Acoso y nexos con paras: los señalamientos a los nuevos voceros de Abelardo de la Espriella

“Francia Márquez es una malparida, pero ese otro negrito me cae bien”, dijo Carolina Gómez mientras se refería a Miguel*, uno de sus compañeros de trabajo en Red+ Noticias, según aseguró él a VORÁGINE. En otro cubrimiento, al norte de Bogotá, sujetó a este mismo compañero de la camiseta para indicarle dónde debía ubicarse: “Tienes que pararte aquí y caminar hacia allá. Ven, ven, rápido, rápido, rápido”. En los pasillos del canal, según relató ese trabajador, era común escucharla gritarles a otros colegas. Pese a la omisión del canal, los episodios terminaron acumulándose hasta derivar en más de cinco procesos legales en su contra ante el Ministerio de Trabajo por presunto acoso laboral y otros supuestos maltratos.

El pasado 10 de julio, Abelardo de la Espriella la presentó, junto con el abogado Miller Soto, como una de las voceras que representarán al gobierno entrante. Sobre Soto también pesan señalamientos. En 2002, dos exintegrantes de las AUC lo acusaron de haberles entregado carnés del Concejo de Barranquilla. También, fue inhabilitado por más de 10 años por firmar papeles falsos sobre deudas de extrabajadores mientras presidía el Concejo. 

VORÁGINE revela los detalles de las denuncias y los cuestionamientos que rodean a las dos personas que asumirán un nuevo rol en el Gobierno electo con la misión de “garantizar una comunicación institucional organizada, transparente y responsable”.

La “primera dama” 

A Carolina Gómez, sus compañeros de Red+ Noticias le pusieron como apodo “la primera dama” por su cercanía con el entonces director del canal, Giovanni Celis. Hoy el periodista es señalado por decenas de mujeres de presunto acoso sexual y laboral. Los cuestionamientos contra Celis comenzaron a hacerse públicos en mayo de 2026, después de que el Ministerio de Trabajo interviniera varios medios de comunicación tras las denuncias conocidas en Caracol Televisión. La revisión también llegó a Red+. Allí aparecieron 24 denuncias, la mayoría dirigidas contra Celis, según los reportes del Ministerio.

Pero los testimonios no solo apuntaban al entonces director del canal. En varios de esos relatos, difundidos por Revista Raya y Tercer Canal, también aparecía el nombre de Carolina Gómez. Extrabajadores la señalaron de ejercer un supuesto maltrato laboral y de encubrir las conductas atribuidas a Celis.

“Era una mujer extremadamente maltratadora con la gente, no solo con los periodistas, también con la gente de producción, los técnicos, editores, camarógrafos, conductores. Y Giovanni Celis le permitía todo”, le dijo Sofía* a VORÁGINE. 

La periodista Angela Serrano aseguró en un comunicado que mientras fueron colegas, Gómez desacreditó su trabajo en repetidas ocasiones. Por ejemplo, cuando fue a cubrir un evento junto a Giovanni Celis, asegura que le reclamó por no llevarla a ella y que cuestionó su criterio por ser egresada de la Fundación Universitaria Uninpahu. Otros insultos, recuerdan Miguel y Sofía, tenían sesgos de clase o hacían referencia a la apariencia física. En una ocasión dijo que ella podía lucir cierta ropa que otras compañeras no por su peso. 

Sofía* también tiene una historia. Se preparaba para salir al aire cuando tuvo un intercambio de mensajes con Gómez. Poco después, Carolina reportó ante el canal que su compañera le había lanzado una puerta en la cara y la había golpeado. Sin embargo, según Sofía, las cámaras de seguridad demostraron que nunca se acercó a la puerta ni la tocó. “Se comprobó que Carolina había mentido. Pese a cometer injuria y calumnia, no recibió ninguna sanción ni proceso disciplinario”, afirma.

No fue la única vez que se conocieron omisiones por parte del canal, según los trabajadores. Miguel* le contó a VORÁGINE que en reiteradas ocasiones escuchó a Gómez gritarle a sus compañeros cosas como: “Ese plano está una mierda. Quién fue el bruto que hizo esto”. Eso derivó, dice, en situaciones incómodas y hasta de temor. “Nadie quería trabajar con ella. Cuando se subía a los carros, conductores, editores y camarógrafos hacían mala cara. Todo el trayecto era en silencio”, afirma. 

