Narcos extorsionados: las redes de corrupción que involucran a policías y fiscales

El 1 de julio del año pasado, Jaqueline Ladino, cuñada de alias “Manicomio”, un exnarco condenado en Estados Unidos, recibió un extraño mensaje en su teléfono. Le pedían que fuera a la inspección de Policía de Palmeras, un corregimiento del Meta, para que arreglara su situación sobre varios comparendos de tránsito. Pese a que las sanciones ya habían prescrito, la mujer se dirigió al lugar. En el trayecto y manteniéndose ocultos, un grupo de policías de la Dijin le tomaron fotos a ella y a su vehículo. Según la Fiscalía, Ladino había caído en una trampa que hacía parte de un complejo plan, en el que también estaban involucrados agentes del CTI, para extorsionar a su familia por mil millones de pesos.  

En diciembre pasado, las autoridades capturaron a nueve personas, señaladas de estar detrás de este caso, y de pertenecer a una red de policías y agentes de la Fiscalía que, según el ente investigador, extorsionaban a ex narcotraficantes para quedarse con parte de sus fortunas. No se trata de un caso aislado. En los últimos años, la Fiscalía ha descubierto varias redes que incluyen a sus propios funcionarios, y que han ejecutado estrategias similares de extorsión.  Primero identifican narcos que hayan pagado condenas en Estados Unidos y que estén de regreso en el país. Luego los abordan y les exigen dinero con la oferta de protegerlos de nuevos procesos judiciales, evitar órdenes de captura o impedir la extinción de sus bienes. Para esos fines, los funcionarios crean evidencias falsas, tienden trampas, manipulan procesos judiciales y hacen seguimientos ilegales. 

En la audiencia de imputación contra este grupo de funcionarios, conocida por VORÁGINE, la fiscal del caso explicó por qué usaron el señuelo de los comparendos de tránsito contra Jaqueline Ladino. Al día siguiente de que ella atendió esa reunión, Luis Riveros, un supuesto abogado señalado de pertenecer a la red, le puso una cita en Villavicencio a Edward Ramírez, esposo de la mujer y hermano de alias “Manicomio”. Según la Fiscalía, en ese encuentro, Riveros le dijo a Ramírez que un grupo de la Dijin estaba adelantando un proceso en contra de varios miembros de su familia por lavado de activos, y que habían interceptado sus llamadas y seguido sus movimientos. Para hacer creíble su relato, el supuesto abogado les mostró las fotos que los policías le habían tomado al vehículo de Jaqueline Ladino.

Riveros les dijo que pronto expedirían varias órdenes de captura en contra de esa familia. Agregó que, como él era amigo de los investigadores, podía frenar la operación si pagaban mil millones de pesos. Según la Fiscalía, ese mismo día, Ramírez, su esposa y Riveros tuvieron otra reunión a la que se sumó un agente que estaba a cargo del caso contra la familia. Allí, les dió más detalles de las supuestas evidencias que tenían para procesarlos. Les reiteró que si pagaban, él podía frenar las órdenes de captura para que salieran del país sin generar alarmas en los aeropuertos. Edward Ramírez le replicó al agente que no tenía dinero y que los bienes de su familia ya habían sido extintos en un proceso previo. El policía insistió en el cobro y le dijo que le pidiera ayuda a su hermano, alias “Manicomio”. 

Según un informe de la Policía, Juan Carlos Ramírez, alias “Manicomio”, se desempeñó como piloto de la mafia durante una década y estuvo vinculado a las organizaciones de “El Loco Barrera” y “Cuchillo”. Conformó una red de 40 pilotos que, bajo sus órdenes, transportaban cocaína desde pistas en Apure, Venezuela, hasta Centroamérica. En 2010, el narco viajó a Estados Unidos, donde negoció con la justicia y terminó condenado a nueve años de prisión. 

Según el relato de la Fiscalía, el plan contra el narco y su familia había comenzado a fraguarse a mediados de 2024. La red de funcionarios trató de ofrecer sus servicios a Edward Ramírez, el hermano de “Manicomio”, por distintas vías. Sin embargo, él no aceptó. Fue entonces que el plan escaló y desembocó en los seguimientos que los agentes le hicieron a la familia en Meta. La Fiscalía tiene evidencias de que esas tareas se realizaron en medio de misiones autorizadas por el capitán Nelsón Pinzón, de la Dijin, en las que usaron motivaciones falsas para justificar los recursos institucionales usados por los agentes. 

