¿A quién le conviene el silencio del mayor Rivera, el exmilitar herido por un sicario en Cúcuta?

Daladier Rivera Jácome, mayor retirado del Ejército, llegó el pasado sábado al velorio de su suegro, en la funeraria Rincón, en el centro de Cúcuta. Toda la familia estaba reunida allí. En la tarde, salió a la calle a tomar aire con su cuñado, Daniel Buendía, un policía retirado, hijo del difunto. Caminaron algunos metros hasta un parque cercano y se sentaron en una banca. Allí, un hombre se bajó de una moto, se les acercó por la espalda y le apuntó a Rivera con un arma. El exmilitar recibió tres tiros y cayó al piso. Buendía intentó protegerlo, se interpuso entre su cuñado y el desconocido que los atacaba y recibió varios disparos. El sicario huyó.

Los familiares reaccionaron rápidamente. Subieron a los heridos a un carro y los llevaron a la clínica San José, a cuatro cuadras del lugar del ataque. Buendía llegó muerto. Rivera quedó en estado crítico. Una bala le perforó un pulmón y otra afectó sus intestinos. Al cierre de esta nota, su diagnóstico era reservado. El mayor Rivera Jácome había recibido las primeras amenazas de muerte hace tres años, cuando intentaron amedrentarlo para que no siguiera declarando sobre decenas de asesinatos de civiles, falsos positivos, cometidos por el Ejército en Catatumbo, Norte de Santander. La JEP había acusado al mismo Rivera de participar en 43 ejecuciones extrajudiciales.  

En las investigaciones de los crímenes cometidos por miembros del Ejército entre 2007 y 2008 en esa región, la justicia transicional señaló a once militares, entre ellos a Rivera Jácome, como máximos responsables. Fue un caso histórico. Por primera vez, un general de la República, Paulino Coronado, aceptó su responsabilidad en  falsos positivos. El mayor Rivera fue clave en las pesquisas: “El testimonio del compareciente fue relevante para que la Sala de Reconocimiento pudiera atribuir responsabilidad al entonces comandante de la Brigada Móvil No 15 y a su Jefe de Operaciones (…) Aportó elementos que permitieron determinar cómo tuvo lugar la planeación, la ejecución y el encubrimiento de los asesinatos y las desapariciones forzadas. En consecuencia, su relato es considerado un aporte de verdad pleno y coherente con el rango y el cargo ocupado por el compareciente”, dijo la JEP en la resolución de conclusiones del caso. 

Tania Para, abogada de Rivera, le dijo a VORÁGINE que las declaraciones de su representado derivaron en que sus superiores tuvieran que aceptar la responsabilidad por los asesinatos. “Inicialmente, los únicos que habían reconocido responsabilidad eran el coronel Gabriel Rincón Amado, y Rivera. Ellos explicaron cómo, cuándo, dónde y por qué. Después de esos dos testimonios, cuando llamaron a los demás, ya tenían que aceptar esa responsabilidad porque ya se había explicado y develado ese patrón macrocriminal”. 

La Fiscalía recogió videos del atentado sicarial y relatos de los testigos. Los investigadores tendrán que establecer si el ataque contra Rivera está relacionado con sus contribuciones ante la JEP. “Pienso que esto tiene que ver con los mismos comparecientes del Catatumbo”, dice una fuente cercana al caso.

El mayor Rivera Jácome también había hablado ante la Comisión de la Verdad, que incluso citó una de sus declaraciones en su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales. Pero sus revelaciones estaban lejos de acabarse. Al exoficial le faltaba hablar, por ejemplo, del rol que tuvieron los miembros del Ejército en la brutal incursión de los paramilitares en Norte de Santander. 

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso señaló al mayor como uno de los aliados clave de las autodefensas en su llegada a esa región. Rivera, por su parte, reconoció que participó en la masacre de La Gabarra, una de las más atroces del conflicto colombiano. Según la Comisión de la Verdad, el 21 de agosto de 1999, “los paramilitares cortaron la electricidad del corregimiento, entraron en bares y tiendas y con lista en mano asesinaron a 35 personas”.

Las confesiones del mayor Rivera

En 1999, cuando más de 200 paramilitares partieron de Córdoba y Urabá para tomarse el Catatumbo, el mayor Rivera era un teniente del batallón contraguerrilla Héroes de Saraguro. Desde ese entonces, empezó a participar en falsos positivos. En mayo de 2023, Mancuso declaró que, en varias ocasiones, las autodefensas le entregaron sus víctimas para que él las hiciera pasar como bajas del Ejército.

Sobre uno de esos episodios, Mancuso narró: “El 10 de octubre de 1999, en la vía Tibú – Gabarra, el comandante Camilo ejecutó a cuatro víctimas. Los nombres son Nestor Campo Sánchez, Alfonso Álvarez, Diomar Barrios y una persona que no tenía identificación y se reportó como NN. El Ejército Nacional, al mando del teniente Daladier Rivera, a él se le entregaron, y los legalizó como muertos en combate al mando de esta contraguerrilla del batallón Saraguro”. 

Así que para 2007, cuando las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron su pico histórico, y se habían vuelto una práctica común en decenas de unidades militares de todo el país, Rivera Jácome tenía experiencia para perpetrarlas. En algunos asesinatos, como el de Ariel Arias, participó de manera directa. Sobre ese campesino, la JEP estableció que un soldado lo engañó, ofreciéndole un supuesto trabajo, para llevarlo a las afueras de Ocaña. Allí se lo entregó a Rivera, quien le pidió sirviera de guía por la zona rural en plena noche. Cuando el hombre sospechó que algo raro pasaba y se negó a seguir andando, lo amarraron y obligaron a continuar por un camino oscuro, donde lo esperaban dos soldados que, por orden de Rivera, lo asesinaron. 