Miguel y Sofía también denuncian el poder de Gómez en asuntos editoriales. Fueron varios los momentos, cuentan, en los que la presentadora habría exigido no publicar determinada información en contra del gobierno de Iván Duque. También habría ejercido control sobre el trabajo de otros compañeros. “Recuerdo que una vez grabando un programa con Flavia Dos Santos, Carolina la tenía tan cansada que Flavia se levantó y le dijo a Giovanni que se iba y no volvía a hacer un programa con ella”, cuenta  Miguel. VORÁGINE habló con una persona presente durante ese episodio quien confirmó lo sucedido. Por su parte, Flavia Dos Santos se abstuvo de dar declaraciones al respecto. 

Muchos hicieron las quejas formales ante sus jefes directos o recursos humanos de Secuoya Grupo de Comunicaciones  S.A.S. Él mismo lo hizo, y la respuesta de su superior asegura que fue: “No, no, no. No generemos conflicto con Carolina. Simplemente hagamos caso y ya”. Los tres extrabajadores entrevistados por VORÁGINE coinciden en que el poder de Gómez llegaba al punto de pedir despidos de algunos de sus compañeros o que fueran retirados de emisiones.

En medio de una serie de denuncias por presuntas irregularidades contractuales y laborales de la empresa Comcel  S.A. (Claro), a cargo de Red+, el bufete Moreno Abogados Consultores asumió la representación de extrabajadores del medio que señalan a Carolina Gómez Sánchez. Los reportes, dicen, muestran un “patrón de desacreditación profesional sistemática de compañeras que pudieran representar competencia en la asignación de espacios al aire”. A ello se le suman comentarios públicos denigrantes sobre la formación académica de colegas y quejas disciplinarias que resultaron infundadas al ser confrontadas con las cámaras de seguridad del canal. 

De acuerdo con los abogados, en el expediente se encuentran varios señalamientos de extrabajadores cuya veracidad corresponderá establecer a las autoridades. Los procesos se radicaron en las últimas semanas ante el Ministerio de Trabajo, y según le confirmó el bufete a VORÁGINE, resta esperar a los resultados que arroje la etapa de investigación. Sin embargo, los denunciantes sienten temor de que al señalar a personas con relevancia institucional en el gobierno entrante, pueda haber una influencia en la neutralidad o celeridad con la que se adelanten las indagaciones. 

La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, le dijo a VORÁGINE que las denuncias hechas por acoso sexual y laboral han terminado dispersas en Red+ por la división entre el empleador, Comcel  S.A., y el operador y proveedor, Sequoia. En la intervención que realizaron al medio encontraron “alertas en trazabilidad, cobertura y fragmentación de responsabilidades”. 

Aunque Giovanni Celis fue retirado de su cargo de forma definitiva, los abogados de los extrabajadores señalan que no hay conocimiento público de que Carolina Gómez haya sido objeto de alguna medida equivalente pese a los reportes públicos en su contra. En el comunicado con el cual anunciaron la remoción de Celis, Red+ también aclaró: “Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantí de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso”.

VORÁGINE se contactó con Paula García, directora encargada de Red+ Noticias, pero hasta la fecha de esta publicación no recibimos respuesta.

Los carnés de los paras

La historia de Miller Soto es mucho más antigua. A sus 19 años fue concejal en Barranquilla durante tres periodos. Fue precisamente mientras presidía esa entidad, en 2002, cuando surgieron los hechos que años después lo llevarían a ser señalado por la Fiscalía por el presunto delito de concierto para delinquir agravado.

Según una compulsa de copias ordenada por Justicia y Paz el 19 de noviembre de 2011, a la que accedió VORÁGINE, varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo señalaron de haber colaborado con la organización armada.

