero la entidad distrital siguió adelante con el proceso.

Al poner ambos contratos de lado a lado (Licitación 1 de la DNBC con la Licitación 2 de Bomberos de Bogotá) las diferencias de precio en los mismos insumos resultan evidentes:

Guantes estructurales: La Unión Temporal de la familia Infante le vendió a la DNBC cada par en 771.000 pesos. Sin embargo, ese mismo equipo fue ofertado por KPN Colombia SAS en el contrato con Bogotá a 440.000 pesos la unidad.

Monja protectora (capucha ignífuga): En el contrato con Bogotá, Makei la ofertó en 390.000 pesos por unidad. Pero en el acuerdo con la Dirección Nacional se la cobraron a 770.000 pesos, prácticamente el doble.

Traje estructural de bombero: Mientras la Dirección Nacional los compró por 18 millones de pesos cada uno, en el contrato de Bogotá fueron ofertados por RQC Soluciones SAS en alrededor de 7 millones de pesos. Esto representa un presunto sobrecosto superior al 158%.

Para ampliar la comparación, VORÁGINE revisó precios en páginas comerciales internacionales especializadas, principalmente en Estados Unidos, donde existe un mercado más amplio y transparente para este tipo de insumos. Por ejemplo, la DNBC adquirió cascos para bomberos por 2’715.000 pesos cada uno, mientras que en el portal especializado Darley, varios modelos de casco profesional se ofrecen por valores que no superan los dos millones de pesos.

VORÁGINE se contactó con Lina María Marín, directora Nacional de Bomberos de Colombia, la entidad contratante de la Licitación 1. La funcionaria aseguró que no tenían conocimiento de la convergencia de dueños y empleados entre las empresas Makei y Multisolutions, señalando que dicha información no les fue reportada. A su vez, defendió el proceso argumentando que la licitación se hizo conforme a la ley y que los proveedores cumplían con todos los requisitos del pliego de condiciones.

Una de las cartas de la casa Pulgar para mantener su poder en el Congreso en 2026 es Yessid Pulgar, hermano del exsenador condenado. Aunque aspira al Senado avalado por el Partido Liberal, alianzas transversales con figuras como Roy Barreras —reveladas recientemente por La Silla Vacía— demuestran cómo el clan busca blindar su caudal electoral en el Atlántico más allá de su propia colectividad.

VORÁGINE habló en diciembre pasado con el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la Licitación 1. El ministro aseguró que su cartera no tenía injerencia en los procesos de contratación de la Dirección Nacional de Bomberos, a pesar de que esta es una entidad adscrita al ministerio: “Ellos son totalmente autónomos”.

También afirmó no conocer ni tener cercanía con Julio Calderón, alcalde de Usiacurí. Asimismo, negó ser cercano a Eduardo Pulgar; señaló que lo conoce por haber sido congresista del Partido de la U, al igual que él, pero que no mantiene ninguna relación cercana.

A la fecha de publicación de esta investigación ni Karen Infante ni el alcalde Julio Calderón habían dado respuesta a las inquietudes compartidas por VORÁGINE.