En las citas que tuvieron posteriormente con la familia Ramírez, los policías les dijeron que también estaban investigando a familiares de otros narcos de la región que supuestamente escondían bienes de la mafia. Mencionaron a la expareja de alias “Porreguala”, quien también estuvo preso en Estados Unidos y fue asesinado en 2021, tras su regreso a Colombia. Según la Fiscalía, esta mujer fue investigada en el caso contra los Ramírez de manera irregular, porque no había ningún vínculo probatorio para asociarla con esa familia.

“En el proceso penal de lavado de activos contra la familia Ramírez Taborda interceptaron a terceras personas que no tienen ningún vínculo social, familiar ni de bienes. O al menos no existe dentro de esa noticia criminal ninguna evidencia o elemento que la vincule a esta investigación”, aseguró la fiscal del caso. Según la funcionaria, esa otra familia también lleva años siendo víctima de extorsiones similares. 

Las reuniones del abogado Riveros con Edward Ramirez y su esposa continuaron en Bogotá y Villavicencio en julio del año pasado. En uno de los encuentros, Riveros les mostró un organigrama de la familia y les mencionó nombres y datos de personas cercanas para demostrar que los tenían vigilados. Además, les dijo que a finales de ese mes serían capturados. En medio de esas presiones, dice la Fiscalía, Ramírez y su esposa les entregaron 300 millones de pesos, empacados en dos bolsas de regalo, a Riveros y al expolicía Rosenberg Gil. A cambio, el abogado les dio una USB con evidencias de la investigación. También les puso un plazo de seis días para entregar el resto del dinero. 

Antes de que se cumpliera el plazo, la pareja volvió a reunirse con Riveros. En la nueva cita estuvieron acompañados de una abogada de confianza, quien grabó la conversación sin que Riveros se percatara. Allí, el hombre les pidió que le firmaran un poder para representarlos en el caso de lavado de activos. También les explicó que, de manera deliberada, los investigadores habían cometido algunos errores en los procedimientos judiciales para favorecer a los Ramírez Taborda. Por ejemplo, ejecutaron seguimientos sin orden judicial y filtraron información del caso para que, luego, el proceso fracasara por esas irregularidades. 

La fiscal que investiga esa supuesta red de corrupción relató el contenido de la grabación que le hicieron a Riveros, y que hoy es una pieza clave de las pesquisas: “Son esos errores los que por estrategia del grupo dañan el caso, según la afirmación del propio Riveros García. Indica también en esta reunión que la prueba contable (la supuesta evidencia de la fortuna de los Ramírez) la arreglan a futuro, que van a hablar con la perito para que esa prueba contable no tenga efecto dentro del proceso penal y no los perjudique. Y refiere que esta no es la primera vez que él y los investigadores hacen esto con otras personas”.

Los Ramírez también grabaron al expolicía al que le entregaron el dinero: “Confirma Rosenberg Gil en esta grabación entregada por la propia víctima, que en la comisión de servicios de la Policía Nacional metieron a un grupo de inteligencia para hacer vigilancias a sabiendas de que eran ilegales, y es por esos errores que luego les van a negar las medidas de aseguramiento. Y todo eso lo hicieron para que les den los mil millones de pesos. Pero que deben apresurarse a pagar el resto del dinero porque faltan pocos días para que el fiscal solicite las órdenes de captura”.

En vez de pagar el resto de la extorsión, Ramírez y su esposa, con el sustento de las grabaciones de las reuniones, fueron a una URI en Bogotá y denunciaron la extorsión. Pero allí no pararon las actuaciones de la supuesta red de funcionarios corruptos. Según la Fiscalía, apenas se enteraron de la denuncia, la red activó un nuevo plan para evitar que los descubrieran.

Un par de semanas después de la denuncia, Jimmy Rodríguez, un agente del CTI, contactó al investigador que había quedado a cargo de la denuncia de los Ramírez, es decir, quien debía adelantar las pesquisas sobre esta presunta red de corrupción. Según el relato del mismo investigador, se reunió con Rodríguez en un parque en Bogotá y allí el funcionario del CTI le ofreció dinero para desviar la investigación. “Ante la negativa del investigador, Jimmy Rodríguez realiza una alusión intimidatoria a la existencia de una oficina de sicariato y cobros en Bogotá para efectos de lograr el objetivo”, explicó la Fiscalía en la imputación.