El mayor participó en los crímenes asumiendo distintos roles. En abril de 2007, en medio de una operación, Rivera encontró una caleta con seis fusiles y seis pistolas. No reportó el hallazgo, sino que puso las armas a disposición del coronel Santiago Herrera, comandante de la brigada 15, para que las plantaran en los cuerpos de las víctimas y así reportarlos como guerrilleros. Las usaron en los asesinatos de nueve personas. “Mi coronel Herrera decía, antes de mí al coronel Rincón, tomaba contacto con las otras unidades que estaban sobre el área de operaciones y decía: ‘Bueno, necesitamos sacar un resultado, entonces, Rivera, mándale una pistola’”, contó el mayor en una de sus declaraciones. 

Otro papel que tuvo Rivera Jácomes, como oficial de inteligencia, fue preparar informes falsos con los que luego justificaban el asesinato de los civiles. “No puede haber una operación sin los documentos soportes. ¿Cuáles eran los documentos soportes? Era la orden de operaciones, el anexo de inteligencia, los diferentes hechos o situaciones que se reportaban en los programas. Todo eso se organizaba.  ¿Y qué hacíamos ahí en la CIOCA (Central de Inteligencia de Ocaña)? Pues organizábamos eso, esa documentación, que coincidiera el anexo de inteligencia con la muerte en combate o en el supuesto combate que había en tal jurisdicción de tal batallón”, contó el testigo. 

Rivera habló de la presión que existía en el Ejército para entregar resultados a como diera lugar. “A los comandantes los medían era por resultados operacionales, no por capturas, porque escuchaban los programas donde decían que al Ejército lo estamos midiendo por litros de sangre y carrotancados [sic], y pues los litros de sangre, los carrotancados [sic] los dan solo los muertos, no los capturados”, le dijo a la JEP.

Esa presión de la cúpula del Ejército a los comandantes de las unidades militares le era transmitida luego luego a las tropas. En su caso, Rivera dijo que se sentía “instigado” por el coronel Herrera. “La presión de él fue muy fuerte (…) con esa baja yo bajé la presión y le dije: ‘mi coronel, ya dimos esta baja’, no le dije cómo había sido, simplemente ya después él se enteró. Le dije: ‘la verdad, para quitármelo a usted de encima me tocó tomar la decisión de dar de baja a ese muchacho, mi coronel’”.

El mayor concluyó: “uno se dejó llevar por ese odio, se dejó llevar por las presiones, se dejó llevar por los premios. Mi egocentrismo creció tanto que yo lo único que quería era ser el mejor, resaltar, viajar al Sinaí, estar con mi familia unos días más, los premios”.

Rivera ante la justicia

Antes de empezar a declarar ante la JEP, el mayor Rivera ya había sido identificado por la Fiscalía como un colaborador del Bloque Catatumbo de las Autodefensas, y como perpetrador de ejecuciones extrajudiciales. De hecho, en la justicia ordinaria, el oficial retirado estaba vinculado a doce procesos por estos casos. Cuando recibió el beneficio de la libertad por su colaboración con la JEP, ya llevaba ocho años preso. 

Rivera empezó a dar sus versiones en 2018. Tania Parra, su abogada, dice que, desde el comienzo, él impulsó a otros militares a que hicieran lo mismo. “Fue pionero para decirle a todos los detenidos que se acogieran al proceso de paz, que contaran la verdad. De hecho, su participación tiene que ver directamente con decirle a sus hombres y a sus tropas que están libres: ‘vengan y cuenten lo que pasó’”.

En 2019, Rivera participó en uno de los primeros actos públicos de perdón organizados por la Comisión de la Verdad. En Medellín, el mayor estuvo en un auditorio junto a Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc, y Freddy Rendón, excomandante paramilitar. En esa ocasión, cada uno de ellos, miembros de actores distintos del conflicto, reconocieron crímenes cometidos contra los niños. Rivera pidió perdón por el asesinato de un menor en Catatumbo.

El 30 de marzo de 2022, el mayor iba para Ocaña a un encuentro entre víctimas y victimarios, organizado por la JEP, cuando recibió un mensaje en su celular. Le decían que lo iban a asesinar. La amenaza llegó apenas un mes antes de que se realizara una audiencia histórica en la que Rivera y otros diez militares reconocieron públicamente, frente a las víctimas y en medio de gran atención mediática, cómo había operado el aparato criminal del Ejército para asesinar a decenas de civiles en Norte de Santander.

En su momento, Rivera denunció las amenazas ante la Fiscalía y la JEP, y pidió protección. Según su abogada, la Jurisdicción le ofrecieron un chaleco antibalas y un celular. También propusieron reubicarlo, con su familia, en otra ciudad. El mayor no aceptó porque no quería someter a su esposa al cambio de residencia, y menos a su hija, que estudiaba en la universidad en Cúcuta. La abogada Parra asegura que hubo más amenazas después de esa, pero Rivera decidió dejar de contarles hechos a las autoridades porque en la primera denuncia sintió que no le habían puesto atención.

El mayor Rivera siguió compareciendo ante la JEP. Todavía tiene pendientes por contar, no sólo sobre su participación en la incursión paramilitar en Catatumbo. Recientemente, había hablado sobre falsos positivos en otras unidades militares. El pasado 8 de julio se presentó por última vez ante un magistrado de la jurisdicción para dar su testimonio. Once días después ocurrió el ataque que lo tiene entre la vida y la muerte.