Robo de oro y relojes, falsificaciones y hackeos: los detalles de un escándalo que involucra a policías y fiscales

Funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- acudieron a una diligencia para recibir 10 supuestos lingotes de oro y 69 relojes de colección, incautados a un viejo capo del cartel del Norte del Valle, que estaban dentro de un caja fuerte. Juan Carlos Vargas, depositario de esa entidad, estaba a cargo de su custodia, y tenía la clave para abrirla. Pero cuando lo hicieron, no encontraron nada adentro. La desaparición de los bienes, ocurrida en 2022, es sólo la más llamativa de una cadena de irregularidades dentro de una investigación judicial que hace cinco años se presentó como un golpe rotundo contra el lavado de activos, y hoy es la fuente de un escándalo al interior de la Fiscalía, la Policía y la SAE. 

En diciembre de 2019, investigadores y policías allanaron el criadero de caballos Nuevo Amanecer, en Tenjo, Cundinamarca. Allí capturaron a alias “Pipe Montoya” y a su esposa, María Fernanda Ángel, e incautaron sus propiedades. Ante los medios, las autoridades reportaron el supuesto éxito: habían tomado posesión de bienes avaluados en 1,2 billones de pesos. Con el transcurso de los meses, la operación empezó a enlodarse. Vargas, el depositario de la SAE, está a punto de ser acusado de peculado por la pérdida del contenido de la caja fuerte, y varios funcionarios de esa entidad, de la Policía y la Fiscalía están siendo investigados por múltiples irregularidades. 

VORÁGINE accedió a piezas clave de este expediente que exponen, entre otros hallazgos, la falsificación de informes judiciales, las fallas en la custodia del supuesto oro y los relojes, y hasta presuntos ataques informáticos y seguimientos a quienes han investigado y denunciado las irregularidades. Para entender este controvertido rompecabezas, hay que empezar por su protagonista: el dueño de los bienes perdidos. 

Carlos Felipe Toro, alias “Pipe Montoya”, hizo parte del Cartel del Norte del Valle. Según un informe de la DEA, hacia 1993 comenzó a trabajar en los laboratorios de cocaína de su primo, Diego León Montoya, alias “Don Diego”, uno de los jefes máximos de esa organización criminal. Un par de años después, ya enviaba sus propios cargamentos de droga a Estados Unidos, usando aviones y barcos. “También participó en reuniones con otros narcotraficantes, buscaba nuevas rutas y transportistas para colaborar con la organización, y participaba en el cobro de deudas relacionadas con el narcotráfico”, dice el reporte de la agencia estadounidense. Las autoridades colombianas también lo señalaron de ser jefe de sicarios en las violentas guerras que “Don Diego” sostenía por el control del cartel. 

La Policía capturó a “Pipe Montoya” en diciembre de 2003, y en 2005 fue extraditado a Estados Unidos. Allí, el capo se declaró culpable y fue condenado a 19 años de cárcel, pero obtuvo rebajas de pena por colaborar con la justicia. En 2012 quedó libre y regresó a Colombia. Según la Fiscalía, volvió con la intención de recuperar su fortuna del narcotráfico. “‘Pipe Montoya’ y su esposa consolidaron una presunta red de lavado de activos que les permitió en siete años comprar, vender y enajenar bienes de alto valor”, dijo la entidad en su momento. 

Para 2019, la Fiscalía ya lo tenía en la mira, así que comenzaron a interceptar sus llamadas telefónicas. Según el ente, en sus conversaciones encontraron evidencia del flujo de grandes sumas de dinero y del ocultamiento de su riqueza. Pero en este punto de la investigación aparecieron las primeras irregularidades. Una analista de la Dijin de la Policía estaba a cargo de escuchar las conversaciones de “Pipe Montoya”, evaluar su contenido y registrar sus hallazgos para el grupo judicial que llevaba el caso. Dos de sus informes habrían sido falsificados.

En una diligencia ordenada por un fiscal anticorrupción, la misma analista dijo que no reconocía como propias las firmas que llevaban dos informes de interceptaciones presentados a su nombre. Los documentos fueron sometidos a pruebas grafológicas. Tras el análisis, el perito encontró que las firmas no corresponden a la agente de la Policía (ver documento). En una resolución emitida posteriormente, la entonces vicefiscal general Martha Mancera aseguró que la “firma habría sido falsificada por los mismos funcionarios de la Dijin”, y mencionó a cuatro policías que participaron en la investigación, entre ellos un capitán. 