Luego, otros miembros de la presunta red de agentes y policías corruptos llegaron a la URI donde los Ramírez habían puesto la denuncia, y, sin ninguna orden legal, intentaron obtener información del caso. Al día siguiente, otro funcionario implicado accedió al proceso en el sistema de información de la Fiscalía, sin tener autorización para hacerlo. 

Por toda esta cadena de supuestas extorsiones, amenazas y operaciones ilegales, la Fiscalía imputó a cuatro policías de la Dijin y otros dos exmiembros de esa entidad, y a dos agentes del CTI. Todos se declararon inocentes y, en enero pasado, la mayoría fueron enviados a prisión a la espera de que avance el juicio. Pero este es apenas uno de los varios casos similares que se han denunciado recientemente, y que muestran un patrón de corrupción dentro de las unidades encargadas de investigar el narcotráfico.

Las denuncias que se repiten

A finales de 2019, la Fiscalía capturó a Carlos Felipe Toro, conocido como “Pipe Montoya”, un exnarcotraficante que hizo parte del cartel del Norte del Valle. Además, la entidad incautó cientos de sus bienes, avaluados en 1,2 billones de pesos, según el informe que entregaron en ese momento. Hoy, seis años después de esa operación, la misma Fiscalía investiga al menos a diez funcionarios, entre los que hay agentes de esa institución, policías de la Dijin y depositarios de la SAE, por una serie de irregularidades cometidas en el proceso.

En un artículo publicado el año pasado, VORÁGINE reveló los hallazgos de esa investigación anticorrupción, que incluyen la desaparición de diez supuestos lingotes de oro y 69 relojes de alta gama que pertenecieron a “Pipe Montoya” y estuvieron bajo custodia de policías y depositarios de la SAE. Además, según la Fiscalía, agentes de la Dijin falsificaron firmas en los informes de interceptaciones telefónicas que fueron claves para procesar al exnarco. También se investiga el hackeo de sistemas de información de los funcionarios anticorrupción que han investigado las irregularidades. Pero este caso tendría un fondo que está pendiente por aclararse.

En entrevista con VORÁGINE, Hernando Nathes, abogado de “Pipe Montoya”, aseguró que todas esas irregularidades hacen parte de un entramado mayor de extorsión de un grupo de la Policía contra su representado. “Ellos ubican personas que han sido objeto de extradición o que han sido señaladas como narcotraficantes, y se les acercan por conducto de unos abogados para persuadirlos de que lleguen a negociaciones económicas para que no los investiguen. Al que no accede le hacen el caso y finalmente lo capturan”, aseguró.

Las denuncias de este tipo se han vuelto recurrentes. El más mediático de estos casos es el que se conoce como “Perla Negra”, por el que fueron capturados Ricardo Durán, un coronel entonces vinculado a la Dijin, Ana Catalina Noguera, quien fue directora de extinción de dominio de la Fiscalía, Carlos Ramón Zapata, un exnarco conocido como “El Médico”, y otros dos policías. 

Según la investigación, “El Médico” y los policías hacían parte de una red que extorsionaba narcotraficantes para evitar capturas y extradiciones a Estados Unidos. La exfiscal Noguera, por su parte, fue condenada por acceder a los servicios de esa red para interceptar comunicaciones, de manera ilegal, en un asunto personal.  De ese proceso se han desprendido investigaciones contra otros fiscales y agentes de la Dijin por situaciones similares. 

Otros narcotraficantes, como José Byron Piedrahíta y el recientemente fallecido Gabriel Puerta Parra, también dieron declaraciones sobre redes que involucran a funcionarios, abogados e incluso agentes de la DEA que piden sobornos para detener procesos judiciales. Aunque las autoridades han procesado y detenido a más de una decena de funcionarios presuntamente involucrados en estos casos, las denuncias apuntan a que todavía les falta llegar a los eslabones más altos de estos entramados de corrupción.

Si tiene más información de este y otros temas escriba al mail: info@voragine.co.