Briceño y los intereses detrás de la ofensiva contra los impuestos saludables

“Usted siempre me verá defendiendo el aparato productivo del país en el Congreso y gratis”, trinó Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático. A pesar de sus enfáticas palabras, su campaña contó con una millonaria donación relacionada con un sector que tiene grandes intereses en un proyecto que Briceño impulsa: eliminar los impuestos para los productos ultraprocesados que, según una vasta evidencia científica, afectan la salud de los consumidores. 

Briceño es una de las caras visibles de los poderosos que le quieren cumplir ese anhelo a la industrias azucareras, de los ultraprocesados y las de las bebidas azucaradas. La influencia de esas corporaciones en Colombia se ha volcado durante 10 años a impedir los impuestos saludables. En 2022, cuando su promulgación se hizo irreversible, los cabilderos se enfocaron en debilitarlos. Ahora, con el nuevo Congreso y el gobierno de Abelardo de la Espriella han repotenciado su poder y quieren dejar de pagar ese dinero para expandir el consumo de esos productos.

El aporte que recibió Briceño fue hecho por Propublica, una fundación relacionada con la familia Echavarría (propietaria de Corona) y con los Eder Garcés (poderosos empresarios del azúcar). Esa organización fue la mayor donante de la campaña del representante: le entregaron 50 millones de pesos. 

Los Eder Garcés son propietarios del Ingenio Manuelita y son influyentes en Propublica: desde 2014 Santiago Eder Garcés hace parte del Consejo Administrativo de la fundación. El poder de esa familia en la fundación se amplió en abril de 2026, cuando Enrique Jaime Eder Garcés fue nombrado en el Consejo Directivo. Los dos son hermanos del alcalde de Cali, Alejandro Eder. 

Otro hecho que da cuenta de la cercanía de Briceño con el gremio azucarero es que el 26 de agosto de 2026 empezó a escribir columnas en el diario La República. La fecha es muy importante porque se dio solo un día después de que el representante publicara un video, junto a la congresista Carol Borda, anunciando que iban a presentar un proyecto de ley para eliminar los impuestos a los ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Ese medio de comunicación le pertenece a la Organización Ardila Lulle, conglomerado económico que ha hecho lobby contra esa medida de salud pública y que es propietaria del Ingenio Providencia y la cadena mediática de RCN.

Unos días después de que Briceño estrenara su nueva tribuna, recibió en su oficina a una de las grandes poderosas del sector azucarero. El 1 de septiembre Claudia Ximena Calero fue a visitarlo al Congreso. Ella es la presidenta de Asocaña, el gremio que reúne a los grandes empresarios del azúcar. 

Consultamos a Briceño sobre todos los hechos que mencionamos. El representante dijo que recibió la donación de Propublica después de que su campaña fuera contactada por Carolina Barbosa, de esa fundación. “Yo he hablado con gente administrativa de Propublica, pero no he tenido contacto con la familia Eder Garcés”, afirmó. También aseguró que quien le propuso hacer una columna en el diario La República fue el director del medio, Fernando Quijano, y que su colaboración será quincenal o, en algunos casos, semanal. Acerca de la visita de Calero a su oficina dijo que se dio después de que él no pudo asistir a un almuerzo con congresistas que ella convocó: “Ella me contó que tenía unas preocupaciones y que estaba intentando crear un bloque de congresistas para la protección de la industria nacional. Su primera preocupación era el tema de medidas ‘antidumping’ (regulaciones para impedir que un producto se venda a precios más bajos que los de producción) para la importación de azúcar desde Perú y, la segunda, la importación de etanol desde Estados Unidos. No me tocó el tema de los impuestos a los ultraprocesados”. 

Consultamos a Propublica para saber quiénes son las personas que deciden a qué políticos van a financiar. “Todas las decisiones relacionadas con contribuciones políticas, las hace el Consejo Administrativo de la Fundación ProPública en base a los estudios y siguiendo la legislación de financiación de campañas políticas”, nos respondió Carolina Barbosa por medio de un correo. Es decir, que la instancia que decide las donaciones es la misma en de la que hace parte Santiago Eder Garcés desde 2014.

Una comisión endulzada

Hay un proyecto de ley que busca tumbar los impuestos saludables más avanzado que el de Briceño y Carol Borda, el que presentaron los cordobeses David y Nicolás Barguil. Ese articulado ya tiene ponencia positiva en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la cual fue presentada por el guajiro conservador Juan Loretto Gómez. 

De esa comisión hacen parte Óscar Darío Pérez (Centro Democrático), quien recibió una donación 50 millones de pesos de Propublica, y Carlos Cuenca Chaux (Cambio Radical), quien se benefició de un aporte de 45 millones de Gaseosas Lux, empresa de la Organización Ardila Lulle. Cuenca tiene una condena por compra de votos en Vichada, la decisión judicial de la Corte Suprema se dio en 2025, un año antes de que ese grupo económico decidiera apoyarlo.