Carlos Arturo Romero Cuartas, alias “Montería”, y Jhony Acosta Garizabalo, alias “28” o “Richard”, patrulleros y sicarios de la estructura paramilitar que operaba en Atlántico y Magdalena, relataron que capturaron a un guerrillero de las FARC conocido como Juvenal. Durante los interrogatorios, este les confesó un supuesto plan para secuestrar y atentar contra el entonces presidente del Concejo de Barranquilla.

Con esa información, alias “28” aseguró que sostuvo una reunión con el presidente del Concejo. Aunque en sus versiones libres nunca mencionó su nombre, los registros oficiales muestran que en ese momento el cargo lo ocupaba Miller Soto, acompañado por Eduardo Pulgar y Ernesto Gómez como vicepresidentes. Según el testimonio del exparamilitar, durante el encuentro le mostraron al funcionario la grabación con la confesión del guerrillero.

Tras conocer la amenaza, el entonces presidente del Concejo habría ofrecido colaborar con las AUC expidiéndoles carnés de la corporación. De acuerdo con los exparamilitares, esas credenciales les permitieron movilizarse por Barranquilla sin restricciones, haciéndose pasar por escoltas oficiales del Concejo. Incluso, aseguraron que la única condición impuesta por uno de los funcionarios era que los beneficiarios no tuvieran antecedentes judiciales. Ese beneficio de movilidad, afirmaron, también lo obtuvieron a través de una asociación de ganaderos de la región y se complementó con reuniones sostenidas en 2003 con varios alcaldes del Caribe.

Pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía se abstuvo de iniciar una investigación penal contra Soto porque, cuando los testimonios fueron conocidos, el delito ya había prescrito: habían transcurrido más de 12 años desde los hechos.

Pero ese no fue el único proceso que enfrentó. VORÁGINE también accedió a otro expediente en su contra. Ese mismo año, la Procuraduría General de la Nación investigó a Soto porque, siendo presidente del Concejo de Barranquilla, firmó junto con otros funcionarios una serie de actos administrativos, entre 1999 y 2000, que certificaban la existencia y el monto de supuestas deudas laborales con extrabajadores de la corporación.

La investigación concluyó que esas personas nunca habían trabajado en el Concejo. No existían hojas de vida legítimas ni registros en las bases de datos de la entidad. Para respaldar las reclamaciones judiciales, según la Procuraduría, se elaboraron resoluciones de nombramiento, actas de posesión y liquidaciones falsas o adulteradas. Como consecuencia de esas tutelas, el Distrito de Barranquilla terminó pagando más de 5.200 millones de pesos.

La autoridad calificó las certificaciones expedidas por Soto como “mentirosas”, al establecer que omitían conceptos obligatorios de cualquier liquidación salarial real y que facilitaron un detrimento patrimonial para Barranquilla. El organismo también concluyó que la defensa del entonces concejal no se concentró en demostrar la existencia de los supuestos trabajadores, sino en cuestionar aspectos procedimentales del proceso, lo que, a su juicio, evidenciaba que actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad.

“Había sido concejal desde 1995 y vicepresidente de la corporación en 1996. Por su trayectoria, debía conocer el funcionamiento de las nóminas y quiénes eran sus empleados; 150 supuestos trabajadores no podían pasar inadvertidos para un Presidente del Concejo”, se lee en el fallo.

Aunque Soto alegó que confió en la información suministrada por sus subalternos, la Procuraduría concluyó que, en su calidad de representante legal y ordenador del gasto, tenía la obligación de verificar la legitimidad de los certificados que expedía. Como resultado de ese proceso disciplinario fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos. En segunda instancia, la sanción fue reducida a 13 años, aunque se mantuvo la declaración de responsabilidad.

A pesar de ello, en 2018 fue nombrado secretario general encargado de la Universidad del Atlántico. Un año después aspiró a la Gobernación de La Guajira por el Centro Democrático y, en 2022, fue candidato al Senado por ese mismo partido. Desde entonces se ha posicionado como un influencer cercano al uribismo.

VORÁGINE contactó a Carolina Gómez para conocer su respuesta a los señalamientos pero se negó a dar respuesta al considerarlos improcedentes. Mientras que Miller Soto, a la fecha de esta publicación, no dio respuesta a nuestras preguntas. 

*Los nombres fueron cambiados para protección de las fuentes.