A finales de 2019 y con las interceptaciones como uno de sus insumos principales, la Fiscalía capturó a “Pipe Montoya” y a María Fernanda Ángel, su esposa, en el criadero Nuevo Amanecer, en Tenjo, Cundinamarca. Según las autoridades, allí se vendían algunos de los caballos más caros del país. El Kan de Kanes, por ejemplo, estaba catalogado como el mejor potro de paso fino y había ganado varios concursos. Solo ese animal, dijeron, podría costar hasta 2 millones de dólares.

El enredo de los lingotes y los relojes

Tras el operativo en el criadero, la Fiscalía reportó, en un comunicado público, el hallazgo y la incautación de “seis camionetas de alta gama, 69 relojes de colección, obras de artistas reconocidos, 218 millones de pesos en efectivo, placas de oro macizo y una pistola Glock 9 milímetros”. Con la custodia de esos bienes comenzó una nueva cadena de presuntas irregularidades que quedaron consignadas en un informe que un fiscal anticorrupción le presentó a la cúpula de su entidad y a la de la Policía. 

Según el reporte del investigador, el intendente Sergio Sánchez, el único policía judicial que participó en el operativo, se llevó los lingotes de oro, los relojes y el dinero en efectivo para su oficina en la sede de la Dijin, en Bogotá. Allí los mantuvo, guardados en un cajón, durante casi tres meses. En ese tiempo, los elementos no se llevaron al almacén de evidencias, ni se registraron en el SPOA, el sistema de información de la Fiscalía. Tampoco se les practicó ninguna evaluación a los lingotes para constatar si realmente eran de oro. Esta omisión resultaría determinante en el caso. 

Según la reconstrucción de los investigadores que hoy estudian este proceso, solo hasta el 2 de marzo de 2020, es decir, casi tres meses después del allanamiento, la Fiscalía adelantó el secuestro de esos bienes, y le entregó su custodia a María del Pilar Toro, una depositaria de la SAE, para que los administrara. Ella, quien también tenía a su cargo el criadero Nuevo Amanecer, compró una caja fuerte en donde guardó los lingotes y los relojes de marcas como Rolex, Cartier y Versace. 

Ese año, una nueva fiscal recibió el proceso de extinción de dominio de “Pipe Montoya”. Al revisar el caso, se mostró preocupada por el manejo de los bienes, y por el hecho de que nunca se hubieran examinado para evaluar su autenticidad. Así lo dejó consignado en un informe: “Ya han transcurrido ocho meses y sobre lo que inicialmente se dijo que eran lingotes de oro, hoy pasan a llamarse ‘piezas metalicas de color dorado’, han estado en diferentes lugares bajo custodia de diferentes personas y se desconoce su composición, peso y avalúo. Y frente a los 69 relojes inicialmente llamados de lujo, han estado en diferentes lugares bajo la custodia de distintas personas y se desconoce su originalidad, funcionamiento y avalúo”.

En enero de 2021, la Fiscalía de lavado de activos recibió finalmente un informe de laboratorio que concluía que los lingotes no eran de oro, sino de un “material ferroso”. Y que su valor comercial no era de miles de millones, sino de apenas setecientos mil pesos. Es decir, la SAE ya no tenía en su poder diez supuestas placas de oro macizo, como las describió la Fiscalía el día que las incautó, sino 10 piezas de fantasía barata.

La posibilidad de que los lingotes hubieran sido cambiados ronda entre las hipótesis del caso. Hernando Nates, abogado de “Pipe Montoya”, le dijo a VORÁGINE que su cliente no puede acreditar que los lingotes eran de oro. Según su relato, pocos días antes del allanamiento se los había recibido a un hombre que le pidió ayuda para venderlos, y no tuvo tiempo de someterlos a una evaluación o de estimar su valor. 

Sobre los 69 relojes, el informe determinó que tres de ellos no eran originales y que, en total, estaban avaluados en mil millones de pesos. Según el abogado Nates, “Pipe Montoya” reconoció luego los relojes en poder de la SAE y aseguró que cinco de ellos, los más valiosos, habían sido cambiados por réplicas. Agregó, además, que el dinero en efectivo que tenía en el criadero al momento del allanamiento sumaba 250 millones de pesos, y no 218, como reportó la Fiscalía. 