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Otra manera en la que el poder de los ultraprocesados y los azucareros ha influido en la política es la financiación de partidos. Entre 2018 y 2023 la inversión de los ingenios azucareros en colectividades fue de 14.883 millones. Entre los beneficiados de la repartición de ese dinero estuvieron el Centro Democrático, el Partido de la U, Cambio Radical, el Nuevo Liberalismo, el Mais, el Liberal, el Conservador, entre otros. De los 31 integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, 20 pertenecen a organizaciones que le han recibido plata a los azucareros. 

Otras empresas que han invertido miles de millones en los partidos son las de bebidas azucaradas. Entre 2018 y 2025 donaron 25.698 millones a las mismas colectividades del párrafo anterior, a Alianza Verde, Colombia Renaciente, Salvación Nacional y la Alianza Social Independiente. De los 31 integrantes de esa comisión, 22 pertenecen a organizaciones que se han financiado por cuenta de las empresas que venden gaseosas.  

Un proyecto con muchos supuestos y poca ciencia 

VORÁGINE contactó por separado a dos nutricionistas dietistas, expertos en los impuestos saludables y les mostró el proyecto de ley que fue presentado por los primos Barguil. Ambos hicieron comentarios sobre los argumentos y los artículos que impulsan en la Comisión Tercera de la Cámara. 

La ponencia que presentó Juan Loretto Gómez dice: “Lo que resulta innegable es que el cobro de estos impuestos está afectando la calidad de vida de los colombianos más vulnerables y, especialmente, la capacidad real de un padre o una madre cabeza de hogar de mantener una ración alimentaria mínima que ofrezca el componente calórico adecuado para sobrellevar el día a día, lo cual puede terminar en consecuencias lamentables dentro del desarrollo físico y el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, así como la nutrición de buena parte de la población adulta”. Juan Camilo Mesa, nutricionista, dietista, microbiólogo y magister en Ciencias de la Nutrición respondió: “Básicamente están diciendo que usted necesita ultraprocesados para el crecimiento y un adecuado desarrollo, en el caso de los niños, y para una adecuada nutrición del adulto. Eso es totalmente falso”. El profesional de la salud explicó: “Es todo lo contrario. La evidencia científica demuestra que un niño que crezca a punta de ultraprocesados va a tener una talla más baja, deficiencias de nutrientes, de proteína, de vitaminas, de minerales, se va a enfermar mucho más fácil y probablemente va a tener mucho más riesgo de sobrepeso y de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y cáncer”. 

Otro argumento que Loretto y los Barguil utilizaron fue la supuesta afectación del impuesto a los tenderos, una idea que ha defendido públicamente Fenalco, organización que agremia a grandes comerciantes. “Podrían estar llegando a unas conclusiones generales con una información completamente insuficiente”, dijo Cristian Murcia, nutricionista, dietista y con una maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es decir, el articulado presentado por los políticos no demuestra una relación de causa-efecto entre el gravamen y la crisis de los tenderos. “En México se dieron cuenta que el problema eran las tiendas ‘hard discount’ (de descuentos fuertes) como Oxxo”, explicó Mesa. 

Briceño, los Barguil y Loretto también han señalado que no existen evidencias en Colombia de que el impuesto haya cambiado los hábitos de consumo. Es importante recordar que esos gravámenes entraron a operar plenamente en 2025, aunque desde 2022 se inició la aplicación gradual. “Ningún estudio serio de impacto se puede lograr en un periodo tan corto”, dijo Murcia. También explicó que aunque en el país todavía no haya esos estudios, hay que consultar la evidencia internacional: “Nosotros no tenemos, por ejemplo, estudios sobre vacunación de tosferina, pero hay investigaciones a nivel internacional que dicen que es efectiva”. “Sería maravilloso que el Ministerio de Salud cree una comisión independiente y que realice estudios sobre el impuesto saludable y si hay algún problema, pues se corrige”, opinó.

Otra de las ideas que ha servido como base para plantear la eliminación de los impuestos a los ultraprocesados es que aumentó la inflación. Sin embargo, un estudio de la ONG Dejusticia titulado “Inflación y alimentación en Colombia: la volatilidad de los precios de la alimentación real consolida la dieta ultraprocesada”, señaló que los productos alimenticios más afectados por la subida de precios eran los frescos. Por su parte, los ultraprocesados muestran una mayor estabilidad frente a presiones inflacionarias. Los proyectos de ley presentados por los congresistas que buscan quitar los impuestos a estos productos no incluyen medidas para bajar la fluctuación de los precios de las dietas saludables.   

Los investigadores que hicieron el estudio plantearon diferentes soluciones para ese problema: por ejemplo, que el Estado busque mecanismos de estabilización para los alimentos naturales, fortalecer las compras públicas a campesinos y revisar posibles exenciones tributarias que benefician a las cadenas de producción de los ultraprocesados. La orientación del ejecutivo frente a esta discusión es crucial y hasta ahora ha dado claras señales de estar del lado de la industria. 