Pero ahí no acabaron los enredos. En febrero de 2021, los relojes y los lingotes fueron entregados a un nuevo depositario de la SAE, Juan Carlos Vargas, quien los mantuvo en la misma caja fuerte, y dejó constancia de que los recibió sin ninguna novedad. Un año después, la SAE relevó a Vargas de su función de depositario de esos bienes. El 8 de abril de 2022, cuando se los iba a devolver a los funcionarios, se dieron cuenta de que los relojes y los lingotes ya no estaban en la caja fuerte y, desde entonces, están perdidos. 

Hoy, Vargas es el único imputado por la pérdida de los lingotes y los relojes. En noviembre pasado, le endilgaron el delito de peculado por apropiación. “Vargas se apoderó de los bienes muebles sobre los que tenía plena disposición”, dijo un fiscal durante la imputación, en la que el depositario no aceptó los señalamientos. Pero él no es el único investigado. También se indagan las actuaciones de fiscales, policías y funcionarios de la SAE por la desaparición de los bienes y por la posibilidad de que el oro y algunos relojes hayan sido cambiados por piezas chimbas. 

Las complicaciones con el producto de esa incautación no se agotaron con los objetos de la caja fuerte. La SAE pasó dificultades para administrar el criadero Nuevo Amanecer. “Los ingresos que se perciben no son los suficientes para el mantenimiento de la finca, pago de pasivos y el cuidado adecuado de los equinos, por lo que actualmente el criadero atraviesa por una situación precaria (enfermedades de caballos y hospitalizaciones)”, le dijo en 2022 el entonces gerente de la entidad, Andrés Felipe Romero, a la Fiscalía, en un documento en el que pidió permiso para vender los caballos y aliviar la situación financiera. 

Al final, los animales fueron vendidos por precios muy lejanos a los millones de dólares de los que habló la Fiscalía cuando reportó los resultados del operativo, y el criadero entró en liquidación. Los 218 millones de pesos en efectivo que fueron incautados también desaparecieron, pero no como los lingotes, que se esfumaron, sino porque se gastaron en la administración del criadero, según reportó la primera depositaria que lo tuvo a su cargo. Es decir que hoy, de los bienes incautados a “Pipe Montoya” prácticamente no queda nada en las arcas del Estado. 

Las investigaciones

Todas estas irregularidades han causado malestar dentro de la Fiscalía, al punto que, a finales de 2023, la entonces vicefiscal general, Martha Mancera, emitió una resolución en la que asignó a un nuevo fiscal anticorrupción para que las investigara. Allí señaló que “son más de 10 servidores públicos pertenecientes a la Policía Nacional, Sociedad de Activos Especiales, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación los que presuntamente resultan inmersos en conductas delictivas de corrupción”.

Además, dijo en ese documento, también se investiga a una jueza de control de garantías que, al parecer, sostuvo una reunión indebida en medio de una de las audiencias del caso contra “Pipe Montoya”: “Según el apoderado del señor Toro, en el curso de las audiencias preliminares, la fiscal María Teresa Suárez Ochoa (…) se reunió a puerta cerrada con la juez Maribel Correa. Al finalizar la reunión, la fiscal Suárez indicó que ya habían arreglado con la operadora judicial para legalizar la captura”. 

La cadena de hechos sospechosos llegó a afectar a quienes han tenido a cargo las pesquisas por los presuntos actos de corrupción. Uno de los fiscales por los que ha pasado el caso, el mismo que descubrió la falsificación de la firma en los informes de interceptaciones, denunció en agosto de 2023 un intento de hackeo informático. Según su relato, un capitán y un teniente adscritos a la Dirección de Inteligencia de la Policía -Dipol- intentaron entrar irregularmente al “chat privado” del correo institucional de un agente, donde había información del proceso. 

Hernando Nates, abogado de “Pipe Montoya”, dice que el caso está viciado desde el principio, y que constituye un intento de extorsión por parte de un grupo especial de la Policía contra su cliente. “Ellos ubican personas que han sido objeto de extradición o que han sido señaladas como narcotraficantes, y se les acercan por conducto de unos abogados para persuadirlos de que lleguen a negociaciones económicas para que no los investiguen. Al que no accede le hacen el caso y finalmente lo capturan”, asegura.

Lo concreto es que, por ahora, el único procesado en esta historia es el depositario de la SAE que tenía bajo su custodia los supuestos lingotes y los relojes de lujo. Su acusación formal estaba programada para el mes pasado, pero quedó suspendida. La jueza a cargo de la diligencia se declaró impedida para llevarla a cabo, pues tuvo contratos con la SAE años atrás.

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