Los dulces del ministerio de Agricultura a los azucareros

Las corporaciones de los ultraprocesados y el azúcar también están acumulando poder en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Una decisión clave, que se había mantenido fuera del radar de la opinión pública, da cuenta de eso. Finagro es una entidad mixta que busca fomentar el desarrollo agropecuario, para eso otorga créditos con beneficios especiales a los sectores que acceden a ellos. 

Durante el último año de la presidencia de Gustavo Petro, la entidad excluyó como beneficiarios de los créditos de Finagro a productores de caña de azúcar, de palma de aceite y a los ganaderos. Según le explicaron a VORÁGINE por separado dos personas que trabajaron en Finagro (y pidieron no ser identificadas), esa decisión se sustentó en que son sectores mayoritariamente controlados por grandes propietarios a los que los bancos comerciales les otorgan préstamos sin muchas dificultades. Además, según dijeron, son eslabones de la economía que acumulan rápidamente los recursos económicos que podrían servirle a campesinos. Por ejemplo, contaron que a quienes siembran yuca y otros alimentos muchas veces los bancos comerciales les niegan los créditos. 

El 24 de agosto, menos de 20 días después de que se posesionara de la Espriella, Finagro dio un giro a su política de préstamos: entre los posibles beneficiarios de las Líneas Especiales de Crédito volvió a  incluir a los ganaderos, a los productores de caña de azúcar y de aceite de palma. Estos últimos productos son utilizados de forma industrial en la elaboración de ultraprocesados. 

En consonancia a lo que dijeron las dos personas que hablaron con VORÁGINE, el dinero se acabó rápidamente. Así se comprueba con la circular 114 de Finagro, expedida el 15 de septiembre de 2026, por medio de la cual la entidad informó el cierre de la Línea Especial de Créditos “debido al agotamiento de los recursos presupuestales dispuestos por el Ministerio de Agricultura”.

A eso se suma otra acción del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que da cuenta de la apuesta del gobierno de la Espriella por los ultraprocesados. El pasado 6 de septiembre el funcionario publicó un video en el que se le ve reunido en su despacho con Maria Paula Cano, directora para la región andina de Pepsico. Una investigación del New York Times muestra cómo esa empresa le donaba dinero al sistema de salud en Estados Unidos mientras hacía lobby contra de medidas de salud pública. En VORÁGINE revelamos que esa empresa también hace parte del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas, una organización que hace cabildeo contra los impuestos a las bebidas azucaradas y contra una regulación estricta de producción de plástico. 

“Le estaba contando a María Paula que en Tolima, donde hay más de 60.000 hectáreas con distritos de riego podríamos producir, alternando con el arroz, esas 17.000 o 23.000 toneladas de maíz amarillo que están necesitando en Pepsico”, dijo Dangond. Esos alimentos irían a parar a las cadenas de producción de ultraprocesados. 

La influencia de la industria se extiende a otras instituciones que tienen que ver con el sector agrario más allá del ministerio de Agricultura. La directora de la Agencia Nacional de Tierras es Lina Garrido, quien se quemó en su aspiración para el Congreso y aterrizó en el gobierno nacional, recibió para su campaña 108 millones de Gaseosas Lux. Y el propio presidente de la Espriella ha mostrado sus afectos hacia influyentes empresarios de los ultraprocesados. 

Los Gilinski 

En la posesión del presidente Abelardo de La Espriella, en Cali, la poderosa familia Gilinski fue invitada preferencial. En las imágenes del evento se ve a Jaime y a Gabriel, propietario de la Revista Semana. Los empresarios tienen intereses sobre los impuestos saludables porque son dueños de Nutresa, compañía que fabrica ultraprocesados. 

La primera persona en hablar de derogar esos impuestos en campaña fue Vicky Dávila, comunicadora al servicio de los Gilinski. Ella publicó un video el 6 de abril de 2025 anunciando que iba a buscar acabar con ese tributo si llegaba a ser presidenta. Sin embargo, su candidatura naufragó en la consulta de la derecha en la que se impuso Paloma Valencia. 

A pesar del fracaso de Dávila, los Gilinski se acercaron a de la Espriella. Una muestra de eso es que el pasado 7 de septiembre el presidente se presentó con un grupo de empresarios en el Chocó, bajo la promesa de que iban a apoyar la reconstrucción de ese departamento. En la foto estaban Jaime y Gabriel. 

Esa familia ha sido consentida por el poder presidencial, Tania Gilinski fue anunciada como nueva embajadora de Colombia en Israel, luego de que ambos países retomaran las relaciones diplomáticas que había terminado el gobierno Petro por el genocidio en Palestina. 

En últimas, el poder de los ultraprocesados y las bebidas azucaradas está viendo en el Congreso y en el gobierno de la Espriella los aliados que estaban esperando para debilitar las políticas de salud pública. Así esperan aumentar sus márgenes de ganancia. 

Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.